Caffè Reggio

La democracia es un sistema político curioso. En su afán por acoger el pluralismo social de intereses y formas de ver el mundo, organiza el gobierno a partir de la concurrencia de partidos representativos de algunos de dichos intereses, valores o ideologías. Aquellos que consiguen el mayor apoyo popular acceden al gobierno y acaban personificando al conjunto de los ciudadanos. Se da así la paradoja de que una parte -recordemos que partido viene del término latino pars-partis- actúa en nombre de todos y se erige en la encarnación del interés general. Hasta ahora no hemos encontrado un sistema alternativo mejor y, en general, funciona. En algunos lugares incluso muy bien. Suelen ser países en los que la cultura cívica de fondo restringe el faccionalismo y obliga a los grupos políticos a anteponer el interés general por encima del estrictamente partidista. Pero todas las democracias suelen tener, además, todo un conjunto de instituciones estabilizadoras, encargadas de asegurar el más riguroso respeto a las reglas de juego y el velar porque determinadas funciones del Estado queden libres de intereses de “parte”. Entre ellas podríamos mencionar algunas de distinta naturaleza, como el Tribunal Constitucional o el Poder Judicial como un todo, incluyendo al CGPJ, o a organismos como el Banco de España, la CNMV u otros.

El caso es que algunas de estas instituciones están siendo acusadas en estos momentos en nuestro país de atender más a la tutela de intereses partidistas que a la supuesta función “neutral” por la que han de velar en cada ámbito. Esto es particularmente grave en instituciones como el Tribunal Constitucional, cuya dilación en emitir una sentencia sobre el Estatuto catalán está generando todo tipo de recelos. O en las críticas al frustrado dictamen del CGPJ sobre la Ley de Interrupción del Embarazo, donde las distintas posiciones se han ajustado casi milimétricamente a la postura del partido que estaba detrás de la elección de cada miembro. (Con la salvedad de su presidente, sujeto a un partidismo de naturaleza bien distinta). Los informes del Banco de España, por ir a otro ejemplo reciente, son jaleados o criticados según coincidan o no con el interés político del Gobierno u oposición. Y esto mismo cabría decir de los actos de muchos otros organismos, como las encuestas del CIS o un dictamen del Consejo de Seguridad Nuclear.

A esto se añade la colonización partidista de cuestiones de Estado que deberían verse libres de los excesos de la confrontación entre partidos. Primero fue el modelo energético, luego la financiación autonómica y ahora el diálogo social, por no hablar de las medidas para combatir la crisis económica. No es que sobre estos temas no quepan fundadas y legítimas discrepancias, pero los ciudadanos agradecerían que pudieran formularse en términos constructivos, responsables, y mirando por el interés general.

Una de las señas de identidad del PP es que se le llena la boca con el discurso patriótico y del “bien común”, aunque luego se refugia en una oposición vociferante, crispada y despectiva; incapaz de amagar siquiera el menor atisbo de acuerdo. El Gobierno, por su parte, parece agradecerlo, ya que le permite presentarse como el único garante de los intereses generales. Por su posición de representante del conjunto del país está, en efecto, más cercano a la generalidad de los ciudadanos y busca actuar en una línea más acorde con lo que afecta al bienestar de todos. Pero no puede ocultar tampoco que en la definición de cómo haya de concretarse en cada caso se introduzcan sus propios intereses más estrictamente políticos. Detrás de cada Gobierno late también el alma de un partido.

La gran cuestión estriba en ver cuáles son los límites del partidismo sin impedir la libre e imprescindible circulación del código Gobierno/oposición. El pretendido interés general no es algo que se objetive sin más. Sólo es perceptible a partir de las interpretaciones plurales y en competencia que hacen acto de presencia en cada momento; también respecto a las supuestas “cuestiones de Estado”.

En lo que afecta a aquellas instituciones estabilizadoras y presuntamente neutrales a las que me refería al principio, hay que ser, sin embargo, implacables. Su independencia no debería ser cuestionada jamás. Como todas, no pueden dejar de exponerse a la crítica por el ejercicio de sus funciones, pero nunca deberían dar lugar a la sospecha de plegarse a intereses partidistas; sea cual sea el grupo que haya designado a sus miembros. En ello nos jugamos la propia credibilidad del sistema democrático.

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Hoy hace 100 años justos, el sábado 31 de julio de 1909, quedaba prácticamente extinguido el espasmo de violencia que sacudió Barcelona desde el lunes anterior y que conocemos como la Semana Trágica. Una denominación derechista y clerical, por cierto, que se impuso sobre otras del mismo cuño truculento (Semana Roja, Semana Sangrienta, Semana de Fuego…) y que, vista en perspectiva histórica, resulta manifiestamente hiperbólica. Sí, es verdad que fueron saqueados o incendiados más de 50 recintos eclesiásticos; también lo es que se contabilizaron casi un centenar de muertos, aunque muchos de ellos fuesen víctimas de balas perdidas, descargas indiscriminadas y otros accidentes. Pero, en una ciudad con la convulsa dinámica política y social de la Barcelona contemporánea -la urbe europea donde se habían levantado más barricadas a lo largo del siglo XIX, según Friedrich Engels-, etiquetar como “trágica” por antonomasia la última semana de julio de 1909 se me antoja bastante exagerado.

No lo es menos la nomenclatura alternativa que propusieron, con poco éxito, los sectores progresistas o de izquierdas: la Revolución de Julio, e incluso la Semana Gloriosa. Para que hubiese revolución, siquiera en grado de tentativa, se requerían un plan, unos objetivos y un liderazgo, elementos de los que la explosión barcelonesa careció por completo. Ferrer i Guàrdia trató inútilmente de dárselos sobre la marcha, y la lúgubre ironía de su caso es que terminó fusilado como “autor y jefe de la rebelión”; es decir, no por lo que hizo, sino por aquello que no había logrado hacer: convertir la deflagración caótica en un movimiento articulado de subversión. En cuanto al adjetivo de “gloriosa”, es casi un rasgo de humor negro que sus impulsores fuesen los cabecillas lerrouxistas, los mismos que escurrieron el bulto durante los sucesos, dejando a sus bases obreras dueñas de la calle, pero huérfanas de cualquier directriz política.

Nominalismos al margen, lo que estalló el 26 de julio de 1909 fue una revuelta espontánea y acéfala, largamente incubada por las enormes desigualdades sociales, los niveles de miseria y de explotación laboral que ocultaba la brillante Barcelona del modernismo. El fulminante fue la ira de las clases populares ante el nuevo castigo que les infligía la movilización de reservistas para enviarlos a otro matadero colonial, esta vez en Marruecos. Y la oportunidad la ofreció la coyuntural escasez de efectivos militares y de orden público: apenas un millar de hombres para controlar una levantisca ciudad de casi 600.000 habitantes.

Tan pronto como la huelga general pacífica tomó cariz insurreccional, el objetivo básico, casi único, de la furia popular fue la Iglesia católica, enemiga proverbial del progreso desde los días de Fernando VII y, además, un blanco casi indefenso. Pero, una vez que los incendiarios -con gran presencia de mujeres y de chiquillería- hubieron desahogado su fobia anticlerical, a partir del miércoles por la tarde la revuelta comenzó a apagarse espontáneamente por cansancio y ausencia de nuevas metas y de dirección. Los refuerzos militares desplegados desde el jueves a última hora, pues, no sofocaron una insurrección ya casi extinguida; se limitaron a remojar el terreno, para evitar que reavivase.

Sin embargo, el Gobierno de Maura no supo calibrar las características de la revuelta y aplicó en Barcelona una represión desproporcionada, indiscriminada y rencorosa que no haría sino profundizar los antagonismos políticos y de clase. En cuanto a la Iglesia católica, ésta salió del trauma sin reflexión autocrítica alguna, exigiendo sólo un castigo ejemplar contra “la clase obrera envilecida e infame”, contra “las escuelas sin Dios”, contra “la prensa sectaria”, etcétera. La cosecha de todos estos errores sembrados en 1909 se recogió durante otro verano barcelonés, éste sí verdaderamente trágico: el de 1936.

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TIEMPO RECOBRADO

El pronunciamiento liberal de 1854, conocido como la Vicalvarada, provocó un gran interés en todo el mundo. El periódico New York Daily Tribune encargó nueve artículos a Karl Marx, en los que analiza la revolución en España desde la caída de Godoy hasta la invasión del Ejército del Duque de Angulema y el final del Trienio Liberal.

Estos nueve artículos, que acaban de ser publicados por Alianza Editorial, suponen uno de los mejores trabajos sociológicos e históricos sobre esa etapa. Lo cual no debería sorprendernos porque Marx, periodista de profesión, era un brillante analista del presente y del pasado, como demostró en el XVIII Brumario de Luis Bonaparte, una joya indispensable en cualquier biblioteca.

Marx disecciona con bisturí en sus artículos el profundo retraso del país y la división de las clases dominantes que provocó la invasión de Napoleón y el confinamiento de Fernando VII en Bayona.

Por si le interesa a Teresa Fernández de la Vega, Marx habla en términos absolutamente despectivos de los afrancesados, a los que acusa de cobardes y oportunistas. Como muy bien recuerda el periodista y filósofo alemán, la mayor parte del clero, el ejército, la nobleza y las clases altas se hicieron bonapartistas por puro interés.

El otro bando, el que luchó contra Napoléon, era una amalgama incoherente, cohesionada por el odio al invasor. Marx se maravilla de que el pueblo español pudiera derrotar a la Grande Armée y se pregunta cómo es posible que de aquella España cainita y clerical pudiera surgir la Constitución de Cádiz.

Marx se da perfecta cuenta de que la Constitución de 1812 es la consecuencia del triunfo de una minoría liberal, que logra una momentánea hegemonía pero que luego es aplastada por la fuerza.

No es momento de profundizar en la tesis de Marx sobre la tragedia del liberalismo en España, pero sí quiero referirme a su negativa visión sobre las clases dirigentes, a las que culpa de la decadencia de la nación.

Marx pone como contraste el papel de los intelectuales y las elites de poder en el proceso de unificación de Alemania e Italia frente al localismo que imperaba en las juntas provinciales, la nobleza y el clero español.

Bastantes de los males de la España de hoy vienen de entonces. Entre ellos, esa incapacidad de nuestros dirigentes de tener una visión más amplia de las cosas, que les conduce a hacer una política de campanario. Nuestra clase política me recuerda a la de 1808, aunque el país está mucho mejor afortunadamente.

© Mundinteractivos, S.A.

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EL REVÉS DE LA TRAMA

La reforma de la Ley del Aborto que ha preparado la ministra Bibiana Aído ha inquietado a los cristianos, como es lógico, entre ellos los que por unas u otras causas, se sienten próximos al Partido Socialista. Pero el PSOE no se muestra preocupado por ese malestar. Me cuentan que en una reciente reunión con dirigentes más o menos notables del partido, sus temores y escrúpulos fueron respondidos por un conocido socialista con el argumento de que ellos, los cristianos, no tenían «nada que decir». Quienes fueron tan toscamente silenciados salieron con la convicción de que en la cúpula no les hacen mucho caso. Elemental. La pregunta inmediata que cabría hacerles es si seguirán votando a la formación que así les trata, al que desoye a los cristianos.

Cristianismo y socialismo no son dos realidades que en principio deban excluirse. Su mandato básico, que se resume en el amor al prójimo, tiene su traducción en el ideal del socialismo, aunque muchos socialistas vivan como si no fuera con ellos. Pero la política del Partido Socialista de Rodríguez Zapatero contradice o se opone en varias materias a lo que predica la Iglesia de Cristo. Es, pues, incoherente, que los cristianos apoyen al partido que combate algunos de los principios que, hay que suponer, más estiman, pero la realidad nos dice que una parte de ellos lo apoya con lo mejor que tienen, su voto. Según la última encuesta del CIS, el 74,2 % de los electores del PSOE se declara católico y entre ellos el 10 % afirma ser asiduo practicante. Realidad tan paradójica habrá de tener alguna explicación. Una posible es que los autodeclarados católicos votantes del PSOE se sientan más socialistas que cristianos, que su militancia o su simpatía en el partido sean reales y lo mismo en la Iglesia sean teóricas, de nombre, como una etiqueta que se desprende en cuanto un preboste o prebostillo manda callar. La anemia doctrinal o conductista de los votantes socialistas autoproclamados cristianos descifraría el misterio de que un partido votado mayoritariamente por católicos practique una política con acciones condenadas por la más elemental ortodoxia católica. Y con proyectos de expulsión de lo católico de la vida pública.

Acabamos de asistir al espectáculo de la reprobación pública del presidente del Consejo del Poder Judicial, Carlos Dívar, cuya condición de católico exhiben las terminales socialistas y gubernamentales, como la rémora que le ha llevado a impedir con su voto un informe favorable a la Ley del Aborto libre. Dívar ya no es, para ellos, un jurista de prestigio relevante, sino un católico sospechoso por oponerse a un proyecto del Gobierno. O sea, cuando un católico no se pliega al Ejecutivo, sus creencias religiosas son tenidas por un inconveniente. El PSOE está muy seguro de dominar ese sufragio religioso que le apoya, y ni por un momento piensa que pueda perderlo. Sin embargo, en situaciones como la actual, cabría esperar la espantada de un voto católico concienciado. Si todos los que apoyan a los socialista que se declaran cristianos decidieran castigar la política laicista del Gobierno, el Partido Socialista quedaría reducido a una opción marginal incapaz no ya de gobernar, sino ni siquiera de influir decisivamente en la gobernación. Si eso no pasa, una de dos: o falla la conducta personal o es falsa la etiqueta. Yo no veo otra explicación. Si alguien la tiene, por favor, que la diga.

© Mundinteractivos, S.A.

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Juan de Mairena, el profesor apócrifo de Machado, aconsejaba a los alumnos que se habrían de dedicar a la política que no pensasen que su deber de retóricos era engañar al hombre con sus propios deseos, porque el hombre ama la verdad. Seamos humildes e inteligentes. Admitamos que después de las últimas elecciones se ha dado una paradoja inquietante en Europa. Las ideas del movimiento conservador, responsable del desastre económico, han ganado las elecciones y condicionarán el desarrollo europeo en los próximos años. En España, con menos severidad, hemos asistido a la victoria de los que propugnan el discurso de la derecha republicana estadounidense. La derrota del Partido Socialista en Madrid es importante. El PP no acusa la ausencia de gestión política de sus líderes ni los líos de corrupción de sus cargos públicos. El PSM sigue la estela de derrotas contundentes marcada por las autonómicas de 2007. La presentación por diputados socialistas de la Asamblea de Madrid del documento “Por un Gobierno Socialista en Madrid 2011” pretende afrontar con valentía un debate colectivo para mejorar el proyecto político, el liderazgo social y las estrategias que deben provocar un cambio en el Gobierno de la Comunidad de Madrid, del Ayuntamiento de la capital y de la mayoría de los municipios de la región. La actualización del discurso y la proximidad con la ciudadanía son las claves del éxito. Otras circunstancias históricas se han resuelto positivamente para la izquierda a través del debate y de la participación en nuestro proyecto de una mayoría social. Al final de la década de los setenta, ante una sociedad anhelante de progreso y libertad, un grupo de militantes y simpatizantes del PSM, al calor del XXVIII Congreso Federal, lanzó un documento, las “59 tesis”, que denunciaba la esclerosis organizativa y los planteamientos acomodaticios del Partido durante la clandestinidad. Madrid necesita ahora un planteamiento similar, basado en el debate libre, que se extienda allende la militancia, mirando a esa sociedad que nos observa y que no se reconoce todavía en nosotros. Es la hora de la imaginación y de la participación.

Debemos abandonar el excesivo profesionalismo de la política y centrarnos en los ciudadanos. Necesitamos generar confianza y seguridad en todos aquellos que pueden decidir apoyar una opción moderna de izquierda. Algo no funciona en las actitudes y en el discurso socialista madrileño para conseguir con la ciudadanía una positiva relación político-emocional. La ciudadanía quiere ilusionarse con propuestas para cambiar Madrid, para recuperar un espacio ciudadano de tolerancia, de libertad, de cultura, de valores, y nos mira para ver en nosotros el liderazgo de la izquierda. Vamos a ser primero amigos de los que luego podemos ser dirigentes, decía Ortega. La ciudadanía demanda nuestra cercanía.

Las claves del debate colectivo han de centrarse en la crisis y en las respuestas desde la izquierda. La crisis ha demostrado que “el fin de la historia” que pronosticaron los defensores de un capitalismo no comprometido con la sociedad era una construcción ideológica para asentar su proyecto de desvertebración social, de falta de diálogo y de arrinconamiento de la función pública del Estado. El movimiento conservador es responsable de no haber dotado al capitalismo de reglas que impidiesen la crisis, y de no abrir un debate público sobre los valores, el diálogo, la ética y la responsabilidad social de las empresas. El movimiento conservador tampoco supo delimitar la relación del Estado con el mercado.

En Madrid, esa manera de hacer de sus gobiernos conservadores ha generado desigualdades salariales y la debilidad de los servicios públicos, cuestionados a través de los procedimientos de gestión. El resultado es una fractura social que debemos denunciar con vehemencia. No caigamos en un silencio cómplice. Alentadas por un entorno de crecimiento, muchas familias madrileñas han comprado viviendas que tienen dificultades para pagar, han buscado escuelas que tienen que costear y seguros médicos que ahora tienen que abandonar. Los jóvenes tienen dificultades para encontrar un empleo de calidad. La derecha ha promovido una sociedad desigual con riesgos de descenso social. La confianza y armonía descansan sobre una base de igualdad social y económica.

Abandonarse en manos de los mercados, como instrumento de referencia para todas las instituciones de la sociedad, acarrea graves problemas. Frente a la exaltación del mercado, el Estado debe ofrecer servicios públicos eficientes de calidad, de gestión directa y controles adecuados. La acción política y pública regional en los ámbitos como la I+D+i, la industria, la logística, el medio ambiente, el sector turístico, el financiero y el desarrollo de las industrias culturales, es una exigencia inaplazable de un modelo de economía sostenible. Es inmediato exigir a las entidades financieras la llegada del crédito a los emprendedores. Las instituciones autonómicas son Estado, aunque no le parezca así a la presidenta regional. El debate público fortalece al PSM cuando se realiza desde la reflexión y la aportación.

Busquemos la participación amplia de la sociedad, de los militantes, de los simpatizantes, en nuestro proyecto político. Así ganaremos liderazgo social para volver a ser la referencia de la izquierda en la región. La identidad del proyecto socialista para Madrid consiste en la integración, la cohesión, la cooperación y lo común en lo diverso de nuestra sociedad y del conjunto de la sociedad española. Construyamos los puentes de diálogo necesarios para la victoria en Madrid en el año 2011.

César Giner Parreño es Profesor Titular de Derecho Mercantil de la Universidad Carlos III de Madrid y diputado PSM-PSOE.

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Existe en España una presión, que procede primordialmente (pero no exclusivamente) de las derechas, de privatizar la sanidad y expandir el aseguramiento sanitario privado a base de ofrecer desgravaciones (es decir, subsidios públicos) a las pólizas de aseguramiento privado sanitario. Sería deseable que tales proponentes visitaran y conocieran el sistema sanitario estadounidense, que está financiado (en su mayoría) de forma privada, a base de pólizas a las compañías de seguro sanitario privado, las cuales gestionan el sistema. Se darían cuenta, rápidamente, de que tal sistema de financiación y gestión de la sanidad es la causa de que la sanidad estadounidense se haya convertido en el problema doméstico número 1 en aquel país. Ni que decir tiene que EEUU dispone de centros sanitarios excelentes y la formación del personal sanitario es de elevadísima calidad. Pero, como ya bien dijo el filósofo Hegel en el siglo XIX, la totalidad es mucho más que la suma de sus partes. Los componentes del sistema pueden ser excelentes y, en cambio, la totalidad puede ser enormemente deficiente. Y esto es lo que ocurre precisamente con la sanidad de aquel país.

Pero veamos primero las características del sistema de financiación sanitaria de aquel país. Tal sistema se estableció inmediatamente después de la II Guerra Mundial. Las izquierdas, (los sindicatos y los movimientos sociales) querían establecer un sistema de financiación pública, propuesta que contaba con el apoyo del Presidente Truman. Las derechas (el mundo empresarial y el capital financiero –banca y compañías de seguro-) se oponían a aquella propuesta, apoyando en su lugar la ley Taft-Harley Act, aprobada por dos terceras partes del Congreso de EEUU (dominado por el Partido Republicano y por los congresistas del Partido Demócrata procedentes del Sur, la región mas conservadora de aquel país). Esta mayoría permitió aprobar la ley, a pesar del veto del Presidente Truman. Esta ley estableció que la cobertura sanitaria se debe negociar en los altamente descentralizados convenios colectivos (empresa por empresa), y tiene que ser financiada con las pólizas de aseguramiento sanitario privado, pagadas conjuntamente por empresarios y trabajadores de cada empresa. Las compañías de seguros privados acuerdan, a su vez, con los proveedores de servicios (tales como médicos y hospitales) la provisión de la atención médica.

El 65% de la población estadounidense tiene su cobertura sanitaria relacionada con su lugar de trabajo. Como consecuencia de este tipo de financiación, aquellos trabajadores que tengan sindicatos fuertes en su lugar de trabajo, es probable que consigan una cobertura extensa (aunque nunca tan extensa como la existente en los países de la UE-15). Pero donde los sindicatos sean débiles o no existan, la cobertura sanitaria de los trabajadores es muy insuficiente o, incluso, pueden no tenerla. De ahí la enorme variabilidad en el grado de cobertura sanitaria que la ciudadanía tenga. Las personas que no trabajan o las que trabajan en centros de trabajo donde los empresarios no quieran (no es mandatario que lo hagan) o no puedan pagar la póliza de aseguramiento sanitario, pueden asegurarse con pólizas individuales, muy caras en caso de tener una enfermedad crónica.

Este sistema fue resultado de la alianza política entre las grandes empresas de EEUU y las compañías de seguro. Las primeras querían controlar a la fuerza del trabajo pues, cuando el trabajador pierde su puesto de trabajo pierde, no sólo su salario, sino también su cobertura sanitaria y la de su familia. El impacto disciplinario de tal sistema es enorme. El trabajador se lo piensa dos veces antes de enfrentarse con el empresario. Ésta es la causa de que EEUU sea el país de la OCDE que tenga menos días de huelga al año. Ello explica que los sindicatos siempre hayan intentado desligar la cobertura sanitaria de la situación laboral del trabajador, promoviendo la universalización de la cobertura sanitaria (tal como propuso el grupo de trabajo de la Casa Blanca, presidido por la Sra. Clinton, del cual yo era miembro). Esto significaría que todo ciudadano o residente tuviera derecho de acceso a los servicios, derecho al que se oponía, hasta hace poco, el gran mundo empresarial, que prefiere que la cobertura sanitaria se haga a través de las empresas, para controlar mejor a los trabajadores. Esta oposición empresarial, sin embargo, comienza a diluirse, puesto que el enorme encarecimiento de las pólizas de seguro sanitario hace que General Motors, por ejemplo, gaste en aseguramiento sanitario para sus empleados más que en cualquier otro input de la producción en automóviles (sea éste acero, neumáticos, o lo que sea). Por cada coche fabricado, General Motors destina 1.600 $ a tal capítulo, mientras que Toyota en Japón destina sólo 74 $ (en impuestos) como su contribución a cubrir la sanidad de los ciudadanos (que son sus empleados). De ahí que algunos empresarios comiencen a tener dudas de los beneficios de tal sistema, pues afecta negativamente su competitividad internacional.

El otro grupo de presión que se beneficia de tal sistema son las compañías de seguro sanitario privadas que, después de las farmacéuticas, son las que tienen los beneficios más elevados de EEUU (12.000 millones de $ en 2007). La persona mejor pagada en EEUU es William McGuire, presidente de la Compañía de seguros sanitarios privados United Health Group, que recibe 37 millones de dólares al año, más 1.776 millones en acciones de tal compañía. Los dirigentes de tales compañías son, según el The New York Times (09.04.05), los ejecutivos con los ingresos más exuberantes.

Este maridaje de intereses ha forjado un sistema que se caracteriza por:

1.Ser enormemente caro. El gasto sanitario representa el 17% del PIB. El gasto público sanitario per cápita de EEUU es el más alto del mundo, 6.397 dólares (en dólares estandarizados para comparar la capacidad adquisitiva del dólar en varios países), mucho más alto que el francés (el más alto de la UE: 3.306 $), el alemán (3.251 $), el británico (2.580 $), el japonés (2.474 $) y el español (2.260 $). Y este gasto público se invierte en cubrir el 51% de los gastos de asistencia sanitaria a los ancianos (Medicare), el 12% de los pobres llamados indigentes medios (Medicaid) y a las Fuerzas Armadas.

2.Ser muy insuficiente, pues a pesar de los enormes costes, 48 millones de habitantes no tienen ninguna cobertura sanitaria, y 93 millones tienen una cobertura insuficiente, es decir, que su seguro sanitario privado es muy limitado, teniéndose que gastar más del 10% de su ingreso familiar para pagar directamente sus facturas médicas.

3.Alcanzar niveles de crueldad. El 40% de las personas que se están muriendo manifiestan que están preocupadas por como ellos o sus familiares pagarán sus facturas médicas.

4.Ser muy impopular, pues sólo el 21% de la población está satisfecha con su sistema sanitario (comparado con el 64% de Francia).

La pregunta que uno se hace es “¿Por qué no se cambia el sistema de financiación sanitaria?”, y la respuesta radica en la privatización del proceso electoral en EEUU. Las campañas electorales de los candidatos las financian los grandes grupos económicos y financieros, incluyendo las compañías de seguros. Estas últimas, por ejemplo, aportaron 525.188 dólares a la candidatura Clinton, 414.853 al candidato Obama, y 277.724 a McCain (que recibió menos porque tal industria creía que no tenía muchas posibilidades de ganar). De ahí se deriva que la clase política sea muy reticente a enfrentarse a las compañías de seguro, que son las que financian sus campañas. De ahí la gran frustración de la población hacia Washington, que representa el maridaje entre los grupos empresariales y financieros y la clase política. ¿Es éste el modelo liberal que las derechas (y algunas voces de centroizquierda) desean para España?

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La crisis económica no debe en ningún caso dejar aparcado el problema de la falta de desarrollo que afecta a tantos países y poblaciones, al igual que la plaga que supone el hambre en el mundo. Las quiebras del modelo del capitalismo financiero globalizado y del fundamentalismo de mercado que se han dado con la crisis económica deben servir también como lección para afrontar en el futuro estos dos problemas.

El desarrollo económico se ha encontrado sujeto a las ideas neoliberales que han dominado en el mundo económico en estos últimos años. Tras la debacle producida, espero que el dogmatismo que ha presidido la ciencia económica en los últimos tiempos sea puesto en cuestión, a favor de propuestas diferentes que, aunque de un modo minoritario, sin embargo se han dado desde diferentes enfoques. Ha habido autores que nadando contra corriente han puesto de manifiesto las falsedades que se encerraban en ese fundamentalismo que se preconizaba para los países en desarrollo.
Un ejemplo significativo es el del economista coreano Ha-Joon Chang, profesor de la Universidad de Cambridge, que ha escrito libros interesantes sobre ello. En uno de ellos, realizado en colaboración con Illene Grabel, “Reivindicar el desarrollo” (Intermón, 2006) critica los mitos y realidades que se han difundido, sobre todo, en estas dos últimas décadas. Los mitos que cuestiona son los siguientes:1) Los países que hoy son ricos deben su éxito a un compromiso firme con el mercado. 2) El neoliberalismo funciona. 3) La globalización neoliberal no puede y no debería detenerse. 4) El modelo de capitalismo neoliberal estadounidense representa el ideal que todos los países en vías de desarrollo deberían intentar copiar. 5) El modelo de Asia oriental es idiosincrásico; el angloamericano es universal. 6) Los países en vías de desarrollo necesitan la disciplina de las instituciones internacionales y de las instituciones normativas nacionales políticamente independientes.

Estas críticas, muy bien fundamentadas, adquieren hoy día mayor relevancia que hace unos años ante la quiebra de lo que ha sido la globalización financiera, aunque era algo que también resultaba evidente en los años anteriores. No obstante, las instituciones internacionales, como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la Organización Mundial de Comercio, seguían insistiendo en las bondades del mercado autorregulado. Una ceguera que no sólo ha conducido a la situación presente, sino que ha impedido el desarrollo para muchos países del mundo.

Hablando de mitos, también conviene tener en cuenta el libro colectivo Doce mitos sobre el hambre (Icaria, 2005), en el que igualmente se rebate la tesis que defiende que el libre mercado puede erradicar el hambre o que la respuesta se encuentre en el libre comercio. Además, cuestiona la idea, muy arraigada, de que sencillamente no hay suficiente cantidad de alimentos o que hay demasiadas bocas que alimentar. Tampoco se considera que la respuesta sea la Revolución Verde.

Así es que, disponemos de suficientes estudios solventes críticos con el libre mercado, tanto para alcanzar el desarrollo como para erradicar el hambre. Pero esto y el choque con la realidad no les resulta suficiente a los fundamentalistas de mercado para cambiar sus posiciones. La situación trágica por la que pasa el mundo debe ser suficiente para que se planteen nuevos paradigmas que sean capaces de mejorar las condiciones de vida de gran parte de los ciudadanos que padecen tantas privaciones y miserias. La crisis ha puesto en evidencia las proposiciones fundamentales defendidas por los economistas que han dominado el escenario de las decisiones internacionales y la teoría económica en las últimas décadas.

La crisis y el estado del mundo generan demasiados damnificados, pero a su vez esta situación debe ser una oportunidad para cambiar el modelo de desarrollo imperante. Las propuestas teóricas están ahí, pero chocan con los intereses establecidos y con el pensamiento dominante que se resiste a dar su brazo a torcer ante la tozudez de los hechos. La persistencia en el error no sólo conduce al desprestigio de la ciencia económica tal como se enseña sino, lo que es peor, a generar demasiados perdedores.

Los éxitos de los países asiáticos, en primer lugar de los “dragones” y en los últimos años el despegue espectacular de China e India, han conducido a muchos pensadores y analistas a considerar de modo equivocado que estos se debían a la globalización y a la progresiva liberalización. Pero nada más lejos de la realidad, pues el éxito de estos países, siempre relativo, se ha debido al intervencionismo estatal y no al libre mercado. Hay suficientes estudios que así lo avalan, como el del propio Ha-Jonn Chang, y otros como los de Alice Amsden, Robert Wade y, entre nosotros, de Pablo Bustelo.

En fin, que estamos ante una coyuntura grave, cuya salida requiere de la economía mixta ante el derrumbamiento de lo que fue el socialismo real y la quiebra del capitalismo financiero globalizado.

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La morosidad avanza. Y lo hace de una forma verdaderamente importante. Hasta el punto de que uno de cada quince hogares se encuentra ya en situación de mora. Lo dice el último Boletín del Banco de España, en el que, por primera vez, se cuantifica el número de personas y de hogares que no están en condiciones de pagar sus deudas.

En concreto, y según el Banco de España, durante el primer trimestre de este año “el porcentaje de personas endeudadas con préstamos en situación de mora se elevó en un puntos porcentual, hasta el 5,7%”. Es decir, que prácticamente uno de cada quince españoles con deudas se ha retrasado ya en los pagos.  Como resultado de ello, sostiene el Banco de España, la ratio de morosidad de las familias aumentó durante el mismo período en 0,6 puntos, hasta el 3,6%. O dicho en otros términos. Las familias deben ya a la banca 29.313 millones de euros, prácticamente el triple de lo que adeudaban hace un año.

De esa cantidad, las dos terceras partes (18.361 millones de euros) tienen su origen en la adquisición de una vivienda, y el resto hay que relacionarlo con la compra de bienes de consumo. La morosidad hipotecaria, sin embargo, continúa siendo sensiblemente inferior a la media,   Mientras que en préstamos de consumo la tasa de impagos representa el 6,6% de los préstamos, en los créditos destinados a la adquisición y rehabilitación de viviendas la morosidad supone el 2,8%. Es decir, que al menos por ahora se sigue cumpliendo la vieja máxima bancaria que asegura que  lo último que deja de pagar una familia es su hipoteca.

Más paro, más morosidad

El repunte en la morosidad de los hogares tiene que ver, fundamentalmente, con el deterioro del mercado de trabajo, que ha neutralizado el efecto positivo de la caída de los tipos de interés. Gracias a ello y a la restricción del crédito, la ratio de endeudamiento de los hogares descendió ligeramente en el primer trimestre de 2009, hasta situarse en torno al 125% de su renta bruta bruta disponible.

Y es que pese a que el Banco Central Europeo (BCE) ha puesto ingentes cantidades de dinero en manos de bancos y cajas de ahorros a tipos de interés del 1% y a devolver en plazos largos, lo cierto es que el dinero continúa sin fluir. Sigue racionado. Lo admite el propio Banco de España, que utilizando como argumento la última Encuesta de Préstamos Bancarios sostiene que en el segundo trimestre “ha continuado el endurecimiento del resto de condiciones crediticias distintas a los tipos de interés, tales como las garantías exigidas (que han aumentado) o el plazo de vencimiento (que se ha acortado)”. Es decir, que las entidades se han vuelto todavía más exigentes a la hora de conceder préstamos.

Ello explica que, por primera vez desde que se hacen este tipo de estadísticas, las tasas intertrimestrales desestacionalizadas (que miden mejor el momento económico) registraron “incluso valores negativos”, dice el banco central, tanto para el total de la financiación a hogares como para sus dos componentes (hipotecas y consumo), que se encontraban en ambos casos en valores próximos al -2%, en términos anualizados. Y sin crédito la economía seguirá en crisis.

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Aunque hay de por medio un paréntesis vacacional, el clásico mes de agosto, que esta vez parece presagiar más movimientos de los acostumbrados, en el plano económico tenemos que hacernos a la idea de que el año 2010 va a ser bastante duro y exigente con los bolsillos de los contribuyentes. Los portavoces oficiales no sueltan prenda, pero van dejando algunas pistas. Como la que este jueves, en el diario Expansión, soltaba el nuevo secretario de Estado de Economía, José Manuel Campa, cuando dice que todos los impuestos del arco tributario tendrán que ser sometidos a revisión y análisis.

Se dice eso, como es lógico, cuando se van a producir subidas, ya que la vista está puesta ahora en cómo poner coto al impresionante déficit público que va a padecer este año la economía española, quizás en torno al 10% del PIB, todo un récord. El déficit se puede combatir metiendo mano al gasto, pero ni el Gobierno está por esa labor ni hay tampoco esperanzas de que se consiguiera gran cosa porque el agujero es enorme. Así que habrá que echar mano de los ingresos. Este debate, que en los pasillos del Gobierno está ya en plena efervescencia, se va a desarrollar a lo largo del mes de septiembre, ya que ineludiblemente el Gobierno deberá presentar el Presupuesto del Estado antes de que acabe ese mes, para luego discutirlo en el Congreso y el Senado. Se supone que el Gobierno cuenta con mayoría escasa, aunque suficiente, para sacar adelante las grandes decisiones de política presupuestaria que se avecinan.

De las declaraciones de Campa parece deducirse que el IVA no va a ser la piedra filosofal que logre la cuadratura del círculo. Viene a decir el alto cargo de Economía que una subida del IVA con una economía deprimida sería poco menos que un suicidio, porque abortaría la recuperación económica antes de que ésta pudiera dar señales ciertas de su existencia. No parece que el consumo privado vaya a reaccionar de forma fulgurante antes de septiembre, ya que del consumo depende de una serie de factores como son el empleo y el ánimo de la gente. Y el empleo ha caído con fuerza en los últimos dos años, en especial en el último año, mientras el temple de los consumidores, aquejados por el riesgo muy lógico en estos tiempos de pérdida de empleo, no está para grandes dispendios. De forma que el consumo privado puede caer este año en términos reales entre un 4% y un 6%, lo que nos lleva a suponer que una subida del IVA podría ser peor que apagar un fuego con gasolina.

Puestos a buscar figuras tributarias para pasar la factura de la crisis, al única expectativa razonable en la que pueden pensar los autores del Presupuesto 2010 será la de los impuestos especiales, es decir, tabaco, alcohol y combustibles. Ya han pagado el primer plazo de la factura, pues sus tasas se elevaron hace mes y medio, proporcionando unos euros adicionales al Estado y a las Autonomías. Vendrá a buen seguro una segunda oleada alcista de estos tipos fiscales. Lo malo es que el agujero es de tal calibre, el déficit de tal cuantía, que los ingresos adicionales que se puedan recabar por esta vía no serán gran cosa para tratar de caminar hacia el equilibrio fiscal. La búsqueda de candidatos adicionales para la recaudación fiscal tendrá que venir por los impuestos director y posiblemente por los patrimoniales. Una subida del IRPF, acentuando su progresividad, parece inevitable. Una vuelta atrás en los impuestos sobre Patrimonio y Sucesiones, que con tanta alegría han desmontado en la rifa fiscal de los años de euforia varias Autonomías y el propio Gobierno central, podría ser inevitable. La aparición de alguna nueva figura tributaria, algo que busque recaudar en el gran caladero del sector inmobiliario en donde tantos españoles cuentan con pisos incluso por duplicado o triplicado, parece cosa probable. La elevación de retenciones a los rendimientos del ahorro (ahora en el 18%), por lo menos hasta el 20%, quizás más, parece cantada. No se trata, en todo caso, de dar ideas.

Estas y otras figuras similares serán sometidas a una agresiva modificación de cara al próximo ejercicio. Surgirán indudablemente dos preguntas o quizás algunas más: ¿será suficiente todo ello para reconducir el déficit antes del año 2012? ¿Dificultará aún más la recuperación de la economía, al poner desincentivos al trabajo y al ahorro? La papeleta de cuadrar el próximo Presupuesto sin ofender será, en todo caso, tarea compleja.

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Conforme es tradicional, el Banco de España anticipa la estimación de crecimiento del pasado trimestre que más tarde confirmará, con mínimas modificaciones, el Instituto Nacional de Estadística, a quien corresponde certificar el dato. La estimación es negativa, no ha sorprendido, aunque quizá sea algo peor de lo que esperaban los analistas más templados. Desde luego que las cifras son peores de las previstas por el Gobierno, lo cual tampoco es novedad ya que se trata de lo que viene ocurriendo desde hace tiempo, todas las estimaciones oficiales (excepto las del Banco de España) han subvalorado la profundidad e intensidad de la recesión.

Van ya cuatro trimestres de caída del PIB, lo cual certifica la recesión. Y no se aprecia cambio de tendencia con carácter inmediato. No es nada probable que el presente año concluya con una caída del PIB inferior al 4%, probablemente más cerca del -5%.

Todos los datos macro que vamos conociendo mediado el año, para el primer semestre, son peores que los previstos, anticipan y desbordan ya lo que se estimaba para todo el año. En el lado de los precios, la amenaza de deflación es posible, el déficit público está disparado, y los niveles de actividad, de gasto e inversión, está por los suelos.

Desde el frente oficial, desde el Gobierno y quienes lo soportan, destacan que los datos del segundo trimestre son mejores que los del primero e incluso algo mejores que el trimestre anterior, el último del 2008, pero son los peores de la historia, descontado ese semestre trágico. Como bien apuntaba Ángel Laborda (FUNCAS), la caída anterior era libre y ahora es en paracaídas.

Consolarse porque la caída es más suave es pobre consuelo. La caída es severa, lo fue antes y sigue siéndolo ahora. Caída de PIB significa pérdida de empleo, y mientras el mercado de trabajo no recupere el nivel de empleo anterior la situación seguirá siendo crítica.

Con buen criterio, el Banco de España, en ejercicio de su función, advierte que reactivar los mercados de trabajo requiere reformas, más flexibilidad en la contratación y en la negociación colectiva. Es opinión compartida por la mayor parte de los economistas profesionales. Pero el Gobierno no está por la labor, no comparte ese criterio, considera que estos del Banco de España no saben y tienen manías. Ésa es la opinión del ministro de Trabajo, que reitera en público que la agenda del Gobierno no contempla reformas del mercado de trabajo, nada que no esté bendecido por los sindicatos.

Las posturas están claras, la estrategia del Gobierno es diáfana: pocos riesgos, ninguna reforma incómoda. Lo que no sabemos es dónde está límite si el paro sigue creciendo. ¿Qué dirán cuando se alcance la cota del 20% de paro y se supere el listón de cinco millones de parados y se perfore el suelo de 17,5 millones de ocupados cotizantes (por debajo de esa cifra las cuentas de la Seguridad Social darán pérdidas)?

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Si la justicia internacional de veras existe, ¿por qué nunca juzga a los poderosos? No van presos los autores de las más feroces carnicerías. ¿Será porque son ellos quienes tienen las llaves de las cárceles?

¿Por qué son intocables las cinco potencias que tienen derecho de veto en Naciones Unidas? ¿Ese derecho tiene origen divino? ¿Velan por la paz los que hacen el negocio de la guerra? ¿Es justo que la paz mundial esté a cargo de las cinco potencias que son las principales productoras de armas? Sin despreciar a los narcotraficantes, ¿no es éste también un caso de «crimen organizado»? Pero no demandan castigo contra los amos del mundo los clamores de quienes exigen, en todas partes, la pena de muerte. Faltaba más. Los clamores claman contra los asesinos que usan navajas, no contra los que usan misiles.

Y uno se pregunta: ya que esos justicieros están tan locos de ganas de matar, ¿por qué no exigen la pena de muerte contra la injusticia social? ¿Es justo un mundo que cada minuto destina 3 millones de dólares a los gastos militares, mientras cada minuto mueren 15 niños por hambre o enfermedad curable? ¿Contra quién se arma, hasta los dientes, la llamada comunidad internacional? ¿Contra la pobreza o contra los pobres?

¿Por qué los fervorosos de la pena capital no exigen la pena de muerte contra los valores de la sociedad de consumo, que cotidianamente atentan contra la seguridad pública? ¿O acaso no invita al crimen el bombardeo de la publicidad que aturde a millones y millones de jóvenes desempleados, o mal pagados, repitiéndoles noche y día que ser es tener, tener un automóvil, tener zapatos de marca, tener, tener, y quien no tiene, no es?

¿Y por qué no se implanta la pena de muerte contra la muerte? El mundo está organizado al servicio de la muerte. ¿O no fabrica muerte la industria militar, que devora la mayor parte de nuestros recursos y buena parte de nuestras energías? Los amos del mundo sólo condenan la violencia cuando la ejercen otros. Y este monopolio de la violencia se traduce en un hecho inexplicable para los extraterrestres, y también insoportable para los terrestres que todavía queremos, contra toda evidencia, sobrevivir: los humanos somos los únicos animales especializados en el exterminio mutuo, y hemos desarrollado una tecnología de la destrucción que está aniquilando, de paso, al planeta y a todos sus habitantes.

Esa tecnología se alimenta del miedo. Es el miedo quien fabrica los enemigos que justifican el derroche militar y policial. Y en tren de implantar la pena de muerte, ¿qué tal si condenamos a muerte al miedo? ¿No sería sano acabar con esta dictadura universal de los asustadores profesionales? Los sembradores de pánicos nos condenan a la soledad, nos prohíben la solidaridad: sálvese quien pueda, aplastaos los unos a los otros, el prójimo es siempre un peligro que acecha, ojo, mucho cuidado, éste te robará, aquél te violará, ese cochecito de bebé esconde una bomba musulmana y si esa mujer te mira, esa vecina de aspecto inocente, es seguro que te contagia la peste porcina.

Eduardo Galeano. Escritor.

© Cubadebate

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El primer golpe de Estado en América latina desde la asunción de Obama ha enfrentado a la Casa Blanca con un problema complejo: no lo puede apoyar públicamente, pero tampoco quiere que Zelaya se acerque a Venezuela. Así, incurre en maniobras de diverso color para conciliar los dos propósitos: la primera fue descargar en la OEA la responsabilidad de negociar entre el depuesto Zelaya y el usurpador Micheletti y la respuesta, la unánime condena al golpe y la expulsión de Honduras del organismo, desagradó al Departamento de Estado, que ya le bajó el pulgar a la posible reelección de su secretario general, el chileno Insulza. El segundo paso consistió en pasarle el encargo a Oscar Arias, amiguísimo de todo lo estadounidense empezando por su gobierno, cualquier gobierno.

La propuesta de Arias, supervisada por el Departamento de Estado, incluye la reposición de Zelaya, pero con condiciones que castran su mandato fijadas por los golpistas: nada de plebiscito sobre la reforma de la Constitución, aunque no sea vinculante, integración de opositores en puestos claves del gabinete, y adiós al “comunista” Chávez. En otras palabras, titiritear al depuesto repuesto hasta las elecciones de enero próximo. Un comunicado de los militares golpistas emitido el domingo manifestó apoyo al plan de Arias, pero su comandante en jefe, el general Romeo Vásquez Velásquez, declaró a la BBC al día siguiente que no se permitiría la reinstalación de Zelaya.

Washington suspendió la ayuda económica y militar al gobierno de Honduras –unos 20 millones de dólares– y el martes pasado revocó a cuatro prominentes golpistas la visa de entrada a EE.UU., pero el doble juego continúa. Hillary Clinton declaró “irresponsable” la breve estancia de Zelaya en Honduras y dos de sus adláteres participan activamente en el reconocimiento del golpe cívico-militar. Uno es Lanny Davis, especialista en relaciones públicas, que presenta el hecho como un “esfuerzo valiente” para “preservar” la Constitución y “el imperio de la ley”. Davis fue el vocero de Hillary más beligerante contra Obama durante la precampaña por la candidatura presidencial demócrata. Antes había asesorado y defendido a Bill cuando el escándalo de Mónica Lewinsky. Luego entró al servicio del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), institución de la oligarquía que fomentó el golpe y que tiene apoyos ilustrados como éste: “La oligarquía en Honduras siempre tendrá de rodillas a esos indios catrachos”. O el que firma Junior: “Pues sí, comunistas basuras, la oligarquía de nuestro país jamás dejará que estos indios haraganes salgan de ese agujero así que a llorar al tamarindo” (foro.univisión.com, 30609).

Lanny Davis no carece de antecedentes en el rubro: en 1999, cuando se desempeñaba en la firma de abogados Patton Boggs, cabildeó para convencer al mundo de que el presidente de Kazajstán, Nursultan Nazarbayev –uno de los déspotas más corruptos del planeta– era un “reformador democrático” (www.democracynow.org, 15709). Un segundo amigo de Hillary participó en la trampa antidemocrática diseñada en San José: “La semana pasada Micheletti convocó a las conversaciones en Costa Rica al asesor de otra firma, relacionado con los Clinton. El asesor, Bennett Ratcliff de San Diego, se negó a dar detalles sobre el papel que juega en la negociación. ‘Cada propuesta que presentó el grupo de Micheletti fue escrita o aprobada por los estadounidenses’, dijo otro funcionario cercano a las conversaciones refiriéndose al Sr. Ratcliff” (New York Times, 12709).

El progolpe tiene el apoyo de un grupo de legisladores demócratas neoconservadores que el despacho de abogados Covington & Burling estaría alentando como si hiciera falta. Esta importante empresa jurídica con sede en Washington y más de 500 abogados en sus oficinas ha cerrado jugosos contratos de cabildeo con Chiquita Brands, la ex United Fruit Company, especializada en voltear gobiernos centroamericanos molestos. Y acontece que Zelaya incomodó a la Chiquita: aumentó el salario mínimo de los trabajadores hondureños en un 60 por ciento y la empresa frutera exigió que subiera el precio de venta de sus productos (www.counterpunch.org, 6709). El golpe de Estado no le vino mal.

La Coordinadora Latinoamericana de Sindicatos Bananeros (Colsiba) ha denunciado las infernales condiciones de trabajo que imperan en los dominios de Chiquita: jornadas de más de 12 horas, mujeres y niños de 14 años expuestos, como los hombres, a los efectos del DBCP, un plaguicida de uso prohibido que causa esterilidad, cáncer, congestión pulmonar y deformaciones congénitas en los hijos. Esta es la Honduras que los golpistas y Chiquita quieren conservar. También Hillary Clinton, por qué no: Micheletti acaba de elogiarla por sus “sabias políticas”.

“En Honduras, una mula cuesta más que un miembro del Parlamento”, dijo alguna vez el despectivo director de la United Fruit, Sam “The Banana Man” Zemurray, cuando la empresa comenzó sus operaciones a comienzos del siglo pasado. En los años ’20 controlaba casi una cuarta parte de la tierra cultivable de Honduras y además se dedicaba a derrocar gobiernos elegidos en las urnas, como el de Arbenz en Guatemala en 1954. A fines de los ’90, Chiquita se inspiró en su ejemplo y pagó 1,7 millón de dólares a grupos paramilitares para controlar el cultivo y la distribución del banano en Colombia: decenas de trabajadores aparecían muertos en las plantaciones, la empresa fue demandada por familiares de los asesinados y compró su impunidad con una multa de 25 millones de dólares impuesta por un juez estadounidense. Chiquita financió a terroristas colombianos, pero nunca ingresó a la lista negra del Departamento de Estado. Es que no todos los terrorismos son iguales.

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