Caffè Reggio

TRIBUNA

Las medidas fiscales aprobadas por el Gobierno son técnicamente irreprochables, pero social y moralmente injustas. Irreprochables, aunque con matices, porque respetan la equidad, reducen la desigualdad y son seguramente las más eficientes. Pero social y moralmente injustas porque en la práctica recaerán, básicamente, sobre las rentas medias, y muy en concreto, sobre las rentas del trabajo, y porque no responden a una redistribución equitativa del coste de las crisis entre las diferentes partes implicadas, sistema financiero incluido.

Pero además, no solucionan el problema que hoy tenemos: la falta de liquidez y el paro. Por ello, lo que se debería haber aprobado son otro tipo de medidas como ingresar el IVA que las administraciones públicas adeudan a las empresas, en el momento que éste se cobre; la posibilidad de compensar cualquier deuda que una empresa tenga con la Administración, por ejemplo, con la Seguridad Social, con el importe de la deuda que cualquier Administración tenga con las empresas; la concesión de créditos fiscales líquidos vinculados a lo ingresado por el contribuyente durante un determinado periodo impositivo; el aplazamiento sin garantía a aquellas empresas que regularmente han venido cumpliendo con sus obligaciones tributarias; reducir la asfixiante presión fiscal indirecta; o disminuir la fiscalidad de las rentas del trabajo, por cierto, de las más altas de la OCDE, reduciendo las cotizaciones sociales, el IRPF o ambas. Medidas, eso sí, que exigen un aumento de otros impuestos como el IVA.

En cualquier caso, hay que preguntarse qué se pretende con estas medidas. ¿Un sistema tributario más justo? Es obvio que no. Primero, por su excepcionalidad y temporalidad, y, segundo, porque para ello se hubiese tenido que acometer otro tipo de reforma. ¿Solucionar los problemas que tienen hoy los ciudadanos y las empresas? Creo que no, ya que salvo la deducción por vivienda, las medidas reducen su renta disponible y dejan aquellos sin resolver. ¿Solucionar el problema de liquidez de las Administraciones? Pues es evidente, aunque así no se solucione el verdadero problema. Vaya, para que se entienda. Ante un paciente que acude a un médico arruinado aquejado de un intenso dolor, la solución no es sólo medicarle con analgésicos, sino diagnosticarle la causa de los mismos y medicarle adecuadamente. Pues el Gobierno ha hecho lo mismo. Frente al dolor, la falta de liquidez y el paro, prescribe un analgésico, subir los impuestos, que tiene además efectos secundarios, porque disminuye la renta disponible del paciente, y deja sin diagnosticar y medicar la verdadera enfermedad. El médico está sin duda algo mejor, pero el paciente está cada día más enfermo, más débil, con menos defensas y con muchas menos posibilidades de sobrevivir. Y sin pacientes, el médico, tarde o temprano, también se morirá. En definitiva, diagnostico erróneo y paciente sin medicar.

Antonio Durán-Sindreu Buxadé.Profesor de la UPF y socio director de Durán-Sindreu, abogados y consultores de empresa.

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Se romperá el euro? ¿Iría mejor a algunos países abandonarlo? Este tipo de preguntas no se las plantean ya solo los economistas del otro lado del Atlántico. En los últimos meses, y cada vez con más frecuencia, las escucho en conferencias y coloquios en los que participo. La primera década del euro acaba, por tanto, con una fuerte incertidumbre sobre su futuro inmediato.

No son preguntas descabelladas. Otros intentos anteriores de crear una unión monetaria, con o sin moneda única, acabaron en fracaso. Sucedió con las “serpientes monetarias europeas” que se crearon en los años setenta para evitar las guerras de divisas después de la ruptura de la convertibilidad del dólar. Ese fue también el resultado del Sistema Monetario Europeo (SME) puesto en marcha en los años ochenta con el mismo objetivo de evitar guerras comerciales, y que se estrelló con la crisis de 1992.

De hecho, aunque ahora el euro se vincule a la idea de más Europa, su impulso inicial vino del interés de los países centrales por evitar devaluaciones competitivas después de la quiebra del SME. Algo que no le interesaba especialmente a Alemania, metida en una costosa reunificación, después de la caída del muro de Berlín en 1989. La competitividad alemana se ha beneficiado de forma extraordinaria de la ausencia de esas devaluaciones.

En cualquier caso, dado lo mucho que ahora está en juego, lo más probable es que el euro sobreviva. La canciller Angela Merkel no puede permitir que el euro se venga abajo. No por intereses económicos de las empresas alemanas, como a veces se argumenta, sino porque la carga moral que caería sobre su país por destruir el proyecto político europeo sería insoportable; equivalente, aunque de otro tipo, a la carga moral que tuvo que soportar por ser la causa de dos guerras mundiales que llevaron el dolor y la destrucción a toda Europa.

Pero, con ser importante, la cuestión de si se romperá el euro no es la más relevante en relación al futuro de los europeos. A mi juicio, es más determinante preguntarse si la moneda única acabará siendo un instrumento para el progreso económico y social de todos los países de la Unión o, por el contrario, se convertirá en una camisa de fuerza para alguno de ellos. Una camisa de fuerza que acabe abocando a los menos competitivos al retraso económico permanente, al menos en relación con los países más avanzados.

Eso daría lugar a una Unión con un centro rico y dinámico y una periferia estancada y pobre. Algo que daría lugar a dos flujos permanentes: uno de emigración de la periferia hacia el centro, y otro, de signo inverso, de financiación del centro hacia la periferia.

Nos asusta pensarlo, pero no es un escenario descabellado. La historia nos dice que es posible. Fue el resultado de alguno de los procesos de integración monetaria asociados a la construcción de los Estados-nación del siglo XIX. Para no poner el caso español, el ejemplo quizá más paradigmático fue la unificación monetaria italiana. Surgió entonces un desequilibrio permanente entre un norte dinámico y rico y un sur estancado y pobre. Una situación que dura hasta el presente.

Dadas las grandes diferencias de competitividad entre las economías de los países que formaron la Unión Económica y Monetaria, el riesgo de que el euro provocase la italianización de la UE estaba, aunque durmiente, desde su puesta en marcha. Pero la forma como se está gestionando la crisis de la deuda pública europea, surgida (¡no lo olvidemos!) a raíz de la crisis financiera de 2008, hace ahora más probable ese riesgo.

Como estamos viendo, la política de austeridad compulsiva y generalizada no es el camino para la recuperación de la confianza, como sostienen sus defensores; es el atajo que lleva a la recesión. Las medidas adicionales que están forzando Merkel-Sarkozy, como la llamada regla de oro del déficit cero, harán que esa recesión se convierta en un semiestancamiento prolongado y elevado paro para los países sobreendeudados.

Humildemente, sugeriría que los políticos europeos estuviesen obligados a estudiar un curso rápido de historia económica y financiera, aunque fuese por Internet. De esa forma conocerían cuáles fueron en el pasado los malos efectos de las bienintencionadas reglas de oro, incluido el sistema patrón oro.

La austeridad y esas reglas, unidas a la imposibilidad de ganar competitividad mediante la devaluación al estar en el euro, son una camisa de fuerza sobre las economías sobreendeudadas. En esa situación, ganar competitividad es como pretender ganar una carrera de velocidad con los pies atados. Ante esta limitación objetiva, la retórica del sacrificio que piden las élites añade injuria al dolor de los que ya sufren la crisis.

Si no se cambian esas políticas, el euro no será camino de progreso, sino instrumento de servidumbre para los países débiles. ¿Qué hay que hacer para evitarlo? Tres cosas fundamentales, además de algunas otras en las que no entro aquí.

En primer lugar, las economías centrales del euro han de suministrar primeros auxilios a las economías más dañadas por el sobreendeudamiento y la crisis. Dado que estas economías tienen el consumo interno deprimido, no pueden devaluar y han de practicar necesariamente la austeridad pública, los primeros auxilios han de venir del impulso de la demanda interna de las economías centrales. Eso permitirá abrir una ventana a las exportaciones de las economías débiles y reducir su déficit comercial. De esa forma se logrará la estabilidad presupuestaria, el crecimiento y el pago de la deuda.

En segundo lugar, las economías más débiles han de poner cura a su baja competitividad. Eso requiere reformas no solo laborales y financieras, sino también la liberalización de muchas actividades protegidas que encarecen el coste de vida y perjudican la competitividad del conjunto de la economía.

Pero la competitividad no solo se alimenta de reformas. Son necesarias también políticas. Por un lado, una nueva política industrial (o como cada uno quiera llamarla) de carácter estratégico. Por otro, una política fiscal que incentive a las pymes a aumentar su tamaño y su internacionalización, aspecto olvidado aunque fundamental para entender la baja productividad española. Y una política que fomente la cooperación entre las empresas y los centros de investigación, de tal forma que se puedan crear sinergias entre recursos que ya tenemos para generar un conocimiento útil que impulse la innovación y la competitividad.

En tercer lugar, hay que crear un clima social favorable al cambio. Sin él, las reformas se encontrarán con resistencias que limitarán su eficacia transformadora. Sin embargo, ese clima necesita algo más que pedagogía del sacrificio y voluntad política, como insistentemente reclaman las élites financieras y empresariales españolas. Requiere confianza en un reparto equitativo de los costes de la crisis. Pero hay que reconocer que algunos comportamientos de nuestras élites financieras no son el mejor caldo de cultivo de esa confianza social en el cambio.

Para resumir. Probablemente el euro fue un error, dadas las tremendas diferencias en competitividad existentes entre las economías del euro. Pero, en todo caso, como dice el profesor Antonio Torrero, fue un “error inevitable”, dado el clima generalizado de confianza financiera excesiva en el que nació y creció el euro.

Ahora se trata de no comportarse como avestruces y tener la valentía moral de atrevernos a pensar lo impensable: la posibilidad de que unas malas políticas puedan provocar o la ruptura del euro o una Unión con un norte y un sur permanentemente enquistados. El pensarlo nos ayudará a evitarlo.

Antón Costas Comesaña es catedrático de Política Económica de la Universidad de Barcelona.

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El pasado 9 de diciembre se reunieron los líderes de la Unión Europea para acometer las reformas necesarias de los tratados para la resolución de la crisis del euro. Los confusos y conflictivos resultados de aquellas reuniones no hace falta recordarlos. Pero el paso fundamental para resolver la crisis se había dado en otro lugar, en otro momento: el día anterior a la cumbre el Banco Central Europeo (BCE) había anunciado las subastas de liquidez a tres años y la expansión de los avales admisibles para las operaciones de descuento.

Estas subastas de liquidez tienen la peculiar característica de que el BCE facilita todo lo que se demande, la famosa “barra libre”. Con estas subastas el BCE dota de una estabilidad enorme al sistema bancario europeo, que podrá utilizar dicha liquidez para satisfacer el vencimiento de la deuda emitida para los próximos años. Esto elimina de una vez el mayor peligro al que se enfrentaba el sistema financiero europeo: la refinanciación del enorme volumen de deuda bancaria que vencía en los próximos meses, imposible con los mercados de deuda completamente atascados. Los bancos europeos deben conseguir 700.000 millones de euros en el mercado solo en 2012, de los que 360.000 millones son en los primeros tres meses. No es sorprendente por tanto el casi medio billón de euros que han solicitado del BCE en la subasta del 21 de diciembre.

Los bancos no solo pueden satisfacer los vencimientos de su deuda; también pueden financiarse al 1% en la mencionada subasta e invertir en deuda soberana de los Estados periféricos, capturando el diferencial y, reforzando así sus balances mediante este subsidio enorme que reciben del amable contribuyente europeo. Además, como apuntó el propio presidente Sarkozy, de esta manera los Estados pueden financiarse a través de los balances bancarios. Es decir, el BCE mata varios pájaros de un tiro: elimina el problema de liquidez del sistema financiero, contribuye a que los bancos se saneen con este diferencial que capturan, y reduce el coste de la financiación de los Estados.

Y todo esto es particularmente beneficioso para nuestro país, para el que esta decisión del BCE constituye un balón de oxígeno que haríamos bien en no desaprovechar.

Efectivamente, lo que preocupa a los inversores extranjeros en lo que a nuestro país se refiere es precisamente las dudas que persisten sobre nuestro sistema financiero y la posibilidad de que el Estado, poco a poco, se tenga que hacer cargo de sus pérdidas: que España acabe como Irlanda. Es este miedo, junto con el déficit público, lo que está detrás de nuestro alto diferencial. El BCE, con sus decisiones del 8 de diciembre, reduce el riesgo de este escenario. El Reino de España no tendrá que asumir en una situación de urgencia la refinanciación de los pasivos bancarios. Si nuestras entidades con problemas de liquidez consiguen financiación por esta vía y solucionan sus problemas de vencimientos para los próximos años y, además, se cargan de deuda soberana para capturar ese diferencial y generar beneficios, se elimina una fuente de inestabilidad para nuestra economía.

En cuanto al déficit público, también puede ser el programa del BCE particularmente beneficioso para España, dado el gran tamaño de los balances bancarios comparado con nuestras necesidades de refinanciación de deuda pública; y menos para Italia, cuyas necesidades de financiación son tales que puede que los bancos no puedan o quieran endeudarse lo bastante para resolver los problemas de financiación del Estado italiano. Esto es lo que está detrás de la mejora del diferencial español frente al italiano.

Llega, por tanto, el nuevo Gobierno con un “pan debajo del brazo” y esto es lo que hay que aprovechar. Que de este regalo que nos envía el contribuyente europeo por obra y gracia del BCE no se beneficie solo al accionariado de los bancos sino también a los españoles. Es importante que el Banco de España y el Gobierno hagan lo necesario para asegurar que el crédito llega a donde tiene que llegar, y que las instituciones financieras no se limitan a invertir en el negocio fácil de la deuda pública (para el Estado apetitoso).

Pero aún más importante es asegurarse de que los países periféricos, en especial España, utilizan este balón de oxígeno de tres años como una oportunidad para hacer las reformas que necesitamos para modernizar la economía. Los países del Norte temen que cualquier bajada de la presión que sufrimos meta las reformas en vía muerta. Y tal preocupación no es extraña: durante el periodo de boom inducido por el euro, España no hizo prácticamente nada para modernizar y flexibilizar los escleróticos mercados de bienes y servicios que sufre nuestro país, o para incrementar la cualificación de los jóvenes o la capacidad de innovación de nuestras burocratizadas universidades. El Gobierno debe ser capaz de superar la tentación de las “reformillas” y la paz social a corto plazo, que solo augura más estancamiento futuro, y hacer estas reformas de una vez aunque tengan un coste más elevado en el corto plazo.

La oportunidad que ahora se abre es única. ¿Seremos capaces de hacerlo sin estar sometidos a una presión diaria de “vida o muerte”?

Luis Garicano es catedrático de Economía y Estrategia en la London School of Economics y dirige la cátedra McKinsey de FEDEA. Tano Santos es catedrático de Finanzas y Economía en Columbia y director de la cátedra Abertis de FEDEA.

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La difícil situación que atraviesan varios países de la eurozona, consecuencia de la subida del tipo de interés de las emisiones de deuda pública, es una cuestión de máxima actualidad. Se pide reiteradamente una intervención más amplia, permanente y previamente divulgada del Banco Central Europeo (BCE), dado su carácter de institución eficaz y ágil.

A favor de una intervención más intensa del Banco Central y previamente anunciada para una mayor incidencia sobre los inversores se pueden invocar argumentos diversos. En el plano del Derecho Comunitario, el Tratado de la Unión Europea establece en su artículo 123 prohibiciones concretas en las relaciones BCE-Estados miembros: autorizaciones de descubiertos, concesión de créditos y adquisiciones directas (mercado primario) de instrumentos de deuda. No hay interdicción para la adquisición de deuda pública en el mercado secundario. Los estatutos del BCE tampoco prohíben estas adquisiciones de bonos. Sí disponen, en cambio, que el banco debe garantizar que se cumplan las funciones encomendadas al Sistema Europeo de Bancos Centrales (SEBC), entre las que se encuentra contribuir a la estabilidad del sistema financiero.

La oposición a estas adquisiciones por el BCE se centra en que dichas operaciones lesionan la credibilidad de esta institución bancaria. Su función principal (no única) es mantener la estabilidad de precios, incluso aunque la emisión de dinero se haga en economías que tengan importantes recursos ociosos y una demanda débil de consumo e inversión.

Los términos de este planteamiento son bastante rígidos. La intervención del BCE que aquí se defiende no debe constituir un sistema permanente e ilimitado y, por el contrario, sí un recurso sujeto a circunstancias determinadas y temporales. En otras palabras, debe introducirse el condicionamiento y la graduación en la adquisición de bonos en el mercado secundario. Este planteamiento se apoya en la lógica de la situación a la que se quiere hacer frente. El desequilibrio presupuestario de los Estados miembros no es igual en todos ellos ni constituye una situación permanente o inalterable. Justamente lo contrario.

Por otra parte, la responsabilidad en los desequilibrios citados es de cada uno de los Estados. Es una situación temporal cuyo final a través de un proceso no puede ser otro que su corrección o reducción en los términos fijados por las instituciones comunitarias. Todo ello aconseja que la entidad que debe guiar el restablecimiento del equilibrio a que nos referimos sea el BCE. Una institución cuya inmediatez, agilidad y eficacia es claramente superior a la que ofrecen otras instituciones creadas para actuar en planteamientos y situaciones bilaterales (Fondo Europeo de Estabilidad Financiera y sus mecanismos de aplicación y Fondo Monetario Internacional) y no en actuaciones generales en el mercado secundario de deuda soberana.

El condicionamiento pide una proporcionalidad entre los bonos adquiridos y la reducción del déficit público del Estado de que se trate. Su validez y oportunidad debe juzgarse a la luz de sus dos alternativas: el BCE no adquiere bonos, lo que aumentaría los desequilibrios existentes hasta una situación límite, o lo hace sin condiciones, lo que retrasaría la corrección del déficit, que quedaría a voluntad de los Gobiernos. En ambos casos se llegaría a situaciones no deseables.

A primera vista puede parecer impropio de una entidad bancaria este control. Pero nada hay que justifique este escepticismo. El BCE es una organización independiente, con dirección colegiada y plural, y de eficacia probada, como hemos dicho anteriormente. Su independencia está garantizada por el Tratado y sus estatutos. Y, según estas normas, una de sus finalidades (junto con el SEBC) es contribuir a la estabilidad del sistema financiero.

El condicionamiento como técnica de actuación general, temporal, abierta y flexible permitiría su aplicación a todos los países de la eurozona y haría posible establecer una graduación en la intervención que transmitiría una voluntad política organizada y rigurosa de corrección de desequilibrios fiscales. Probablemente más eficaz que declaraciones grandilocuentes que suponen el reconocimiento de situaciones de urgencia y que transmiten preocupación y nerviosismo a los mercados.

Reiteramos que este esquema de actuación del BCE no supone un sistema de actuación permanente. Sí, por el contrario, un recurso temporal en tanto en cuanto continúen los déficits excesivos cuya graduación sería decidida discrecionalmente por el Banco Central.

Las alternativas al modelo que aquí se propone no son, en mi opinión, satisfactorias. El Fondo Europeo de Estabilidad Financiera (FEEF) y sus mecanismos de recepción de fondos y aplicación pueden ser útiles para operaciones de rescate concretas y para la prestación de avales, pero no para una actuación continua en el mercado secundario. Sus dificultades en la captación de fondos son bien conocidas y han terminado por debilitar las esperanzas que había despertado en sus inicios. El FEEF está autorizado para adquirir bonos en el mercado secundario, pero su efectividad ha sido muy escasa.

El Fondo Europeo para amortizar la deuda (creación del Consejo de Asesores del Gobierno alemán) es de una notable complejidad jurídica y su puesta en marcha encontraría dificultades incluso de naturaleza constitucional.

Los préstamos del Fondo Monetario Internacional son de una utilidad evidente ante necesidades de liquidez. Además, pueden establecerse condiciones para su otorgamiento y pueden utilizarse también como instrumentos de garantía. No obstante, se ajustan mejor a operaciones bilaterales que a programas de adquisición de bonos decididos discrecionalmente en un mercado abierto. Todo ello sin olvidar que la cuantía de estos préstamos está vinculada a las aportaciones de los Estados al Fondo, quedando en consecuencia limitada.

La figura alternativa más adecuada y eficaz sería la creación de eurobonos. Sus aspectos positivos son innegables: reducción de los tipos de interés para los países con mayor endeudamiento, dada la mayor garantía que ofrece el emisor, y relajación de la tensión de los mercados, dada la mayor seguridad que ofrecen. Los problemas jurídicos que se plantean, no obstante, no pueden desconocerse. Si la responsabilidad de los prestatarios es solidaria (incluida la UE como persona jurídica) habría que reformar el artículo 125 del Tratado de Funcionamiento, que prohíbe la asunción por la UE de responsabilidades de los Gobiernos y entidades públicas. Si la responsabilidad es mancomunada (cada país responde de su cuota) la ejecución en un momento dado por los acreedores podría ser complicada. Probablemente, se exigirían dos niveles de responsabilidad. Uno primero de la UE frente a estos acreedores y otro segundo de la Unión frente a los Estados miembros.

En otras palabras, la UE tendría derecho a repetir contra los Estados miembros por su cuota en la emisión. El Libro Verde publicado por la Comisión Europea no resuelve estas cuestiones, aunque tiene el valor de poner sobre la mesa una figura compleja y abrir un debate necesario. La idea de que los eurobonos con garantía solidaria se limitasen solo a las deudas que no superen el 60% del PIB merece un estudio detenido, pues forzaría a los países a la reducción del déficit. La ventaja de los eurobonos para reducir el coste de financiación es atractiva. Su éxito en el mercado en las actuales circunstancias estaría ligado a que los acreedores puedan dirigirse directamente a la UE para su cobro.

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El ojo del tigre

En el momento de cruzar la sutil línea roja que hace de imaginaria frontera para separar el hoy del mañana, solemos pensar que iniciamos otro camino provistos de un nuevo equipaje espiritual. Esta creencia se acentúa especialmente cuando llega el momento de despedirse de un año, que muere, para recibir alborozadamente al año que acaba de nacer. Año nuevo, vida nueva… Tal es la consigna tácitamente aceptada aunque, a medida que avanza el tiempo, la realidad nos demuestra que es una verdad relativa. Ahora mismo, estamos casi a punto de saltar al otro lado del annus horribilis, que fue el 2011, por la bulimia financiera que practica el lobby del capitalismo occidental. Si nos atenemos a la tradición secular de la cultura dominante, dentro de apenas veinticuatro horas estaremos cruzando el Rubicón mientras tragamos las doce uvas tradicionales para -ya en la otra orilla de este río, que es la vida manipulada por el poder…- desearnos, entre todos, felicidad y prosperidad. Hasta aquí, la Tradición. Con mayúscula.

Sin embargo, la realidad -aunque cueste trabajo aceptarla- es otra muy diferente. Tenía razón don Miguel de Unamuno cuando advertía de que todos los años no son más que un sólo y largo día. La sociedad asturiana tendrá la gran ocasión de comprobar la certeza del aviso unamuniano al iniciar su camino por el año 2012, que ya está llamando a la puerta. Asturias entrará en él cargando el mismo equipaje que, desde hace más de medio siglo, arrastra tras de sí, penosamente, por el interminable camino del tiempo: su crónica crisis cultural y su atávica pobreza ideológica. Una crisis que, probablemente, se le haya acentuado a partir de la pérdida de su histórico patrimonio industrial -una riqueza iniciada a mediados del siglo XIX, y desmantelada definitivamente en los años 80 del siglo XX-, patrimonio que constituía el escenario ideal para proyectar sobre él las ideas de un progreso cultural y social, que empujaba a esta antigua comunidad regional hacia las altas esferas del bienestar social… Evidentemente, sin prescindir de las inevitables y naturales tensiones sociales. Probablemente, porque la cultura del trabajo necesita, para avanzar, ir acompañada por el desarrollo del pensamiento político: otra forma de cultura indispensable para el progreso social.

Ahora, en este momento, nos disponemos a iniciar la rutinaria liturgia del recibimiento de un nuevo año cargados con el equipaje de los mismos errores cometidos, año tras año, en el transcurso de los últimos ochenta años: el peso dominante de una política orgánica que quiere controlarlo todo. Esta antigua sociedad regional, convertida en comunidad autónoma por obra y gracia del milagro transitivo decretado por los reformistas de la anterior dictadura nacionalcatólica, es, en estos momentos, una olla en plena ebullición: por un lado, burbujea un club, llamado Foro AC, que es responsable -por decisión popular democrática- del Gobierno del Principado de Asturias. Se trata de un Gobierno peligrosamente minoritario -aunque con gran vocación imperial-; el cual, necesita flexibilizar su elevada y rígida sensibilidad orgánica si quiere lograr pactos, uniones, entendimientos y comuniones, con otros partidos mayoritarios. Pero muy especialmente, con el partido que es, aunque no lo parezca, su matriz: el Partido Popular.

Por el otro lado, hierve a borbotones el socialdemócrata PS(O)E mientras intenta renovarse -¡otra vez…!- porque quiere recuperar la hegemonía perdida en las elecciones generales del esotérico 20-N de 2011.

Este es el paisaje que esta comunidad le ofrece al año 2012. Un paisaje que tiene su historia: tras el desmantelamiento prácticamente integral de la industria minero-siderúrgica -incluido el embalsamamiento de las Cuencas Mineras-, llevado a cabo disfrazándolo de una moderna operación para lograr la reconversión industrial de Asturias, la metafísica reconversión industrial consistió, finalmente, en sustituir la tradicional industria minera y siderúrgica por la virtual industria de la política, de cuya capacidad para generar empleo ha dado pruebas suficientes desde el primer día…

Lo que no se le puede negar a esta peculiar reconversión industrial asturiana es que, gracias a ella, el siglo XIX se ha conservado, tan fresco como el primer día, incluso una década después de haber estrenado, cronológicamente, el siglo XXI. Esto sí es trabajar por la conservación de la Tradición. Hoy, aquí, se hace política como en los mejores tiempos de don Alejandro Pidal y Mon. Reconocer este mérito es un deber de la conciencia social. Si me lo permite, le voy a poner dos casos que demuestran la importancia que tuvo esa milagrosa reconversión de la minería y la siderurgia en la política de los partidos dinásticos: a), Asturias es un concepto teológico felizmente secularizado: Covadonga; y b), Asturias es un fenómeno racionalista ilustrado: Jovellanos. Todo esto, que no es poco, es lo que el 2011 va a volcar sobre el próximo año. Debemos reconocer que sin la política orgánica -adaptada a la democracia transitiva de estas últimas tres décadas y pico- ni la Santina ni Jovellanos habrían logrado esa identificación que convierte a ambos en la quintaesencia de un modelo de sociedad difícil de sondear únicamente con el pensamiento si prescindimos de lo teológico y de lo racionalista.

La clase política asturiana -al frente de la cual están las divinas castas oligárquicas, cada una de las cuales vela por los principios ideológicos de sus respectivos partidos- es la encargada de que los asturianos se convenzan de que para serlo basta, sencillamente, con mantenerse fieles a unas determinadas actitudes sociales. Y no -como pretenden algunos (¿rojos…?)- un profundo sentimiento de la propia conciencia individual. Eso significa, desde la perspectiva de un político orgánico experimentado, una grave transgresión de la disciplina social. He aquí otro logro positivo de la reconversión industrial en esta región. Porque para asumir un profundo sentimiento asturianista están, precisamente, ellos. A los demás les basta con cubrirse la cabeza con una montera picona. Es mucho más fácil -y menos comprometido- llevar a Asturias por fuera que por dentro de nuestras cabezas.

Con la montera picona les resulta más fácil, a los políticos, homogeneizar a la sociedad regional. Al menos, este es el sueño imperial de la clase política asturiana, tan sabiamente dirigida por sus respectivas castas oligárquicas.

Con este bagaje político -heredado del siglo XIX- la actual comunidad autónoma se dispone a adentrarse entre la espesura teológica y racionalista de la selva del año nuevo. Felicidades.

Lorenzo Cordero. Periodista.

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La frase, atribuida a Pío Cabanillas en el crepúsculo de la UCD, se ha convertido en eslogan de curso legal para aludir a las sorpresas, naturalmente  desagradables, que al ser humano suelen deparar quienes precisamente deberían colmarle de dicha y dádivas en razón a la pertenencia al mismo grupo de interés político, económico o incluso familiar. Los millones de españoles de clase media que votaron PP en 2004 y 2008 y han vuelto a hacerlo el 20-N confiando en sacar ventaja del cambio, se toparon el viernes con la desagradable, por más que predecible, sorpresa de tener que correr con el peso del ajuste, mientras que los sectores que entonces y ahora apoyaron al PSOE, supuestamente con menos posibles, se ven tratados con mimo por el Gobierno de la derecha, cuando, en justo castigo a sus culpas, deberían ser los que pagaran la cuenta de los destrozos causados por su apoyo al Gobierno de ineptos y desvergonzados caraduras que encabezó hasta hace unos días José Luis Rodríguez Zapatero.

Están tan cerca las protestas de Elena Salgado asegurando a pies juntillas que el Gobierno cumpliría de sobra con el “compromiso solemne” de la legislatura, que no era otro que el de alcanzar el objetivo de déficit público del 6% sobre el PIB, que uno siente vergüenza ajena al reconocer su pertenencia a un país donde los responsables políticos pueden mentir impunemente y salirles gratis. Tan cerca como el 14 de octubre pasado, la señora Salgado afirmaba solemne tras Consejo de Ministros que “tenemos 4.000 millones de margen, cuatro décimas de déficit, para cumplir con el objetivo de déficit”. El colchón aludía a  2.000 millones que el Tesoro había ingresado por la subasta del espectro radioeléctrico, y a otros 2.000 que milagrosamente se habían ahorrado en el pago de intereses de la deuda. Voilà: 4.000 millones que, apenas dos meses después, se han demostrado pura filfa. Fantasías gaseosas. Mentiras.

Al final –o de momento- el déficit ha resultado ser del 8%, aunque parece que puede llegar al 8,2%, lo que equivale a decir que la Salgado, su jefe, Zapatero, y su mentor, Alfredo Pérez Rubalcaba, se han pasado 22.000 millones de pueblos –así como tres billones y medio de pesetas-, y que el Gobierno Rajoy tendrá que acometer en marzo la parte del león del ajuste con otros 20.000 millones, como poco, del ala. El pasado 7 de diciembre escribí en estas mismas páginas que “En esta hora de despedidas, cuando un manto de piedad pretende cubrir los dislates del personaje [ZP] camino de su exilio, no está de más efectuar un breve repaso del por qué hemos llegado hasta aquí, cómo hemos podido caer en el agujero de las cuentas públicas que hoy luce España. En los cuatro años que van de septiembre de 2007 a septiembre de 2011, en efecto, la deuda pública española pasó de 381.401 a más de 700.000 millones de euros. ¿Dónde han ido a parar esos casi 320.000 millones? ¿En qué se ha podido perder tan ingente suma?”

La clase política y la “Internacional” del momio

Para premiar tanto despilfarro y enaltecer el incumplimiento del objetivo de déficit, en lugar de denunciarlos ante el juzgado de guardia más cercano como reos del delito de haber arruinado un país y dilapidado su futuro, el nuevo Ejecutivo del Partido Popular decidió anteayer condecorar con el collar de la Orden de Isabel la Católica a Rodríguez Zapatero, con la Gran Cruz de Isabel la Católica a Manuel Chaves, y con la Gran Cruz de la Real y Distinguida Orden Española de Carlos III a la ex vicepresidenta económica y al resto de integrantes del último Gobierno ZP. La clase política española, a derecha e izquierda, parece empeñada en consolidar una especie de “Internacional del Momio”, bajo la bandera de conveniencia del “agrupémonos todos en la lucha final, para seguir defendiendo nuestro estatus, disfrutando de nuestros privilegios y, si es posible, llevándonoslo crudo, aunque se hunda el mundo”.

Nadie sabe hasta qué punto ha estado presente en el diseño de los planes del tándem Cristóbal Montoro-Alvaro Nadal las presiones del camarada Javier Arenas para evitar que un ajuste duro de entrada le chafe su previsible mayoría absoluta en Andalucía en marzo, pero es evidente, o a mí me lo parece, que el “susto” del viernes despide un insoportable aroma a “to er mundo e güeno” y no vamos a molestar a nadie, o vamos a repartir los sacrificios de manera que nadie nos pueda acusar de pecar gravemente contra el mandamiento de la equidad. Socialdemocracia a palo seco. El aterrador espantajo del 8% sirve o ha servido al nuevo Gobierno para engañar a sus votantes y hacer lo contrario de lo prometido en su programa electoral, a saber, subir impuestos a las rentas del trabajo (IRPF) y del capital, “un error innecesario”, en opinión de un economista liberal, “como muy bien sabe Cristóbal, porque se puede recaudar más bajando ese impuesto que subiéndolo”.

Llevar el tipo máximo del IRPF hasta el 55% -subida de 7 puntos de golpe, descomunal escalón incluso para usos y costumbres escandinavos- es algo a lo que seguramente no se hubiera atrevido ni Gaspar Llamazares al frente del Gobierno de la nación, y supone, además de un error, un castigo injustificado a los sectores más dinámicos y talentosos, mejor preparados, de nuestra sociedad, a los que también se brea vía rendimientos del capital y vía IBI. El principio básico en materia fiscal de todo liberal que se precie es que el dinero está mejor en el bolsillo de su dueño, que en general lo ha ganado con su esfuerzo, que en manos del Estado, donde “el dinero [público] no es de nadie”, según axioma salido del caletre de la ex ministra Carmen Calvo, por lo que la orden del día que ayer publicó el BOE supone enviar el pensamiento liberal a la escombrera de las ideologías perdidas o laminadas por el paso del tiempo. Se explica la cara de Luis de Guindos, ante el arrojo mostrado por un Montoro enseñando a las cámaras las Tablas de la Ley del nuevo IRPF.

Socialdemocracia de derechas

Da la impresión de que el ministro de Hacienda, auténtico poder fáctico del nuevo Ejecutivo, y su gente, han hecho lo imposible por no asustar evitando meter el bisturí en las pocas vetas de ahorro sustancial que todo Gobierno en la situación del español tiene a mano para sanear de verdad, pero es opinión casi general que Rajoy no podrá hacer frente a la enormidad que supone tener que recortar cerca de 22.000 millones adicionales en marzo sin tomar medidas impopulares, es decir, sin meter la tijera en ese sacrosanto “gasto social” que absorbe más del 60% del Presupuesto, lo que equivale a decir que no tendrá más remedio que subir el IVA y, palabras mayores, meterle mano, al menos temporalmente, al subsidio de desempleo, con los costes sociales que ello pueda conllevar.

El Gobierno Rajoy quiere hacer la tortilla del ajuste sin romper un huevo –la decisión de prorrogar los 400 euros a los parados de larga duración es error típicamente socialista que, en opinión de muchos economistas, tiende a desincentivar la búsqueda de empleo y que ahora repite el PP-, sin hacer daño a nadie o, lo que es peor, haciendo pagar la cuenta a las clases medias. Socialdemocracia de derechas. Tras lo anunciado el viernes, el riesgo latente es que los paños calientes del señor Montoro dificulten el proceso de ajuste, retrasando la recuperación y prolongando el sufrimiento. Reducir en un año el déficit del 8% al 4,4% del PIB va a exigir inevitablemente meter la navaja hasta el fondo y extirpar el cáncer del gasto, adoptando medidas impopulares. Los milagros no existen, y por la vía de la franciscana “equidad” solo se logrará causar más dolor durante más tiempo.

Zapatero empezó en 2004 su “reinado del caos” cumpliendo su programa y retirando las tropas de Iraq, para llevarnos después directamente hacia el precipicio. Rajoy empieza traicionando su programa y subiendo impuestos, pero, por seguir con el símil, ¿será capaz de acertar después y conducirnos hacia la “gloria” de la recuperación…? Desconfiemos por igual de economistas y periodistas, dos especies dadas a la cábala y propensas a la equivocación, y esperemos que el nuevo año traiga mucha paz y al menos un poco de esperanza al corazón afligido de los españoles. Es mi ferviente deseo para todos los lectores de Vozpópuli en este 2012 que hoy comienza. Sean felices.

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Para poder exigir sacrificios a la ciudadanía lo primero que hay que hacer es un buen diagnóstico de la actual crisis económica. La economía como ciencia social admite distintas interpretaciones, muy condicionadas por prejuicios ideológicos. Ni el anterior gobierno del PSOE ni el actual del PP, desde mi análisis, han entendido la naturaleza sistémica de la actual deriva económica. Por lo tanto sus recetas al final acaban fracasando y agudizando el problema, es decir, intensificando la recesión económica.

Está dinámica no es específica de España, afecta a la mayoría de economías desarrolladas. Refleja en última instancia un vacio intelectual porque en realidad lo que ha quebrado es el soporte ideológico que alimentaba la dinámica económica, política y social de la clase dominante. Estos procesos se suelen dar en períodos históricos que coinciden con una ruptura del sistema dominante.

Bajo este análisis, la crisis actual no puede ser superada mediante reformas, ajustes, o un mayor control de las operaciones financieras. Los vínculos entre economía y sociedad han saltado por los aires, y, al final, será necesario recomponer las instituciones sociales para que de nuevo estén al servicio de los ciudadanos.

Fin del actual modelo económico

El modelo económico dominante se ha agotado. En España las rentas del factor trabajo se encuentran en mínimos históricos en relación a las del capital, y, lo peor de todo, hoy en día trabajar no garantiza abandonar la pobreza y la exclusión social. Las familias y las empresas no financieras presentan unos niveles de deuda que en muchos casos no podrán devolver. El sistema financiero está zombi, presenta problemas de liquidez, solvencia, y financiación.

La primera condición necesaria, aunque no suficiente, para que la economía española pueda en el medio plazo volver a crecer y generar empleo es que el poder público tome el control de la mayoría del sistema bancario, reduciendo de manera notoria el tamaño de sus balances. La banca se ha convertido en un verdadero agujero negro que succiona la liquidez global sin garantizar en última instancia su solvencia. Se podría hacer mediante la nacionalización u otros métodos. Además será necesaria, de manera paralela, una reestructuración de la deuda privada.

Imposición fiscal: ¿sociedades, grandes patrimonios?

Las reformas tributarias de gobiernos populares y socialistas en el período 2003-2008 implicaron una pérdida potencial de recaudación por valor de 18.000 millones de euros, aproximadamente un 1,6% del PIB. Estas bajadas impositivas no generaron crecimiento económico, sino que incentivaron aún más las operaciones inmobiliarias, que cebaron el consumo e inversión vía endeudamientos privados descomunales. España, consecuencia de esas reformas tributarias se desarmó fiscalmente; recauda poco y mal y ello, en los tiempos que corren es gravísimo. Si se dispusiera de ingresos fiscales más acordes a los de nuestro entorno europeo, no sería necesario semejante proceso de contracción del gasto público, que además de reducir más el crecimiento económico, impide cualquier cambio o salto a otro modelo de crecimiento más equilibrado.

Los aumentos de impuestos que se aprobaron en Consejo de Ministros de este viernes, y que no serán temporales, sólo se han centrado en el IRPF, tanto en los rendimientos del trabajo como del capital. Al no ir acompañados de un aumento del tipo efectivo de las grandes corporaciones, o de un gravamen a los grandes patrimonios, como en Francia, la cacareada progresividad no es tal. Afecta básicamente a la clase media, a la cual a su vez se le pide recortes salariales. La renta disponible de las familias, vía salarios e impuestos, caerá fuertemente, y por lo tanto no podrán reducir deuda. Blanco y en botella: el consumo privado se hundirá en 2012.

Además de hacer frente al brutal fraude fiscal, que se aproxima a los 100.000 millones, se debería abordar una clara reforma en el impuesto de sociedades, donde las continuas exenciones y deducciones que los distintos lobbies conseguían de los diferentes gobiernos de turno se establecían para quedarse. Es necesario eliminar todas y cada una de esas deducciones, especialmente cuando las grandes empresas de este país apenas aportan un millón de trabajadores, y sus tipos impositivos reales en muchos casos no llegan ni al 10%.

Salario mínimo, inversión en educación y bienestar

A principios de 2010 tuve la oportunidad de escuchar a Mogens Lykketoft, ex Ministro de Finanzas y de Asuntos Exteriores de Dinamarca, un tipo cercano, campechano, de fiar. Explicaba en España el modelo danés de reforma laboral, quizás el más exitoso de todos. Lykketoft recalcó hasta la saciedad la importancia de en toda reforma laboral compensar a aquellos que más van a perder, los trabajadores, especialmente a los grupos de renta baja. ¿Cómo? Mediante un salario mínimo alto, 1500 euros, y una fuerte inversión pública en educación y bienestar.

En el país nórdico el Estado juega un papel muy activo vía inversión en educación y bienestar. También en protección social: se otorgan ayudas públicas a las familias para promover las guarderías y las residencias de ancianos. En la España de Mariano Rajoy, como en la de Zapatero previamente, ni un atisbo de ello, ni están y ni se les espera.

Contracción del gasto público y recesión económica

Para completar el panorama tanto el gobierno actual como el anterior implementan un duro recorte de gastos. Ya no sólo son meros recortes salariales a funcionarios, o un nuevo frenazo en la inversión pública, sino que afectan a partidas tan sensibles como la investigación y desarrollo. La contracción del gasto público acelera la recesión.

La reducción del déficit público se puede hacer cuando el sector privado está bien y tiene acceso al crédito. Pero el sector privado está mal, el dinero no corre y, si la cosa sigue igual, la crisis se resolverá como la japonesa de finales de los años ochenta: con una depresión de aúpa que se prolongará más de lo necesario. Ya no es descabellado, el PIB de nuestro país perfectamente podría caer en 2012 más de un 2%.

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La frontera entre presentar una instantánea real del desastre económico heredado y alarmar a los mercados con lo que el nuevo Gobierno encuentra bajo las alfombras es muy estrecha. El nuevo equipo económico ha tenido la valentía de reconocer un déficit público del 8% que, posiblemente, terminará siendo superior, pero no puede arriesgarse a que los mercados le midan con el mismo rasero que al desaparecido Papandreu. La rapidez con la que Montoro y Guindos han puesto en pie el duro plan de ajuste anunciado este viernes limita, en principio, el peligro.

Estaría mal visto que fuera el Gobierno quien controlara a la oposición en el Parlamento. Pero habría que encontrar algún modo de pedir responsabilidades por el daño causado, sobre todo cuando todavía está fresca la testarudez con la que Elena Salgado insistía una y otra vez en la agonía de su mandato en que el déficit al final del ejercicio quedaría instalado en el 6%. Dos puntos más, el equivalente a 20.000 millones añadidos, no es moco de pavo ni plato de gusto para nadie, sobre todo cuando el grueso del recorte lo van a pagar los ciudadanos.

El nuevo Gabinete queda obligado a explicar muy bien donde mete la tijera y las razones que le impulsan a ello. Y debe salir también al paso de forma convincente de aquellas versiones que vinculan la gradualidad del ajuste con los intereses electorales ligados a Andalucía. Si se quiere recuperar la credibilidad perdida como país, es imprescindible que el embarque de los ciudadanos en los sacrificios que están por llegar venga acompañado de una generosa pedagogía. Así sabremos todos a qué atenernos.

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La confianza ciega en el capitalismo puro disminuye en Estados Unidos. Los adultos jóvenes ya no están tan convencidos de que sea el modelo ideal para siempre jamás. Empiezan a surgir experiencias alternativas

Por naturaleza soy bastante optimista, pero la primera década del siglo XXI ha puesto enormemente a prueba esa tendencia natural. El secuestro en 2000 de las elecciones presidenciales estadounidenses por parte del Tribunal Supremo, supuesto garante del orden constitucional en Estados Unidos; el crimen contra la humanidad del 11 de septiembre de 2011, que cometieron unos terroristas islamistas; la invasión de Irak, amparada en ideas completamente equivocadas sobre la responsabilidad de ese país en los atentados y sobre su supuesto arsenal de “armas de destrucción masiva”; la negativa a tomar medidas de relevancia para minimizar el cambio climático o la decidida eliminación por parte de Wall Street y de los funcionarios del Gobierno federal de los necesarios controles a la especulación introducidos por el New Deal en la década de 1930, son solo algunos de los fenómenos que, por decirlo de forma suave, me han hecho dudar de las motivaciones y mecanismos mentales de nuestros dirigentes políticos.

El 15 de diciembre pasado apareció en The New York Times un artículo que me llevó a contemplar el futuro de la raza humana con un ligero optimismo. Se titulaba ¡Trabajadores-propietarios de Estados Unidos, uníos!, y su autor, Gar Alperovitz, es profesor de Economía Política en la Universidad de Maryland. No le conozco personalmente, pero hace tiempo que le admiro, por haber publicado en 1995 The decision to use the atomic bomb [La decisión de utilizar la bomba atómica] un estudio muy documentado, que no solo demostraba el peso de los deseos de venganza por el ataque contra Pearl Harbor y la necesidad de salvar vidas de estadounidenses, haciendo innecesaria una invasión terrestre de Japón, sino que también explicitaba las motivaciones y consejos de los muchos científicos, militares y políticos que estaban a favor de lanzar la bomba en una zona poco poblada para demostrar a los japoneses el increíble poder de destrucción de la nueva arma sin necesidad de acabar con la vida de decenas de miles de personas inocentes.

El artículo del profesor Alperovitz en The New York Times evalúa la importancia de varias tendencias políticas de los últimos años que prácticamente nadie ha mencionado mientras el debate público se centraba en los planes de austeridad, la recapitalización bancaria, las ventajas y desventajas de recuperar las leyes reguladoras que mantuvieron las tácticas de Wall Street en niveles relativamente honrados entre 1940 y 1980, las considerables reducciones de las políticas de bienestar aplicadas después de la II Guerra Mundial en los países más desarrollados, y las políticas financieras de las grandes potencias y de la Unión Europea.

A continuación figuran algunos de los datos económicos e ideológicos que el profesor Alperovitz evalúa. En torno a 30 millones de adultos estadounidenses (de un total de 311 millones de habitantes) son copropietarios de empresas del tercer sector o de cooperativas de crédito. “Más de 13 millones de estadounidenses se han convertido en trabajadores-propietarios de más de 11.000 empresas pertenecientes a sus empleados, seis millones más del total de afiliados a sindicatos del sector privado”. En la Cleveland actual, una ciudad muy afectada por la decadencia de la industria metalúrgica de EE UU a finales del siglo XX, existe “un grupo integrado de empresas cooperativas, que en parte se mantiene por la capacidad de compra de grandes hospitales y universidades, lleva la voz cantante en la instalación local de paneles de energía solar, así como en la organización de servicios de lavandería verde y de un invernadero hidropónico de uso comercial, capaz de producir más de 13 millones de lechugas al año”.

Muchos Gobiernos municipales y estatales están invirtiendo en nuevos negocios locales y adquiriendo parte de los mismos. En la actualidad, unos 14 Estados están barajando seguir el ejemplo de Dakota del Norte, que gestiona eficazmente un banco público, lo cual permite a los empresarios solicitar créditos en su entorno, sin tener que recurrir a entidades lejanas y controladas por Wall Street. El autor añade también que unos 15 Estados están pensando organizar “algún tipo de sistema sanitario centralizado o de sanidad pública”.

A la luz de los ejemplos concretos que da el artículo, queda claro que en realidad solo una parte muy pequeña de la economía estadounidense utiliza las técnicas de gestión cooperativa, alabadas por el autor, que se basan en que el trabajador también sea propietario de su empresa. Por otra parte, creo que aplicar diversos planes de asistencia sanitaria centralizada en varios de los 50 Estados norteamericanos sería una pesadilla para los ciudadanos que se trasladaran de uno a otro. Sin embargo, desde el punto de vista práctico, la introducción de planes estatales independientes sí podría ser útil para proporcionar unos pocos años de experiencia con normas diferentes, lo cual podría ayudarnos a decidir qué características son preferibles para un plan sanitario federal o nacional. Además, un plan de atención sanitaria centralizado para todo el país solo será viable cuando los estadounidenses superen, tanto los ridículos prejuicios que dictan que la gestión privada siempre es mejor que la pública como la disposición a preguntarse siquiera por qué en las últimas décadas las estadísticas sanitarias de muchos países con sistemas de salud nacionales son mejores que las estadounidenses.

En sus conclusiones provisionales, el profesor Alperovitz escribe que “aunque hace tiempo que la población estadounidense es partidaria del modelo capitalista, puede que eso también esté cambiando. En 2009, una encuesta Rasmussen indicó que los estadounidenses menores de 30 años estaban “divididos en dos mitades equiparables” en lo tocante a si preferían el capitalismo o el socialismo”. Esta referencia me parece desconcertante, porque la encuesta Rasmussen, que donde más se cita es en los noticiarios de la conservadora cadena Fox, ha sido criticada por muchas otras empresas demoscópicas, que la acusan de exagerar los porcentajes de sentimiento partidista republicano entre la población de EE UU.

Sin embargo, es bastante posible que desde el punto de vista de Rasmussen sea importante advertir a los amos capitalistas de que, en proporción, los adultos jóvenes no son tan antisocialistas como sus padres. Cuando el imperio soviético se derrumbó entre 1989 y 1990, afortunadamente sin mucha violencia, los intelectuales conservadores de Estados Unidos celebraron “el fin de la historia”, queriendo decir que la derrota soviética en la guerra fría demostraba que el capitalismo era el único modelo de desarrollo político-económico exitoso y que, con ligeras modificaciones, serviría de patrón principal para el conjunto del futuro humano.

No obstante, por desgracia, quienes dominaban la política estadounidense y británica en la década de 1990 no incluyeron entre sus ejemplos de modelos de futuro exitosos los de los países escandinavos. En su opinión, el Estado de bienestar había sido necesario para combatir los supuestos atractivos del modelo soviético. Cuando este fracasó de forma espectacular y total, pensaron que había llegado el momento de reducir los servicios sociales introducidos en sus países después de la II Guerra Mundial.

Yo creo que lo que el mundo necesita es una combinación flexible, que conjugue el capitalismo regulado que ejemplifica el New Deal estadounidense con los servicios sociales de los que curiosamente fue pionera la Alemania imperial de finales del siglo XIX y que los Gobiernos escandinavos del siglo XX desarrollaron, convirtiéndolos en norma. Hoy en día, y todavía más en el futuro próximo, el hecho de que la población mundial crezca con rapidez hace absolutamente necesario algún tipo de planificación a escala mundial para la utilización de unos recursos naturales limitados y para controlar de algún modo el cambio climático. También necesitamos desarrollar a escala internacional la economía cooperativa que el profesor Alperovitz nos dice que está aumentando en Estados Unidos con la intención de superar el desastre económico de 2008. Es una conjunción de elementos en modo alguno fácil, pero sí necesaria.

Gabriel Jackson es historiador.

Traducción de Jesús Cuéllar Menezo.

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La realidad muestra que las políticas que las autoridades europeas vienen aplicando para salir de la crisis están equivocadas. En lugar de mejorar la situación han provocado el inicio de una nueva recesión y que los países en donde se han adoptado con más disciplina sean precisamente los que ahora se encuentran en peor situación y con un horizonte más pesimista a corto, medio e incluso largo plazo.

En otros artículos me he referido a los errores de concepción general que llevan a ir por el camino inadecuado y que principalmente se deben a que no se abordan las auténticas causas de la crisis en mi opinión por culpa de la ceguera ideológica y de la servidumbre de los líderes europeos ante los grandes poderes que la han provocado.

Ahora quisiera referirme a cuatro aspectos concretos que están recibiendo un tratamiento inadecuado también como efecto del sesgo ideológico que domina la política europea y del privilegio con que se sigue tratando a la banca y a las grandes empresas que la dominan.

1. ¿Cómo resolver problemas coyunturales de liquidez?

Como es sabido, la crisis ha producido, entre otros problemas a los que ahora no me voy a referir, un problema de liquidez en algunos países (casi en todos pero típicamente, por ejemplo, en Italia o España) que son solventes, es decir, que en condiciones normales podrían resolverlo sin demasiada dificultad en periodos de tiempo relativamente cómodos.

El error neoliberal de las autoridades europeas consiste en renunciar a la utilización de un banco central como prestamista en última instancia, es decir, como financiador en condiciones favorables para que esos países puedan hacer frente al problema coyuntural que padecen o puedan padecer en otras ocasiones.

En lugar de permitirlo, en su día se estableció que el Banco Central Europeo no podría cumplir esa función. La razón que se daba y que se sigue dando es que esas crisis coyunturales de liquidez podrían solucionarse por sí solas si los países afectados aplican inmediatamente las políticas “adecuadas” que son las que pueden atraer a los capitales suficientes para satisfacer las necesidades de financiación: reducción de gastos públicos, mejora de la competitividad bajando salarios, liberalización y privatización de las actividades económicas y dando las mayores facilidades posibles a la inversión.

Lo cierto es, sin embargo, que lo único que se consigue de esta forma (como en esta coyuntura concreta se puede comprobar) es, por un lado, privilegiar a la banca (que se hace así con el muy rentable negocio de financiar a los estados, y ahora, además, ni siquiera con sus propios recursos sino con los que les da el Banco Central Europeo); por otro, encarecer extraordinariamente la financiación pues la que se consigue a través de “los mercados” es mucho más cara que la que proporciona un banco central; y, por último, provocar un deterioro generalizado de la situación económica porque a la crisis de liquidez se le suma una de demanda como consecuencia de la reducción generalizada de los ingresos y el gasto. En definitiva, lo que resulta es que una situación más o menos pasajera de falta de liquidez se convierta en una permanente de deuda (que es lo que beneficia a la banca dado que su negocio no es otro que aumentar la deuda) y de insolvencia al venirse abajo la actividad y la capacidad de generación de ingresos.

2.¿Qué hacer ante las necesidades de financiación a largo plazo?

Además de tener dificultades de liquidez a corto plazo, la mayoría de las economías europeas (sobre todo las que se encuentran ante problemas de graves asimetrías, como comentaré en el siguiente punto) se encuentran en estos momentos en una auténtica crisis de financiación a largo plazo y la respuesta de las autoridades europeas vuelve a ser prácticamente la misma que en el caso anterior: bastará con aplicar reglas muy estrictas de estabilidad (la llamada “regla de oro” que impida los déficits) y de austeridad para lograr que los mercados financien en el nivel necesario a las economías deficitarias y para que éstas no vuelvan a sufrir el mismo tipo de crisis financieras.

La solución es igualmente inadecuada por dos razones. La primera es la misma que en el caso anterior. Si a una economía se le reduce la capacidad de generar ingresos y la demanda, lo que inevitablemente se provoca es un empeoramiento de su situación a medio y largo plazo, una mayor dependencia respecto a los capitales externos (lo que la hace más proclive a sufrir crisis de liquidez y de solvencia) y una pauperización progresiva. Por muy cómoda que sea esa situación para la banca y las grandes empresas de dimensión global o que disfrutan de mercados cautivos en esos países, lo seguro es que con esas políticas el país en su conjunto se endeudará más y no menos a largo plazo.

Pero, además de eso, una política de este tipo no es eficaz nunca cuando se produce en un medio ambiente como el de la unión monetaria europea. Como las necesidades de financiación siempre serán diversas, si cada país hace frente a ellas de modo individual se producirá un claro incentivo a la especulación, además de un incremento constante del coste de la deuda y en la asimetría y la desigualdad.

Es por eso que la negativa de las autoridades europeas a generar un sistema ordenado de emisión de eurobonos o de cualquier otro tipo tipo de emisión colegiada de la deuda es tremendamente oneroso y está produciendo un agravamiento del problema de la deuda en lugar de solucionarlo (aunque, eso sí, de nuevo concediendo una gran privilegio y beneficios extraordinarios a la banca).

3. ¿Cómo actuar ante los desequilibrios estructurales?

Otro problema al que se le está dando una solución equivocada, porque igualmente está siendo mal entendido, es el de la asimetría estructural que se viene dando entre diferentes países de la eurozona. Mientras que unos, con Alemania a la cabeza, presenta superávits prácticamente permanentes, otros, como España y los de la periferia europea, tienen déficits constantes en sus cuentas exteriores, lo que obliga lógicamente a que se produzcan flujos de capital de diferente signo en una y otra zona.

La opinión dominante, principalmente generada en Alemania, es que eso se debe a que los países de la periferia son menos productivos y competitivos, sus gobiernos más despilfarradores y, en suma, a que vienen aplicando políticas económicas inadecuadas porque sus ciudadanos viven “por encima de sus posibilidades”.

Según la opinión dominante esta asimetría se solucionaría, entonces, aplicando el mismo credo que en los casos anteriores: políticas “buenas” de austeridad, de privatizaciones de servicios públicos y de contención de gasto público, para evitar el endeudamiento, y de salarios, para ser más competitivos. La misma política que lo mismo sirve para un roto que para un descosido pero que, ante este problema, es tan equivocada y perversa como en los anteriores.

Es errónea porque soslaya que lo que produce esta asimetría es la desigual división del trabajo y la actividad productiva que los grandes grupos empresariales han impuesto en Europa y que conlleva una desertización progresiva de los espacios periféricos. No está causada porque en los países deficitarios se gaste en exceso sino porque los grandes grupos de poder europeos han impuesto una estrategia de concentración del valor en determinadas zonas mientras que otras han sido desindustrializadas, literalmente colonizadas (como demuestra la masiva compra de los activos de las empresas españolas por el capital extranjero tras la entrada en el euro) y su papel prácticamente reducido al suministro de productos o servicios de bajo valor añadido. Y, además, porque los superávit generados en los países excedentarios de capital (sobre todo en Alemania) no se han aplicado en sus respectivos mercados internos mejorando las condiciones de vida de sus trabajadores sino que han sido utilizados por los grandes grupos financieros para aumentar la deuda en las periferias imponiendo allí el modelo productivo que mejor la genera: el de bajos salarios, escasos ingresos endógenos y empresas y capitales dependientes.

La realidad muestra claramente que con estas políticas no se puede resolver esta asimetría. Es imposible porque son las que, por el contrario, coadyuvan a que se produzcan. Lo que se necesita hacer es todo lo contrario: hay que federar las políticas económicas, crear instituciones de financiación, coordinación y control auténticamente paneuropeas y poner en marcha un proyecto de reindustrialización que centre en Europa y en sus territorios los vectores de los que depende la creación de riqueza y bienestar. Dicho en términos más gráficos, la única manera de acabar con las asimetrías que están matando a Europa es desglobalizar nuestra economía, es decir, situar las necesidades de los pueblos europeos como eje de coordenadas de la actividad, de la producción y el consumo y no supeditar la satisfacción de sus necesidades a capitales cuyo norte está siendo la rentabilidad mediante la especulación o el racionamiento productivo para controlar los mercados a escala global.

4. ¿Qué función debe desempeñar el Banco Central Europeo?

Finalmente, todo lo anterior se traduce en otro error de gran trascendencia que impide que con las políticas neoliberales que se vienen aplicando se pueda dar solución a los problemas de las economías europeas.

Puesto que se impone el criterio de que la crisis y todos sus males se resuelven simplemente cuidando de que en cada país se lleven a cabo las políticas que acabo de comentar, la función formal del BCE debe limitarse a la ya prevista: cuidar de la estabilidad de precios que justifica su llamamiento permanente a bajar salarios y actuar como prestamista de última instancia pero solo de la banca privada, no de los estados.

Así no solo se impide que resuelva de forma más económica y eficiente la crisis de liquidez de las economías nacionales, como acabo de comentar, sino que se renuncia a utilizarlo como un instrumento real de gobierno, control y supervisión del sistema financiero. Lo que no es ni mucho menos casual sino que supone un privilegio más para los bancos: estos actúan realmente a escala europea pero son supervisados por autoridades nacionales, de modo que así tienen muchas más facilidades y libertad para actuar en cada ocasión como mejor les convenga.

El resultado de todo ello es evidente: a pesar de la multimillonaria y prácticamente gratuita financiación que recibe la banca privada del BCE (casi medio billón de euros en la pasada semana) no se ha conseguido que fluya el crédito a las empresas que lo necesitan sino solo sanear su balance y mejorar constantemente sus beneficios.

¿Y todo esto por qué?

Podría parecer sorprendente que las autoridades europeas se vengan empeñando en aplicar estas medidas, que caigan en los errores que he comentado, a pesar de que la experiencia está demostrando que no sirven para lo que dicen que van a servir sino que, por el contrario, están empeorando la situación.

La respuesta es fácil: no mejoran a la economía en su conjunto, ni los ingresos ni las condiciones de vida de la inmensa mayoría de la población Pero benefician y mucho a las grandes empresas y a los bancos y basta ver las biografías de los presidentes o ministros de economía íntimamente vinculados a la Banca que las llevan a cabo cuando están llegando al poder, democráticamente como en nuestro reciente caso o directamente mediante golpes de estado como en Grecia o Italia.

Juan Torres López es catedrático de Economía Aplicada en la Universidad de Sevilla y miembro del Consejo científico de ATTAC-España. Su web personal: www.juantorreslopez.com

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Los éxitos electorales en los partidos políticos comportan acumulación de poder y ello genera unanimidad y acalla malas conciencias. El líder aparece entonces como indiscutido e indiscutible. Por el contrario, los reveses en las urnas pueden dejar a las formaciones políticas en la mayor de las indigencias, desatándose entonces todos los demonios familiares y los reproches más severos. Autocríticas que, por otra parte, suelen carecer de credibilidad porque obedecen exclusivamente al resentimiento por el desenlace electoral pero que cesarían tan pronto como el resultado fuese más propicio.

El PSOE ha sufrido en las últimas elecciones (autonómicas, municipales y generales) los mayores varapalos de su existencia, perdiendo elevadas cotas de poder. Entra por tanto dentro de lo compresible que se levanten todo tipo de tormentas internas. Quizás lo único novedoso se encuentra en la vaguedad y confusión en los planteamientos, y en la falta de valentía en las posiciones. Se dice, pero no se quiere decir; todos están de acuerdo con todos y afirman poder suscribir el documento contrario, al tiempo que se tiran a la yugular de los que lo han promovido. No obstante, quizás todo eso también sea compresible. Primero, porque por mucho que se escuden en la batalla de ideas, lo que se está dilucidando es una lucha por el poder interno. Segundo, porque unos y otros, de alguna manera, han estado implicados en los errores que dicen querer corregir. Y, tercero y principal, porque el único motivo de la autocrítica es el fracaso electoral y no el convencimiento profundo de que el PSOE hace mucho tiempo que dejó de ser un partido socialdemócrata.

La crisis del PSOE es bastante más profunda de lo que ellos mismos piensan y están dispuestos a admitir y, desde luego, se remonta más allá de la etapa Zapatero. El zapaterismo ha sido la manifestación de una generación criada y educada en un partido socialista totalmente descafeinado, y que había renegado ya de los auténticos valores socialdemócratas, o al menos los había distorsionado. El zapaterismo es hijo del felipismo. (Chacón afirmó ser la niña de Felipe González).El único PSOE que han conocido los integrantes de esa generación es aquel que estaba ya desfigurado por el poder.

El partido socialista años atrás había ido asumiendo, con la excusa de que era la única política económica posible, los postulados del neoliberalismo económico y, a nivel personal, sus dirigentes se habían dejado atraer por los encantos de la clase económicamente satisfecha. Ante el paro, se aceptó que la solución radicaba en desregular el mercado laboral; bajo el eslogan de que más vale un empleo precario que un parado, se generalizó la contratación temporal y se abarató el despido. Se suscribió la tesis de que lo privado era más eficaz que lo público y se puso en marcha todo un proceso de privatizaciones. Se dio por bueno el argumento de que para garantizar el Estado del bienestar era preciso reformarlo, lo que en la práctica equivalía a reducirlo. Se defendió el axioma de que solo se podía tener el sistema de protección social que pudiéramos permitirnos, olvidando que no era un problema de margen ni de disponibilidad financiera, sino de decisión política; todo dependía de la presión fiscal que se quisiera mantener. Se optó –por lo menos desde principios de los años noventa– por reformas fiscales que no solo limitaban la suficiencia del sistema sino que redujeron fuertemente la progresividad. Con todo, lo más grave fue que se ratificaron los tratados europeos construidos de acuerdo con un modelo neoliberal. Con ellos se fue cerrando cualquier posibilidad de aplicar en el futuro una política socialdemócrata, tal como se está demostrando ahora.

Esta transformación del partido socialista, que implicaba cambios profundos en el discurso y en el ideario, no se realizó ciertamente sin que surgieran resistencias y sin que muchos de sus dirigentes no tuvieran que acallar su mala conciencia al renegar de las que habían sido hasta entonces sus creencias; pero las satisfacciones del poder y la promiscuidad con las fuerzas económicas despejaron todo tipo de dudas. Las nuevas generaciones –los integrantes del zapaterismo– no han tenido, por el contrario, que realizar ninguna reconversión; crecieron y se criaron en un PSOE ya deformado, y la concepción de socialismo que mamaron se limita a una capa fina de progresismo formada por mitos y tópicos sin apenas contenido. Es por ello por lo que el zapaterismo se ha caracterizado por la frivolidad, la ligereza y la inconsistencia, dando bandazos de uno a otro lado para, según soplase el viento, ofrecer un cúmulo de ocurrencias sin fundamento y sin principios.

En honor de la verdad, hay que afirmar que la transformación sufrida por el PSOE no ha sido exclusiva de esta formación política, sino que ha afectado a casi todos los partidos socialdemócratas europeos. Valga de ejemplo el SPD de Schröder o la tercera vía de Blair. La mayoría de la socialdemocracia europea ha perdido el rumbo. Admitieron las reglas de juego de sus enemigos y ahora se encuentran en una jaula, aunque esta para un gran número de sus dirigentes sea de oro.

No queda mucho PSOE por hacer. Lo que queda es mucho PSOE por deshacer. Lo que se precisa es una refundación, destruir para volver a construir; desandar el camino andado, retornar al origen; un renacimiento. No parece, sin embargo, que nada de eso vaya a proponerse en el próximo congreso, ni que esta sea la intención de ninguna de las facciones que lucharán por el poder. Como mucho, lo que se planteará será la forma de recuperar los votos perdidos para conseguir cuanto antes regresar al gobierno. Por otra parte, este último objetivo no es demasiado difícil, dado el bipartidismo imperante y que antes o después el Partido Popular cometerá graves errores; pero estaremos tan solo en una alternancia ramplona de dos fuerzas políticas más o menos conservadores, más o menos liberales pero muy lejos desde luego de poder hablar de socialdemocracia.

www.telefonica.net/web2/martin-seco

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La Bolsa va a cerrar el año 2011 con un descenso del orden del 14%. Las empresas del selecto club del Ibex 35 han perdido en conjunto unos 50.000 millones de euros de valor bursátil, retroceso que se ha concentrado sobre todo en dos de los grandes valores, Telefónica, con unos 17.000 millones de euros de pérdida de valor, y el Santander, que habrá perdido una cifra casi idéntica, unos 16.500 millones de euros. Estas dos compañías cotizadas, junto con Arcelor, que se ha dejado en el año unos 24.000 millones de euros de su valor de mercado, han sido las grandes perdedoras del año. Su actividad principal (telefonía, banca y siderurgia) retrata de forma aceptable la identidad de la crisis en la que estamos sumergidos y que no tiene el aspecto de cambiar de rumbo en breve plazo ya que hasta mediados del año 2012 no se prevén los primeros síntomas de recuperación. En la economía española y quizás en la europea.

De los 35 valores que conforman el Ibex 35, sólo tres empresas han logrado ganancias de cierta importancia, Inditex, Repsol y Gas Natural. Pertenecen a dos sectores, el comercio textil y la energía. Inditex ha mejorado su valor en unos 5.000 millones de euros y ya es la tercera empresa española más importante entre las cotizadas, tras haber relegado a BBVA a la cuarta plaza, Repsol ha mejorado unos 3.000 millones y Gas Natural algo menos.

No se puede decir, al menos en el primero de los casos, que Inditex se haya visto beneficiada por unas condiciones de mercado favorables en su sector, ya que la empresa textil gallega está logrando importantes éxitos en su cuenta de resultados a pesar de pertenecer a un sector al que la crisis está castigando, como es el consumo privado. Repsol ha contado este año con importantes bazas a su favor, ya que su estrategia de búsqueda de recursos naturales ha empezado a dar resultados muy fructíferos en Brasil y en Argentina, dos países que han contribuido a rellenar la cartera de reservas probadas y aún en fase de exploración de la operadora española. Los tres grandes hallazgos de Repsol este año, dos en Brasil y de momento uno más en Argentina, ya forman parte del valor que el mercado le asigna a la petrolera española.

Las grandes empresas españolas cotizadas ya no se rigen solamente por servidumbres de la economía doméstica, además de reflejar capacidades de gestión muy diferenciadas. Una de las razones que explica las ganancias y las pérdidas de valor de las empresas españolas durante el pasado año es su grado de diversificación global, es decir, la capacidad para estar en mercados muy diseminados internacionalmente, lo que permite compensar la débil salud de algunos mercados, como el europeo en general, con la pujante fortaleza de otros, caso de los países emergentes.

Las empresas españolas tienen una notable presencia en el mundo emergente y las mayores de todas ellas cuentan con un grado de diversificación geográfica bastante avanzado, que les permite mantenerse en alguna medida a resguardo de las inclemencias del mercado español. Las empresas de raigambre casi exclusivamente española han tenido menos oportunidades para brillar en Bolsa durante el último año. La economía española no ha sido una economía en expansión. De no ser por la fuerte presencia en el exterior, la caída de la Bolsa española en el año que termina habría superado posiblemente el 40% y muy pocas empresas habrían logrado mejorar su valor de mercado en el curso del año bursátil. Por el contrario, un tercio de las empresas cotizadas llegan a finales del ejercicio con buenos resultados para sus accionistas. Grifols, Acciona y Ferrovial han sido las tres compañías más en alza. Las tres han jugado sus bazas fundamentalmente en el exterior.

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