Caffè Reggio

Lo dijo Alicia. Aquí de lo que se trata es de saber quién manda. Porque con el poder se puede hacer cualquier cosa menos no usarlo. Fernando Abril Martorell lo explicaba en esos mismos términos, con toda rotundidad, en una sobremesa cuando un periodista buen amigo acababa de publicar en el primer Diario 16 aquella información del 25 de enero de 1980 titulada a toda plana “Intentona militar abortada en Madrid; el general Torres Rojas destituido del mando de la división Acorazada y enviado al gobierno militar de La Coruña”. Pero el asunto por lo que se refiere a la prensa viene de más atrás. Por ejemplo, la biografía de William Randolph Hearst, de David Nasaw y publicada en castellano por Tusquets Editores, recoge esa misma idea del poder que tenía el citado magnate de la prensa, para quien la competencia daba noticias mientras que sus diarios las creaban. Por eso preguntaba orgulloso cuando perdíamos Cuba y Puerto Rico aquello de ¿qué les parece la guerra del Journal?, convencido de que era el New York Journal quien había desencadenado las hostilidades bélicas entre Estados Unidos y España.

Porque hay un momento en que las noticias dejan de formar parte del panorama informativo y se convierten para quien las administra en una cuestión de poder. Lo vimos cuando la defenestración de Ramón Calderón como presidente del Real Madrid. También cuando la cacería del ministro Mariano Bermejo se saldó con su dimisión de la cartera de Justicia. Fueron dos casos fulminantes. Gestionados de manera admirable que desmiente ese aforismo de que en este país el que resiste gana. Depende en todo caso de a quién se haga resistencia, de la tenacidad y la potencia de fuego que tenga el adversario y de la solidez de los propios apoyos. Ahora estamos ante otro caso, el del director del Centro Nacional de Inteligencia, el agrónomo Alberto Saiz. Recordemos que fue nombrado por el entonces ministro de Defensa sin que constaran sus aptitudes específicas para el cargo ni se intentara el consenso del principal partido de la oposición. Aceptemos también que hasta ahora se le había reconocido su buen hacer y su eficacia en algunos terrenos de gran relevancia como el de la lucha antiterrorista. Pero todo parece ahora haber sido en vano.

Cumplió su primer mandato, y su renovación suscitó objeciones en el seno del Gabinete. A partir de ahí, algunas discrepancias internas alcanzaron estado público. Enseguida se tiñeron de abusos en los gastos y contrataciones con aire de nepotismo. Se hubieran dicho de menor relevancia y en ocasiones urdidas por quienes se presentaban como máximos adictos. Pero enseguida se abrieron las filas. Nadie quiso ponerse de parte de Alberto Saiz, una vez que se vio a quién tenía en contra. Ni siquiera su valedor inicial, el ahora presidente del Congreso de los Diputados, José Bono.

El Gobierno dijo que el afectado por las acusaciones comparecería en el Parlamento para explicarse. Lo hizo sin efecto alguno ante la Comisión de Fondos Reservados, que algunos denominan de forma errónea de Secretos Oficiales. Para nada han servido las facturas enseguida sometidas a sospechas de fabricación a posteriori. Pronto vuelve la burra al trigo y ahora los portavoces del PP reclaman que el cuestionado Saiz acuda a la Comisión de Defensa para repetir la actuación cara al público. Entre tanto, el ministerio ha decidido abrir una investigación interna y saltan problemas con el CNI en Marruecos y en Cuba. Todo se presenta como si estuviéramos asistiendo a un caso que enfrenta al CNI con su director, que ya es sin discusión hombre al agua.

Nos falta por saber por qué se ha desencadenado la ofensiva que termina con Saiz, cuándo y por quién se proclamó el delenda est Saiz. Si se negó a ceder a alguna extorsión y es por eso por lo que recibe ahora su merecido. En suma, un buen momento para releer el libro El periodista y el asesino, de Janet Malcolm (Gedisa editorial. Barcelona, 2004), donde la autora sostiene que “algo le ocurre al individuo cuando conoce a un periodista”. Malcolm se apropia de la expresión “observador participante”, acuñada para designar el trabajo en el terreno de los antropólogos y de los psicólogos, para aplicarla al trabajo de los periodistas. En todo caso, deja en claro que la ambigüedad moral del periodismo no está en sus textos, sino en el desequilibrio inevitable de las relaciones que de ellos surgen porque los personajes “buenos” de un trabajo periodístico son un producto del impío poder que tiene el autor sobre otra persona y lo mismo ocurre con los personajes “malos”. Continuará.

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Francisco le pregunta qué día le vence el contrato. Esther está preocupada. Él le dice que no comente nada y le anuncia que cuando reciba la carta con el finiquito, que no se preocupe ya que la va a hacer fija. “Cuando llegue la renovación, te vamos a despedir, pero luego yo me voy a equivocar y te voy a hacer fija. Te lo digo a ti nada más. Yo te enviaré la carta de despido, pero luego me equivocaré”. Francisco se apellida Zamorano y era el edil socialista de Hacienda del Ayuntamiento de Estepona. Su interlocutora, Esther, era la secretaria de la comisión ejecutiva local del PSOE en este municipio.

Antonio tiene un problema. ¿Está solucionado lo de Los del Río?, pregunta su interlocutor. Y él le contesta: “Sí”. Antonio habla con su chófer y le dice ¿Dónde está la caja de puros? “Está en el maletero del coche”, le explica. “El sillón del vehículo tiene una palanca arriba que hace que el asiento se eche hacia abajo. Allí se encuentra el sobre con una goma. Dáselos”. “¿Qué se lo dé a los del Río? Sí, son 12.000 euros, que son 24 billetes de 500″. Antonio era alcalde de Estepona. Se apellida Barrientos. Su interlocutor, Mariano, era un cargo de confianza del consistorio.

Flores habla en complicidad. “Primo, ahora mismo no tiene ningún hueco, tiene a todo el mundo totalmente exprimido. Él se tiene que comprometer, no puedes tener a inversores con un convenio frenado. No puede ser, tiene que sacar el plan. Los temas de gestión los tiene que sacar. Y él tiene que tener un grupo empresarial detrás para la siguiente campaña y para todo lo que nos viene en cuatro años”. En el otro lado del teléfono Juan le contesta que “él tiene que seguir haciendo lo mismo, si no tampoco va a ser feliz”. “Por qué ha subido tanto Antonio”, se pregunta, “por la labor que hemos hecho en este sentido. Eso ha sido un goteo permanente”… “Nosotros cerramos fila, y tu y yo nos vemos”. “Lo que quieras”, le espeta su interlocutor, “pero sin salir de copas. Quiero guardar hasta la misa del mes de mi padre para tener la conciencia tranquila”. José Flores era el jefe de gabinete del alcalde. Él, era el alcalde. Y Juan, uno más del entramado.

Democracia, tenemos un problema. Y lo peor es que nos estamos acostumbrando. El problema no es sólo la corrupción. Eso confío en que se solucione con tiempo, con policía y con justicia, aunque a veces cueste trabajo creerlo. El problema es que todo sucede dentro de la normalidad. La normalidad del que llama para saber cómo va lo suyo. O para saber cómo va lo nuestro. La normalidad con la que se explica dónde está la “caja de los puros”. O la normalidad de esa conciencia que nos impide ir de copas cuando se está de luto por un padre después de un “goteo permanente”. De qué, ese goteo. No es difícil imaginarlo.

Está también la normalidad del día después, esa normalidad con la que asumimos que la única persona que da explicaciones para defenderse de la acusación de “traidor” es la única persona que actuó con dignidad, el que denunció unos hechos que algunos no querían conocer. Y finalmente, esa normalidad con la que muchos imputados siguen dando lecciones de moral desde sus escaños del salón de plenos de un ayuntamiento democrático.

Todos los grandes casos de corrupción están llenos de pequeñas corruptelas que son asumidas con normalidad. No ocupan los titulares, pero son la base que ha ido alimentado el problema. Son las consecuencia de un sistema de redes clientelares engordado con miles de personas que viven y trabajan porque su partido gana las elecciones. Un sistema que se sustenta en la apatía de los ciudadanos ante la política y que en España está llegando a extremos peligrosos: la corrupción ya no hace perder elecciones. Pero, sobre todo, se trata de un sistema que se basa en la normalidad. En esa normalidad con la que los ciudadanos hemos asumido día a día lo anormal.

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TRIBUNA: SOCIEDAD

El autor critica prácticas como los ‘bautizos civiles’, con los que se imitan los ritos de la Iglesia católica. Considera un retroceso que el Estado intervenga cada vez en más esferas de la vida privada de los ciudadanos.

El ateísmo es un asunto perfectamente racional. En cambio, lo que carece de todo sentido es que el ateísmo se convierta en una especie de religión, hasta con sus propios ritos. Si el ateísmo es racional y la religión es superracional, el ateísmo religioso es subracional.

En la Europa de hoy, y especialmente en España, observamos las pautas de este nuevo evangelismo ateo, que se anuncia hasta en los autobuses, su creciente intolerancia hacia la libertad religiosa de los demás, y el ritualismo en formas tan variadas como la edición de misales laicos y la celebración, con solemnidades imitadas de las de la Iglesia, de bautismos y de bodas-brujerías que satirizan los sacramentos, recordando las misas negras de los resentidos del satanismo. Hay que respetar el ateísmo sincero, pero la religión atea es una ofensa tanto a creyentes como a ateos auténticos.

Entre las muestras más ridículas de la religiosidad atea están, desde mi punto de vista, las ceremonias de acogida civil a hijos recién nacidos -e incluso a los ya mayorcitos-,algo que me parece un insulto contra la dignidad de los niños. En España, una actriz y presentadora de televisión, conocida también por sus excelentes contribuciones a este periódico, acaba de protagonizar uno de estos ritos, llevando a su hijo pequeño ante el concejal madrileño Pedro Zerolo para que le leyese textos de la Convención Internacional de la Infancia y le declarase ciudadano.

Que un concejal tenga la caradura -incluso diría la insolencia- de proclamar ciudadano a quien ya lo es, me parece democráticamente inadmisible. Ni un concejal ni el Estado mismo tiene el derecho de nombrar a nadie ciudadano. Declarar en un caso concreto que un individuo ha logrado ese rango es una insensatez, ya que en una democracia moderna todos lo tenemos por el mero hecho de haber nacido. Para ser miembro de una Iglesia hace falta algo más: el reconocimiento de las obligaciones religiosas, la atestación de la comunidad, la santidad de los ritos tradicionales, etcétera. Ninguno de estos criterios es, ni puede ser, relevante en el caso de la sociedad civil.

Para padres que sean tan orgullosos que al tener un hijo quieran gritarlo al público, lo normal sería anunciarlo en el periódico. Y, si quieren celebrar la venida de ese niño al mundo, sería lógico que se limitaran a invitar a sus parientes y amigos a tomar unos aperitivos de un modo más o menos discreto. Y si lo que buscan son garantías del rango de ciudadano de su hijo, existe el registro civil de nacimientos. Pero recurrir a un burócrata y sufrir un discurso aburrido, banal e importuno del tipo que nos contó Cayetana Guillén-Cuervo que tuvo que aguantar de parte del señor Zerolo -«habló del derecho del niño a crecer feliz. Y de nuestro deber de educarle en el amor, el respeto, la igualdad, la libertad, la paz y una convivencia en armonía»- es, sencillamente, una extravagancia.

La idea de celebrar bautismos y bodas por parte del Estado nació en la Edad Moderna, coincidiendo con el periodo de gran lucha entre el Estado y la Iglesia para ejercer el poder supremo y soberano sobre la vida de todos los súbditos. Hasta entonces, el matrimonio era un arreglo de carácter privado, y los nacimientos eran momentos de alegría esencialmente personal. Ese Kulturkampf -combate cultural-, gracias a Dios, terminó con la victoria del Estado. A nadie se le ocurriría hoy en día, en una sociedad plural, que la Iglesia se ocupase de decir nada sobre quiénes se acuestan juntos ni de presenciar los momentos íntimos de quienes no sean creyentes. Por tanto, no existe ninguna razón -sino la de intentar ofender a los curas- para sustituir a ceremonias religiosas por ritos laicos.

Los revolucionarios franceses de los años 90 del siglo XVIII, quienes introdujeron los primeros rituales de casamiento y de acogimiento civil, no eran ateos, sino practicantes de la religión ilustrada del anticlericalismo y del Culto al Ser Supremo -una religión política que pretendía acabar con un clero independiente del Estado-. Por supuesto, a ellos les hacía falta un misal alternativo. Hoy por hoy, ni quedan adeptos al Culto al Ser Supremo, ni tienen los padres que someter a sus hijos a una farsa de ceremonia, ni hacer mofa de los sacramentos para distanciarse de la tradición religiosa.

Parece mentira que haya gente que desee que el Estado -que no tiene ningún valor moral- se involucre cada vez más en sus vidas íntimas. El gran logro de nuestras sociedades en los últimos 30 años ha sido que hemos podido escapar de los lazos del Estado. Hasta hemos conseguido imponer límites excesivos en su influencia o expulsarlo por completo de zonas de responsabilidad donde, francamente, necesitamos la intervención estatal, sobre todo, como ya reconocemos todos, en el arreglo de nuestras instituciones económicas.

Pero algunos parece que están especialmente contentos de la intervención del Estado en nuestras relaciones más profundas de amor y cariño, solicitándole licencias para compartir nuestras camas y vidas con otras personas, y ahora, cada vez más, pidiéndole que acoja oficialmente a los hijos que nazcan de tales uniones. Pues bien, no creo que mis relaciones con mi mujer se vuelvan más santos, ni más legítimos, ni más morales, ni más estimables por que se nos conceda un documentillo del Ayuntamiento. Ni pienso que mis hijos pertenecieran más profundamente a la sociedad civil, ni que su calidad de ciudadanos se viera afectada ni para bien ni para mal, por el hecho de haber conseguido la aprobación oficial de un concejal. Si no fuera católico, sería un ateo de veras y contemplaría con desdén y delicadeza todo ese trampantojo imitado de la momería religiosa.

Así que hay que buscar los motivos de esos ateos extravagantes, esos quijotes del ateísmo que se ponen armaduras anticuadas y se arremeten contra molinos de viento. ¿Se trata de un quijotismo puro o se fija una meta? ¿Qué gana esa gente recurriendo al Ayuntamiento con los hijos para que les oleen las palabras de un Zerolo?

Claro que el ateísmo tiene sus trampas lógicas, porque quien dice que no cree en Dios por pensar que es un concepto incoherente, comete el mismo error de falta de coherencia. Sería inútil insistir en que los ateos sean más razonables que los demás. Los derechos humanos incluyen el de hacer tonterías de vez en cuando. Seguramente, la gran mayoría de los que seguirán la moda en solicitar bautismos civiles lo harán tan inocentemente como irracionalmente. Así cometemos otras burradas, como comprar los libros de Dan Brown, escuchar la música de Paris Hilton, mostrar interés por las fotos pornográficas de Berlusconi o votar al PNV. Dejando aparte ese tipo de irracionalidad, sólo veo tres posibles motivos para solemnizar una ceremonia de acogimiento civil.

El primero es el odio a la Iglesia o la exigencia de un fuerte anticlericalismo, que ha sido una tradición gloriosa en España, compartida por la mayoría de los católicos españoles y por no pocos santos. Si no hubiéramos mantenido una actitud de sospecha hacia la Iglesia institucional, es probable que hubiésemos caído en manos de una teocracia o lo que yo llamo la dictacura. Pero ya ha llegado la hora de tener piedad del sacerdocio y de perdonar a la Iglesia sus batacazos históricos. No existe a día de hoy ningún peligro de que la Iglesia vaya a ejercer excesivo poder. Al contrario, necesitamos más que nunca los servicios sociales y espirituales que nos prestan los curas y religiosas sin cobrar más que donativos voluntarios.

El segundo posible motivo es el étatisme, o estadismo, si existiera tal palabra en español. El Estado, las burocracias y las autoridadillas de los gobiernos regionales y municipales quieren poder, quieren registrar a todas las parejas -incluso las de los gays-, acoger a los recién nacidos, dar a nuestros hijos sus signos de aprobación, quitarnos el tabaco, exigir que nos sintamos culpables de beber alcohol, saber dónde estamos y qué hacemos a cualquier hora del día, señalar nuestros lugares de entierro, apoderarse hasta de nuestros cadáveres… Quieren, en definitiva, asumir de manera totalitaria la responsabilidad de edificar un mundo sano y moral. Hay ciudadanos que comparten esa visión y que se fían de la naturaleza moral del Estado. Mejor nos iría a todos si se centrara en cumplir con sus verdaderas responsabilidades y, cuando las cumpla bien, ya nos plantearemos concederle nuevas.

Por último, parece que el ateísmo se está convirtiendo en una religión, porque hay muchos ateos que reconocen la necesidad de la fe, porque la religiosidad y el anhelo hacia una vida ritual son parte de la naturaleza del ser humano. Por tanto, quieren disfrazar su falta de creencia detrás de la máscara de un maquillaje religioso, e inventar ritos advenedizos para suplantar aquellas tradicionales que no pueden controlar.

Si queréis religión, queridos ateos, quedaros con la de los curas. Porque la del señor Zerolo es aún menos digna de creer y de fiar.

Felipe Fernández-Armesto es historiador y ocupa desde 2005 la cátedra Príncipe de Asturias de la Tufts University en Boston (Massachusetts, EEUU).

© Mundinteractivos, S.A.

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ASUNTOS INTERNOS

De vez en cuando, al presidente del Gobierno le gusta aparentar que él es una persona normal, como otra cualquiera. Como un bombero, una periodista en paro, una ama de casa o un estudiante. En tiempos de zozobra busca el calor de las personas, como si los que le rodean todos los días no lo fueran. Si hace unos meses se sometió al tribunal ciudadano en Tengo una pregunta para usted (TVE), ahora ha recibido en La Moncloa a cuatro personas normales para salir en El País y hacerse la ilusión de que toma el pulso a la calle. Zapatero disfruta haciendo saber que trata a los banqueros y a los grandes de la tierra como a las personas normales. «Sentaos… aquí, en el mismo sitio donde recibo a presidentes del Gobierno… y a los banqueros». O sea, un bombero en el mismo sillón que Botín y un ama de casa en el lugar de Sarkozy o incluso, ¡cielos!, de Carla Bruni. Así es como el presidente se camela a los que van a verle, que salen de La Moncloa diciendo lo mismo que decía Juan José Lucas cuando salía de ver a Felipe González: «¿Cómo no habré votado yo a este hombre?».

Tras más de una hora de conversación -en la que seguramente él consumió la tercera parte del tiempo-, Zapatero se extrañó de que los cuatro ciudadanos hubieran sido tan amables con él. «Casi no habéis hecho preguntas, estoy asombrado. Si a mí me dicen que voy a estar una hora con el presidente del Gobierno habría venido con mi chuleta, habría sido crítico y duro». A mí lo que me parececía extraño es que le pusieran a parir después de haberles acomodado en las mismas sillas que Botín y Sarkozy, invitarles a una Coca Cola y pasearles por los jardines reservados. Si encima les dice que los banqueros son «codiciosos» y la gente modesta, o sea, ellos, es «más generosa», ya los tiene en el bote.

El presidente del Gobierno hace estas cosas para desmitificar el poder -«con el fin de no volverse loco»- y para demostrar que lo suyo no es ningún hecho extraordinario, porque cientos de miles de españoles podrían ser presidentes. Sucede que esta humildad tan necesaria -y tan escasa- en los líderes políticos no se corresponde con lo que el presidente relata a continuación. La descripción de su trabajo se corresponde más bien con la lucecita encendida a todas horas en el despacho del Palacio trabajando por el bien común, con el teléfono funcionando a tope a todas horas. «El problema cuando eres presidente es que siempre hay una última decisión que es tuya». Y aunque no lo sea, da igual. Él toma todas las decisiones y a la vista está que sus ministros, con honrosas excepciones, pintan casi lo mismo que un director general. Cuando la crisis del AVE, Zapatero dice que convivió durante un par de días en su despacho con constructores para elegir el mejor trazado de los túneles. «Y, bueno, intuitivamente decir: por aquí vamos a hacer esta obra. Y salió bien. Es lo que a veces pasa, tienes a todos los técnicos, pero cuando se monta un lío, ni técnicos ni nada». Intuitivamente tomó la decisión y salió bien. Menos mal.

El presidente presume de humildad, pero no está claro que la practique mucho. Si Zapatero se convierte en ingeniero de obras para diseñar los túneles del AVE porque no se fía de los técnicos, ¿cómo va a fiarse de sus ministros a la hora de tomar decisiones políticas? Hace tiempo que lo hace todo él, y eso, lo mire por donde lo mire, no es normal. Que lo hayan hecho todos los presidentes del Gobierno que le han precedido no quiere decir que sea normal, ni bueno, ni saludable para la democracia. No es humilde creerse imprescindible para todo. La concentración de poder en una sola persona casi siempre ha acabado mal. Zapatero quiere ser la excepción a esa regla recibiendo de vez en cuando a un grupo de ciudadanos en La Moncloa y haciéndose la ilusión de que las voces que oye allí dentro son las de la calle.

© Mundinteractivos, S.A.

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Las dificultades que está encontrando el Gobierno de Rodríguez Zapatero para completar su representación parlamentaria con el apoyo de otros grupos que doten de estabilidad a la legislatura ha vuelto a dejar patente hasta qué punto la política gubernamental depende de la actitud de los partidos nacionalistas. Durante las dos últimas décadas la mayoría absoluta ha sido la excepción, y no la regla, en la conformación de las Cortes.

CiU, PNV, Coalición Canaria, ERC y BNG han protagonizado en todo ese tiempo, aunque con intermitencias, una política consistente en sacar de apuros al Ejecutivo de turno a cambio de alguna concesión que beneficiara a sus respectivas comunidades. La renuencia de los dos partidos nacionales que se han sucedido en la Moncloa -PP y PSOE- a afianzar alianzas duraderas y el pragmatismo rayano a lo mercantil que han venido empleando las formaciones nacionalistas han impedido que se establezcan bloques más o menos compactos. Además, la extendida concepción de que las alianzas han de responder a las necesidades que tenga un partido para gobernar cuando no cuenta con mayoría absoluta ha marchado pareja a la vana ilusión alimentada entre sus filas por las formaciones nacionales sobre la certeza de que pronto contarán con esa mayoría. De hecho, los partidos tienden a percibir las coaliciones y las alianzas como extremadamente peligrosas. Las formaciones menores, porque mediante esos acuerdos se ponen a disposición de las formaciones mayores. Y las formaciones mayores porque entienden que al consagrar una coalición o alianza con otros durante un tiempo prolongado reducen sus posibilidades de obtener la mayoría absoluta en solitario. Todo lo cual podría aproximarnos a tres pronósticos de futuro. El primero, y visto el empate infinito al que parece condenado el equilibrio entre PSOE y PP, es que difícilmente obtendrá cualquiera de los dos mayoría absoluta en las próximas convocatorias generales. El segundo es que ni uno ni otro renunciarán al sueño de lograrlo, y por eso ambos evitarán formalizar acuerdos estables con los partidos nacionalistas. El tercero, que sólo se plantearán la cuestión de las alianzas una vez ganadas las elecciones, entre otras razones porque los partidos nacionalistas serán siempre remisos a establecer pactos de oposición.

Miremos la cuestión desde el lado de las comunidades con fuerte presencia de formaciones nacionalistas o regionalistas. En la actualidad todos los gobiernos autonómicos en los que esos partidos cuentan con consejeros están formados también por formaciones nacionales. En otras palabras, hoy el nacionalismo o el regionalismo es incapaz de gobernar sin el concurso del PSOE -en todos los casos menos uno- o del PP. Es lo que ocurre en Catalunya, Baleares, Canarias o Cantabria, después de que en Galicia un partido nacional obtuviera la mayoría absoluta y de que en Euskadi los dos partidos nacionales acordaran un cambio de gobierno. Podría ser una casualidad momentánea. Pero también podría obedecer al hecho de que los partidos nacionalistas y regionalistas no están capacitados, por su exigua representación o por la incompatibilidad que se manifiesta entre ellos, para conformar mayorías absolutas. Incluso de cara al futuro inmediato, no parece fácil que el fracaso estratégico cosechado por ERC en su propósito de suplantar a CiU como referencia hegemónica del nacionalismo catalán le lleve a aliarse precisamente con los convergentes, o a estos a buscar esa alianza y concedérsela a los republicanos. Como no parece lógico que, una vez descubierto que las alianzas soberanistas han acabado debilitando políticamente al PNV, este cifre parte de sus esperanzas en el regreso de la izquierda abertzale a la legalidad para recuperar junto a ella el gobierno de Euskadi.

El presidente Rodríguez Zapatero ha querido convertir en virtud su necesidad de dotarse de acuerdos específicos con uno u otro grupo parlamentario. Una inclinación que ha merecido la denominación de “geometría variable”, sin que haya alcanzado la categoría de estrategia. Esa actitud no es imputable únicamente a la proclividad del presidente por prometer a todos todo aquello a lo que aspiran, de manera que se multiplican las posibilidades de provocar decepciones y enfados entre sus interlocutores. Responde también al tipo de política que se ha instalado en España, que parece pendular constantemente entre los gestos de demostración ideológica -nacional o nacionalista- y el mercadeo ocasional de unos cuantos votos parlamentarios. Puede que dibujar el término medio entre ambos extremos sea una quimera. Pero, en cualquier caso, sería la condición para dotar de estabilidad y moderación a la práctica de la política en España y en cada una de sus comunidades autónomas.

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TRIBUNA

Ante la destrucción masiva de empleo que está experimentando la economía española, la reacción del Gobierno ha consistido, principalmente, en intentar estimular el gasto público, mientras rechaza cualquier posibilidad de establecer medidas activas de creación de ocupación. Se señala al mismo tiempo que no hay muchas alternativas, pues la crisis es internacional y no saldremos de ella hasta que lo hagan otros países.

Este argumento no es correcto. Algunos países, como Estados Unidos o Alemania, saldrán antes de la crisis por méritos propios: sus gobiernos están adoptando medidas. Las políticas de promoción del empleo por parte de los países escandinavos son otra muestra de acción política. Existe también una experiencia en Europa que enseña que el mejor modo de combatir el desempleo consiste en crear un mercado laboral dinámico, muy centrado en la formación, y en incentivar la búsqueda activa de trabajo. Desgraciadamente, el Gobierno parece no querer considerar la experiencia de otros países.

La empresa española, en general, no tiene un problema insalvable de costes. Pero el desplome de la demanda de manera continuada crea una situación insostenible para muchas empresas. En este contexto, hay una política que el Gobierno debería impulsar. Se trata de facilitar ajustes rápidos de jornada laboral y salarios de todos, con el compromiso de mantenimiento del máximo empleo posible.

Desgraciadamente, los ERE no son instrumentos eficaces ni solidarios en muchas empresas. Así, ante una caída significativa de las ventas, la empresa debería poder reducir las horas de trabajo y los costes laborales en una proporción similar, manteniendo puestos de trabajo. En estos casos, el Gobierno facilitaría un complemento salarial a los trabajadores que vean reducir sus ingresos por un periodo determinado como resultado de la reducción de la jornada, complemento que debería ir acompañado de un compromiso de tiempo dedicado a la formación y al reciclaje profesional.

Esta propuesta apuesta por la continuidad de la empresa, frena la destrucción de empleo, es menos costosa para el trabajador, es menos gravosa para el sector público -el coste de su alternativa, aumento del paro, sería más alto-, todos se sienten responsables de la mejora de la empresa para sobrevivir y se incentiva la formación, más necesaria aún en épocas de crisis. Por último, y a la espera de lograr mejoras en los modelos de contratación laboral, supondría un paso importante hacia la contratación indefinida, pues las empresas dispondrían de un mecanismo de reducir costes para salvar la empresa, a cambio de disminuir las horas trabajadas y, no obstante, mantener el empleo.

La articulación de estas medidas es sencilla y compleja. Sencilla porque no exige grandes reformas difíciles de alcanzar. Compleja porque exige el liderazgo del Gobierno central para lograr un pacto entre los agentes sociales. Pero el bien común debería estar por encima de los intereses de grupos, especialmente en estos momentos en que muchas familias en España sufren el drama del desempleo. Este país merece un futuro mejor y me temo que no estamos haciendo todo lo que podemos para lograrlo.

Jordi Canals. Profesor del Iese.

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La economía es la única de las ciencias sociales que sigue pretendiendo establecer verdades incontestables y determinar las leyes que rigen la actividad económica de las sociedades. Hace ya mucho tiempo que la historia o la sociología, por ejemplo, reconocieron su incapacidad para precisar las supuestas leyes que explicarían el curso de la historia o los movimientos sociales. La economía no renuncia, sin embargo. Por el contrario, después de cada crisis, cuando todas sus predicciones quedan en evidencia, la ciencia económica vuelve a explicarlo todo, intentando convencernos de que puede arbitrar las soluciones correctas, cuando no las únicas posibles.

Al parecer, algunas de esas soluciones pasan por la lesión de las competencias de las Comunidades Autónomas, consideradas un obstáculo menor en las vías “científicamente” trazadas de la recuperación económica. La desconfianza de los economistas conservadores hacia las CCAA no es nueva. En realidad, la descentralización política ha sido tradicionalmente un impedimento en los planes de adelgazamiento de lo público mediante las privatizaciones, que tan de moda estaban antes de la crisis. Si se quiere vender lo público, es siempre más fácil y ventajoso actuar como un solo interlocutor y no como 17.

Es cierto que esas posiciones conservadoras han encontrado el modo de desquitarse, intensificando los ataques contra la sanidad o las universidades públicas allí donde gobiernan. Pero nunca será lo mismo que disponer de todo el Estado para negociarlo ante los poderes privados. Es comprensible, desde esa perspectiva, la desconfianza con la que algunos sectores han contemplado las recientes reformas estatutarias: una cosa es transferir el poder político estatal a la esfera privada y otra muy diferente trasladarlo a otros ámbitos públicos democráticamente legitimados. Lo primero se presenta como inexorable, por mandato de la ciencia económica; lo segundo es, según nos dicen, una ruptura de la unidad y un debilitamiento inaceptable del Estado.

La tensión entre autonomía y economía parecía haberse cerrado con la última etapa de Gobierno del PP, cuando se vulneraron competencias autonómicas apelando a la competencia estatal sobre la planificación general de la actividad económica. Aunque el Tribunal Constitucional puso orden en diversas ocasiones, lo cierto es que las CCAA tuvieron ya la experiencia de una importante afectación de competencias, que limitaba las posibilidades de ordenación de su espacio económico.

Las CCAA no son un obstáculo en el camino: son el camino. Han demostrado ser un factor dinamizador de la economía y pueden seguir siéndolo en el futuro si se diseñan políticas adecuadas contando con su colaboración. Frente a la ciencia económica, la política debe recuperar su dignidad democrática. Que haya sólo una opción para resolver los problemas económicos es altamente discutible; que esa opción deba pasar por alterar el orden constitucional de competencias, lesionando las facultades que le corresponden a las CCAA, ni siquiera debería haberse planteado.

Francisco Balaguer Callejón es catedrático de Derecho Constitucional.

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Ha sido la sensación bloguera en Estados Unidos la semana pasada. En su edición del mes de julio, la revista Rolling Stone recoge una pieza absolutamente demoledora acerca del papel jugado por Goldman Sachs en la formación y posterior estallido de las distintas burbujas que se han producido en los mercados a lo largo del último siglo, desde la Gran Depresión a nuestros días. Y no sólo eso. El artículo, firmado por Matt Taibbi y que se ha filtrado antes de su publicación, constata el poder acumulado con el paso del tiempo por los distintos banqueros de la Casa, estratégicamente situados hoy día en puestos de influencia financiera alrededor del Planeta; ahonda en el aprovechamiento en interés propio de los sucesivos fenómenos de pánico y euforia, a cuya gestación el banco de inversión habría decididamente contribuido; y alimenta las sospechas acerca del protagonismo que está jugando la entidad en la gestación del siguiente gran descalabro… para todos menos para ella.

El documento es extraordinario y no deja lugar a dudas de su posicionamiento desde el primer párrafo, donde califica a la firma de vampiro que clava sus colmillos allá donde hay un dólar que ganar. Se extiende a lo largo de doce páginas, que no tienen desperdicio. Así, el autor no duda en afirmar que mientras América da vueltas alrededor del sumidero, Goldman Sachs ha encontrado el camino para ser él mismo ese sumidero: un desafortunado agujero en el sistema capitalista democrático occidental que nunca imaginó que, en una sociedad pasivamente gobernada por la libertad de mercado y de elección, la ambición organizada siempre prevalece sobre la democracia desorganizada. Un análisis interesante que pudiera parecer reduccionista, toda vez que carga las tintas sobre la desmedida avaricia de los banqueros y se olvida de otros responsables de la situación actual como políticos, reguladores, agencias de rating, banqueros centrales e, incluso, los propios ciudadanos. No es de extrañar cuando se considera a gran parte de tales actores como parte del universo Goldman.

Su crítica no queda ahí, sino que aterriza desde lo genérico en lo específico: todo el dinero que usted pierde va a algún sitio y, tanto en sentido literal como figurativo, se puede decir que el destinatario es Goldman. El banco se ha convertido en una gigantesca y sofisticada máquina de convertir la riqueza de la sociedad en beneficio para sus arcas (…) La fórmula es relativamente simple: el banco de inversión se posiciona en mitad de una burbuja especulativa, y vende productos que sabe que son basura. Con la ayuda de una Administración adecuadamente engrasada con sus donativos, consigue cantidades ingentes de dinero de los incautos inversores. Cuando estalla la situación se presenta como aquel benefactor que puede aliviar la difícil situación de los sufridos ciudadanos. Quizá esta es la parte más lírica y menos justificada del argumentario. De ahí que sea relevante lo que viene a continuación.

Así, Taibbi enumera hasta cinco ocasiones en las que la actuación de Goldman habría sido, cuando menos, cuestionable… para lucro de sus directivos y/o empleados. Hoy nos centraremos en las cuatro primeras y dejaremos para mañana la más reciente de ellas (¿más todavía?) y la que, a juicio del comentarista, está por llegar. En primer lugar, el reportero habla de la participación de Goldman en los Investment Trust que tan de moda estuvieron en la década de los 20 y cuyo colapso acentuó la caída bursátil de finales de la década. 475.000 millones de agujero a valor de hoy. Tras un impasse de cerca de 70 años, en los que la entidad adopta un modelo de banca a largo plazo, es con la llegada de su empleado Robert Rubin a la Casa Blanca, y con el cambio que impulsa de las reglas que hasta entonces regían los mercados financieros, que Goldman vuelve a orientarse hacia el pan para hoy, con independencia de lo que traiga el mañana. Una tarea a la que contribuyeron otros reputados miembros de la firma, citados adecuadamente a lo largo del texto.

Es a partir de ese momento que el banco vive sus momentos de mayor esplendor, según el autor (que imagino tendrá buena cobertura legal): manipulando valoraciones y precios en las OPVs de los años dorados de las compañías de Internet (cinco billones de dólares de riqueza evaporada sólo en el Nasdaq), gracias a la violación de la norma no escrita que limitaba las salidas a bolsa a empresas rentables; fomentando la titulización y aseguramiento de hipotecas de baja calidad con el despegue del mercado inmobiliario, a la vez que apostaba por su hundimiento hasta el punto de ser de las pocas sociedades que se beneficiaron con su caída mediante la utilización de instrumentos derivados; alentando la inversión financiera en materias primas como el petróleo -cuyo precio se disparó hasta cerca de los 150 dólares gracias a que un barril se negociaba en 2008 hasta 27 veces, de media, antes de que fuera entregado y consumido- que tomaban como referencia índices creados por la propia Goldman, actividad que explotó igualmente gracias a un cambio normativo.

Una panoplia de actuaciones que pondrían de manifiesto el poder oculto de Goldman y su influencia en la construcción de la peor cara del capitalismo financiero, rostro sobre el que ahora se quiere verter una pesada capa de maquillaje de carácter social y de adecuación a su fundamento originario que es la economía productiva. Grave responsabilidad que, sin embargo, no le ha hecho perder ni un ápice de su relevancia. Mañana desarrollaremos con Taibbi lo relativo tanto al lugar que Goldman ha ocupado dentro del Plan de Rescate auspiciado por la Administración norteamericana, por una parte, como a la renovada apuesta de la entidad por el siguiente negocio susceptible de convertirse en burbuja: el cambio climático y los derechos de emisión de CO2, donde ya ha tomado posiciones. Casi nada. Con todo esto, ¿a alguien le extraña la inversión de Buffett en la compañía? Es fácil comprender, a la luz de esta lectura, de qué va este negocio, condición primera y principal impuesta por el Oráculo de Omaha para cometer cualquier inversión. Y en finanzas, Goldman es y ¿será? la apuesta ganadora.

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El comisario Joaquín Almunia ha acreditado solvencia en sus análisis sobre la situación económica y el desempeño de su tarea como encargado de la materia en el colegio comunitario. Lleva tiempo, además, alejado de la dinámica partidista y por eso su diagnóstico mesuradamente optimista -ayer, en Madrid- merece ser tenido en cuenta.

Su disección del momento presente fue poco más allá de considerar que las economías han dejado de evolucionar en caída libre, pero se distanció de tanto pronóstico como se viene basando en supuestos síntomas de que la recuperación está a punto de aparecer. Sería, por tanto, inexacto sumar sus apreciaciones a la ola de optimismo que parece estar prendiendo, entre otros, en el Gobierno español. Entre otras cosas, por el matiz nada desdeñable de supeditar el retorno al ciclo alcista a la consecución de notables reformas, tanto en España como en el resto de Europa, que Almunia defiende y el presidente Rodríguez Zapatero tampoco da síntomas de compartir.

Sin duda corren tiempos poco propicios para el pronóstico: los errores de previsión han afectado a la mayoría, a unos más a otros menos, incluidos los organismos internacionales teóricamente más reputados. A eso se suelen anclar los medios gubernamentales para intentar restar crédito a la consideración casi unánime de que la economía española alcanzará la recuperación -con suerte- entre uno y dos años más tarde que el conjunto de la eurozona, que a su vez lo hará con apreciable retraso respecto a Estados Unidos.

En todo caso, lo que parece extenderse por todas partes es la convicción de que ha pasado lo peor. Algo que, aunque con relevantes matices, está restando profusión y relativo crédito a quienes apostaban y siguen apostando porque ésta no es una simple crisis de ciclo, sino el anticipo de un cambio de modelo, tras lo que casi nada volvería a poder ser igual.

Referir el componente psicológico de la economía -igual que la política- es poco más que una obviedad. Igual que es comprensible el hartazgo de dar y recibir malas noticias y cómo pueda influir en el ánimo de buscar la parte medio llena del vaso, aunque el agua quede lejos de la mitad. De ahí que ni siquiera haga falta presumir ningún acuerdo para que la mayoría de gobernantes esté acelerando el mensaje optimista y esperanzado; puede surgir de forma espontánea, por simple necesidad anímica. Pero, ¿hasta qué punto es suficiente? ¿En qué medida es real?

Tenga o no que ver con ello, se está generalizando también la autoproclamada valoración positiva de las medidas que han ido adoptando los respectivos gobiernos. Resulta llamativo por varias razones, comenzando porque no todos ni en todas partes han aplicado las mismas recetas. Todavía más, si se contrasta con lo que dominaba hace apenas diez meses: entonces, la creencia más extendida consideraba tan urgente como imprescindible introducir reformas de fuerte calado, sobre todo en el sistema financiero mundial. Sin embargo, las pocas acometidas han sido tardías, tímidas y en gran medida continuistas, lejos de la refundación del capitalismo que más de uno llegó a patrocinar. Cabe incluso preguntarse si era lo único necesitado de reformar.

Haber estado al borde del desastre y haberlo evitado puede estar gestando el espejismo de que el modelo sigue valiendo y conviene ceder a la tentación agustiniana de no introducir cambios en momentos difíciles. Demasiados dan la sensación de estar abonados a ella. Almunia, en cambio, volvió a dejar claro ayer que él, no.

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Próximos a iniciar la confección de los Presupuestos de 2010 a través de la definición de la envolvente de gasto para ese ejercicio, es necesario revisar una serie de cuestiones que pueden comprometer la salida del túnel en el que la economía española se haya inmersa.

Respecto a diseño de la política presupuestaria en los últimos años, podemos señalar una serie de cuestiones centrales que han contribuido a profundizar los efectos de la crisis económica por la que transitamos en España. En primer lugar, señalar la falta de credibilidad de los escenarios macroeconómicos.

Los cuadros macroeconómicos formulados en los últimos presupuestos han sido modificados significativamente una vez presentados los PGE, lo que supone un reconocimiento implícito de que las cifras incorporadas a él no estaban en consonancia con las necesidades financieras del Sector Público español.

En segundo lugar, el Gobierno no ha generado los superavit suficientes o ha gastado antes de tiempo los ahorros acumulados en la excepcional fase alcista de la economía mundial, que se ha prolongado por más de 12 años. Ya el Banco de España reconocía esta realidad en 2008, antes de manifestarse con toda su crudeza la fuerte caída de la economía española.

La fase de prolongado crecimiento debería haberse correlacionado con un esfuerzo más vigoroso en la generación de superávit para cumplir con la filosofía de mantener la estabilidad presupuestaria a lo largo del ciclo económico que subyace en la Ley 15/2006 de reforma de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria. Aquellos superávit deberían representar la financiación para los déficit crecientes en que están incurriendo las Administraciones en los momentos depresivos de la coyuntura, cuando conviene una política fiscal coyuntural de tono más expansivo.

Cambio de modelo

Pero, además, no se ha planteado una gestión proactiva del modelo de crecimiento económico, al no adoptar medidas de apoyo presupuestario al cambio de modelo económico que permita incrementar los niveles de productividad y competitividad de nuestra economía. Por ejemplo, la política industrial no ha sido una de las prioridades de la política presupuestaria en los últimos años, como tampoco lo ha sido el apoyo presupuestario a las pymes o a la internacionalización de la economía, lo que se demuestra por la pérdida de peso relativo en los Presupuestos Generales del Estado.

Mención aparte merece un elemento fundamental que se presenta como determinante del modelo de crecimiento económico y de su posible cambio: la inversión en Investigación, Desarrollo e Innovación. Reconociendo el importante esfuerzo financiero realizado por las Administraciones Públicas, lo preocupante es el escaso resultado en términos de coste-eficacia de la inversión y de rentabilidad social obtenida.

Un replanteamiento general de la política de I+D+i debería ser un elemento de discusión en todo el proceso de debate parlamentario, ya que la cuestión en esta política no es tanto cuanto se gasta como con que objetivos se gasta, haciendo especial hincapíe en la “D+i” de Desarrollo e innovación para hacer nuestra industria más competitiva.

Un tercer elemento de preocupación de la política presupuestaria seguida en los últimos años, y probablemente el más inquietante, consiste en el aumento y consolidación de los gastos estructurales que suponen una hipoteca gravosa para la estabilidad macroeconómica futura. Los superavit del pasado se han alcanzado debido al buen comportamiento de los ingresos y no tanto por un control del gasto público que ha crecido, en términos reales, de forma relevante, incrementando el peso relativo del Estado y la presión fiscal del 34,5% al 37,5% del PIB entre 2004 y 2008.

Este incremento de 3 puntos de la presión fiscal se corresponde en gran medida, y conjuntamente con el IVA, con el aumento de los impuestos sobre la renta, a partes iguales entre el de las personas físicas y el de sociedades. Estos impuestos sobre los rendimientos de la actividad económica, son precisamente los más perjudiciales para el crecimiento económico, pues reducen los incentivos a la inversión, el ahorro y la oferta de trabajo al mismo tiempo que disminuyen la disposición de los individuos y empresas a tomar riesgos y emprender actividades empresariales o profesionales.

Recientes estudios muestran que, en media, un aumento de los impuestos directos en un punto porcentual del PIB reduce el crecimiento económico en 0,3 décimas. En esta misma línea de razonamiento, la disminución (aumento) del déficit (superávit) eleva la tasa de crecimiento en un 0,1 décimas. Por ello, asumiendo estas cifras como válidas para la realidad de España, nuestro país hubiera logrado mayores tasas de crecimiento económico si no hubiese aumentado la presión fiscal.

Pero lo más grave es que se ha incorporado un notable incremento de gasto estructural. Es decir aquél que da lugar a compromisos futuros de gasto sin generar mayor capacidad de creación de riqueza ni, en consecuencia, retornos recaudatorios en forma de mayores tributos futuros, poniendo en peligro la estabilidad presupuestaria cuando cambia la tendencia del ciclo económico.

Estos compromisos, tan socorridos para los políticos en fases depresivas del ciclo y que tienden a revestirse de políticas sociales, condicionan la asignación de gasto futuro por cuanto se consolidan, dificultando la reducción del gasto total en su momento. Pero, además, reducen la capacidad estabilizadora de la política fiscal en fases bajistas del ciclo.

Gastos preocupantes

En este sentido, los compromisos de gasto consolidables a futuro son preocupantes y se situarían en torno a 275.000 millones de euros, es decir, un 25% del PIB nominal actual. Estas obligaciones de gasto se derivan entre otras partidas de las siguientes: las obligaciones de inversión reconocidas en los Estatutos de autonomía aprobados y pendientes de aprobación, el desarrollo de leyes sociales aprobadas, como la Ley de Dependencia, que supondrán en torno al 1,5% del PIB, etc, sin olvidar los efectos financieros de la negociación de los nuevos modelos de financiación autonómica y local, que tienen que ajustarse al menos al incremento de población producido en los últimos años, y los efectos compensatorios derivados de la pérdida de Fondos Estructurales y de Cohesión en los próximos años, con un impacto sobre la inversión pública sobrecogedor, que será dificil de compensar al tratarse de transferencias del resto del mundo a coste cero.

Otro elemento a considerar en un situación como la actual es el papel de la Administración Central en el diseño y desarrollo de las políticas de inversión pública en España, partiendo de la base de que esta inversión es un elemento determinante de las políticas de demanda a implementar, con criterios adecuados, en una fase de crecimiento económico negativo.

En este sentido, creemos que la inversión de la Administración General del Estado debe estar para compensar aquellos territorios con menores capacidades de desarrollo y, en consecuencia, contribuir a la convergencia regional. La preocupación en este momento es que se pueda generalizar, con cierta justificación, un comportamiento de negociación de las inversiones públicas territorializables en función de aquellos índices más beneficiosos para la respectiva comunidad, lo que haría al sistema financieramente insostenible.

Sin olvidar que la pérdida de fondos europeos ya está planteando alguna dificultad para la convergencia entre regiones y de nuestro país con los centrales de la UE. En definitiva, la Inversión Pública del Estado debe ser dirigida por la Administración Central con un carácter redistributivo y con un componente de rentabilidad económica y social para el conjunto del Estado a medio y largo plazo, y no en función de esquemas coyunturales de incentivo, y muchos menos, ser objeto de moneda de transacción en un marco desenfocado de debates identitarios y de “los déficit históricos”.

Seguridad Social

Un último elemento de preocupación es el comportamiento a medio plazo de la Seguridad Social, donde se vislumbran una serie de problemas que pueden poner en peligro su sostenibilidad. En primer lugar, la evolución demográfica y el nivel de desarrollo alcanzado por nuestra economía nos conduce a un número creciente de beneficiarios durante un período de tiempo más prolongado, pero además con una mayor demanda de calidad en la cobertura de los servicios sociales.

En segundo lugar, la implementación de medidas que alejan al sistema de la contributividad, como puede ser la elevación de las pensiones mínimas y las no contributivas.

Los situación actual de la Seguridad Social incorpora, en proyección a medio plazo, el germen de graves problemas futuros. La masiva incorporación de nuevos cotizantes significa un incremento sustancial de la población beneficiaria de las prestaciones futuras.

Un incremento financieramente insostenible debido a que las condiciones económicas y demográficas están reduciendo dramáticamente el flujo de nuevos contribuyentes y por el desequilibrio implícito en el diseño de la relación entres cotizaciones y prestaciones.

Se trata de un problema estructural que exige, más pronto que tarde, una reforma decidida del régimen de pensiones que tenga en cuenta elementos tan importantes como: la cuantía de la pensión media, la edad de jubilación, las tasas de empleo, la productividad media, la composición por edades de la población, etc.

Juan José Rubio Guerrero. Catedrático de Hacienda Pública. UCLM. Exdirector del Instituto de Estudios Fiscales.

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La historia se repite, y muy probablemente concluya de la misma manera. El golpe de Estado en Honduras es una reedición del que se perpetrara en abril de 2002 en Venezuela y del que fuera abortado ante la fulminante reacción de varios gobiernos de la región en Bolivia el año pasado. Un presidente violentamente secuestrado en horas de la madrugada por militares encapuchados, siguiendo al pie de la letra lo indicado por el Manual de Operaciones de la CIA y la Escuela de las Américas para los escuadrones de la muerte; una carta de renuncia apócrifa que se dio a conocer con el propósito de engañar y desmovilizar a la población y que fue de inmediato retransmitida a todo el mundo por la CNN sin antes confirmar la veracidad de la noticia; la reacción del pueblo que consciente de la maniobra sale a la calle a detener los tanques y los vehículos del ejército a mano limpia y a exigir el retorno de Zelaya a la presidencia; el corte de la energía eléctrica para impedir el funcionamiento de la radio y la televisión y sembrar la confusión y el desánimo. Como en Venezuela, no bien encarcelaron a Hugo Chávez, los golpistas instalaron un nuevo presidente: Pedro Francisco Carmona, a quien la inventiva popular lo rebautizó como “el efímero”. Quien desempeña su rol en Honduras es el presidente del Congreso unicameral de ese país, Roberto Micheletti, quien juró ayer como mandatario provisional y sólo un milagro le impediría correr la misma suerte que su predecesor venezolano.

Lo ocurrido en Honduras pone de manifiesto la resistencia que provoca en las estructuras tradicionales de poder cualquier tentativa de profundizar la vida democrática. Bastó que el presidente Zelaya decidiera llamar a una consulta popular –apoyada con la firma de más de 400.000 ciudadanos– sobre una futura convocatoria a una Asamblea Constitucional para que los distintos dispositivos institucionales del Estado se movilizaran para impedirlo, desmintiendo de ese modo su supuesto carácter democrático: el Congreso ordenó la destitución del presidente y un fallo de la Corte Suprema convalidó el golpe de Estado. Fue nada menos que este tribunal quien emitió la orden de secuestro y expulsión del país del presidente, prohijando como lo hizo a lo largo de toda la semana la conducta sediciosa de las Fuerzas Armadas.

Zelaya no ha renunciado ni ha solicitado asilo político en Costa Rica. Fue secuestrado y expatriado, y el pueblo ha salido a la calle a defender a su gobierno. Las declaraciones que logran salir de Honduras son clarísimas en ese sentido, especialmente la del líder mundial de Vía Campesina, Rafael Alegría. Los gobiernos de la región han repudiado al golpismo y en el mismo sentido se ha manifestado Barack Obama al decir que Zelaya “es el único presidente de Honduras que reconozco y quiero dejarlo muy claro”. La OEA se expresó en los mismos términos y desde la Argentina la presidenta Cristina Fernández declaró: “Vamos a impulsar una reunión de Unasur, aunque Honduras no forma parte de ese organismo, y vamos a exigir a la OEA el respeto de la institucionalidad y la reposición de Zelaya, además garantías para su vida, su integridad física y la de su familia, porque eso es fundamental, porque es un acto de respeto a la democracia y a todos los ciudadanos”.

La brutalidad de todo el operativo lleva la marca indeleble de la CIA y la Escuela de las Américas: desde el secuestro del presidente, enviado en pijama a Costa Rica, y el insólito secuestro y la golpiza propinada a tres embajadores de países amigos: Nicaragua, Cuba y Venezuela, que se habían acercado hasta la residencia de la ministra de Relaciones Exteriores de Honduras, Patricia Rodas, para expresarle la solidaridad de sus países, pasando por el ostentoso despliegue de fuerza hecho por los militares en las principales ciudades del país con el claro propósito de aterrorizar a la población. A última hora de la tarde impusieron el toque de queda y existe una estricta censura de prensa, pese a lo cual no se conoce declaración alguna de la Sociedad Interamericana de Prensa (siempre tan atenta ante la situación de los medios en Venezuela, Bolivia y Ecuador) condenando este atentado contra la libertad de prensa.

No está demás recordar que las Fuerzas Armadas de Honduras fueron completamente reestructuradas y “reeducadas” durante los años ’80, cuando el embajador de EE.UU. en Honduras era nada menos que John Negroponte, cuya carrera “diplomática” lo llevó a cubrir destinos tan distintos como Vietnam, Honduras, México, Irak para, posteriormente, hacerse cargo del superorganismo de inteligencia llamado Consejo Nacional de Inteligencia de su país. Desde Tegucigalpa monitoreó personalmente las operaciones terroristas realizadas contra el gobierno sandinista y promovió la creación del escuadrón de la muerte mejor conocido como el Batallón 316 que secuestró, torturó y asesinó a centenares de personas dentro de Honduras, mientras en sus informes a Washington negaba que hubiera violaciones de los derechos humanos en ese país. En su momento, el senador estadounidense John Kerry demostró que el Departamento de Estado había pagado 800 mil dólares a cuatro compañías de aviones de carga pertenecientes a grandes narcos colombianos para que transportasen armas para los grupos que Negroponte organizaba y apoyaba en Honduras. Estos pilotos testificaron bajo juramento confirmando las declaraciones de Kerry.

La propia prensa estadounidense informó que Negroponte estuvo ligado al tráfico de armas y de drogas entre 1981 a 1985 con el objeto de armar a los escuadrones de la muerte, pero nada interrumpió su carrera. Esas fuerzas armadas son las que depusieron a Zelaya. Pero la correlación de fuerzas en el plano interno e internacional es tan desfavorable que la derrota de los golpistas es sólo cuestión de (muy poco) tiempo.

Atilio A. Boron. Politólogo.

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La Amazonia es la selva tropical más extensa de la Tierra: 6 millones de kilómetros cuadrados. No pocos creen que pertenece únicamente a Brasil, pero se extiende también por Perú, Bolivia, Ecuador, Venezuela y Guyana, principalmente. El llamado pulmón verde del mundo se desarrolla alrededor de la enorme cuenca fluvial que origina el caudaloso río Amazonas y sus incontables afluentes. El clima húmedo y caluroso predominante propicia una vegetación siempre verde, tupida y con una biodiversidad que los científicos están muy lejos de lograr clasificar. Lo que más han logrado es describir miles de aves, anfibios y mamíferos que allí viven: venados, el jaguar, el puma, caimanes y tortugas, guacamayas y tucanes, serpientes inmensas (como la anaconda), sin faltar los delfines y cientos de peces diferentes. La vida acuática es la más abundante del planeta y va de la mano de la terrestre. Son muestra de la riqueza actual y potencial de una selva hábitat de la quinta parte de las aves y especies vegetales existentes.

En la Amazonia que le corresponde a Perú se localiza buena parte de esa riqueza, plantas y animales únicos, que bien utilizados deben servir para el desarrollo social y económico. Se trata de casi 800 mil kilómetros cuadrados (60 por ciento de la extensión de ese país) que sobresalen por sus numerosas regiones ecológicas. Se extienden desde la selva baja hasta las estribaciones de los Andes. Por eso se habla de selva baja y selva alta a fin de recalcar las condiciones que distinguen a cada una. En ambos casos, la orografía es muy accidentada, lo que contribuye a que allí apenas viva poco más de 10 por ciento de la población peruana. Destacan las milenarias comunidades indígenas, algunas en virtual estado de aislamiento.

Para conservar esa inigualable riqueza biológica, social y cultural, el gobierno peruano declaró como protegidas diferentes áreas geográficas de su Amazonia, tarea encomendada al Instituto de Recursos Naturales (Inrena). Pero al presidente peruano y a los legisladores que le son afines, se les hizo fácil aprobar dos decretos que afectan la riqueza forestal, la fauna silvestre y el régimen jurídico de las tierras de uso agrario. El propósito: sacar del atraso esa vasta región, llevar la modernidad.

En el fondo, de lo que se trataba era de adaptar la legislación peruana al Tratado de Libre Comercio firmado el año pasado con Estados Unidos y así abrir la Amazonia a las inversiones privadas. De esa forma se dejaba vía libre a la explotación de los ricos mantos petroleros a la par que dejar en manos de las trasnacionales el incalculable material genético allí existente.

Los decretos se elaboraron sin consultar a los grupos indígenas que allí viven desde tiempo inmemorial y que son los que mejor utilizan y conocen el entorno natural. En protesta por esa imposición, principio del fin de ese tesoro de biodiversidad, los indígenas bloquearon varias vías de comunicación. Intervino la policía y el saldo de los choques dejó, oficialmente, 33 muertos en la ciudad de Bagua, de los cuales 24 eran policías.

La matanza agravó la situación, obligó al parlamento a suspender los cuestionados decretos y a estudiar su derogación. Para el presidente Alan García lo que se buscaba era no seguir el camino de retroceso, ni la edad de piedra, en alusión a las comunidades que se oponen a un modelo económico expoliador de los recursos, a un falso desarrollo que en muchas partes ha probado ser negativo para la gente. No faltaron las acusaciones de que la inconformidad indígena era fruto de agentes externos interesados en desestabilizar al país y cerrar las puertas al progreso. Esto cuando Perú registra uno de los más altos índices de crecimiento económico de América Latina, pero sin que disminuya la desigualdad reinante.

Aunque la lucha indígena y de otras fuerzas sociales logró detener por ahora el deseo de privatizar la Amazonia peruana, apenas es el inicio de una tarea que debe llevar a un desarrollo sostenible, que descanse en el uso racional y social del patrimonio natural y que no califique a los indígenas de salvajes, atrasados, ignorantes por rechazar el progreso como lo entienden los grandes consorcios trasnacionales y sus aliados locales.

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