Caffè Reggio

¿Hay que legalizar la práctica de las trabajadoras del sexo? Los datos señalan que eso contribuiría a que se violaran más derechos básicos de un mayor número de mujeres. Más eficaz resulta criminalizar al cliente

La derecha más liberal y la izquierda más progresista están de acuerdo en una misma reforma. Hay que legalizar la prostitución. Para el liberal (hay muchas voces liberales, pero, por su estatura intelectual, recomiendo a Sala-i-Martín en La Vanguardia, 17-9-09), el Estado no puede prohibir el intercambio voluntario de servicios entre adultos a cambio de dinero. Para la progresista (ídem, Imma Mayol, EL PAÍS, 25-9-09), el Estado debe garantizar a las “trabajadoras del sexo” la salvaguarda de sus derechos. Para ambos, la regularización, al hacer aflorar una economía sumergida, reduciría tanto el tráfico ilegal de personas como los abusos y las condiciones de explotación en las que viven muchas prostitutas. Y, de paso, podríamos recaudar impuestos, que nos viene muy bien en tiempos de crisis. ¿Algo que objetar a esta conjunción de las mejores virtudes del mercado libre y del Estado regulador-protector?

Me temo que sí. La dificultad de obtener datos sobre un negocio tan oscuro como la prostitución es la perfecta justificación para que tanto el liberal como la progresista den rienda suelta a sus teorías sin tener que ofrecer evidencia empírica. Para el liberal, la bondad del mercado libre hará que mafiosos esclavistas se conviertan de un día a otro en respetables empresarios del sexo y puedan “contratar a las trabajadoras en origen y pagarles el viaje de ida y vuelta, eliminando así el negocio del traficante” (Sala-i-Martín). Para la progresista, la bondad del Estado actuará “promoviendo la existencia de espacios autogestionados, sin amos, que despojen al proxeneta de su funcionalidad” (Imma Mayol).

Pero los datos disponibles señalan que tanto la legalización de la prostitución (propuesta por liberales y progres) como la situación actual de relativa alegalidad (y defendida de facto por PSOE y PP) producen resultados peores que una tercera alternativa con pocos padrinos en nuestro país: la criminalización del cliente. Y es que tenemos evidencia cada vez más sólida de que actuar sobre la demanda de la prostitución (es decir, castigando al cliente) en lugar de sobre la oferta (es decir, regulando la prostitución, como proponen liberales y progresistas) tiene efectos positivos.

Liberales y progresistas asumen que existe una demanda varonil elevada y relativamente fija de servicios sexuales. Dicha demanda sería el resultado de diferencias entre hombres y mujeres, ya sean de índole biológica (para los liberales) o cultural (para los progresistas). Por ello, prohibir la demanda solo conduciría a un desplazamiento de la prostitución de la calle o del burdel a lugares más siniestros. Pero la experiencia de otros países desafía estas asunciones simplistas sobre la naturaleza varonil, pues la demanda -oh, sorpresa- cae en picado cuando se penaliza la compra de sexo. Por ejemplo, pocos años después de la puesta en marcha, en 1999, de una política de penalización al cliente en Suecia, se calcula que el número de prostitutas se había reducido entre un 30% y un 50%, y el de clientes entre un 75% y un 80%.

La caída de la demanda en países prohibicionistas como Suecia ahoga a la oferta, especialmente la que proviene del negocio más sucio que prolifera en el mundo globalizado actual: el tráfico de mujeres (y niñas) con fines sexuales -que representa, de acuerdo con Naciones Unidas, un 87% de los cuatro millones de seres humanos que son explotados como esclavos anualmente. Así, mientras los traficantes de esclavas sexuales logran introducir anualmente entre 400 y 600 víctimas en Suecia para saciar los apetitos sexuales de aquellos ciudadanos que son capaces de arriesgarse a una pena por comprar sexo, en las vecinas Finlandia o Dinamarca, con la mitad de la población, pero con leyes más permisivas hacia la prostitución, las mafias podrían estar infiltrando hasta 15.000 víctimas al año. Empujados por la elocuencia de estos datos, los políticos nórdicos, sobre todo finlandeses y noruegos, están optando por la “vía sueca”, empezando a criminalizar la compra de sexo.

La penalización de los clientes en Noruega ha sido aprovechada además por los economistas Jakobsson y Kotsadam para estudiar lo más científicamente posible los efectos de una política pública. Es decir, mirando qué pasa antes y después de la reforma y, al mismo tiempo, comparando con otros países en los que no ha habido ningún cambio legislativo durante ese periodo. Los resultados son inequívocos: la demanda de prostitución en Noruega ha caído de forma significativa desde la criminalización del cliente. En un análisis de 30 países, estos mismos autores señalan que allí donde hay un mayor reconocimiento legal de la prostitución también existe un mayor tráfico de esclavas sexuales. O sea, exactamente lo contrario de lo que predicen el liberal y la progresista.

Las razones son obvias. Donde la compra de sexo es ilegal, los costes en los que incurren las mafias esclavistas de mujeres para garantizar a los clientes que no serán descubiertos y penalizados se vuelven demasiado altos. En conversaciones interceptadas por la policía, los propios traficantes, que no dejan de ser hombres de negocios, admiten que no vale la pena trabajar en los países prohibicionistas. Es más sencillo operar en lugares como Holanda, Alemania o España, donde, ya sea de forma legal o alegal, todo el que quiere comprar sexo lo puede hacer en un instante, de forma sencilla y sin riesgo a ser castigado.

Los estudios también apuntan a que cuando la prostitución se regula como una actividad económica más, los abusos sobre las libertades individuales de las prostitutas no decrecen, como pretenden hacernos creer liberales y progresistas, sino que aumentan. Con la regularización de la prostitución, los traficantes de seres humanos, experimentados en tergiversar la voluntad de jóvenes y de niñas, encuentran una fachada legal perfecta con la que cubrir sus actividades delictivas. Por una parte, no les cuesta “convencer” a muchas víctimas potenciales, mediante las manipulaciones físicas y psicológicas más perversas, para que se registren como trabajadoras del sexo. Por otra parte, ¿alguien espera que el crimen organizado empiece a pagar impuestos y declare sus actividades más lucrativas, como la prostitución de menores o los depravados tratamientos hormonales a los que son sometidos muchas prostitutas? Encontramos ejemplos de legalizaciones de la prostitución con resultados perversos en todo el mundo, desde Alemania a Australia, pasando por Nevada en Estados Unidos. Una consecuencia frecuente de regularizar la compra de sexo es que, mientras el número de burdeles legales crece, los negocios ilegales -por ejemplo, con prostitutas menores de edad- se multiplican.

El liberal suele comparar a las “operarias del amor” que ejercen su profesión libremente con otros trabajos regularizados que no se hacen por el amor al arte sino por dinero, como lavar urinarios. El problema es que el intercambio sexual se da, por su propia naturaleza, en un contexto de intimidad y clandestinidad, en el que algunos elementos del “contrato” quedan a la discreción de una de las partes, con consecuencias potencialmente devastadoras para la otra. Volvamos a los datos. Un estudio en nueve países encontró que del 60% al 75% de las mujeres que ejercen la prostitución han sido violadas, del 70% al 95% físicamente agredidas y un 68% presentan síndromes de estrés postraumático similares a los de los veteranos de guerra bajo tratamiento psiquiátrico. Si alguien nos mostrara que alguna profesión reconocida produce secuelas físicas, mentales y emocionales solo remotamente similares, solicitaríamos la inmediata ilegalización de la misma.

Por todo ello, hay motivos para pensar que legalizar la actividad de las “trabajadoras del sexo” (el proletario término preferido por la progresista) o el “outsourcing sexual” (el anglicismo usado por el liberal) contribuiría a que se violaran más derechos básicos de un mayor número de mujeres. Siguiendo criterios serios para evaluar políticas públicas, la única medida que parece efectiva para combatir el tráfico y la esclavitud con fines sexuales es criminalizar la compra de sexo. Ya es hora de que esta medida se estudie seriamente en España.

Víctor Lapuente Giné es profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de Gotemburgo, Suecia.

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El golpe de Estado franquista de 1936 y la Guerra Civil me pillaron viviendo solo en Barcelona. Mi familia, desde Canarias, me costeaba mis estudios mercantiles, pero la guerra cortó de raíz estas ayudas. Con 19 años, sin casa y sin dinero, algunos amigos me sugirieron que intentara entrar en los Boy Scouts de Cataluña, que habían ampliado sus actividades auxiliares surgidas de la propia Guerra Civil. Disponían, además, de un cuartel propio en la calle Lledó. A principios de 1937 me admitieron y vistiendo un hermoso uniforme fui encargado de la limpieza (cap d’escombras) de nuestro local, donde yo tenía cama y comida.

Pero ya en aquel mes de abril de 1937, las tensiones entre las llamadas “patrullas de control” y las autoridades del Gobierno central y el de Cataluña alcanzaron un punto peligroso. Estos grupos armados dependían de varias organizaciones políticas (CNT, FAI, PSUC y POUM) que tenían tropas en el frente. Poseían sus propios cuarteles, su armamento y sus patrullas callejeras que más que mantener el orden público lo que hacían eran detenciones ilegales y ejecuciones sumarias de “fascistas”. Esta justicia popular en la que se unían la incompetencia, el robo, las venganzas personales y la resistencia a todo tipo de autoridad legal chocaban, naturalmente, con las intenciones de la Generalitat y del Gobierno de la República de volver a tener bajo control a la policía y al Ejército.

En los días que precedieron al Primero de Mayo se produjeron diversos atentados contra formaciones, tanto radicales como moderadas. En el frente de Aragón, los milicianos comenzaron a enterarse de los planes del Gobierno y de la Generalitat para encuadrar a las milicias, siempre anárquicas, en un Ejército de la República. El Partido Comunista, que había incrementado velozmente el número de militantes y su influencia política, aprobaba el proyecto de un Ejército Popular, pero casi todos los combatientes de las columnas anarquistas o del POUM se oponían frontalmente a la disciplina militar.

Las cosas se complicaron y los ánimos se enardecieron. Se empezó a detectar que muchos milicianos abandonaban sus posiciones en el frente y se dirigían a Barcelona. El lema anarquista era: “Primero la revolución; después la guerra”. Exactamente el contrario del Partido Comunista. Las hostilidades se iniciaron en la tarde del 2 de mayo y casualmente yo estaba en ese momento y en el lugar del primer choque. Cruzando la plaza de Cataluña vi en las puertas del edificio de Telefónica a un grupo de guardias de asalto y de anarquistas discutiendo más que acaloradamente. La Generalitat había querido hacerse cargo de los servicios telefónicos, incautados desde el principio de la guerra por la CNT-FAI. Miembros de esta formación se habían replegado hacia los pisos altos y se habían atrincherado. Cuando me dirigía hacia nuestro local de la calle Lledó, empecé a ver el levantamiento de las primeras barricadas. Milicianos de mono azul, pañuelo rojo y pistolón al cinto se apresuraban a construir parapetos con los adoquines de las calles del casco viejo de Barcelona.

En nuestro cuartel, donde estaba nuestro jefe y algunos boy scouts se habló de enviar a dos de los nuestros a la gran caseta de madera que poseíamos en la calle Pelayo, donde se recibían los paquetes de comida de Cataluña y Francia para los combatientes. Un amigo y yo nos ofrecimos voluntarios para pernoctar en la caseta y defenderla. Cuando llegó la noche, todo parecía haber vuelto a la normalidad. Sin embargo, a la mañana siguiente, la ciudad se llenó de bombazos y de tableteos de ametralladoras y las calles se despoblaron al instante.

Una de las noches en la que arreciaron las explosiones, mi compañero y yo nos llevamos unas colchonetas a la entrada del hotel Regina, que estaba al lado de la caseta, y dormimos en el suelo del vestíbulo. Hasta entonces no sabíamos que, además de las batallas callejeras, existía otra en las ondas. Aquella noche escuchamos patéticas llamadas a la cordura, promesas y juramentos lanzados desde la Generalitat.

Terminada aquella segunda Semana Trágica, me enviaron para ayudar a los médicos del hospital Clínico en su tarea de identificación de cadáveres recogidos en las calles. Más de un centenar se alineaban en una enorme sala. Fue un triste espectáculo contemplar el trágico fin de aquellos revolucionarios, desde viejos a jóvenes como yo, que habían perdido sus vidas en una más de aquellas guerras, que, pequeñas o grandes, suelen ser siempre inútiles.

El Gobierno envió a Barcelona 5.000 guardias de asalto. Los fui viendo llegar con sus abrigos oscuros y sus fusiles con raras bayonetas, familiares porque aparecían en las películas rusas de la época. Se acabó imponiendo la paz y solo en parte se evitó que las represalias pedidas por los políticos del PCE contra los anarquistas y, en especial, contra el POUM, añadieran más sangre a aquella aventura bélica. Sin embargo, Andrés Nin, cabeza de este partido, fue torturado, asesinado y hecho desaparecer por elementos más o menos incontrolados de los comunistas, dirigidos desde Moscú. En Barcelona, debajo de las pintadas que clamaban: “¿Dónde está Nin?”, supuestos comunistas escribían debajo: “En Salamanca o en Berlín”.

Afortunadamente, el Primero de Mayo es hoy una celebración de trabajadores, exenta de violencia. Como decía Javier Moreno en EL PAÍS del 14 de marzo, no es ocioso recordar la cita de Simón Peres: “La guerra es un error que produce errores”, cita que deberían llevar como divisa los mandatarios de nuestro mundo.

Ricardo Lezcano es periodista y escritor.

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TRIBUNA: SOCIEDAD Y EMPLEO

El autor sostiene que los representantes de los trabajadores deben ser firmes en su defensa de los derechos laborales

Zapatero nunca había faltado a Rodiezmo desde que en 2000 tomara las riendas del PSOE. Su no asistencia a la fiesta minera del próximo domingo ha dado mucho de que hablar en la prensa, pues se supone representa el divorcio entre el actual presidente del Gobierno y los sindicatos. Unos sindicatos que en el actual contexto de despidos, rebajas salariales y reformas laborales están en el disparadero de la opinión pública.

Tener algunos años tiene sus ventajas. Una de ellas es estar alerta cuando se otea en el horizonte que uno va a contemplar cómo se repite una historia que ya había vivido. Creo que esto es lo que me está empezando a ocurrir cuando observo el tratamiento que muchos hacen de las movilizaciones sindicales.

En los años 80 del siglo pasado también hubo huelgas muy importantes de los sindicatos, también hubo conflictos sociales muy agudos, también asistimos a una campaña de descalificaciones. Sin embargo, había diferencias notables con el momento actual.

Los sindicatos, a lo largo de la Transición, habían dado muestras de una gran cordura, de una indudable sensatez, de una inequívoca moderación. Fueron impelidos a aceptar los Pactos de la Moncloa negociados por los partidos políticos; se les invitó a no plantear problemas cuando se consensuaba la Constitución; levantaron un poco la voz en el año 80 pero el 23 de febrero del 81 exigía de nuevo moderación. Y de nuevo estuvieron dispuestos a aportar su granito de arena a cambio de ser siempre los parientes pobres de la Transición. Ellos eran el símbolo de la moderación en un país atenazado por el golpismo y por el terrorismo; un símbolo que se podía agradecer, pero del que se esperaba que no pidiera nada a cambio.

Llegaron los socialistas al Gobierno en octubre del 82 y la prioridad era consolidar la democracia, subordinar el poder militar al civil, integrarnos en Europa, y propiciar una salida de una crisis económica en la que había que reconvertir buena parte de nuestro tejido productivo. Los sindicatos aguantaron, negociaron, colaboraron. Pero llegó un momento en que pensaron que era el momento de repartir beneficios, que no se podía seguir sembrando para que cosecharan los de siempre.

Los más viejos del lugar recordarán la que se armó. Por si tuvieran alguna duda, hay muchos testimonios al respecto pero uno bien reciente puede ayudar a refrescar la memoria. En una conferencia reciente acerca de las bases socioeconómicas de la democracia, afirmaba Miguel Boyer: «Hubo que hacer una dura reconversión industrial. Con energía y con inteligencia, Carlos Solchaga es una persona a la que en una crisis económica no le tiembla la decisión y aguanta como aguantó entonces golpes de los sindicatos, entonces con Nicolás Redondo, que no era como el bendito Cándido Méndez, del que en los últimos años hemos disfrutado. Era otro personaje mucho más difícil».

Y ese fue el relato que los gestores económicos de la época, muchos de los cuadros políticos del momento, y muchos de los historiadores elaboraron y transmitieron. Se lo dijeron a sí mismos tantas veces que acabaron por convencerse de que todo aquello había sido fruto de la personalidad compleja e irascible, difícil, del líder de la UGT. Cosas así no volverían a ocurrir, se decían, porque ahora tenemos otros líderes sindicales, que son unos benditos.

Pero llegó un 12 de mayo del 2010 en que se cambió el guión, en que como no pudimos cambiar a los mercados, los mercados nos cambiaron a nosotros, y por ello era imprescindible recortar derechos sociales, abolir garantías laborales y propiciar una política de austeridad. Y se esperaba que los benditos siguieran siendo eso, benditos. Pero como no podían ni debían serlo comenzaron a resistirse y entonces comenzó también una gran operación de deslegitimación de los sindicatos; con grandes diferencias, por cierto, en relación con lo que vivimos aquellos años 80.

En aquel momento todavía se vivía dentro de lo que se llamaba familia socialista porque sindicato y partido estaban juntos, unidos en el mismo combate. Esa al menos era la retórica. Después se vio que las cosas eran más complicadas y se agudizó la autonomía sindical por un lado y el partido como máquina electoral por otro. En aquel momento el contexto era mucho más dramático para el militante socialista, que vivía escindido entre dos disciplinas. Hoy, por el contrario, los partidos tienden a una militancia mucho más difusa y a centrarse en políticas que ahondan en el radicalismo cívico y se alejan de la tradición socialdemócrata.

Desactivado el drama familiar los sindicatos se enfrentan a un problema mucho más arduo. El tiempo no ha pasado en vano. En los 80, la derecha política en España era muy débil y la derecha mediática no veía con malos ojos dar un correctivo por la izquierda al Gobierno de Felipe Gónzalez, ya que consideraban que era una buena estrategia para bajarle los humos.

Hoy las cosas son distintas porque en España hay una derecha política y una derecha mediática muy fuertes. Hoy el mundo del neoliberalismo ha erosionado en toda Europa los principios del Estado social. Por ello el ataque para deslegitimar a los sindicatos se ha desplazado. Desde el Gobierno vienen las medidas que socavan los principios en los que se sustenta el Estado del bienestar pero la retórica gruesa, la campaña para evitar el eco de las reivindicaciones, viene por parte de los sectores intelectuales y mediáticos que piensan que los sindicatos están de más. Son los que creen que ya está bien de aguantar; que no están dispuestos a pagar con sus impuestos a las organizaciones sindicales para que tengan liberados que se ocupen de las tareas organizativas; son los que defienden que no tienen sentido las actividades de formación de los trabajadores; ni la regulación de los contratos, ni la negociación de los convenios. Y todos los que defienden estas tesis son muchos y tienen mucha fuerza.

¿Cómo responder a esta campaña? Creo que es imprescindible elaborar un relato propio sobre la historia pasada y articular un proyecto para afrontar los retos que nos esperan en los próximos años. Sin ese relato y ese proyecto los sindicatos están perdidos.

Toda la lógica perversa del momento actual se resume en una entrevista hecha al mismo Boyer cuando le preguntan si tiene voluntad de volver. Elegantemente dice que no, que ya pasó su hora, que hay que dejar esa tarea a los más jóvenes, pero que, por cierto, dados los salarios en la función pública a esos puestos corremos el peligro que sólo lleguen los analfabetos. Esto lo dice la misma persona que considera imprescindible reducir el déficit público, adelgazar el Estado, imponer austeridad a esos funcionarios que ya cobran poco, pero que tendrán que apretarse aún más el cinturón.

Aquí está la clave. Los que operan en el primer tercio siguen disfrutando de unos ingresos a los que nunca llega el médico de la seguridad social, el juez, el técnico de la administración civil o el profesor de universidad, pero lo importante es movilizar todas las energías para que este sector intermedio considere que sus males no vienen de los ingresos escandalosos de los que no son analfabetos, sino que vienen de los sindicalistas que monopolizan el mercado laboral y constituyen la aristocracia obrera.

La batalla por las palabras es muy importante y la lucha contra los estigmas y los prejuicios todavía más. Mientras los sindicatos no logren movilizar al segundo tercio para su causa la batalla estará perdida. Y sólo lo harán si todos esos sectores perciben que además de defender la dignidad (algo muy importante pero insuficiente) hay alguna posibilidad de obtener alguna victoria, algún cambio en las políticas de los gobernantes españoles y europeos.

En este sentido el que la huelga de los funcionarios del pasado mes de junio fuera un fracaso puede ser una suerte porque a los benditos les va a exigir una rectificación en su estrategia de cara a la huelga general convocada para el 29 de septiembre. Es el momento de despertar y de preparar a las bases sindicales para un combate que tendrá momentos decisivos a corto plazo, pero que inexorablemente hay que saber que se juega a medio plazo.

En aquellos 80 los gobernantes tenían un margen de maniobra mayor, al tener una moneda propia; hoy los dictados vienen de fuera pero, por ello mismo, es imprescindible elevar el punto de mira y recordar que no estamos de acuerdo con este tipo de construcción europea. Cuando se discutía sobre las reformas a desarrollar en el seno de la UE los sindicatos siempre defendieron un sí crítico a los distintos procesos: de acuerdo con las reformas siempre y cuando se respetaran los derechos laborales, se preservara el modelo social europeo y se garantizara el bienestar. Era un sí condicionado a mantener un modelo que ha sido el orgullo de la cultura europea. Si ahora se va erosionando ese modelo, si se asiste a anuncios dramáticos acerca del futuro de las pensiones, de la calidad de los servicios públicos, de la edad de jubilación, hay que responder a nivel nacional y europeo con claridad y con contundencia.

Será difícil, habrá que movilizar a los que están deprimidos e insuflar ánimos a los que ven todos los procesos como algo frente a lo que nada se puede hacer; habrá que recuperar para la lucha a los que hace tiempo abandonaron esas prácticas y habrá que dar esperanzas a los que consideran que el futuro ya está escrito.

Y todo esto habrá que hacerlo en un contexto atravesado por las emociones más dispares donde se corre el peligro de aparecer como el que quiere poner palos en la rueda sin tener nada que ofrecer, o como el aguafiestas que estropea incluso los momentos gozosos. Para el interesado en visualizar este peligro, le recomiendo que busque un vídeo del telediario sin desperdicio. Se hablaba de la alegría por el triunfo de España en el Mundial cuando al reportero se le escapó «y mientras tanto, los trabajadores del Metro aguando la fiesta».

Y en eso estamos. Los benditos llamados a aguar la fiesta, a recordar que nos estamos jugando mucho, a pedir una rectificación política en Madrid y en Bruselas. Pero a esos benditos hay que recordarles un hecho sucedido no en los años 80, sino en este siglo XXI. Cuando comenzaron las primeras protestas en EEUU contra la política de Bush en Irak, cuando los intelectuales empezaron a difundir la consigna de que no estaban dispuestos a secundar cualquier estrategia contra el terrorismo, no al menos en su nombre, muchos escépticos dijeron que nadie se movilizaría, que el miedo por los actos terroristas atenazaba las reacciones, que no habría apenas oposición; y para su sorpresa todos pudimos asistir a las movilizaciones más importantes que ha vivido Europa después de la Segunda Guerra Mundial.

Si las organizaciones sindicales europeas despiertan del letargo y comprenden que incluso los benditos a veces tienen que mostrar el tigre que llevan dentro, podremos comenzar a resistir esta deriva neoliberal que amenaza con arrasar con todo y con todos.

Antonio García Santesmases es catedrático de Filosofía Política de la Uned.

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EL RUIDO DE LA CALLE

Una gaviota, siringe profunda que rema en su vuelo, me suele contar cosas de las que ocurren en Génova 13. Ahora, el pico anaranjado me ha soplado que Mariano Rajoy prepara un gobierno en la sombra. A la misma hora en la que yo hablaba con la gaviota, Soraya Sáenz de Santamaría proclamaba en el Parlamento : “Hay un gobierno en la sombra y un Gobierno en la sombrilla que es el de Zapatero“. Pero me avisa el ave-espía que lo anormal sería que Mariano Rajoy no tuviera en la cabeza un gabinete. Le pregunto si sabe nombres y me dice que Mariano Rajoy se ha cuidado de tener cuaderno azul como José María Aznar. “Siendo como es tan discreto, prudente y reflexivo, lleva el Gobierno futuro en la cabeza y no se lo cuenta ni a su mujer”. Me convence de que si se mira con atención pueden observarse desde la calle ancha en los ventanales las sombras chinescas de Güemes, De Guindos, Soraya, Gallardón…

Tal vez sea una buena idea crear un gabinete paralelo de ministros fantasmas por si se desmorona este Gobierno. Ahora mismo, todo está en manos de los vascongados, los chapelchiquis, que según Pío Baroja, gastaban una boina tan pequeña que parecía un solideo, no tenían más patria que la Iglesia Católica y querían siempre hacer de Vasconia un Paraguay del tiempo de los jesuítas. El escritor confesaba que soñaba un País Vasco limpio, agradable, sin moscas, sin frailes y sin carabineros. Eso no ha sido posible aunque haya que reconocer que Anasagasti, Erkoreka o Urkullu son más laicos y hasta socialdemócratas que sus santos padres.

Los nacionalistas tienen en sus chapelas el futuro de su nación y de la nuestra. El valor de las obcecaciones y de las zarabandas étnico- lingüísticas ha aumentado con el tiempo, y en resumen, todo está en manos de los vascongados y de Alfredo Pérez Rubalcaba, uno de los pocos supervivientes del Gobierno Zapatero. Alfredo intentará convencer a los del PNV de que si se prolonga esta legislatura hasta el 2012 profundizarán en su autogobierno y dará tiempo para lograr el fin de ETA y a que los nacionalistas salgan en la foto del metafórico Misuri donde se firmaría la rendición. Pero por si acaso cae José Luis Rodríguez Zapatero, Mariano Rajoy idea un Gobierno en la oscuridad. “Estoy preparado para gobernar y tengo algunas ideas para formar un equipo que dirija al país” acaba de declarar. Sabe que tiene mala valoración como líder aunque cree que las puntuaciones se deben a que en este país hay muchas tertulias y el 95% se dedican a meterse con algún político. Es verdad: la política está ultrajada, los políticos despreciados y las tertulias son salas extra del Parlamento.

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La certeza moral de que la liberación de los dos cooperantes catalanes Vilalta y Pascual fue lograda a cambio de un rescate de muchos euros, de la excarcelación de un terrorista y del pago de otra buena cantidad de dinero a las instancias y personas que intermediaron en la operación ha suscitado un debate público y unas críticas que parecen desvanecerse como aparecieron, entre titubeos. Los más disconformes con lo ocurrido han enunciado el problema, pero, de manera significativa, no se atreven del todo a formular una solución distinta a la que supuestamente trazó el Gobierno. La explicación es bien sencilla: el dilema planteado ante las exigencias de los secuestradores no puede encontrar una solución definitiva y plenamente coherente por parte del Estado democrático, que, a lo sumo, deberá esforzarse en minimizar los efectos negativos que pudiera acarrear su proceder.

El Gobierno -se ha dicho- debe dar cuenta en sede parlamentaria sobre los pormenores de su actuación y la de los servicios del Estado. Incluso se ha llegado a exigir que toda esa información se aporte en sesión pública, dejando para la comisión de Secretos Oficiales del Congreso aquella que verse sobre el presumible uso de fondos reservados. Esta es la posición formal del PP. Se ha enjuiciado con severidad la gestión gubernamental de la crisis, que se confirma en las acusaciones más o menos explícitas de que el Ejecutivo ha contribuido a engrandecer Al Qaeda y a financiarla. Hay formaciones políticas y sectores de opinión que, al parecer, hubiesen sido partidarios de una actitud de firmeza frente a los secuestradores. Aunque no lo dijeron durante el secuestro; es de suponer que para evitar una polémica pública que pusiera en riesgo la integridad de los cooperantes. Pero lo más elocuente del caso es que, tras su liberación, tampoco son capaces de llevar la crítica hasta sus últimas consecuencias. Por ejemplo, Rajoy podría haber declarado que un gobierno presidido por él jamás hubiese cedido al chantaje, pero no lo ha hecho.

Es perfectamente exigible que, en el Estado de derecho, el Gobierno responda punto por punto de sus acciones ante la Cámara parlamentaria y ante los ciudadanos. Pero de llevarse la lógica al extremo, no tendría sentido la existencia de “secretos oficiales” ni de fondos reservados. Como tampoco convendría esperar al final de una determinada crisis para dar cuenta de lo que se haga en cada momento. Es perfectamente legítimo que se aspire a una democracia representativa absolutamente transparente. Lo que resulta inconsecuente es que se defienda eso únicamente cuando se está en la oposición o porque se albergan recelos hacia el gobierno de turno. El sistema democrático funciona con un grado de transparencia tan razonable como perfectible, pero se ve obligado a combinar el máximo de información con la confianza que las propias instituciones depositan en sus gestores ejecutivos.

Sería fantástico que hubiese una posición determinada, un manual de instrucciones fijado para afrontar aquellas crisis que impliquen un chantaje a cuenta de la vida de personas. Pero eso resulta prácticamente imposible. El mensaje de “no secuestren a españoles porque no obtendrán nada a cambio” sólo adquiriría credibilidad tras la muerte de algunos rehenes – cooperantes, turistas o funcionarios-que el gobierno se niegue a canjear a cambio de concesiones. A ese precio es impensable un compromiso compartido por las instituciones y por todos y cada uno de los ciudadanos. Compromiso que tampoco valdría de mucho si el acuerdo no se extendiera al conjunto de los países hasta universalizarse como pauta general e inmutable.

Lo ocurrido puede dar la sensación de que el Estado predica una cosa y hace la contraria. No es del todo cierto, porque los gobiernos tienden más bien a mantener un espacio de ambigüedad preventiva. Ambigüedad que resulta menos nociva cuando se administra con discreción que cuando da lugar a expresiones contradictorias, como esa de que “la única estrategia no debe ser pagar rescates”, dirigida por Sarkozy a sus embajadores, reconociendo implícitamente que llegado el caso ha de considerarse la cesión. Sería ideal que el Estado democrático pudiera funcionar sin ese espacio de ambigüedad preventiva. Pero no parece que sea factible frente a enemigos que no atienden a convención alguna. En un país con otra tradición, gobierno y oposición compartirían la suficiente información sobre la liberación de Pascual y Vilalta como para hurtársela juntos a la opinión pública. Aquí solo es de esperar que nadie se caliente la boca como para verse obligado a denunciar al Gobierno ante los tribunales por complicidad con Al Qaeda.

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TRIBUNA

El caso HSBC es noticia por las cuentas bancarias no declaradas por algunos ciudadanos españoles. La Agencia Tributaria (AEAT) ha decidido actuar, pero sorprende el trato dispensado al invitarles previamente a regularizar; trato que no se justifica ni por las dudas legales que puedan existir sobre la validez en España de la información obtenida por medios ilícitos ni por el hecho que, según parece, los datos de que se disponen son incompletos. Sea como fuere, casos como el de HSBC invitan a la reflexión.

Primero, porque evidencian una cierta incompetencia de la Administración en la lucha contra el verdadero fraude ya que, de hecho, las actuaciones en curso son el fruto de la acción de un tercero ajeno a la AEAT y no de la política de esta última contra el fraude. Y segundo, porque una vez más se constata que la información que Hacienda no tiene no existe, circunstancia que preocupa, y mucho, porque significa que las actuaciones de la AEAT se centran básicamente en quienes declaran.

En definitiva, no se dedican los recursos necesarios a investigar lo oculto sino en comprobar lo ya declarado, actividades, sin embargo, que son muy distintas. Comprobar es verificar que lo declarado es correcto, y para ello el punto de partida son los datos declarados y los que la AEAT dispone, sin perjuicio de los que se descubran en el transcurso de la propia comprobación. Por el contrario, investigar es averiguar hechos, actos o negocios que no sólo no se han declarado, sino de los que la Administración no dispone de ninguna información.

Pero lo preocupante no es ya únicamente que esta última actividad no sea la habitual, sino que el éxito de la comprobación no sea tampoco atribuible íntegramente a la AEAT, sino fundamentalmente a los contribuyentes, a los que la normativa les impone desproporcionadas obligaciones de información y control cruzado. Por incomprensible que parezca, la denominada lucha contra el fraude se alimenta de una desmesurada presión sobre quienes cumplen, de interpretaciones al límite de una ley hecha más bien para alimentar la conflictividad, de un sistema en el que la duda razonable, se diga lo que se diga, es favorable a la Administración y de las desorbitadas facultades que la ley concede a la Administración y que parecen concebidas como si lo habitual fuera el fraude.

Pero sin negar el resultado que para esta tiene este sistema, la ausencia de investigación y los pleitos cuyo origen son la deficiente legislación protegen a quienes defraudan y desaniman a quienes cumplen. El caso HSBC creo será, de nuevo, un ejemplo más. A pesar de ello, no hay que olvidar que el principal antídoto frente al fraude es la asfixiante, rápida y ejemplar presión sobre quienes incumplen. Y, por favor, dejemos ya de repetir el temor a la fuga de capitales, ya que acabaremos dando las gracias a quienes más tienen aunque no sean quienes más paguen.

Antonio Durán-Sindreu Buxadé. Profesor de la UPF y socio director de Durán-Sindreu Abogados.

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La sentencia del Tribunal Constitucional (TC) ha mostrado el gran engaño de la Transición en Catalunya. Zapatero expresó con claridad la meta: “Se ha conseguido el máximo grado de descentralización posible en la España constitucional”. En la descentralización, un poder central decide las políticas a seguir y distribuye los recursos públicos para que sus delegaciones las ejecuten. En la autonomía con recursos no dependientes del Estado se decide exclusivamente y se ejecutan aquellas políticas que por ley le son propias.

El TC ha desmontado las paredes maestras del autogobierno catalán. Primera: la apelación a los derechos históricos y a la nacionalidad como fuente diferencial de autogobierno. Más allá de 1714, Catalunya tuvo existencia legal junto con Euskadi y Galicia en la España democrática del 31 al 36 y es la única comunidad que, reconociendo legalmente la legitimidad de la Generalitat en el exilio en la persona de Tarradellas, validó esta diferenciación histórica. Segunda: el TC elimina el principio básico del autogobierno que se aplica en cualquier Estado compuesto: la existencia definida de competencias exclusivas. Y tercera: niega el derecho elemental a la autoidentificación cuando, de forma obsesiva, elimina la posición preferencial, que no excluyente, del catalán en nuestra legalidad.

¿Cuáles son los antecedentes de la sentencia? Esta se basa en la Constitución y en su bajo techo democrático. En 1978, las fuerzas mayoritarias del catalanismo, en un ataque de responsabilidad –Catalunya tenía que hacer sacrificios en aras de la democracia–, negociaron mal y engañaron al electorado catalán, reclamando un sí masivo a la Constitución con el argumento de que allí cabían las demandas de autogobierno. La esperanza se perdió después del 23-F, al que sucedieron la Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico, la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas y reiteradas sentencias del TC que iban interpretando autonomía como descentralización. Este papel del TC fue otorgado por la Constitución y la ley subsiguiente votada por los catalanistas que ahora se quejan: socialistas, convergentes y ecosocialistas.

Mientras tanto, el pujolismo era una opción perfecta para la “conllevancia”, bien visto desde PSOE y el PP. Alimentaba la llama identitaria de vez en cuando –quiénes se han creído que somos nosotros– mientras practicaba la política de lobby liberal en Madrid, apoyando a gobiernos a cambio de influencia o favores. El modelo autonómico avanzaba cada vez más en descentralización y cada vez con menos margen de maniobra presupuestaria, más déficit fiscal e invasión competencial permanente. Y un Estado central cada vez más irresponsable, que traspasaba la gestión de los servicios reteniendo el poder de decidir en políticas y en capacidad presupuestaria real, endosaba gastos a las autonomías, ponía en marcha programas que invadían competencias y, en cambio, no tomaba decisiones que eran de su responsabilidad.

El Estatut de 2005 quería pasar página. No fue posible. Decía Mas en el Parlamento: “Si hubiéramos mantenido el anterior proyecto de estatuto, la carnicería habría sido más brutal”. Qué cinismo. Como la pareja de Sweeney Todd, los barberos Mas y Zapatero, de Moncloa Street, ya mutilaron brutalmente partes sustanciosas del Estatut de septiembre de 2005: derechos históricos en el prólogo, concierto económico, autocapacitad de organización territorial, etc. De hecho, si la sentencia del TC ha consistido en cuatro declaraciones de inconstitucionalidad y un puñado de interpretaciones es porque el texto pactado por Mas era poco más que revestimiento con cartón piedra del texto del 79. El TC ha puesto en evidencia dos problemas a la vez: las limitaciones democráticas de la Constitución y del propio TC, y el vacío y la ambigüedad del Estatut de la Moncloa.

¿Qué hubiera pasado aguantando el texto surgido del Parlamento? Que la mayoría PP-PSOE hubiera votado en contra del Estatut y no se hubiera llevado a referéndum, quedando claro de entrada lo que ahora ha tardado cinco años en demostrarse, con gran erosión.

Sin embargo, una tercera parte del censo catalán votó a favor del Estatut recortado y es por ello que ERC ha defendido la voluntad democrática, apostando por su desarrollo. Ese es el sentido del segundo Gobierno de izquierdas, así como el objetivo de blindar con acuerdos nacionales tres aspectos básicos para un futuro de libertad y justicia social: pacto por la educación, por la inmigración y por la innovación, destinados a tener ciudadanos formados y nacionalmente cohesionados, garantizar la cohesión social y hacer que la economía catalana pase a ser global y no dependiente de la española. Esquerra ha seguido así una trayectoria coherente. Se abstuvo en la Constitución del 78 por poco democrática, dio apoyo al primer Gobierno de Pujol para consolidar la escasa autonomía y finalmente ha promovido un Gobierno con los federalistas para poder realizar una reforma federalizante del Estado. Las dos vías, autonómica y federal, han quedado abortadas explícitamente tras la sentencia del TC. Es por ello que la historia nos reconocerá el ejercicio de transparencia que hemos provocado. Ahora toca que los ciudadanos de Catalunya, de forma serena pero incansable, inicien con los votos, los argumentos y la organización de la sociedad civil el camino hacia el Estado catalán, el único que nos puede garantizar una plena democracia.

Josep Huguet i Biosca es Conseller de Innovación, Universidad y Empresa, y dirigente de ERC

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Unas veces por razones de seguridad, otras por motivos económicos y recientemente como eslogan electoral, lo cierto es que la política migratoria de los países europeos es, cada vez más, un medio de defensa frente al extranjero. Decía Kapuscinski que el mayor descubrimiento del hombre no ha sido la rueda sino el encuentro con el otro, con el semejante. En la actualidad, los países europeos se están especializando en responsabilizarlo de todos los problemas.

No se trata de un fenómeno nuevo. Ya en Francia se sucedieron periodos en los que se fomentaba la llegada de mano de obra extranjera (por las necesidades de reconstrucción tras la I Guerra Mundial) con otros de expulsiones colectivas (cuando la crisis económica de los años treinta sacudió el país).

Pudiera pensarse que con la Unión Europea los países desarrollarían políticas más integradoras, ya que aquella se basa precisamente en la libertad de circulación de las personas (no sólo de capitales). Un principio que da sentido además al concepto de ciudadanía europea. Sin embargo, la falta de desarrollo de una política migratoria y de ciudadanía común está generando el progresivo endurecimiento de las políticas nacionales. De un lado, las medidas adoptadas en un país se usan como justificación en otros (Italia ya ha anunciado medidas similares a las francesas con los poblados romaníes). De otro lado, la libertad de circulación provoca el temor a que una política permisiva convierta al país que la adopte en el destino principal de los flujos migratorios.

Tras la última ampliación de la Unión Europea, diversos países adoptaron una moratoria para aplicar la libertad de establecimiento de los nacionales de los nuevos estados miembros. No tan lejos queda la posición del Gobierno laborista británico sobre la amenaza que representaba el “fontanero polaco”. Esta moratoria, ampliada para países como Bulgaria y Rumania, justificaría conforme al derecho comunitario unas medidas que, sin embargo, vacían de contenido el principio que inspira la construcción europea. Por ello, las expulsiones colectivas no constituyen un problema estrictamente nacional: la exclusión social de la comunidad romaní se produce tanto en Francia como en Bulgaria y Rumania, de donde mayoritariamente proceden estas comunidades. Tampoco es un problema migratorio, sino de dar contenido (o sentido) y aplicar los derechos ligados a la ciudadanía europea.

Alfonso Egea de Haro. Profesor de Ciencia Política.

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«Lo más grande que el hombre ha hecho se lo debe al sentimiento doloroso de lo incompleto de su destino».
(Madame de Staël)

Unquera-Llanes o la fuerza del sino. Oviedo-La Espina o la burla que no cesa. La Autovía del Cantábrico a su paso por Asturias o la insostenible inanidad de una tierra que no tiene quien la reivindique. El peaje del Huerna o la promesa incumplida que alcanzó la vejez. La FSA o el discurso cautivo. El PP astur o el partido que once años después no se repuso de su única -y pírrica- victoria política. IU o la subcontrata política más ventajosa del arecismo. ¡Qué panorama, Dios mío, qué panorama!

¿Dónde está el Deus ex machina que nos condena a que, en materia de infraestructuras, nos cueste tanto alcanzar la transitividad que no tenemos? En lo tocante a nuestra salida a Europa, parece que siempre nos tropezaremos con el tramo Unquera-Llanes. Entre la gran ciudad astur y el suroccidente, siempre nos quedará la autovía de la Espina, cuyos tramos sin terminar, o bien están prácticamente paralizados, o bien el Ministerio del señor Blanco decidió rescindir el contrato con la empresa correspondiente, como en el caso de la segunda calzada entre Salas y la Espina. En lo que concierne a nuestra comunicación por carretera con la Meseta, estamos condenados a seguir pagando peaje, por mucho que se haya venido prometiendo que se iba a suprimir. Entre Asturias y Galicia, nos los fían cada vez más largo.

Pero aquí el personal está muy contento, claro que sí. Ahí tenemos, por ejemplo, al dirigente socialista Álvaro Cuesta que, a pesar de los pesares, le escanció un culín de sidra al señor Blanco en Villazón durante la visita del Ministro a nuestra tierra con motivo de la inauguración del tramo entre Grao y Doriga el pasado mes de julio, evento que se llevó a cabo con dos años de retraso. ¡Eso es velar por nuestros intereses y lo demás cuento! Pero aquí todos contentos, el señor Buendía está encantado con los recortes, y, dando muestras de unos recursos expresivos que hubieran asombrado al propio Quevedo, nos deleitó con una perorata futbolística. ¡Toma poder metafórico, que diría el señor Moreno! (Me refiero al «¡toma!», que no a la metáfora). Pero aquí todos contentos, don Javier Fernández, que tanto se afana y se desvela por el bienestar de los más desfavorecidos, comprende las últimas reformas del Gobierno en materia de pensiones y de reforma laboral. Pero aquí todos contentos. Don Ovidio Sánchez, tras la energía espiritual que le proporcionó su viaje a Tierra Santa, seguro que comienza el curso político dispuesto a todo, quién sabe si a perder por cuarta vez. Pero aquí todos contentos. El alcalde de Oviedo, a pesar de «Villa Magdalena» y otros asuntos no muy favorecedores de las cuentas municipales, es feliz desdiciéndose y anunciando buenas nuevas. Pero aquí todos contentos. El vibrante señor Sariego, dicharachero edil gijonés de retórica castelarina, pone su granito de harina y de arena al pan y circo del localismo astur, y así la diversión entre los unos y los otros está más que asegurada.

Platos rotos astures. Ni el arecismo que está en retirada, ni tampoco el emergente candidato socialista don Javier Fernández tienen a bien plantar cara al Gobierno a resultas de los recortes presupuestarios que está sufriendo Asturias. Sus señoritos madrileños son intocables, claro está.

Platos rotos astures. Ante ello, el PP, en lugar de disponer de un candidato con un proyecto para Asturias que avance lo que espera que el Gobierno español decida con respecto a nuestra tierra, está dando el espectáculo de proponer un candidato al que meses después desautoriza, está ofreciendo una imagen de división interna, no ya antes de gobernar, sino antes incluso de transmitir a la ciudadanía asturiana su proyecto.

Platos rotos astures. Por mucho que las grandes luminarias políticas de IU en Asturias digan estar en desacuerdo con las últimas medidas del Gobierno de Zapatero que con tamaña sumisión acata el Gobierno autonómico al que apoyan, ahí siguen en sus consejerías y sinecuras para los suyos.

¿Por qué nos cuesta tanto algo tan elemental e imprescindible como concretar lo que Asturias necesita a día de hoy? ¿Por qué hemos llegado a un escepticismo tan pasivo que, suceda lo que suceda, aceptamos convivir con la sumisión del Gobierno autonómico por una disciplina de partido que se antepone a los intereses de esta tierra? ¿Por qué nos resignamos a que el PP se comporte de modo tal que parece a aspirar a seguir estando en la oposición en vez de articular un proyecto y una candidatura que, al menos, suscite el debate político en Asturias? ¿Por qué nos hemos hecho a la idea de que la coalición de izquierdas sea poco más que una oficina de empleo para sus camaradas y anteponga eso a su programa político en el que, en teoría, tendría que existir, además de lo negociable, lo irrenunciable?

Me temo que, a propósito de la brillante afirmación de Madame de Staël que encabeza este artículo, en la Asturias de hoy el «doloroso sentimiento de lo incompleto de nuestro destino», en lugar de llevarnos a la necesidad de mejorar como sociedad, nos conduce a todo lo contrario: a un fatalismo que nos cercena y arruina.

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Érase una vez un paisano de Lugo que se llegó al hospital a ver a su amigo del alma. Era un optimista que sabía que lo importante para reconfortar al enfermo era el primer saludo. Así que preparó su mejor sonrisa, ensayó el mejor de los gestos, entró eufórico en la habitación, se acercó al paciente y le dio una palmada en el hombro yacente: «Conque agonizando, ¿eh?». Tenía que haber ocurrido en Lugo, ya digo, pero el último libro de Manu Leguineche sitúa esta escena en una clínica de Guadalajara o por allá.

Si a mí me invitase Zapatero a visitarle en su despacho a su regreso de China, no encontraría un saludo mejor: el señor presidente del Gobierno está agonizando espléndidamente. Hay cronistas que cada mañana escriben su parte de empeoramiento con fruición. Las constantes vitales que reflejan las encuestas no anuncian mejoría. Aparecen extraños virus, como el desconocido de Tomás Gómez. El personal de enfermería ultima una huelga general que lo puede dejar sin asistencia. Los facultativos dudan que el enfermo pueda resistir la próxima caída de la hoja. Y los que desean su defunción, abundantes y visibles, la quieren rápida y contundente: no sea que se le ocurra recuperarse y resucitar.

Ese es el combate con que empieza el curso político: una batalla entre la vida y la muerte del protagonista. Observe el lector que apenas hay discusión sobre grandes temas de Estado. Todo lo que pasa, se interpreta como consecuencia de la débil salud del presidente. Parece que la sociedad no existe ni piensa ni tiene iniciativa, y su papel ha sido usurpado por la uci instalada en la Moncloa. Y es tan grave el diagnóstico, que la supervivencia del enfermo depende de la respiración asistida. Si los nacionalistas vascos le enchufan los tubos de los Presupuestos, seguirá habiendo Zapatero año y medio más. Si se los retiran, acabose.

Le pregunté al ministro Ángel Gabilondo si seguía viendo a Zapatero con ganas, y me dijo: «Con todas las ganas, aunque no sé de dónde las saca». Yo sí lo sé. Las saca de leer y escuchar cada mañana la salutación del paisano: «Conque agonizando, eh?». Lo saludan tanto así, que su propia agonía le da fuerzas para seguir. El coro cotidiano lo convierte en responsable de todas las desgracias, y eso tiene un efecto de rebote: él se ve como salvación de tanta desgracia. No es que haga una política personalista. Es que oposición y opinión publicada centran la política en su persona. Con ese tono empieza el curso político. No hay debate sobre los asuntos de España. Solo hay debate sobre la salud del moribundo. Por eso, su victoria ya no es solo conseguir resultados de gobierno. Su victoria es, sencillamente, seguir vivo entre tanto anticipo de funeral.

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Volvemos de vacaciones con importantes novedades en el frente económico.

Primero las buenas.

La confianza parece haber vuelto a los mercados de Deuda Publica, en especial para España. Las primas de riesgo, y con ellas los tipos de interés que nos piden los mercados financieros para financiar el deficit, bajan. Nos ahorramos así bastante dinero con respecto a las previsiones y podemos salvar del recorte algunas inversiones sin aumentar el deficit.

Además ,sorprendentemente ,el crecimiento económico en Alemania ha mejorado y ahora se estima que será el 3 % anual. Casi el triple de la media de la zona euro, el doble de Francia y muy lejos de nuestro renqueante +0,1, -0,1 %.

Las malas son que, aparte de Alemania, la economía europea en su conjunto sigue estancada y las japonesas y americana también.

Las primeras noticias de la vuelta al cole es que Japón tiene que lanzar un nuevo plan de estimulo presupuestario, el enésimo, de casi 100.000 millones de yenes para ahuyentar el fantasma de la recesion y ver si consigue debilitar su moneda, cuya fortaleza esta dificultando las exportaciones, única componente de la demanda en la que todavía pueden confiar para reactivar el crecimiento.

En EE.UU., Obama acaba de reconocer que el crecimiento es demasiado débil para que se pueda hablar de recuperación, especialmente del empleo. Ben Bernanke asegura estar dispuesto a tomar de nuevo medidas “no convencionales” para sostener la economía si falta hiciera. Pero lo cierto es que dos años después del septiembre del 2008 que vio hundirse a Lethman Brothers la confianza no ha vuelto y la economía mundial se debate entre la esperanza del crecimiento y el temor de la recesion-deflación.

Como antes del verano, opiniones y las predicciones las hay para todos los gustos .El FMI, a pesar de haber revisado a la baja las suyas, sigue esperando un crecimiento del 2,6 % para los países avanzados y de casi el 10 % para China. Pero lo que decía Ben Bernake el pasado 10 de agosto: “el crecimiento y el empleo serán mas moderados de lo que esperábamos” se puede aplicar al conjunto de la economía mundial, a la que acechan tres, al menos, riesgos importantes a los que va a enfrentarse.

El primero es el desendeudamiento de las familias ,que va a reducir el consumo .Cuando los problemas de exceso de endeudamiento afectan a las empresas ,el ajuste se realiza mas rápidamente porque cortan inversiones y reducen el empleo hasta que deforman el reparto del valor añadido en su beneficio .Pero cuando son las familias las que se han endeudado en exceso ,del orden del 80 % en la zona euro ,y por encima del 150 % en los tres países cigarras ,EE.UU.,Reino Unido y España ,se pone en marcha un circulo vicioso de reducción de las compras de viviendas y del consumo ,que disminuye el empleo ,la renta…y el consumo . Es lo que paso en Japón desde 1990 y lo que puede ocurrir ahora sobre todo con los ajustes presupuestarios draconianos aplicados en Europa.

El segundo es la fragilidad del sistema financiero y en consecuencia el lento ritmo de recuperación de los flujos de crédito .Cierto que los test de resistencia de los Bancos han ayudado ,especialmente a España a que pudiesen recibir financiación ,pero cualquier mala noticia puede provocar otra subida de los tipos de interés y restricciones del crédito .

En este sentido ,el diferencial de crecimiento que se esta instalando en Europa puede hacer que las escobas se vuelvan lanzas y que el crecimiento económico alemán ,mucho mayor que el de los demás países de la eurozona ,sea mas un problema que una solución .En efecto ,el BCE se va a ver enfrentado a necesidades de política monetaria muy diferentes de un país a otro .Dios quiera que el crecimiento alemán ,por encima del 3 %,no sea inflacionista . Si existe un peligro de recalentamiento en el otro lado del Rhin ,el BCE no tendría mas remedio que subir los tipos de interés ,que son los mismos para todos .Para las economías en pleno ajuste del sur de Europa ,como la nuestra ,eso seria fatal .Hasta ahora hemos aguantado porque tipos de interesa bajos disminuyen la carga de la deuda de familias y empresas ,pero si los tipos subieran significativamente porque así conviniese al dogma antiinflacionista del BCE ante un repunte de la inflación alemana ,la situación se nos complicaría bastante

El tercer riesgo es el de una mala elección de la política económica .En Europa hemos conseguido ponernos de acuerdo en la que hay que aplicar ,pero no estoy muy seguro que sea el buen acuerdo .El pánico creado esta primavera sobre l deuda soberana griega y después de la de otro países ha provocado un rigor presupuestario cuya generalización es injustificada desde un punto de vista de la racionalidad económica y que hará sentir sus efectos negativos sobre el crecimiento a corto plazo.

El Presidente del BCE ,a diferencia de su colega americano ,nos ha dicho que es optimista sobre el crecimiento en Europa .De su capacidad de predicción hay serias dudas porque en julio del 2008 se fue de vacaciones después de subir los tipos de interés porque “veía venir tensiones inflacionistas”.A la vuelta de ese verano se abría la recesion mas grave desde 1929 y tuvo que bajarlos a todo correr

Cuidado con los optimismos injustificados .Un banquero central optimista es alguien que no hará nada para favorecer el crecimiento ,aunque no creo que endurezca su política monetaria.

Nadie sabe por donde van a ir los tiros ni lo que va a ocurrir .Si quieren saber porque pueden ir peor de lo que esperamos les aconsejo la lectura del blog de Paul Krugman.

Nota biográfica

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El hecho de que El Corte Inglés haya reducido en algo más del 40%  su inversión durante el último ejercicio fiscal (cerrado en febrero pasado)  no es un asunto de menor importancia. Es relevante por su impacto en la economía, ya que son unos 800 millones de euros menos que podrían haber significado bastante en nivel de empleo. Pero quizás sea un tema de más alcance cuando se le asigna un valor de diagnóstico del futuro de la economía española.

La empresa que preside Isidoro Alvarez, sobrino del fundador, Ramón Areces,  es una de las  compañías españolas más significativas en el sentido de que sus latidos y sus vibraciones reflejan bastante bien algunos de los sentimientos y de las sensaciones más arraigadas en cada momento en la sociedad española y sobre todo en la economía. Basta darse una vuelta dos o tres veces al mes por las tiendas del líder español de la distribución para extraer conclusiones bastante aproximadas del acontecer de la economía española.

El Corte Inglés es una de las grandes empresas españolas cuya dependencia del dinero público es menor.  Zapatero no suele retratarse nunca con Isidoro Alvarez, aunque prodigue las reuniones de alto nivel con banqueros y constructores. Es una empresa que no tiene vitola de poderosa ni sus dirigentes fama de influyentes. Es más, salvo Alvarez (que tampoco es un prodigio de  fotofilia, valga de palabra), ninguno de sus directivos aparecería nunca en las clasificaciones de gente importante de este país. Son unos perfectos desconocidos, no sólo para el gran público, también para los sectores más elitistas y enterados de la sociedad.  La escasa dependencia del dinero público que caracteriza a este grupo empresarial (no así de las autorizaciones de apertura de nuevos centros, asunto en el que tiene serias dificultades con algunas Autonomías que todavía esgrimen el presunto perjuicio que esta empresa causa a los pequeños comerciantes, vivero de voto popular en algunos casos) puede facilitarle las cosas en un entorno como el que se avecina para el próximo ejercicio, caracterizado por las estrecheces presupuestarias.

Las tiendas de El Corte Inglés son materia prima suficiente para cualquier análisis de coyuntura. No hace falta devanarse mucho los sesos con cuadros estadísticos y con datos de la más diversa procedencia para llegar a  conclusiones bastante similares que las que puede obtener un observador atento que se fije en los pasillos y sobre todo en los que conducen a las salidas de los establecimientos, para comprobar cuántos de los visitantes han venido a eso, a darse un paseo, y cuántos salen con las bolsas medio llenas o repletas. El Corte Inglés es todo un termómetro en el que trabajan poco más de 90.000 personas (equivalentes a tiempo completo) y cuyas tiendas son visitadas cada año (según estimaciones de la propia compañía) por unos  650 millones de personas. Hay materia, por lo tanto, más que suficiente para considerar que se trata de un pozo de sabiduría estadística y económica. En auténtico termómetro, en suma.

De todas las ideas y manifestaciones que han salido de la  Junta de Accionistas de la empresa, celebrada este último domingo de agosto (es tradición), lo que puede resultar más llamativo es el frenazo  en la inversión y la afirmación de Alvarez de que el “año más difícil” ha quedado atrás. Es una buena valoración y lo sería más si no fuera porque el futuro tampoco aparece como para tirar cohetes.

No invertir quiere decir,  de alguna forma, renunciar a un futuro más optimista, de crecimiento, y quiere decir también que los recursos que generan hoy en día las empresas están bastante más ajustados que en el pasado y existen tanto menos disponibilidad de autofinanciación como menor alegría crediticia, asuntos ambos que nos sitúan en el epicentro de la actual situación económica. Cuando hay expertos y analistas que dicen que España tardará en salir de la crisis y que esta será más pronunciada que las que conocíamos en los últimos lustros, se está precisamente aludiendo a que los empresarios no ven  el futuro suficientemente claro como para seguir invirtiendo. Y optan por la posición conservadora. En el caso de El Corte Inglés no habrá parón, pero sí una reconsideración de estrategias de inversión. Es una posición bastante extendida entre las grandes empresas españolas en los últimos meses.  Han optado por diversificar: centrar el esfuerzo de crecimiento en otros mercados fuera de España y, aquí dentro, mejorar eficiencia y diversificar productos y actividades. El termómetro del crecimiento registra todavía temperaturas bajas.

Nota biográfica

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