Caffè Reggio

EDITORIAL

Los Presupuestos, volcados en el gasto social, renuncian a cambiar el patrón de crecimiento

Los Presupuestos Generales del Estado para 2010 presentados ayer en el Congreso por la vicepresidenta Elena Salgado presentan, además de la anunciada subida de impuestos que procurará una recaudación adicional de más de 11.500 millones, un esqueleto del gasto volcado definitivamente hacia la protección social, dirigida a prestar apoyo a los colectivos afectados por la crisis. Nada menos que el 51,6% del gasto consignado se destinará a estas políticas, con especial atención a las prestaciones por desempleo (30.600 millones, el 58% más que en 2009). El aumento del gasto social se hace compatible con un recorte del gasto público del 3,9%, razón por la cual la vicepresidenta definió los Presupuestos como “austeros”. El balance final prevé un déficit del 5,4% del PIB.

Esa proyección de déficit no es muy verosímil. En parte porque el presupuesto de ingresos es muy voluntarista (prevé un aumento del 21%). Es probable que este año el déficit supere el 10% del PIB (hay quien teme que se deslice hasta el 12%), y para creer en una reducción de más de cinco puntos habría que suponer que, además de una subida razonable de los ingresos, se corregirán algunos de los desequilibrios económicos que aumentan el gasto, con el desempleo en cabeza. No hay razones para suponer que tales mejoras se producirán. Es cierto que en la contención del déficit se juega el Gobierno buena parte de la credibilidad ante los mercados y que el peso del servicio de la deuda no debe convertirse en un lastre más de la recuperación económica prevista a partir de 2011. Pero también es cierto que la deuda de España es de las más bajas de entre los países desarrollados y que ahí había cierto margen de recorrido.

No obstante, donde el presupuesto muestra todas las incoherencias de la actual política económica es en la incapacidad de conjugar el gasto social, irreprochable y defendible desde cualquier punto de vista, con las políticas activas para combatir la recesión de la economía. El gasto público se reduce, pero, por desgracia, lo hace bajando la inversión pública (la inversión real cae casi el 10%), y la inversión en Investigación y Desarrollo, la famosa I+D+i, desciende más del 3%. Era casi un axioma del Gobierno que el recorte necesario del gasto no iba a afectar a la inversión productiva ni a la investigación en tecnología, porque son los ejes sobre los que iba a pivotar el cambio de patrón económico. La débil defensa del Gobierno se apoya en que habrá más inversión pública financiada con deuda; pero incluso así, uno de los pilares de la recuperación apenas logra alcanzar los recursos dispuestos en 2009.

Así pues, el presupuesto apenas contiene medidas indiscutibles; una, la supresión de los 400 euros de devolución fiscal, aunque su eliminación contradice la recomendación del G-20 de mantener las medidas de estímulo hasta que se recupere el empleo. Pero sí refleja con precisión dos fracasos graves de la política económica. El primero es la incapacidad administrativa para reducir el fraude fiscal. Según la estimación más prudente, la economía sumergida en España equivale al 20% del PIB y no sería descabellado aspirar a que cada año se obtengan unos 15.000 millones por la persecución de dicho fraude.

El segundo fracaso es que el Gobierno no ha sido capaz de aprovechar la oportunidad de la recesión para reformar la estructura del gasto público en profundidad. El recorte del gasto en el presupuesto de 2010 es cosmético y hace más daño a la inversión que al gasto corriente. Aunque Salgado asegure que estos Presupuestos “sientan las bases de la recuperación económica”, lo cierto es que apenas garantizan un discurrir mediocre de la economía durante 2010. Y hay más que dudas razonables sobre si no suponen una preocupante marcha atrás en las expectativas de cambiar el patrón de crecimiento.

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Determinación, ambición, sensibilidad y responsabilidad. Esos son los principios que han guiado al Gobierno para afrontar la mayor crisis económica internacional de los últimos sesenta años.

- Determinación. Porque desde el minuto uno el Presidente del Gobierno, consciente de que para afrontar una crisis financiera internacional era necesario participar de forma activa en la respuesta mundial, ha apostado por estar en el G-20. Y lo ha conseguido. España ha consolidado su posición en los centros mundiales de decisión, una conquista que no tendrá marcha atrás.

- Ambición. La crisis financiera no sólo atravesó las fronteras de los países, sino que se extendió a todos los sectores de la economía, deprimiendo la inversión privada por la caída de las expectativas y la restricción del crédito. Ante esta situación el Gobierno de España activó un potente paquete de medidas de estímulo para incrementar la liquidez de las empresas y personas e impulsar la inversión pública en todos los rincones del país, con, entre otros, el fondo local.

- Sensibilidad. El Gobierno considera que se debe de reforzar el Estado de bienestar para que la crisis económica no derive en una crisis social. Por eso hemos reforzado la protección a quien pierde un empleo y ya no cobra prestación, seguimos subiendo las pensiones más humildes, el salario mínimo o la ayuda a la dependencia…

- Responsabilidad. No es otra cosa que reconocer que España no puede crecer de la misma forma que crecía antes. Que hay que renovar los pilares sobre los que se sustenta nuestro crecimiento. Heredamos una economía con apariencia saludable, pero que tenía un colesterol muy alto. Ese colesterol no es otro que el excesivo peso de la construcción residencial. Por eso la estrategia iniciada desde la llegada al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, de cambiar nuestro modelo de crecimiento, es ahora ya, no una cuestión de voluntad política, sino una urgencia nacional en la que vamos a involucrar a todas las instituciones y agentes sociales.

En esta hoja de ruta se inscriben los próximos presupuestos. El gobierno decide que en esta crisis, el Estado debe de fortalecer sus resortes, tanto para garantizar protección a quien más lo necesita, como para consolidar la capitalización del país y el efecto arrastre de la inversión pública no se detenga.

El Gobierno lo decide y lo dice, anunciando medidas que no son fáciles, pero sí necesarias, como recuperar parte de la presión fiscal que hemos bajado en la anterior legislatura. Una presión fiscal notablemente inferior a la de nuestros vecinos europeos y sobre la que tendrán que hacer una contribución adicional aquellos contribuyentes que obtengan más rentas de capital, pagando por sus plusvalías y rendimientos un 21%, frente al 15% que pagaban durante los gobiernos del Partido Popular.

En lo que afecta a la redistribución de la carga fiscal, es importante señalar que es sobre todo la política de gasto la que define la redistribución de la riqueza y de las oportunidades de los ciudadanos. En este sentido, la política fiscal es claramente redistributiva al destinar más de la mitad de los Presupuestos Generales del Estado al Gasto social.

Y los españoles seguirán pagando menos impuestos que cuando llegamos al gobierno porque hemos sido rigurosos en las cuentas públicas en tiempos de bonanza y tenemos margen para acudir al endeudamiento. Endeudamiento que en el caso de algunas empresas ha sido excesivo en el pasado y sobre el que no se oían las advertencias que ahora surgen cuando es el Estado el que acude a él para reactivar la economía.

Y en esta estrategia de impulso a la inversión, de cambio de modelo de crecimiento, el Ministerio de Fomento representa un instrumento decisivo.

Elegimos mantener el nivel de inversión pública y recortar en más de un 8% nuestro gasto corriente. Elegimos que no podemos privar a España de tener uno de los mejores sistemas de transporte del mundo. Un sistema que pivota sobre el tren de alta velocidad y que vertebra el territorio de norte a sur, de este a oeste. Para que cada punto del país sea centro y no periferia desde el punto de vista de las comunicaciones. Para avanzar en la cohesión social y la cohesión territorial, columna vertebral de nuestro proyecto político.

Invertimos para facilitar al máximo los intercambios comerciales de nuestras empresas, para extender las oportunidades de todos los ciudadanos vivan donde vivan. Con una apuesta decidida por la intermodalidad en el transporte de mercancías, donde el ferrocarril ganará protagonismo. Y haciendo de la red de cercanías la forma más atractiva y sostenible para desplazarse en las grandes áreas metropolitanas. E invertimos para que nuestras necesidades de movilidad sean compatibles con el obligado respeto al medio ambiente y la firme lucha contra la gran amenaza del siglo: el cambio climático.

Esa es nuestra elección. Elegir invertir para que la obra pública siga siendo una barrera de contención frente a la cara más cruda de la crisis, el desempleo y para que las generaciones de hoy y también las de mañana tengan un país con las mejores infraestructuras. Un país moderno y equipado que no tuvieron las generaciones de ayer.

Sí, gobernar es elegir y esta es nuestra apuesta, clara, firme y decidida. Una apuesta que a día de hoy sigue sin contar con una alternativa visible en el principal partido de la oposición.

José Blanco es ministro de Fomento.

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EDITORIAL

«El principal reproche que se puede hacer a las previsiones del Gobierno es que son irreales desde el punto de vista de los ingresos». Esto es lo que escribíamos en esta misma página hace justamente un año, cuando defendíamos que era imposible que la recaudación de Hacienda creciera en el contexto de una crisis como la que ya había empezado a golpear a nuestro país y el tiempo nos ha dado la razón.

Pues bien, el proyecto de Presupuestos del Estado para el año que viene incurre en el mismo error: es imposible creer que los ingresos por IRPF vayan a crecer un 7% por encima de lo recaudado este año y no digamos que la tributación por IVA vaya a subir un 26%. Máxime cuando el Gobierno prevé una caída del empleo del 1,7% (unos 300.000 parados más) y un crecimiento negativo del 0,3% del PIB.

Según los datos presentados ayer por el Gobierno, la subida de impuestos va a reportar el año próximo unos ingresos adicionales de 11.000 millones de euros que deberían permitir cerrar el ejercicio con un 5,4% de déficit de la Administración Central del Estado, la mitad del previsto para 2009.

Zapatero había dicho que la subida del IVA sería «temporal», pero la ministra Elena Salgado afirmó ayer que será permanente porque así lo requiere la situación de las cuentas públicas. Salgado afirmó también que el Gobierno ha hecho un esfuerzo de contención del gasto y de reducción del déficit en estos Presupuestos, pero las cifras indican lo contrario.

Las previsiones del Gobierno no son creíbles porque los ingresos van a ser menores de lo que se contempla y porque, además, va aumentar el gasto del Estado en términos reales a pesar del ejercicio de contabilidad creativa que hace el Ejecutivo en este proyecto.

Por ejemplo, los sueldos de los funcionarios y los gastos de personal de la Administración subirán un 2,7%. Ello supone una suma adicional de 800 millones de euros, que equivale a lo que Hacienda va a ingresar por el incremento en la fiscalidad de las rentas de capital. ¡Qué dato tan elocuente! : se penaliza el ahorro para alimentar la burocracia.

El mayor incremento del gasto se produce en las transferencias a las comunidades autónomas, que ascenderán a 53.600 millones de euros, lo que supone un aumento del 10,8%. Ello se debe al nuevo sistema de financiación por el que comunidades como Cataluña y Andalucía salen bastante más favorecidas que el resto.

Como consecuencia de la elevación de la Deuda, los gastos financieros del Estado aumentan en un 33%, un porcentaje sin precedentes en tan solo un ejercicio.

Zapatero argumentó hace unos días que el peso de la Deuda respecto al PIB es inferior al de los países de nuestro entorno. Es cierto, pero ningún país ha pasado del 36% en 2007 al 62% que se prevé para finales de 2010. Dicho con otras palabras, el incremento del endeudamiento ha sido brutal.

Todo ello pone en evidencia que estamos ante unos Presupuestos que no sólo no van a contribuir a la recuperación de la economía española sino que van a suponer un lastre para la inversión y el consumo privado. En concreto, el Gobierno calcula que la inversión caerá un 4,7% el año que viene, porcentaje que se sumará al 14% de descenso en 2009, lo cual constituye la mejor fotografía de la situación de nuestra economía.

El proyecto presentado ayer demuestra la impotencia del Gobierno para hacer frente a una crisis que se le ha escapado de las manos y cuya única esperanza es que EEUU y la UE tiren del carro para que nosotros podamos salir del atasco.

© Mundinteractivos, S.A.

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La opinión

LAS CUENTAS DEL ESTADO: AJUSTE DE CUENTAS

La medida de la credibilidad de los Presupuestos de José Luis Rodríguez Zapatero para 2010 es ese agujero de 100.000 millones de euros que es el déficit que dejarán los Presupuestos de 2009. Esa cifra increíble, equivalente al 10% del PIB español, que es el fruto de unos números malparidos, con los que Pedro (Solbes) negó la realidad no una sino tres veces cuando juraba que tendríamos un superávit del 2% (20.000 millones) y que el PNV y el BNG apoyaron in extremis a cambio de gabelas varias para sus respectivos vecindarios.

¿Cómo vamos a enjugar ese déficit? De momento con la emisión de deuda pública. No pasaría nada si, de manera excepcional, los ciudadanos de hoy nos gastamos anticipadamente los impuestos que pagarán mañana nuestros hijos. El problema es cogerle gusto. Los presupuestos del ejercicio 2010, por ejemplo, ya contemplan un exceso de gastos sobre ingresos del 8,1% del PIB. Más deuda, obvio. Así, parece increíble que el Gobierno se haya propuesto en serio domeñar el déficit en tres años. Aunque ayer la vicepresidenta Salgado dio una pista al rectificar el anuncio del presidente y señalar que la subida de tributos será «moderada y/o temporal» cuando en boca de Zapatero todos creíamos que era «limitada y temporal». Todo indica que la subida del IVA, la más eficaz desde el punto de vista de la recaudación, se quedará como mínimo tres años con nosotros para sufragar los dispendios de un presupuesto al que nadie ha sabido apretarle las clavijas.

Financiar estos déficits en la actualidad no parece problemático, ya que el dopaje al que han sometido los distintos gobiernos a las entidades financieras está revirtiendo en su propio beneficio, como ya ocurrió en España con la burbuja del ladrillo que costeó los planteamientos oníricos de varias de nuestras muchas administraciones públicas.

Con la ventanilla ilimitada que está ofreciendo el Banco Central Europeo (BCE) no hay que ser ningún genio para arreglar la cuenta de resultados de la más ineficiente entidad bancaria que hay en Europa. Los bancos acuden a la ventanilla del BCE y reciben préstamos ilimitados al 1% y después colocan ese dinero en deuda de los estados europeos, que rinde un 4%. El negocio es redondo y con ese margen las entidades están restañando sus cuentas de resultados y reparando el daño patrimonial sufrido en aventuras con Lehman, Madoff o los hedge funds. De pasada, los banqueros justifican sus nuevos bonus, pero nadie -salvo el Instituto de Crédito Oficial- le presta a las pymes o a los autónomos, que forman el verdadero tejido productivo del país.

Este círculo vicioso crea la falsa sensación de que podemos financiar los déficits eternamente. Y como hay liquidez, la Bolsa está disparada y la que realmente está en peligro de hacer crack es la renta fija, sobre todo cuando la inflación vuelva a ser una variable a considerar, lo que puede ocurrir de aquí a fin de año.

Los expertos del Gobierno español saben que esto no durará y por eso están elaborando una estrategia de salida de la crisis, que fue uno de los temas estrella en la cumbre del G-20. José Manuel Campa, el secretario de Estado de Economía, fijaba ayer en el Parlamento tres elementos de esta estrategia: estabilidad presupuestaria en el medio plazo, esfuerzo solidario de todas las administraciones y una estructura productiva distinta a la que hemos tenido en los últimos años (fin de la dependencia del ladrillo).

De los tres elementos, el tercero es casi una ensoñación, un desiderátum, que Zapatero llama Ley de Economía Sostenible, pero que nadie sabe todavía en qué consiste. A ella Campa añade la trasposición española de la Directiva Europea de Servicios, en la que deposita grandes esperanzas (nada menos que un incremento del 1,2% del PIB), aunque en realidad esta normativa ya ha sido devorada por los deseos contradictorios de las comunidades autónomas. Y el segundo punto es un requisito esencial para alcanzar el primero -la estabilidad y credibilidad fiscal- que es el realmente crucial.

Si el 1 de enero de 2010 el presidente del BCE Jean Claude Trichet decide limitar la masa monetaria que está poniendo cada día a disposición del sector financiero, o elevar los tipos de interés, podría desatarse una competencia bestial entre los gobiernos europeos para financiar sus déficits y todos los precedentes económicos de una situación de este tipo han desembocado en procesos hiperinflacionarios.

Entre los impuestos y la inflación futura, sepan ustedes que será la clase media la que acabará pagando esta juerga. Así ha ocurrido siempre, y esta crisis no será la excepción.

© Mundinteractivos, S.A.

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PRESUPUESTOS GENERALES 2010

Los impuestos se pagan para sufragar los costes inherentes al modelo de sociedad que los ciudadanos han elegido democráticamente. La gestión óptima del gasto es pues la principal responsabilidad de quienes gobiernan. Todo euro que se paga de más es injusto por innecesario. El esfuerzo de pedagogía se debe centrar, por tanto, en su gestión. No hacerlo genera desconfianza por falta de transparencia. Pero además, los impuestos inciden en las decisiones de los ciudadanos y empresas. Por ello, la neutralidad es el principal objetivo que se tiene que perseguir para minimizar sus efectos. La neutralidad pura exige la ausencia de privilegios, incentivos e ineficiencias. Cuanto más nos alejemos de ella, más riesgo hay de que el sistema tributario sea injusto.

Esto es lo que sucede con nuestra fiscalidad. Veamos unos ejemplos. La diferencia de tipos entre IRPF y el impuesto sobre sociedades (IS) es hoy de 18 puntos; diferencia que justifica, por ejemplo, que la mera gestión del arrendamiento de un patrimonio inmobiliario se haga a través de una sociedad evitando tributar el tipo máximo del 43 % del IRPF. Algo similar ocurre cuando los dividendos de una sociedad se cobran y acumulan por una sociedad interpuesta y no por el socio persona física. La sociedad que los cobra no paga IS y el socio evita el 18% del IRPF. Se trata de decisiones lícitas que producen no obstante importantes ineficiencias fiscales incompatibles con el concepto de justicia tributaria rectamente entendido; junto a éstas, coexisten una amalgama de privilegios fiscales de difícil justificación, como la tributación de las sicav y la de determinados deportistas de élite, y un largo etcétera de incentivos, como el de la vivienda, que no se limitan a quienes son sus destinatarios naturales, por ejemplo, las rentas y patrimonios bajos y medios. Y ésta es la realidad sobre la que hay que reflexionar con urgencia y sin demora porque es donde nuestro sistema tributario es manifiestamente injusto.

Es, pues, obvio que al no afrontar con valentía las ineficiencias, privilegios e incentivos de difícil justificación, las medidas fiscales aprobadas recaen injustamente tan sólo sobre una parte de los ciudadanos, la clase media. El reto debe ser reequilibrar el sistema tributario reduciendo el IRPF y el IS y hacer tributar al tipo que corresponda las rentas procedentes de actividades no productivas que lícitamente evitan hoy el pago del IRPF, además de revisar y reducir los incentivos y privilegios fruto, gran parte, de irresponsables promesas electorales. De esta forma se inyectaría renta disponible a una gran parte de familias, tendríamos una economía competitiva y se generaría confianza entre contribuyentes y consumidores. El IVA sería ya lo de menos. El reto es difícil; presiones para no afrontarlo, muchas; eludirlo es irresponsable e insolidario. Y aquí sí que la pedagogía es fundamental.

Antonio Durán-Sindreu Buxade. Profesor de la UPF. Socio director de Durán-Sindreu, Abogados y Consultores de Empresa.

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Los mejores analistas económicos  ya se han expresado con autoridad en La Vanguardia sobre las dramáticas limitaciones, por decirlo suave, de la política económica del actual Gobierno español. No sólo no nos está sacando de la crisis global, sino que nos hunde en ella cuando la mayoría de los países de nuestra área ya empiezan a reflotar. Zapatero fue el último gobernante en enterarse de lo que estaba ocurriendo y, a la vista de la medidas que acaba de tomar, parece que va a ser el primero en pilotar una gran maniobra de naufragio sin perder su habitual sonrisa postiza, vacía de sentido y dirección, como su política. Lo peor de este gobierno no es que uno pueda discrepar de su política, es que no tiene política económica y simplemente demuestra una y otra vez su profunda incompetencia. Incluso me temo que si un día acertase, sería por error.

No voy, pues, a repetir los argumentos económicos que desacreditan al actual Gobierno socialista, sino que quiero señalar las características de un estilo político que explican que no apunte ni tan sólo lo que son las decisiones que cualquiera podría encontrar en un manual básico para afrontar la crisis. Porque no sé si se habrán percatado de que la política económica de Zapatero presenta exactamente las mismas características de su política autonómica o de su política social. El actual Gobierno socialista español, antes que socialista, y casi antes que español, se caracteriza por un populismo demagógico, cada día más alocado, y al cual lo somete todo.

Esto significa que no tiene criterio propio ante nada y que simplemente se deja llevar por las corrientes más superficiales de cada momento. Se mueve a rebufo de lo que se le pone delante.

Los catalanes lo hemos sufrido en la propia carne desde su famoso “apoyaré”, una promesa que en ningún caso podía cumplir, pero que en plena campaña electoral contentaba a la audiencia de aquella tarde, en aquel lugar. Luego no sólo no apoyó el Estatut que había salido del Parlament por una gran mayoría, sino que tampoco ha sido capaz de respetar ni lo pactado con Artur Mas ni con lo que finalmente se votó en las Cortes y se aprobó en referéndum. Lo suyo es la permanente y compulsiva promesa fácil seguida del incumplimiento inmediato para acabar con una medida que, resultado de las reacciones airadas que él mismo ha provocado, contradice lo prometido pero sin aplacar las iras que ha desencadenado. Peor, imposible.

Vean el caso de la actual subida de impuestos. Incluso al margen del error técnico que supone tal medida, en el sentido que va a provocar lo contrario de lo buscado, la decisión se agrava políticamente por el hecho de haber sido anunciada como un modelo en el cual los más ricos pagarían por los más pobres. La cuestión es que además de ser una decisión que no cumple con lo prometido -en realidad, pagarán las clases medias-, el principio alegado descansaba en una visión estúpidamente simple de la economía, como si lo que presuntamente se pudiera quitar a los ricos fuera a favorecer automáticamente a los pobres. ¿En qué siglo viven Zapatero y sus ministros? No sé hasta qué punto el electorado socialista sigue atrapado en este rancio imaginario económico, es decir, si la España que el Gobierno tiene en su cabeza es tan ignorante como este supone, o si quien no consigue comprender la complejidad de una sociedad modernizada como la española es el propio Gobierno. La pregunta verdaderamente inquietante es: ¿nos quieren tomar el pelo o son realmente tan incapaces? En una de esas fatales ironías de la historia, da la impresión de que se haya alterado el orden natural de las cosas: la España a la que se dirige Zapatero es claramente anterior a la que habló Felipe González.

Mientras escribo estas líneas leo que el ministro José Blanco, que últimamente intenta -con éxito- superar a Zapatero en populismo demagógico, el mismo personaje que sostuvo la estupidez que la subida de impuestos haría que pagaran los ricos para ayudar a los pobres, acaba de responder a la previsible crítica de la oposición con la ocurrencia de que “los impuestos no van a una caja B, como en el PP”. ¿Alguien puede tomarse en serio a tal ministro? ¿No merece una afirmación de ese estilo una denuncia en los tribunales? ¿Es este el clima que puede favorecer la confianza interior y exterior que se necesita para salir de la crisis?

Zapatero cree que puede gobernar a golpe de imagen. Cuando tiene que subir impuestos, retrasa el anuncio de cómo va a aplicarse para que no le coja el toro y se marcha  de España, buscando una foto familiar con Obama. Cuando consigue la foto, aparte de comprobarse que sus hijas confundieron la recepción con una fiesta anticipada de Halloween, pide que sea retirada para proteger a las mismas. Lo que les decía: decisiones erráticas e ineficaces que suelen empeorar la situación anterior. Este Gobierno no entendió a su asesor Lakoff y creyó que un frame era una foto pixelada, y un relato,un acto frustrado de propaganda.

salvador.cardus@uab.cat

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El ojo del tigre

Recientemente, la Junta General del Principado de Asturias acogió el preceptivo debate anual sobre el estado de la región. Apenas iniciado, éste fue derivando hacia una situación que nada tenía que ver con la intención original de esta norma litúrgica de la confesión democrática. De la rigurosa exposición de unos hechos concretos, del análisis político de los mismos hechos, se pasó a la pelea dialéctica entre los personajes que representaban a los dos partidos que monopolizan el patrimonio ideológico del actual régimen: el pluralismo político. Una vez más quedó muy claro -por si acaso todavía había alguna duda flotando por ahí– que la democracia en esta región es -igual que en el resto de las comunidades- simplemente dual.

En Asturias,ese dualismo democrático se caracteriza por dos peculiaridades que la singularizan: una, el optimismo crónico que con tanta placidez exhibe el Gobierno socialdemócrata del Principado; otra, el estratégico pesimismo crítico que determina la acción de la oposición conservadora frente a ese Gobierno. El choque frontal entre ambas posiciones ha sido escenificado, la pasada semana, con un estrépito parlamentario escandalosamente ruidoso y lamentablemente gratuito. Después de ese debate, la primera -y única- conclusión es que no hubo tal debate, sino que lo que realmente se planteó en la Cámara fue un airado rifirrafe sobre el estado de la partitocracia en Asturias.

Fue un penoso match partidista instigado por una severa preocupación por las elecciones autonómicas, que ya empiezan a asomar sus urnas desde la distancia, cada día que pasa más corta. Quizá, lo más desagradable de ese rudo debate hayan sido las insistentes descalificaciones personales mutuas; mientras que lo más notorio ha sido que el debate sobre el estado de la región se planteó en clave electoralista.

Tampoco es una novedad la preocupación que por las urnas tienen los políticos -ya sean protagonistas principales o simples extras con frase…-,  puesto que, desde las no tan lejanas primeras elecciones democráticas, este país está sometido a una permanente y machacona campaña electoral. Interminable. Agotadora. Agobiante. Probablemente, este pertinaz electoralismo sea la consecuencia lógica de un temor, que atenaza a la mayoría de los políticos, que del ejercicio de su función pública han hecho un estilo de vida. Con lo cual, su sentimiento de provisionalidad en el cargo, les incita a estar permanentemente en campaña electoral… Es posible que este moderno fenómeno sociológico haya sido el origen del optimismo crónico del poder en el Principado y, también, del pesimismo estratégico de la oposición al mismo.

Para entender lo ocurrido la pasada semana en la Junta General de Principado es necesario tener en cuenta dos cosas: a) que un político en activo está sometido a la presión de su inestabilidad orgánica; b) que los políticos siempre hablan un lenguaje electoral. La pelea de gallos que, con el pretexto de debatir el estado de la región, se escenificó en el Parlamento asturiano, no sirve para reconocer la dicotomía izquierda/derecha (serían necesarios otros fenómenos más sutiles y cultos, distintos del lamentable debate institucional ), pero sirve para demostrar que los dos discursos políticos utilizados no difieren entre sí por el léxico usado en cada caso, ni por las palabras oportunistas cruzadas entre los dos contendientes. El objetivo principal de cada púgil es siempre el mismo: dejar KO al otro.

De esta clase de combates programados por el sistema, no cabe esperar otra cosa que no sea contemplar cómo se disputan el poder las dos fuerzas políticas que monopolizan la democracia. Mas no para hacer otra política , sino para continuar haciendo la misma. Al PS(O)E y al PP, que son las dos fuerzas únicas que cortan el bacalao de la política, se identifican por su vocación dinástica y por su españolismo clásico … Pretender diferenciarlas entre sí adjudicándole al PS(O)E la representación de la ideología de izquierda y al PP como la encarnación de la teología de derecha es una pretensión vana.

Desde que se institucionalizó la reforma del franquismo, toda la política que se hace en el país es de derechas. O sea, paternalista. En Asturias este matiz se nota mucho más que en otras comunidades por un detalle que, generalmente, suele pasar inadvertido: aquí, de la función pública de la política se ha hecho un nuevo INI.

Lorenzo Cordero. Periodista.

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La historia se repite. En la crisis de la década de los noventa, también espoleado por el déficit público generado por el exceso de gasto público, otro Gobierno socialista tomó la decisión de subir los impuestos. El resultado fue lamentable, perjudicó a la actividad económica, como era de esperar, y no sirvió para mejorar la recaudación tributaria.

No hay ningún modo imaginable para conseguir que una subida de impuestos al trabajo, al ahorro y al consumo contribuya a estimular la actividad económica. El error de subir los impuestos es la consecuencia de un largo camino de excesos en el gasto público que se remonta al año 2005, cuando el primer Gobierno del señor Zapatero tomó la costumbre de elevar el gasto del Estado y, sin la menor necesidad, relajó las normas encargadas de salvaguardar la estabilidad presupuestaria. Desde entonces, todos los saldos presupuestarios, positivos antes de la crisis y negativos después, han dependido de la mejor o peor recaudación de ingresos y nunca de la moderación de los gastos.

Ahora que la recaudación tributaria se desploma, la lógica de este Gobierno les sigue obligando a buscar el modo de reforzar los ingresos, aunque se vea claro que no es el momento ni el lugar para subir los impuestos. Siguen en sus trece, incluso cuando la intensidad de la crisis puede neutralizar la subida de los tipos impositivos con una caída mayor de las bases tributarias.

El Gobierno nos ha presentado unos Presupuestos para 2010 que no proponen un objetivo claro de creación de empleo y de lucha contra el paro, que es el problema capital de la economía española. Son unos Presupuestos sin ambición, incapaces de invertir la tendencia de la destrucción de empleo porque son también incapaces de generar expectativas positivas en los agentes económicos.

Unos Presupuestos que marcan para el próximo año un escenario con todos los problemas y desequilibrios que ahora tenemos, a lo que hay que añadir la subida de impuestos.

El Gobierno ha tirado la toalla en la lucha contra el desempleo. Ha presentado unos Presupuestos negativos, que están siendo fuertemente criticados por los agentes sociales y todos los partidos políticos.

El Gobierno socialista se siente incapaz de contener el gasto público y proponer unos Presupuestos rigurosos, basados en la austeridad. La situación de las cuentas públicas es lamentable: el déficit público ya rebasa el 10% del PIB, y la deuda tardará poco en superar el 60% del PIB. Los intereses generados por esta deuda ya están condicionando la capacidad de gasto de estos Presupuestos y, lo que es peor, de los Presupuestos futuros.

El error que está en la base de esta política económica estriba en que el Gobierno reacciona ante la crisis financiera, y a sus efectos en nuestra deuda externa, con un endeudamiento público que acapara el crédito y está expulsando a los emprendedores de la financiación bancaria.

En resumen: el Gobierno socialista tropieza de nuevo con la misma piedra y en una grave situación de depresión, déficit y desempleo, vuelve a subir los impuestos, aun con la experiencia de que esta decisión es justamente la contraria de la que este momento económico requiere.

Cristóbal Montoro. Portavoz de Economía del Partido Popular.

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El presupuesto de 2010 viene marcado por la angustiosa necesidad de sufragar el copioso gasto público que se desató en los inicios de la crisis con urgentes pretensiones anticíclicas. El Gobierno fue bastante pródigo en gastos a lo largo de 2008, como lo atestigua el sobredimensionado plan de infraestructuras, con 19.000 millones de euros en obras públicas, o la devolución de los 400 euros por contribuyente. Pero además, los decretos “anticrisis” de finales de 2008 incrementaron notablemente las partidas de gasto de la Ley de Presupuestos inicialmente aprobada para 2009. Los nuevos gastos extraordinarios incluyeron los 8.000 millones en obras del tan publicitado Plan E, los 3.000 millones de proyectos territoriales de empleo, los 5.000 de ayuda a la pequeña y mediana empresa y los 50.000 de ayudas y 100.000 de avales a las entidades financieras. Hay quien ha criticado que se decretara esta montaña de gastos, emisiones de deuda pública y avales, sin tramitarse como proyecto de ley hurtándose un debate a fondo de las medidas. Aún más debería preocupar la falta de democracia participativa que supone haber promovido un festín de obras en los municipios sin consultar a la ciudadanía sus prioridades, con resultados a veces tan extravagantes como ajenos a los intereses de esta.

Tal euforia de gasto se acometió contando con que –al decir de Solbes y Zapatero– la economía y los ingresos tributarios se recuperarían holgadamente en 2010. El problema estriba en que la crisis ha sido mucho más profunda y la recuperación más sombría de lo previsto, sobre todo en lo que concierne a la recaudación tributaria. El desplome de esta, con caídas superiores al 30%, evidencia que los ingresos tributarios tardarán en recuperar los niveles anteriores a la crisis y que, como no se puede seguir ampliando el déficit y el endeudamiento del sector público, hay que subir impuestos o recortar gastos. De la noche a la mañana y sin atisbo de brotes verdes, se pasó del presupuesto expansivo o anticíclico de 2009, al presupuesto restrictivo propuesto para 2010, y se decidió que la mayoría de la población pagara con impuestos el torrente de gastos comprometidos. Se prevé eliminar la devolución de los 400 euros por contribuyente, elevar el IVA, que recae sobre el conjunto de los consumidores, y amagar al capital y a los más ricos, a la vez que se les permite seguir escabulléndose del fisco con las Sicav u otras empresas instrumentales.

El Gobierno, en su afán timorato de contentar a todo el mundo, ha terminado enfrentándose a todos: a la izquierda y a los sindicatos, porque no pueden aceptar las nuevas cargas indiscriminadas y fiscalmente regresivas; al PP, por agredir su fe neoliberal o porque iba a oponerse de todas maneras. ¿No sería el momento de revisar, contando con la gente, gastos tan desmesurados como el de infraestructuras, que deja pequeño el aumento previsto de impuestos? ¿No sería el momento de establecer un sistema fiscal verdaderamente progresivo, solidario y acorde con la mayoría de la población?

José Manuel Naredo. Economista y estadístico.

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Es innegable que la de ayer es una mala noticia para BBVA. Francisco González ha decidido fumigarse a un Consejero Delegado con el que mantenía desavenencias casi desde su nombramiento. Y ha puesto como sustituto a un hombre de su confianza que escala desde la Dirección de Recursos Humanos, cosa cuando menos singular, por larga y brillante que sea su trayectoria anterior. BBVA es más A que nunca y FG asume el rol de ese monarca absoluto que, incapaz de reconocer su participación en los errores de estrategia, los proyecta sobre un tercero al que corta la cabeza cuando contempla, frustrado, cómo su principal rival le saca ya cuerpos de ventaja. Domeñado el consejo, había llegado el momento de quitar el último eslabón que le permitía hacer lo mismo con la organización. Cinco años más de errática trayectoria esperan, salvo error u omisión, por delante a la entidad.

José Ignacio Goirizolzarri no está libre de pecado, ni mucho menos. Le ha faltado valentía y decisión en tres grandes frentes: la defensa de su posición en el seno de la entidad; la difusión de su tarea por medio de una adecuada comunicación y rapidez en la ejecución en un entorno competitivo tan voluble como el actual. En efecto, su falta de reacción ante la paulatina liquidación de sus hombres de confianza ha propiciado que su caída fuera menos dolorosa para la organización; su excesiva prudencia a la hora de vender el producto, en cantidad de apariciones e importancia de la información aportada, han ido contra su propia franquicia, mostrándole como un gestor prescindible a la sombra de su presidente que era quien acaparaba el protagonismo; su cautela racional ha sido su tumba en el mundo bancario de locos de los últimos meses. La reciente marcha triunfal del Santander ha puesto aún más de manifiesto tales deficiencias.

Servidor tuvo la oportunidad de tener un encuentro privado con él a finales de agosto. Me dedicó una hora y media en la que pude acercarme, siquiera de lejos, a su modo de pensar. Tenía el banco completamente en la cabeza y conocía profundamente los riesgos y las oportunidades de cada una de sus áreas geográficas y verticales de negocio. Incluso en los errores de estrategia cometidos, como la entrada tardía en Compass o la insuficiente presencia en Brasil, aportaba argumentos que hacían comprensible la decisión. Estaba entusiasmado con la aportación presente y futura de Citic y preocupado con una España a la que, frente a la crisis del 93, ayudarían los bajos tipos de interés. Una persona afable y encantadora que, sin embargo, despedía un cierto aroma a funcionario de la banca, sin carisma como para aspirar a la Presidencia y sin pasión en la defensa de su puesto o de sus decisiones que… ¿no eran tales? Esto es lo que le ha matado. En este mundo traidor importa menos lo que vales y más lo que te haces valer. Es así.

Goiri ha sufrido de primera mano la particular esquizofrenia estratégica de Francisco González, que le necesitaba formalmente para controlar el frente vasco. Se lo ha pagado con un suculento paquete de salida, zurrón de millones debajo del bolsillo. Una vez más queda probado que todo lo que no incentiva, desmotiva. ¿Cuando aprenderán? Puede haber sido el caso. El Presidente (papelón el del video de ayer) ha sido invitado habitual en los grandes foros internacionales de las finanzas, aquellos en los que se decide, probablemente, el futuro de la banca mundial. Fruto de tales encuentros ha sido la preparación interna de BBVA para lo que está por llegar a través de iniciativas que han ido desde lo estrambótico –como la tienda sucursal- a lo visionario. Toda la institución ha estado orientada a la innovación y la transformación: foco en el cliente, desarrollo tecnológico y virtualidad. El problema es que, en todo este proceso, en el mundo han pasado cosas y, cuando la entidad se ha querido dar cuenta, ya se le había pasado el arroz. Pesa sobre la institución una terrible sensación de ir a remolque en capital, gestión de balance o adquisiciones, pese a la acertada compra reciente del tejano Guaranty. ¿Era Goirigolzarri el culpable? Cada vez menos. Lo peor que podría ocurrir hoy en día es que las prisas, que son siempre malas consejeras, y la necesidad de hacer marca, hagan que la firma de origen vasco se atragante con el socarrat.

Francisco González tiene un problema. Y es que en la medida en que lance el mensaje El Rey soy yo, corre más riesgo de poner de manifiesto las debilidades de su modelo de gestión. Incorpora a un leal como Angel Cano, la piedra en el zapato de Goiri, como Consejero Delegado. Desgraciadamente llega con la etiqueta de hombre de paja. Mala señal. Si esto es un cambio para que todo siga igual o peor, como parece, cuidado. Ni FG es el primer accionista de la entidad ni puede convertir un poder delegado, al que accedió por la puerta de atrás, en absoluto. Querer nadar y guardar la ropa y utilizar esa ambigüedad para justificar las propias lagunas como gestor, haciendo rodar cabezas o metiendo a la organización en una locura de cambios directivos cada 18 meses que paralicen su actividad, se puede volver en tu contra. No es de recibo una actitud propia de esos malos gestores de clubes de fútbol que, aferrados al poder, no dudan en echar al entrenador a su propia conveniencia. Pero bueno, consejeros y accionistas tiene la Santa Madre BBVA. Mientras se lo consientan, allá ellos.

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El Partido Popular de Madrid que preside Esperanza Aguirre, al tiempo presidenta de la Comunidad Autónoma madrileña, y el Partido Socialista de Madrid (PSM), cuyo secretario general es Tomás Gómez, han alcanzado un completo acuerdo en torno a la renovación de cargos en la cúpula de Caja Madrid: El vicepresidente de la CC.AA. madrileña, Ignacio Nacho González, ocupará la presidencia de la segunda caja de ahorros española en sustitución de Miguel Blesa, mientras que la vicepresidencia recaerá en el socialista Jorge Gómez Moreno.

Fuentes de toda solvencia del PSM confirmaron ayer a este diario un acuerdo que definieron como “un pacto global” en el que también participan los sindicatos CC.OO., UGT e Izquierda Unida, que seguirán conservando las posiciones que actualmente ocupan en la caja. De acuerdo con las fuentes, “el pacto ha sido bendecido por el PSOE nacional”. Un miembro del Ejecutivo  consultado ayer por El Confidencial aseguró que “podría ser cierto lo que usted dice, pero no es definitivo. El acuerdo no se cerrará hasta la próxima semana”. ¿Quién lo cerrará por parte  socialista? Respuesta: “El Partido Socialista de Madrid”.

La gran marginada de un pacto que parece muy armado es la dirección nacional del PP de la calle Génova y, en particular, su presidente, Mariano Rajoy, que quedaría de nuevo desairado de confirmarse un acuerdo fraguado a sus espaldas y las de Alberto Ruiz Gallardón, el otro gran derrotado de este acuerdo cocinado a fuego lento y desde hace muchas semanas entre Nacho González y Tomás Gómez.

En los últimos tiempos se ha dado por sentado que las dos grandes corrientes del PP madrileño, capitaneadas por Aguirre y Gallardón, y el propio Rajoy habían alcanzado un acuerdo por el cual sería el presidente del PP quien propondría un candidato de consenso a la presidencia de Caja Madrid, y de hecho por su despacho en la calle Génova han desfilado casi todos los aspirantes a sustituir a Blesa, empezando por Rodrigo Rato. Pero ayer, por sorpresa y en declaraciones a TVE, Aguirre desmintió la existencia de un acuerdo con Rajoy en tal sentido.

A la sempiterna pregunta sobre la idoneidad de Rato y González para ocupar la presidencia de la caja madrileña, Aguirre respondió ayer como acostumbra: “Ambos podrían ser aspirantes. ¿Por qué no?”. Tinta de calamar. Fuentes del PP consultadas por este diario se mostraron escépticas sobre las posibilidades de que este pacto llegue a buen puerto. “Ese acuerdo no está aprobado por las cúpulas nacionales. La Caja no es un asunto exclusivo de la CC.AA. de Madrid y ahí hay mucha más gente que quiere opinar, entre ellos, naturalmente, Rajoy, y el propio Banco de España”.

Jorge Gómez Moreno, madrileño de 53 años y descrito como “un hombre de la plena confianza de Tomás Gómez”, es diplomado en Administración de Empresas. Ha sido concejal del Ayuntamiento de Madrid (1991-1995) y miembro del Consejo del Campo de las Naciones y del Puente de Ventas. Presidente de la Agrupación Socialista de Chamartín, es diputado socialista en la Asamblea de Madrid desde la IV Legislatura y consejero de la Corporación Financiera de Caja Madrid.

El PSOE entrará también en la Comisión Ejecutiva

El “pacto global” con el PSM de Tomás Gómez contempla, además de la vicepresidencia para Jorge Gómez, la incorporación de los socialistas a la Comisión Ejecutiva de la caja en la que ahora mismo no están. Por lo que respecta a IU, la coalición de izquierdas seguiría teniendo la vicepresidencia que ahora mismo ocupa Moral Santín. En teoría, tanto UGT (un puesto en el Consejo), como Comisiones Obreras (hasta cuatro, dos de ellos de las CC.OO. regionales), conservarían sus actuales posiciones.

Conviene aclarar, sin embargo, que los cuatro consejeros de Comisiones están divididos también en dos bloques, nacional y regional, y que la división alcanza al propio PSOE en la Caja, cuyos cuatro diputados no piensan exactamente lo mismo sobre el pacto alcanzado por Tomás Gómez con Nacho González, lo que da idea de lo volátil de una situación que todavía puede dar unas cuantas vueltas.  La idea, con todo, es “presentar el acuerdo la próxima semana a todas las partes implicadas como un pacto global y cerrado”.

La presidencia de Caja Madrid sería para Nacho González la  salida soñada. Desde hace mucho tiempo se viene empleando a fondo, ante la incredulidad general, para lograr la aquiescencia del PSM a sus planes con la Caja, habiendo llegado incluso a tratar el tema con José Blanco, en sus tiempos de secretario general del PSOE. Esta salida sería igualmente idónea para la propia Esperanza Aguirre, que por fin podría abordar la remodelación a fondo de equipo de Gobierno, operación largo tiempo aplazada.

Queda por saber qué hará Mariano Rajoy ante este envite que le plantea la Comunidad Autónoma. La fecha tope es el 9 de octubre, día en que tanto la Asamblea de Madrid como los ayuntamientos y entidades representativas tendrán que haber presentado sus delegados ante la Comisión Electoral de la Caja. En noviembre, Caja Madrid tendrá nuevo presidente, y todo apunta a que el elegido será Ignacio González.

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Se estrecha el margen de maniobra del Estado para hacer políticas de gasto capaces de cambiar el modelo productivo. Únicamente dos partidas del presupuesto para 2010 –desempleo y servicio de la deuda- se comen nada menos que la tercera parte del gasto público total. O dicho en otros términos: de los 185.248 millones que tendrá el Estado para gastar el año que viene (gastos no financieros), 62.078 millones irán a parar a esas dos partidas: 38.878 millones de euros en el caso del desempleo (incluyendo las políticas activas destinadas a la formación de trabajadores sin empleo) y 23.200 millones para financiar los intereses de la deuda.

Debido a la elevada descentralización del gasto que existe en España, los Presupuestos Generales del Estado para 2010 vuelven a ser un instrumento de política económica cada vez más limitado para el Gobierno central. De hecho, si se suman a esa cantidad los 54.031 millones de euros que se destinarán a financiar las administraciones territoriales, los diferentes departamentos ministeriales sólo disponen para gastar de 56.969 millones de euros (descontando el desempleo y el Fondo de Inversión Local).

¿Y qué va a hacer el Estado con esos casi 57.000 millones de euros? Pues la parte del león se la llevan los gastos de personal y las clases pasivas, que cuentan con una dotación presupuestaria de 27.572 millones de euros, un 2,7% más que en 2009. Esto significa que el conjunto de gastos no financieros asciende a poco más de 29.300 millones de euros, que es el dinero que se reparten los distintos departamentos ministeriales para materializar sus políticas sectoriales.

¿Y cuál es el más afectado por el ajuste en el gasto? Con diferencia el Ministerio de Ciencia e Innovación, cuyo presupuesto cae un 15% respecto del año pasado, hasta los 2.072 millones de euros. El segundo departamento más afectado es Cultura, cuyo presupuesto retrocede un 12,6%, mientras que en el caso del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural el recorte es del 10,5%. El propio Ministerio de Economía y Hacienda sufre una caída del 5,2%.

En el caso del Ministerio de Educación, su presupuesto global crece un 2,1%, pero uno de sus programas estrella, la aplicación de la Ley Orgánica de Educación (LOE), sufre una merma de recursos del 10,1%.

El Gobierno se ha visto obligado a realizar estos recortes para poder cuadrar unos presupuestos que parten de una premisa. La economía española continuará en recesión durante buena parte del año 2010, y eso seguirá generando un abultado desfase entre los ingresos y pagos del Estado que sólo podrá ser financiado vía endeudamiento. Y es que hay que tener en cuenta que pese a la subida de impuestos prevista por el Gobierno, la factura de la deuda pública subirá un 33%, hasta los 23.200 millones de euros. Y eso que el Tesoro Público continuará financiándose barato gracias a que los tipos de interés (fundamentalmente los de más corto plazo) se encuentran en niveles históricamente bajos.

Pese a este escenario recesivo en 2010 (la economía caerá un 0,3% en media anual, según las previsiones oficiales), lo cierto es que el Gobierno dibuja un horizonte claramente positivo en cuanto a los ingresos públicos. Hasta el punto de que ha presupuestado un aumento de la recaudación procedente del IRPF del 7,2%, y ello pese a que el empleo (según el Gobierno) caerá un 1,7%. Hacienda achaca este ascenso a la eliminación de los 400 euros, al aumento de la tributación del ahorro y al efecto de la cuota diferencial del anticipo a 2009 de parte de la deducción por inversión en vivienda habitual.

De la misma forma, considera probable que la recaudación vía IVA crecerá un 26.1%. Esta tasa está sesgada al alza por tres factores: la subida de los tipos impositivos a partir de julio del año que viene (del 16% al 18% y del 7% al 8%),  el fin de determinados beneficios que se aplicaron en 2009 (régimen de devolución mensual). Y, por último, espera un cierto crecimiento de los ingresos derivados del mejor comportamiento del consumo, que no se comportará tan mal como este año. El Gobierno espera, en cualquier caso, una caída real del consumo del 0,4%. En total, los ingresos trubutarios deberían crecer un 7,7%, una tasa que a priori parece algo voluntarista teniendo en cuenta que el PIB nominal decrecerá un 0,3%.

Entre las partidas de gasto hay que destacar que los créditos destinados a la aplicación de la Ley Orgánica de Educación (LOE) para diversas mejoras educativas (gratuidad de educación infantil, programas de apoyo y refuerzo en centros de primaria y secundaria) tendrán una dotación presupuestaria de 548 millones de euros, lo que supone un recorte del 10% respecto a 2009.

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