Caffè Reggio

Gran parte de los análisis políticos que leemos en las últimas semanas ven en las primarias un problema. Influenciados por los estudios académicos o por experiencias pasadas, se ha acabado extendiendo la idea de que las primarias tienen más costes que beneficios. Se hace excesivo énfasis en el “ruido” que se genera y, en cambio, no se presta atención a sus potencialidades. Pero, como en otros muchos temas de estudio, esta conclusión es cuestionable.

En primer lugar, elegir a los candidatos a través del voto directo y secreto de la militancia da un mayor protagonismo a los afiliados. Si los militantes se sienten partícipes de un proceso tan importante, su motivación aumentará y su implicación en la campaña electoral será mucho mayor.

Estudios de sociología política han demostrado que los afiliados a los partidos pueden marcar la diferencia a la hora de aumentar los apoyos electorales: en aquellos lugares donde son más numerosos y más activos, los partidos políticos obtienen mejores resultados.

Además, no solo los que ya forman parte de la organización se sentirán más motivados. Simpatizantes y votantes próximos al partido pueden tener ahora más incentivos para afiliarse. Si sienten que van a tener protagonismo, la militancia es mucho más atractiva y, de nuevo, a mayor militancia, mayores expectativas electorales.

En segundo lugar, dado que este proceso de selección de candidatos todavía no es muy habitual en España, goza de una gran proyección mediática. Cada vez que el Partido Socialista ha hecho uso de las primarias, los medios de comunicación han destinado numerosos espacios a informar de él. Si los candidatos saben utilizar esta oportunidad, el Partido Popular debería sentirse incómodo.

En el caso de las primarias en Madrid, este protagonismo en la agenda era muy necesario. Realizar la tarea de oposición en la Comunidad de Madrid no es sencillo. Por un lado, los medios de comunicación públicos son de un enorme partidismo. De hecho, los ciudadanos madrileños declaran en las encuestas del CIS sobre calidad de la democracia que sus medios de comunicación públicos son los más sesgados de toda España.

Por otro, en Madrid la política nacional lo empapa todo y las cuestiones regionales ocupan una posición secundaria en la agenda. Gracias al proceso de primarias, el Partido Socialista va a tener el protagonismo que no ha disfrutado en los últimos años y va a poder poner de manifiesto la mala gestión de Esperanza Aguirre.

En tercer lugar, la vida interna de los partidos traslada información muy valiosa a los votantes. Por ello, las primarias indican algo más que una forma de seleccionar candidatos. En política, los conflictos se pueden resolver de muchas formas. En el Partido Popular, cuando estaba en juego la sucesión de José María Aznar, se optó por el método menos democrático posible. En cambio, en el Partido Socialista, cuando surge un dilema, se opta por la democracia, ya sea en forma de congresos abiertos y competitivos o de primarias. Son dos formas radicalmente distintas de entender la política.

Estas diferencias no son una anécdota. Estas distintas visiones sobre como resolver los problemas son un reflejo de la acción política diaria. Si echamos la mirada a los últimos años, veremos que desde que el Partido Popular pasó a la oposición, ha tratado de ganar en algunas instituciones lo que perdió en las urnas. Así, por ejemplo, el boicoteo a la renovación del Tribunal Constitucional responde a esta visión de la democracia.

En definitiva, las primarias que va a celebrar el Partido Socialista en algunas comunidades autónomas pueden ser una gran oportunidad: activan a la militancia, dan mayor visibilidad al proyecto político y reflejan el talante democrático de la formación.

Esto no significa que las primarias deban generalizarse. Siempre existe la tentación de usar este tipo de procesos para fines totalmente distintos de lo que se persigue: seleccionar a los mejores.

En ocasiones, algunos grupos pueden tener la tentación de utilizarlas con propósitos totalmente equivocados: ajustar cuentas internas, tener un lugar bajo el sol en las futuras listas electorales o por el mero hecho de sentirse protagonistas por un día. Cuando estos son los objetivos, el ruido se impone a las oportunidades que ofrecen.

Por ello, si el Partido Socialista es capaz de aprovechar los beneficios de las primarias, su expectativas electorales aumentarán y podrán sentarse las bases para recuperar los Gobiernos donde está en la oposición.

Ignacio Urquizu es profesor de Sociología en la Universidad Complutense de Madrid.

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Reforzar la política de austeridad presupuestaria, o lo que es lo mismo, endurecer el Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC) del euro, es el gran asunto del momento, en el camino hacia la unión económica. Pero España ni está ni se la espera. El Gobierno ni sabe ni contesta. La oposición no comparece. ¡Nos jugamos las habichuelas y están de brazos caídos!

La vicepresidenta Salgado se opuso el 7 de septiembre a nuevas sanciones a los incumplidores de los techos máximos de déficit y deuda. El presidente Zapatero aplaudió en la cumbre del día 16 unas nuevas sanciones en el PEC, “eficaces, automáticas y directas”. Salgado reiteró el lunes 27 su discrepancia con nuevas sanciones (no ya por déficit, sino por desequilibrios macro). O sea, ruido verbal.

A las seis propuestas de la Comisión han contribuido con papeles varios el equipo de Van Rompuy y 16 de los 27 Gobiernos de la Unión: los grandes como Alemania, Francia, Italia y Reino Unido, por supuesto. Pero también gnomos como Eslovaquia o Estonia… y Bulgaria. ¡Por vez primera en un cuarto de siglo España es incapaz de escribir una propuesta, una aportación, una fórmula!

De momento, el pastel queda así. Gana el pontífice de la ortodoxia, Alemania, al endurecer las sanciones, ampliar los mecanismos de vigilancia e incorporar a las futuras normas nuevos conceptos (“política fiscal prudente”) y procedimientos (contra el desequilibrio macroeconómico). Pero la resistencia de Francia (con Italia y Bélgica) aplaza a otro paquete legislativo castigos como la retirada de los fondos estructurales o del derecho al voto. Y suaviza una pizca el automatismo de las sanciones que postulaban Berlín, Bruselas y Francfort.

La experiencia española permitiría aportar, al menos, cuatro ideas:

1.- Desgermanizar el Pacto. Si hay que endurecer el PEC, hágase, pero no solo modulando las sanciones, sino también cambiando los criterios que permiten sancionar o eximir del castigo. Elimínense los que suavizaron en 2005 el PEC, al eximir de facto las sanciones a países con perfil tipo Alemania o Francia.

2.- Las multas, a la bolsa común. Acábese con la vergüenza de que el importe de las multas “se distribuya entre los Estados miembros del área euro no involucrados en un procedimiento de desequilibrio”, según el texto COM(2010)525/2. Que nutran el Presupuesto común (aún demasiado enclenque) o una institución común o el fondo de rescate común.

3.- Reforzar el semiautomatismo. Sería sensato un mayor plazo (solo se prevén 10 días) para las sanciones, y al tiempo un umbral de mayoría que desborde la que puedan trabar París y Berlín en su exclusivo beneficio, como en 2003. Quizá una mayoría supercualificada.

4.- Dar contenido a la C. La C (Crecimiento) del PEC es mera retórica, que aportó en su día la mala conciencia francesa. Nada hay en el Pacto de políticas de estímulo al crecimiento. Nada. Elimínese, pues, la C, y se acabó el engaño. O propóngase darle contenido. Es decir, avanzar sobre los dos carriles, austeridad y estímulo, no solo sobre el primero. Un designio posible: política restrictiva nacional; política expansiva comunitaria.

Eso, o lo que sea. Gobierno y oposición: abandonen la huelga (de brazos caídos). ¡Existan!

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A FONDO

Los sindicatos echaron toda la carne en el asador porque, a una semana de la huelga, sus dirigentes eran conscientes de que el 29-S estaba abocado al fracaso.

Como en ninguna otra huelga, los cuadros movieron a las bases, los liberados trabajaron horas extra, la jornada se planificó casi con disciplina militar, con el objetivo de paralizar los transportes y conseguir así un efecto multiplicador.

Tenían garantizado el seguimiento en las grandes empresas del automóvil y del sector del metal, los cinturones de las grandes ciudades y poco más. Como mínimo, el objetivo era alcanzar una repercusión similar a la huelga general de 2002 contra la reforma de Aznar.

Si se superaba ese listón, el prestigio sindical quedaba salvado. Méndez y Toxo podían presumir de su poder ante Zapatero, mantener su capacidad de presión, seguir representando, en definitiva, la fuerza de choque de la izquierda. No hay que olvidar que el hoy presidente del Gobierno encabezó con los líderes de UGT y CCOO la manifestación de Madrid contra la política económica del PP, hace ocho años.

“Cuando los sindicatos convocan una huelga general”, reflexiona un viejo sindicalista, “no sólo se juegan su prestigio ante el Gobierno y los ciudadanos, sino también ante sus propias bases, ante los miles de trabajadores que piensan que su organización es capaz de movilizar a millones y, por tanto, ganar ese pulso”.

Siguiendo con ese razonamiento podría decirse que UGT y CCOO perdieron ayer con claridad sus dos grandes retos. Primero, a pesar de que Méndez y Toxo mantuvieron la cifra irreal del 70% de seguimiento, ellos saben mejor que nadie que el paro no superó el 30%. Zapatero también lo sabe y eso le permitirá ir de perdonavidas con los sindicatos. Les convocará para hablar de la reforma laboral y la reforma de pensiones, hará algunas concesiones, resaltará su papel en la democracia y bla, bla, bla.

Pero, en segundo lugar, los líderes de CCOO y UGT tendrán que mirar hacia dentro de sus organizaciones. Valorar dos cosas: que el enorme esfuerzo realizado ha servido de muy poco y que, precisamente por ello, han salido tocados del envite.

En la gran huelga general del 14-D, contra Felipe González, el Gobierno tuvo que rectificar. Ante una movilización mucho más reducida, Aznar también se echó para atrás con su reforma. La diferencia es que ahora Zapatero no tiene ninguna razón para modificar la ley aprobada en el Congreso.

Es verdad que en ninguna de las dos huelgas generales anteriores la situación económica era tan dramática como ahora, ni estaba la espada de Damocles de los mercados sobre los tipos de interés de nuestra deuda. Y que, por ello, el Gobierno tenía ahora menos margen de maniobra.

Pero el fracaso de ayer le permite a Zapatero no verse forzado a rectificar y ser incluso bondadoso con los sindicatos.

La huelga, por tanto, sólo afecta al Gobierno de manera colateral, en la medida en que debilita su base de votantes en la izquierda.

A quien más afecta es a los propios sindicatos. El 29-S se ha convertido en un peligroso boomerang que ha dañado su orgullo y su arrogancia.

CCOO y UGT tendrán que sacar lecciones de lo que ocurrió ayer. Si se ocultan en el maquillaje de los datos no harán sino agravar el problema. ¿Por qué no han conseguido que la mayoría de los trabajadores secundara una protesta que, según ellos mismos, era “la más justificada de la democracia”?

Algunas respuestas: 1º.- Porque han sido cómplices de una política económica que ha elevado el paro a casi cinco millones de personas.

2º.- Porque muchos parados y jóvenes con contratos temporales no creen que defiendan sus intereses.

3º.- Porque han creado una estructura de privilegiados alejada de los problemas reales de los trabajadores.

4º.- Porque mantienen un discurso trasnochado propio de una izquierda cuya representación parlamentaria hoy es ridícula.

Los sindicatos son hoy tan necesarios como lo eran hace 100 años, pero sus líderes no pueden actuar como lo hacían hace un siglo.

El fracaso de la huelga general hace necesaria una rectificación a fondo del sindicalismo en España.

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EL RUIDO DE LA CALLE

El Madrid siempre absurdo y brillante estaba ayer más bello a pesar de que no recogieron la basura, con su primer oro de otoño que se colaba en las avenidas sin apenas tráfico. Era un Madrid con aroma de membrillo, más Antonio López que nunca (Antonio, ese Velázquez bucólico, pastorcito con morral que apoyó la huelga general). El corazón de la ciudad ardió a la madrugada y hubo hostias entre los piquetes y la madera; después la ciudad se fue despejando de la fanfarria y la ola de anatemas que en las últimas semanas se han dedicado a los sindicalistas. Llegó una ligera catarsis, se purificaron los odios entre un sueño humeante. Los espectros de los viejos obreros cantaban en las cocheras: “Sin nuestra mente o carne, ni una rueda rodaría”.

La Barcelona del oasis recordó de pronto que es la ciudad de las bombas. Mosquitos encapuchados no quieren ropa de lujo de rebajas, la prefieren por la jeró, asaltaron las tiendas y se orinaron en los bancos. Zapatero ha recibido su primer bautismo de barricada, 10 millones de trabajadores (aunque sean menos) se han plantado y han hecho añicos el diseño de los bancos y mercados. La huelga estalló porque los trabajadores no quieren pagar el pasivo que han contraído con los prestas.

Por la mañana, mientras los sindicatos intentaban parar la ciudad, los diputados, cada vez más aislados de la gente, celebraron la sesión de control. Soraya Sáenz de Santamaría invitó al Gobierno a que mirara a la calle. Fue una frase ingeniosa porque la calle repiqueteaba. Lo importante es que detrás de cada frase haya solvencia, como Sartre descubrió en el Che cuando lo recibió a media noche: “Detrás de cada frase de este revolucionario hay una reserva en oro”. También fue aguda la respuesta de la vicepresidenta Salgado ante una embestida de Martínez Pujalte: “Ya no se sabe si el PP es el partido de los trabajadores o el partido del té”.

Si está naciendo aquí lo que en los Estados Unidos llaman el Tea Party, nos vamos a divertir. En la América puritana y racista, el Tea Party, con sombreros de tres puntas, reivindica a Dios, la propiedad, el orden, la familia y la religión, y aquí los okupas quieren bullarengues por la cara. En España hay muchas derechas, la dura, la blanda, la liberal, la católica, la conservadora, la centrista; ahora, según la vicepresidenta de delgadez brahmánica, llega la derecha del té.

Y qué piensa hacer la vicepresidenta después de esta huelga, que sin ser un huelgón pone al Gobierno entre la catedral del dinero y el suicidio. Zapatero sabía ir detrás de las pancartas pero se siente muy incómodo cuando las pancartas van detrás de él.

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Durante años la política catalana ha estado dando vueltas y más vueltas alrededor de un Estatut que, a la postre, como era de esperar, ha ocasionado, primero, hartazgo y, luego, decepción. Ahora nos arriesgamos a que suceda lo mismo con el concierto económico, otro camino de imposible recorrido.

Si el objetivo es seguir generando victimismo y frustración -dos emociones con las que, a veces, pero no siempre, se obtienen altos rendimientos electorales-, la vía de pedir el concierto puede ser la adecuada. Si el objetivo fuera más serio y realista, con el concierto estaríamos, como en el caso del Estatut, ante otro viaje a ninguna parte, ante una nueva forma de perder el tiempo. En todo caso, antes de empezar este vía crucis debemos saber, como mínimo, qué es el sistema de concierto económico como método de financiación. Esta es la finalidad del presente artículo.

Este sistema de financiación del que disfrutan el País Vasco y Navarra es un residuo histórico de la España del Antiguo Régimen, el resultado del acuerdo que en 1839 puso fin a la primera guerra carlista, consistente básicamente en respetar los fueros medievales, es decir, los privilegios tradicionales de las tres provincias vascas y Navarra, territorios donde el carlismo estaba fuertemente implantado. Su vigencia se mantuvo íntegramente hasta la victoria de Franco en la Guerra Civil que, sin embargo, aún los prorrogó para Navarra y Álava, como premio por alinearse con el ejército sublevado, y los derogó para Vizcaya y Guipúzcoa, las llamadas “provincias traidoras” favorables a los republicanos. Durante la época de la transición, se acordó mantener los fueros y extenderlos de nuevo a Vizcaya y Guipúzcoa. Bajo la denominación de “derechos históricos” se aseguraron en la disposición adicional primera de la Constitución.

El principal, aunque no único, contenido de estos mal llamados derechos es el peculiar sistema de financiación de estas dos comunidades, una excepción al sistema general que impera en el resto. En el caso del País Vasco, todos los impuestos son recaudados y gestionados íntegramente por las diputaciones provinciales y éstas son las encargadas de financiar al gobierno autónomo para así atender el gasto de los servicios de la comunidad. En el caso de Navarra, al ser provincia única, los poderes de la Diputación han sido asumidos por el Gobierno de la comunidad, que ejerce todas las funciones tributarias y financieras.

En ambos casos, del conjunto de los tributos recaudados, debe asignarse, como es natural, una determinada cantidad al Estado en concepto de los servicios que éste presta en el País Vasco y Navarra. Para el cálculo de estos servicios estatales, cada cinco años el Gobierno central y los gobiernos vasco y navarro negocian qué cantidad abonar dentro del marco establecido por una ley estatal. Esta cantidad se denomina “cupo” en el País Vasco y “aportación” en Navarra. Por tanto, la cantidad global con la que se financian las autonomías vasca y navarra es, básicamente, el resultado de restar este cupo o aportación al total de lo recaudado.

Se trata, por supuesto, de un sistema distinto al de las demás comunidades: pero no debería ser discriminatorio ya que este sistema de asignación de recursos, por sí mismo, no debería beneficiar a los territorios vasco y navarro en cumplimiento del artículo 138.2 de la Constitución, que establece que las diferencias entre los estatutos “no podrán implicar, en ningún caso, privilegios económicos o sociales”. Sin embargo, dado que la clave está, no en el diferente método de financiación, sino en la concreta cuantificación del cupo o aportación, negociado entre gobiernos, lo cierto es que se han ido produciendo importantes diferencias que han llegado a ser escandalosas: en este momento la financiación per cápita entre los ciudadanos de Navarra y el País Vasco comparada con la del resto de las comunidades es casi el doble a favor de las primeras.

De este resultado, ciertamente discriminatorio, proviene la falsa idea de que el concierto establece una mejor financiación para las comunidades autónomas. Ello, sin embargo, no es así: el concierto es, simplemente, un método de asignación de recursos y, como tal, es neutral. La discriminación es debida al mal cálculo del cupo, influida por la coacción ejercida frente al Gobierno central por los ejecutivos vascos al esgrimir como bazas a su favor el grado de colaboración en la lucha antiterrorista y el soporte parlamentario en el Congreso.

La solución a una supuesta deficiente financiación de la Generalitat no está, por tanto, en el sistema de concierto. Ni hay tradición histórica ni base constitucional para lograrlo, ni sería financieramente viable extenderlo a más comunidades, especialmente a las más pobladas. En todo caso, lo que debe hacerse es reclamar el ajuste del cupo y la aportación a lo que reciben las demás comunidades para evitar discriminaciones y cumplir con el artículo 138.2 CE. Ahora bien, si queremos más victimismo y frustración, utilizando el lenguaje pujolista ahora toca de nuevo exigir lo imposible, es decir, pedir durante unos años el sistema de concierto.

FRANCESC DE CARRERAS, catedrático de Derecho Constitucional de la UAB.

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LA CRÓNICA

Las consecuencias políticas de la huelga general

La huelga, desigual y no general, topa con la pared esponjosa del discurso oficial. El Gobierno centra su estrategia en evitar el error de Aznar el 20 de junio del 2002. El Rey, con agenda de trabajo, despachó por la tarde con el presidente del Gobierno.

29-S

Pío Cabanillas Alonso ya no trabaja en el complejo de la Moncloa. El joven Cabanillas fue una figura decisiva en el éxito de la huelga general del 20 de junio del 2002 contra la política laboral del gobierno Aznar. La historia es conocida. El ministro portavoz intentó ridiculizar el seguimiento del paro y al cabo de cuatro meses, el Partido Popular, con mayoría absoluta en el Parlamento, se veía obligado a retirar los decretos que habían dado pie a la movilización sindical.

Celestino Corbacho Chaves aún trabaja en el ala izquierda de los Nuevos Ministerios de Madrid, presidida por un monumento en bronce a Francisco Largo Caballero, histórico líder del PSOE republicano y del sindicalismo revolucionario. El ministro de Trabajo, con las maletas ya preparadas para regresar a Catalunya, se empleó ayer a fondo en un único objetivo: no repetir el error Cabanillas.

Lenguaje cauto, casi de seda -”la huelga ha tenido un seguimiento desigual”- y una significativa ausencia de datos conclusivos. No hubo gesticulación gubernamental contra los sindicatos, pero los datos parciales ofrecidos por Corbacho eran chorros de agua en el vino euforizante de UGT y Comisiones Obreras.

Hubo huelga, pero no fue general. De los datos oficiales llama la atención el moderado seguimiento del paro en las empresas públicas (23%) y en los transportes (21%), tradicionales bastiones sindicales. El corazón de la huelga estuvo en las grandes empresas de los polígonos industriales y desde allí se expandió mediante los piquetes hacia ganglios decisivos de la actividad y de la movilidad urbana. La conclusión podría ser la siguiente: movilización de los trabajadores de las grandes fábricas y acción expeditiva de los piquetes ante una policía prudente. Detrás de ese núcleo rocoso -puesto en escena ayer por la tarde por Cándido Méndez e Ignacio Fernández Toxo en la Puerta del Sol de Madrid, frente a la presidencia de la Comunidad de Madrid, cuartel general del thatcherismo castizo que rellena los estudiados silencios de Mariano Rajoy- un mar de gente temerosa, en mayor o menor grado, del futuro de su empleo y de su lugar en el mundo. La huelga no fue general, pero sería arriesgado, y posiblemente erróneo, llegar a la conclusión de que todos los que no la secundaron estaban ayer en contra del espíritu que la animaba.

Delegada la política sedante en el hombre de hierro de l´Hospitalet del Llobregat, José Luis Rodríguez Zapatero hizo todo lo posible para que no le persiguiese la fotografía del 20 de junio del 2002, fecha en la que acudió con su plana mayor a la manifestación sindical. En declaraciones en los pasillos del Congreso de los Diputados, Zapatero se limitóa tender la mano a los sindicatos antes de desaparecer en el interior de su agenda. Por la tarde, el presidente fue recibido por el jefe del Estado en la Zarzuela. Zapatero informó al Rey de la evolución de la jornada. El dato tiene su relieve. Hubo ayer agenda del Monarca. La información de que el Rey había optado por una jornada sin actos públicos para transmitir a la sociedad un mensaje de neutralidad, ha sido intensamente masajeada estos días por el tea party madrileño (cazalla party sería la imagen más precisa del nuevo extremismo capitalino, influyente y airoso en la televisión digital terrestre). El antimonarquismo de derechas nunca descansa en Madrid.

Pese a la profesionalidad de Corbacho en el sedoso encaje de la jornada, Zapatero no sale indemne del 29-S. Una definitiva ruptura de la conjunción PSOE/UGT (la alianza que ha regido España desde marzo del 2004 hasta mayo del 2010) puede provocar una mayor depresión en la base sociológica del PSOE en pleno ciclo electoral y dar combustión al conflicto social latente.

Los sindicatos aún arriesgan más. La huelga se ha llevado a cabo sin programa negociador y ha hecho aflorar un discurso antisindical de amplio espectro, con fuerte eco en la atomización del trabajo asalariado. Nunca tanta gente se había puesto de acuerdo en España para hablar mal de los sindicatos y de sus zonas de reposo en los presupuestos públicos.

El día después pasa por el sistema de pensiones y el reglamento de la nueva legislación laboral (esto es, los mecanismos de la negociación colectiva). La jubilación a los 67 años es la bandera en juego. Si es arriada, los sindicatos podrán decir que han vencido. El Directorio Europeo (ayer reforzado en Bruselas con la penalización del déficit de los estados) reclamará disciplina en lengua alemana y el mercado de los bonos dista de estar calmado. El debate de las pensiones puede cruzarse como un camión en la carretera de la campaña electoral catalana. Mala noticia para el PSC. Y no muy buena para CiU.

Más derivadas del 29-S. La situación en la CEOE ya no se sostiene. La ausencia de un liderazgo claro en la patronal confiere un tono surrealista y tenebroso al cuadro crítico español. Y los incidentes de Barcelona son algo más que una breve nota. Pese a la hostilidad antisindical del poder regional, la tensión social se ha encauzado mejor en Madrid.

CONSULTE EL ESPECIAL SOBRE LA CRISIS ECONÓMICA EN www.lavanguardia.es/afondo

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En los tiempos en que Margaret Thatcher se enfrentaba al movimiento antinuclear, lanzó una campaña de propaganda con el lema Protect and Survive (Protégete y sobrevive), en el que se decían cosas como “este folleto te explica cómo asegurar tu casa y tu familia contra un ataque nuclear”. Los dirigentes del movimiento contraatacaron transformándolo en Protest and Survive (Protesta y sobrevive), que se convirtió en uno de los grandes lemas de las campañas por la paz y el desarme.

Treinta años después volvemos a estar en una situación parecida, ante una amenaza distinta, pero no menos grave, que pone en peligro nuestra subsistencia y nuestro bienestar. La catástrofe económica de 2008 se produjo al término de 30 años de un proceso creciente de desigualdad que hizo posible que los beneficios de las empresas alcanzaran máximos en 2004. “El otro lado de la cuestión –afirmaba The Economist– es que la parte del trabajo nunca ha sido más baja (…). En los últimos tres años los beneficios empresariales han aumentado en Estados Unidos en un 60%; los ingresos salariales sólo un 10%”. Según cálculos del premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz, la media de los ingresos de los hogares norteamericanos cayó un 4% entre 2000 y 2008, durante unos años de crecimiento económico.

En mayo de 2009, cuando la catástrofe se había traducido ya en empobrecimiento y paro, un documento firmado por 40 economistas –entre ellos los premios Nobel Kenneth Arrow y Robert Solow– analizaba las consecuencias de lo que Paul Krugman ha llamado la época de “la gran divergencia”, y declaraba: “En ese tiempo, prácticamente todo el crecimiento económico de la nación fue a parar a un reducido número de norteamericanos ricos. Una de las razones de peso que explican este paso que va de una prosperidad ampliamente compartida a una creciente desigualdad es la erosión de la capacidad de los trabajadores para organizarse sindicalmente y negociar colectivamente”.

Parecería lógico que la conclusión a que se hubiera llegado a partir de estos datos fuese la de que había que reformar el sistema para hacerlo más equitativo, con el fin de aumentar la demanda y recuperar el potencial de trabajo que la crisis dejaba fuera de uso. Lejos de ello, los beneficiarios de este reparto desigual se están valiendo del potencial que les otorga el hecho de ser los dueños de los medios de información de masas para practicar un lavado colectivo de cerebro cuya finalidad es convencernos de que los males no se deben a sus errores de gestión y a su codicia, sino a que los gobiernos han gastado demasiado en servicios sociales. Su remedio consiste en dejar intactos los mecanismos que aseguran su enriquecimiento, equilibrar los presupuestos estatales disminuyendo el gasto en educación, sanidad o pensiones, y convencer a la inmensa mayoría de los perjudicados para que se resignen a un futuro con altas tasas de paro y un descenso de sus niveles de vida. Como ha dicho Mark Weisbrot: “Los medios de difusión de masas son, en el siglo XXI, una de las fuerzas más poderosas que bloquean el progreso económico y social. A ellos se debe que decenas de millones de norteamericanos estén convencidos de que los déficits del presupuesto son más importantes que las vidas arruinadas por el paro”.

Más grave resulta aún la complicidad de los gobiernos, que aceptan la situación y se limitan a aplicar medidas cosméticas inofensivas para apaciguar al público. Los mecanismos de formación de opinión que maneja la derecha representan una amenaza que no se atreven a desafiar. En Estados Unidos, donde los medios de Murdoch dirigen el ataque, un personaje tan turbio como Dinesh D’Souza ha publicado en Forbes un artículo, “Cómo piensa Obama”, en que nos desvela el misterio de la política del actual presidente de Estados Unidos: lo que Obama se propone, con medidas como la de ofrecer atención médica a unos 50 millones de norteamericanos que carecen de ella, es seguir las ideas antiimperialistas de su padre, que era un keniata de la tribu luo, con el fin de destruir Estados Unidos.

Más seria aún es la amenaza que representa el populismo ultraconservador del Tea Party, ese aquelarre que Will Bunch ha retratado en The Backlash, que está sostenido y financiado por un grupo de billonarios empeñados no sólo en conservar los privilegios fiscales alcanzados con Bush, sino en avanzar hacia la destrucción de lo poco que queda del Estado del bienestar.

Entre sus patrocinadores principales están los hermanos Charles y David Koch –dos de los hombres más ricos de Estados Unidos, propietarios de industrias altamente contaminantes–, quienes, a través de Americans for Prosperity, financian toda una serie de grupos que combaten la reforma sanitaria, los sindicatos, las medidas para prevenir el cambio climático, etc. Para entender cuál es el mundo que aspiran a crear, baste recordar que en 1980 David Koch se presentó a las elecciones por el Libertarian Party con un programa que proponía la supresión de la Seguridad Social, del FBI, de la CIA, del Departamento de Energía y de las escuelas públicas, entre otras instituciones del Estado.

Este es el futuro con el que nos amenaza la derecha y del que una socialdemocracia en quiebra no es capaz de defendernos. Si aspiramos a sobrevivir, sólo nos queda volver a organizarnos para protestar.

Josep Fontana es historiador.

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A lo largo de todos estos meses, distintos miembros del Gobierno han venido anunciando una subida de impuestos a los ricos (eran sus palabras), que compensase el enorme coste que están asumiendo los pensionistas y las clases populares. Bien es verdad que tras estas declaraciones aparecían enseguida otras realizadas también por integrantes del Gobierno afirmando que en ese momento no tocaba. A la vista de las medidas introducidas en la Ley de Presupuestos, parece que no va a tocar nunca, o quizá algo peor, porque se quiere dar a entender que se ha hecho lo que no se ha hecho. En cierta forma, constituye una tomadura de pelo.

Todo queda reducido, casi, a la creación de dos tramos más en la tarifa general del IRPF que, como bien indicaba este diario el sábado pasado, va a representar, por ejemplo, una subida de unos 300 euros al año para aquellos contribuyentes cuyos ingresos se sitúan alrededor de 150.000 euros anuales. He dicho mal, porque se trata tan sólo de aquellos contribuyentes que obtengan tales ingresos pero exclusivamente por rentas de trabajo, ya que las rentas de capital quedan fuera de la tarifa general y tributando únicamente al 21%.

Conviene recordar que en el diseño inicial, cuando se creó el IRPF en 1978, el tipo marginal máximo se situaba en el 65%. En los momentos actuales, tras las distintas reformas fiscales, alcanza tan sólo el 43%; por lo que la medida de elevarlo al 45% sería coherente, pero siempre que antes se hubiesen integrado de nuevo las rentas de capital en la tarifa general. De lo contrario, se genera todo tipo de paradojas e injusticias.

Se retocan las sicav, también para parecer que se ha hecho algo, pero van a poder seguir existiendo y, lo que es más grave, utilizándose con fraude de ley por las grandes fortunas y, además, blindadas a la inspección de Hacienda, sin que la Comisión Nacional del Mercado de Valores a la que se ha dado la competencia sobre ellas tome ninguna medida.

Y, por supuesto, ni se habla de recuperar el Impuesto de Patrimonio, que constituye un instrumento fundamental para que los verdaderamente ricos contribuyan con las cantidades que han logrado eludir en otros impuestos. Tampoco se toca el Impuesto sobre Sociedades, aunque nada más fuera para que el tipo efectivo del 10% se acercase al nominal del 30%. En fin, que las clases acomodadas pueden seguir tranquilas.

Juan Francisco Martín Seco. Economista.

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Los discursos y las declaraciones de los actores de la huelga general de ayer depriman más aun que los discursos de los políticos habituales. Los profesionales de los sindicatos trabajaron ayer con horario amplio (piquetes a primera hora y manifestación al acabar la tarde), los militantes con trabajo perdieron el jornal del día, pero muchos otros ciudadanos no sindicados fueron los grandes perdedores de la movilización. Muchos comerciantes perdieron el día cerrando y abriendo el negocio y protegiendo los escaparates, muchos autónomos y asalariados se quedaron sin trabajar contra su voluntad, en resumen una huelga con perdedores tan forzosos como inocentes.

Los sindicatos no ganaron la huelga, impusieron una fuerza evidente, en ocasiones consentida, pero que les impone un coste de imagen difícil de estimar pero que viene reflejando en las encuestas en términos de reputación. Si alguna encuesta mide ahora la credibilidad de estos sindicatos de la huelga el suspenso está seguro, más aun que el los partidos políticos y sus dirigentes.

El secretario general de CCOO definió con precisión lo que era esta huelga. “una gran putada”, lo es también para el sindicalismo. El espectáculo de piquetes y el tono de los mítines les aproxima a los piqueteros argentinos pero no al sindicalismo profesional de cualquier democracia avanzada. Los dirigentes sindicales bendecían en los mítines a los “piquetes de la libertad”. Hace falta tener cara dura y desvergüenza para pretender que los piquetes sostienen o defienden la libertad.

La huelga ha tenido seguimiento, los sindicatos tienen bases, pero la movilización no tendrá consecuencias, en esta ocasión el gobierno no se va a mover, no puede moverse porque con estos sindicatos no va a ningún sitio. En pocos días se pondrá sobre la mesa la reforma de las pensiones, y si los sindicatos se creen lo que han proclamado estos días, tendrían que volver a movilizarse, a convocar otra huelga general, volver a pasear los piquetes y esos eslóganes falaces, trasnochados e inútiles que han exhibido esta semana.

Los sindicatos han tardado diez años en protagonizar la 7ª huelga general tras la muerte de Franco, no es probable que reincidan; este tipo de actos de presión no es ni noble, ni inteligente, ni eficaz. Anoche el discurso de Cándido Méndez era una prueba palpable de agotamiento, palabrería y ausencia de sustancia y de proyecto. ¿Cuántos simpatizantes perdieron ayer los sindicatos? Sospecho que cientos de miles.

fgu@apmadrid.es

Nota biográfica

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Si el resultado de la huelga general se podría haber utilizado en algún momento como una consulta alternativa a la del Congreso para validar la reforma laboral del Gobierno, está claro que esta reforma ha logrado mayor éxito en el Parlamento que en la calle. Ni las más optimistas, y posiblemente exageradas, estimaciones de seguimiento de la huelga general alcanzan esa mayoría que en el Congreso de los Diputados sirvió para sacar adelante la mencionada ley. El pulso, que nunca debieron plantear en estos términos los sindicatos, lo han perdido de forma inequívoca Méndez y Toxo. Y lo han perdido incluso con un Gobierno a favor.

Un Gobierno que no deseaba en modo alguno un fracaso de sus terminales sindicales, que han dejado clamorosamente de ser correa de transmisión como lo han sido históricamente. Tampoco el Gobierno deseaba, como es lógico, la victoria de la huelga general, pero ha quedado patente el notable esfuerzo conciliador que hasta el último momento han mostrado desde el Gobierno hacia las posiciones sindicales y el apoyo, nada pasivo sino en algunos momentos bien activo, al desarrollo de la propia huelga general, en ocasiones mirando para otro lado y facilitando datos sobre el resultado de la huelga que en todo momento han buscado no herir ni humillar a los dirigentes que han puesto en marcha esta desafortunada huelga.

Para su desgracia, están muy lejos de haberse arropado con la legitimidad y los avales suficientes como para ir a Moncloa a pedir un cambio radical en la política económica. Por ambigua y desnortada que esta política aparezca, es indudable que la calle, con los sindicatos dirigiendo la marcha, confía más en el Gobierno y en el Congreso que en las dos grandes organizaciones sindicales. Es posiblemente la primera vez que esto sucede en la pequeña historia de las huelgas generales habidas en la democracia, que ya son más de la cuenta. Si algo decide cambiar el Gobierno en línea con las demandas sindicales de estas últimas horas será expresión de su generosidad, posiblemente incomprensible para el resto de los mortales, ya que las reformas que está impulsando el Gobierno van en la buena dirección, no sólo en la que exigen los mercados y los organismos internacionales y la Unión Europea, sino sencillamente el sentido común y el rigor económico más elemental.

Esta huelga general del 29-S ha sido posiblemente la peor planteada y desde luego la que ha cosechado resultados menos convincentes. Con el resultado en la mano, los dirigentes sindicales no pueden acudir a ninguna función con ínfulas de victoria y con capacidad suficiente para imponer sus puntos de vista. Es posiblemente exagerado hablar de rotundo fracaso, pero desde luego se queda muy lejos de lo que habían soñado sus principales promotores. Con la fuerza obtenida este miércoles en la calle, los líderes sindicales están en estos momentos bastante peor equipados para hacer valer sus ideas y sus aspiraciones que hace tres meses, cuando pergeñaron esta demostración de fuerza, convertida ahora en una muestra patente de su debilidad y posiblemente en el inicio de su decadencia como organizaciones con peso y ascendiente entre los ciudadanos. Por entonces cabía el beneficio de la duda. Esa duda ha quedado razonablemente despejada este miércoles.

Méndez y Toxo posiblemente tendrán que responder ante la pequeña historia de sus respectivas organizaciones de la calamitosa posición, en lo tocante a influencia, en la que han dejado a UGT y a Comisiones Obreras. En pura lógica, este fracaso debería pasarles factura. Pero en este país, ya se sabe, no dimite nadie.

Nota biográfica

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Ayer, de vuelta a la oficina después de comer. Llamada a un amigo de los de toda la vida. Ingeniero de Caminos, titular de una pequeña empresa. responsable ahora de la cuenta de resultados. Objetivo, paella del fin de semana con toda la panda. Resultado imprevisto, desesperada llamada de auxilio que paso a reproducir. Sobrecoge.

“Mira McCoy, ser ingeniero en este país no vale pa na. De verdad. Es como si no existiéramos. Los arquitectos estrella que tanto gustan a las Administraciones son los que crían la fama. Las constructoras, que ejecutan las obras, las que cardan la lana. Y nosotros, que participamos en el diseño con los primeros, supervisamos la actividad de los segundos, ejercemos tareas de control sobre el conjunto de los proyectos y asumimos la responsabilidad de que no haya errores que comprometan la seguridad de las personas somos, al fin y a la postre, los prescindibles. De verdad, dan ganas de tirar la toalla.

Ya me lo advertía mi padre. Vendrá una tercera oleada. Se perdió el know-how hidráulico, primero. Y el nuclear, después. Lo siguiente será el derivado de las infraestructuras civiles. Yo me descojonaba. A todos nos iba bien. Sin embargo, tenía razón. Es verdad que las últimas promociones vienen a las patatas de conocimientos y experiencia práctica. Antes de la Universidad salías listo para el curre, sabiendo más o menos defenderte. Ahora no. Pero no es menos cierto que la ingeniería española es excelente, no sólo por preparación técnica de sus profesionales sino por capacidad de adaptación y rapidez de reacción. De ahí su internacionalización. Un valor que parece querer arrinconarse a día de hoy. Precisamente cuando más podemos aportar.

Es verdad que parte de la culpa es nuestra, por no defender con uñas y dientes nuestro papel y someternos dócilmente a la política de modificados que ha reinado en esta industria durante tantos años. Mira, de los proyectos que yo he hecho en mis años de ejercicio, se habrán completado un tercio. Poco más. No más, el resto veían como se alteraban materiales y otros factores para compensar las bajas con las que muchas compañías acudían a las pujas. La supervisión final era rápida e insuficiente ya que era más importante que el politicastro de turno pudiera cortar la cinta que lo hecho se ajustara a lo planificado. Una calamidad ya que el coste de una mala ejecución en términos de mantenimiento es terrible. Y nosotros mirando hacia otro lado. ¿Qué podíamos hacer? Quien se movía, no salía en la foto. Ahora nos pasa factura.

Se ha olvidado aquel dicho inglés de que ‘un ingeniero es quien puede hacer con un penique lo que un tonto hace con tres’. En un entorno como el actual de escasez de recursos, esa máxima debería brillar con todo su esplendor en la ejecución de obra pública. Es hora de apostar por la calidad y no por la cantidad, por la utilidad y la contribución económica frente a la arbitrariedad electoral. Renunciar a estas inversiones que son de las que más empleo y productividad pueden aportar a España a día de hoy sería suicida. No hay que hacer más, sino mejor. Y ahí sin duda tenemos un papel que jugar en la solución eficiente de la actual encrucijada presupuestaria y en la planificación a futuro para prevenir determinados problemas que antes o después se pondrán encima de la mesa, como la gestión del agua.

Cuando se debiera potenciar la figura del ingeniero, figura clave en el mundo anglosajón para cualquier suerte de proyectos, lo que nos encontramos es con demoras injustificables de los organismos públicos para hacer frente a las facturas que nos adeudan (a través de una sucesión interminable de revisiones que impiden que la obra se pueda facturar) y con la amenaza de nuevos recortes que limitan nuestra ya de por sí precaria cartera de proyectos. Ante esta situación caben dos alternativas: luchar por este país con uñas y dientes o subirse al pescante y tomar las de Villadiego. Hasta ahora no tenía duda. Merecía la pena. Empiezo a creer que no. ¿Por qué no lo cuentas?

Por cierto, ¿a qué hora hemos quedado para el ‘arrosito’?”

Más en http://twitter.com/albertoartero y en la cuenta de Alberto Artero en Facebook.

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Es el mayor contrato de armas firmado en la historia de Estados Unidos. $60.000 millones de dólares en armas para Arabia Saudí. Más importante aún, junto a ese enorme contrato probablemente se incluye un acuerdo a largo plazo para asegurar los suministros de petróleo a Estados Unidos desde el Reino Saudí. Después de tanta palabra vacía sobre independencia energética de Oriente Medio, parece que queda lejos la época de la retórica anti-OPEP, que tanto criticamos en esta columna.

Estados Unidos se enfrenta a un futuro que se va a centrar en recuperar el crecimiento económico sobre los cimientos que proporciona la energía barata, como no puede ser de otra manera, y a través de tres pilares: las abundantes reservas de gas natural convencional-gas pizarra (más de 250 años de suministro, según mi estimado Peter Voser, presidente de Royal Dutch Shell), petróleo del triangulo EEUU + Arabia Saudi + Canadá y, en menor medida, energías limpias (nuclear y viento).

Por supuesto, este acuerdo tiene como objetivo enviar un mensaje a Irán, que sigue adelante con su programa nuclear y su discurso anti-Israel pero también anti-Saudí. No es solo un mensaje preventivo, sino que es un modo de fortalecer al gobierno Saudí como líder del ala moderada de los países árabes. El régimen Iraní no apoya al Rey Abdullah, y continúa intentando acaparar influencia en la comunidad Chiíta, mientras Arabia Saudí lleva a cabo el programa máss ambicioso de modernización y apertura del país en su historia, más de un billón de dólares de inversión en infraestructuras y servicios, y, tras las protestas esporádicas de Agosto, un enfoque muy especifico en educación y garantizar empleo a la población menor de 25 años, más de la mitad de sus 18 millones de habitantes.

No se nos escapa que armar al Reino Saudí con $60.000 millones para enviar un mensaje a un país, Irán, cuyo presupuesto militar es inferior a los $10.000 millones, debe partir de estimar que un conflicto es más probable de lo que creemos u obedecer a otros objetivos más estratégicos. Ese objetivo puede ser la seguridad de suministro de crudo ante un eventual  problema geopolítico que reduzca significativamente y durante mucho tiempo las exportaciones desde el país persa.

Ya desde Marzo hemos visto a todas las empresas petroleras occidentales cancelar, a regañadientes, los suministros a Irán. El embargo es efectivo y ya es evidente tanto en los precios del petróleo como en el incremento de las importaciones de crudo saudí a Estados Unidos, que ha hecho a muchos rascarse la cabeza.

¿Por qué crecen las importaciones cuando la demanda en EEUU no está subiendo suficientemente y los inventarios siguen a máximos de cinco años? Al fin y al cabo las importaciones suben porque alguien compra esos barcos,  y no, como parece que algunos analistas asumen, porque de repente, oh sorpresa, aparecen por el puerto de Cushing una tarde a descargar. ¿Están construyendo un colchón, una reserva adicional estratégica? Puede ser.

Hillary Clinton es demasiado inteligente y pragmática para no pensar en ello mientras fortalece un embargo tan complicado. Si a ello añadimos el incremento en el número de barcos almacenando crudo en el mar,  que ha subido un 10% en dos meses, es plausible estimar que si no se está preparando un entorno de conflicto, desde luego puede estar buscándose garantizar los suministros de petróleo ante un entorno geopolítico más complejo, aprovechando que el petróleo cotiza prácticamente sin prima de riesgo político.

Es cierto que la OPEP cuenta hoy con 6.3 millones de barriles al día de capacidad excedentaria y que entre Rusia e Iraq se espera que el suministro global aumente en 2.5 millones de barriles al día en 2013, aunque me temo que ya ni Hussain al-Shahristani, ministro de petróleo de Irak, asume los objetivos del país como fácilmente alcanzables a medio plazo, sobre todo si las inversiones de las empresas internacionales concesionarias de los campos se empiezan a retrasar tras los recientes incidentes locales en las instalaciones del campo Al-Ahdab Este de CNPC (China).

Pero si Irán tiene que considerarse fuera de la ecuación en un entorno más tenso geopolíticamente, la capacidad excedentaria desaparece, y los barriles adicionales solo van a poder venir del único país que puede aumentar capacidad inmediatamente de 9 a 11 millones de barriles al día… Ustedes  lo han adivinado, Arabia Saudí.

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