Caffè Reggio

Fue uno de esos incómodos momentos en los que te das cuenta de pronto de que estás en el sitio equivocado, que eres un palurdo de un lugar perdido en una ciudad sofisticada cuyas costumbres no acabas de entender.

Politico [conocida revista digital norteamericana] patrocinó la semana pasada un simposio de “Análisis del año en Washington” y me invitó a formar parte de los ponentes sobre energía. Así que aunque apenas había pasado tres semanas en Washington este año (y las noches más memorables transcurrieron en su pabellón central de prisión por protestar ante la Casa Blanca para bloquear el oleoducto Keystone XL), me encontré viajando hasta Vermont para compartir escenario con dos miembros de la Cámara de Representantes: Ed Markey (demócrata por Massachusetts) y Lee Terry (republicano por Nebraska).

Estaba un poco nervioso, pues Terry había presentado recientemente un proyecto de ley para forzar una rápida aprobación del oleoducto que invalidara al presidente. Pero hablamos por extenso bastante amablemente, mientras le explicaba en qué estaban equivocadas las cifras de puestos de trabajo que no dejaba de repetir. Markey señaló que el petróleo de las arenas alquitranadas canadienses que se transportaría a lo largo del oleoducto, lejos de incrementar la seguridad energética de los EE. UU. estaría destinado a venderse en el extranjero. Era todo armonía de la de “avenirse a diferir”.

Y entonces, de pasada, dije algo que me pareció tan evidente que ni siquiera se me ocurrió que alguien pudiera ponerle objeciones: que eran claramente los grandes intereses petrolíferos los que querían resucitar el oleoducto y que utilizaban a los congresistas a los que subvencionaban generosamente para que así sucediera.

Noté que, a mi lado, Terry se irritaba. Terció rapidamente con algo por el estilo de ¿está usted diciendo que estamos “comprados”? Y de repente me sentí mal, como si verdaderamente hubiese dicho algo incorrecto. Farfullé, intenté decir que no sabía nada de él en particular, que estaba seguro de que al final sería parte de la solución y demás. Pero el hielo quedó en el aire; pareció genuinamente lastimado por que alguien pudiera pensar que se le presentase alguna clase de conflicto.

¿Es realmente posible que la gente de Washington no comprenda lo que el resto del país — izquierda, derecha y centro — cree respecto a ellos: que aceptan dinero de grandes empresas para sus campañas a cambio de gestionar sus peticiones?

Me fui a casa y busqué el nombre de Terry en la base de datos de la Dirty Energy Money Campaign [Campaña sobre el Dinero de Energías Sucias], elaborada por Oil Change International. Koch Industries le había entregado 15.500 dólares, Exxon Mobil le había concedido 25.500 dólares, la Petroleum Marketers Association le había lanzado otros 12.500…Conoco Phillips, Chevron, BP: en total, desde 1999, había obtenido 365.798 dólares de la industria de combustibles fósiles, y en el último recuento, la página de la base de datos dejaba sentado que se “alineó” con los intereses de las energías sucias en el 100% de las votaciones escogidas”.

Lo mismo resulta cierto de todos los demás patrocinadores de la legislación que intenta desbaratar la revisión del Keystone y construirlo rápidamente, y al clima que le den. Entiendo que esta clase de corrupción es bipartidista y también que es enteramente legal, pero entiendo también que todo el mundo, y quiero decir todo el mundo, con que me he encontrado fuera de Washington piensa que huele a podrido. Quiero decir que allí sentado en el estrado me sentía maleducado pero aturdido. ¿Usted cree de verdad que es correcto? ¿Aceptar dinero de gente cuyos intereses tiene luego que juzgar?

No es muy distinto de ir a un partido de fútbol en el que uno de los equipos pagara a los árbitros.

Middlebury College es quien paga mi sueldo. A mi no se me ocurriría, digamos, actuar como juez en un concurso de becas académicas en el que participasen estudiantes de mi universidad. No confiaría en mi mismo a la hora de hacer lo correcto.

Luchar en los últimos meses contra este oleoducto me ha proporcionado una nueva percepción del Distrito de Columbia. Cuando la batalla se libra en campo abierto — cuando la gente oye a los científicos explicar que explotar a gran escala las arenas alquitranadas canadienses equivale a declarar que “en lo esencial no hay más que hacer” en lo referente al clima — tenemos la oportunidad de imponernos. Pero cuando la acción desaparece tras las puertas cerradas del Congreso, el dinero manda.

Esa es una razón por la que deberíamos contar con una financiación pública de las campañas o idear alguna otra forma de sacar al dinero de la política. Todo ese dinero conduce a malas decisiones políticas, impulsadas por intereses corporativos en vez de por el bien público. Pero hay otra razón que me sorprendió en ese estrado. El honor de estos hombres y mujeres está en juego; es injusto pedirles que se mantengan por encima de tentaciones que el resto de nosotros no podríamos vencer. No sólo soy yo, en cierto plano todos le debemos una disculpa a Terry y sus colegas. Al permitir este sistema, les hemos colocado en una situación imposible.

Soy consciente de que Washington considera normal esa imposible situación y mi postura, ingenua. Pero una encuesta de octubre demostraba que sólo el 9% de los norteamericanos daba su aprobación al Congreso (comparado con un 11% en junio que creen que la poligamia es una buena idea, y un inexplicable 16% que daba su aprobación a BP durante el vertido de petróleo de 2010). Es hora de rescatar a la institución, y el sitio evidente por el que empezar son los cambistas de los pasillos.

Bill McKibben es autor de una docena de libros, el último de los cuales aparecerá publicado con el título: Earth: Making a Life on a Tough New Planet (Times Books, abril de 2010). Ejerce como profesor en el Middlebury College, Vermont. Pueden hallarse archivos de audio en los que pone en evidencia a los negacionistas del cambio climático en: tomdispatch.com.

Traducción para www.sinpermiso.info: Lucas Antón

Tom Dispatch, 14 diciembre 2011

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Apesar de la que está cayendo, el precio del barril de Brent se resiste a bajar de los 100 dólares e incluso se permite flirteos con los 110-115 dólares. Unos guarismos que a finales del 2011 llevarán a España a situarse cerca del récord de déficit comercial por importaciones de productos energéticos, alcanzado en el 2008, en torno a los 42.668 millones de euros. De enero a septiembre de este año dicho déficit era ya de 31.147,7 millones, un 22,5% más que durante el mismo periodo del año anterior y cerca de un 88% de todo el déficit comercial de nuestro país. El aumento de los precios ha superado ampliamente el efecto del descenso del consumo ligado a la coyuntura de crisis y lo malo es que las perspectivas no son nada halagüeñas.

Así lo sugiere la Agencia Internacional de la Energía (AIE) en su último informe sobre el panorama energético global (World Energy Outlook 2011), en el que considera tres escenarios sobre la evolución de la demanda mundial. El primero, denominado de Políticas Actuales, proyecta adónde nos conduce la rutina actual y prevé un aumento del consumo global de petróleo durante el periodo 2009-2035 de 20,4 millones de barriles diarios (mbd). El segundo, llamado de Nuevas Políticas, asume que todos los compromisos y planes anunciados por los gobiernos en lo relativo a la reducción de gases de efecto invernadero y a la eliminación de subsidios a los combustibles fósiles acabarán cumpliéndose, de manera que la demanda mundial entre el 2009 y el 2035 aumentaría en 12,7 mbd (cerca de un 38% menos que en el escenario anterior). El tercero se denomina 450 porque presupone que se adoptarán drásticas medidas para limitar a 450 partes por millón equivalentes de CO la concentración 2 de gases de efecto invernadero, lo que posibilitaría, con un 50% de probabilidad, que la temperatura media del planeta no aumentara en más de dos grados. En este escenario, la demanda global crecería durante el periodo 2009-2020 en 1,4 mbd, de los 86,7 a los 88,1 mbd, para después caer hasta 78,3 mbd en el 2035.

Sólo en el caso de que el mundo se ajuste a las previsiones del escenario 450, moderando su consumo en los próximos años, para después, a partir del 2020, reducirlo de forma drástica, podemos esperar que el precio medio del barril de petróleo importado por los países de la OCDE se estabilice en torno a los 97 dólares. En los otros dos escenarios, el barril aumentaría progresivamente de precio hasta alcanzar en el 2035 los 120 dólares en el escenario de Nuevas Políticas y los 140 en el de Políticas Actuales. Claro que todos estos valores están expresados en términos reales (dólares del 2010). Porque en términos nominales (sin descontar la inflación), en el 2035 estaríamos hablando de 171, 212 y 247 dólares, respectivamente. ¿A qué esperamos para cambiar de rumbo?

Mariano Marzo Carpio es catedrático de Recursos Energéticos en la Facultad de Geología de la Universidad de Barcelona.

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Estamos todos con la cuestión financiera, la crisis de deuda, las medidas de austeridad, el corte de pelo que nos va a dar la Merkel y todo eso, y nadie habla de un asunto que es un escándalo mundial: el encarecimiento artificial de todas las materias primas, empezando por el petróleo que tanto nos estrangula a la hora de poner gasolina.

No se escuchan voces sobre el tema, aunque es uno de los graves causantes de la crisis o el estancamiento económico y, seguro, de la hambruna mundial que ha rebrotado, cuando parecía que era una cosa superada, de los años ochenta. En plena contracción económica global, con un deplorable auge de la pobreza incluso en economías desarrolladas y sin grandes vectores industriales ni de consumo en ninguna parte, ¿cómo es posible que el crudo esté a 110 dólares el barril? ¿Por qué tenemos las gasolinas en máximos históricos? Es un escándalo mundial. La ciudadanía las pasa moradas con la que tiene y encima le pisan el cuello con esto.

La explicación es bastante simple, dentro de la complejidad: hay una especulación en derivados formidable, alentada, por supuesto, por los países productores y los cárteles. O sea, en manos de Goldman Sachs y la Opep. Qué desastre.

Todavía no he encontrado a nadie que me sepa explicar por qué los precios finales de los combustibles están al mismo nivel que hace tres años, cuando en julio de 2008 el barril se fue al entorno de los 145 dólares. En aquellos momentos la especulación fue brutal y obligó a los presuntos reguladores a que se hicieran públicas las posiciones no comerciales sobre contratos de crudo. El resultado fue que en apenas cinco meses el precio bajó a casi 40 dólares, por cierto, coincidiendo por medio con la quiebra de Lehman, Bear Stearns y demás bancos de inversión que hubo que rescatar.

Calentando el precio

Dicha locura álcista provoco grandes movilizaciones de colectivos profesionales, que sofocó Rubalcaba a golpe de porra. Ahora ni eso. Me llevan los demonios cuando veo artículos como este, en el que se puede ver a los inefables Goldman calentando de nuevo el precio del crudo, anunciando la vuelta a precios de 2008 el año que viene. Quisiera saber qué posiciones propias tiene esta firma en futuros sobre el Brent.

Hay mucho dinero recalentando las materias primas, con lo que eso significa en términos de inflación diferida por doquier. Nadie habla de eso, nadie propone unos mercados de materias primas más transparentes, incluso sin componentes especulativos. El que compre a futuro, que sea porque cree que así se abastece mejor, no porque quiera calentar una cotización y revender posteriormente un simple activo financiero.

Salir de la crisis pasa por muchas cosas, no sólo por rebajarle el sueldo a los funcionarios, recortar las pensiones o ajustar el déficit. Pasa por una urgente reforma financiera que incluya estas cuestiones. ¿Cómo van a recuperarse los tejidos industriales con esta especulación sobre las fuentes energéticas?

Lo fuerte del tema es que ni la pretendida revolución en Libia, ni un Chávez hecho polvo que ha mutado hasta convertirse en un clon perfecto de King África, ni toda la conflictividad en Egipto o Turquía han tenido ningún efecto relevante en los precios. Ni la han disparado, ni la han hundido, lo que prueba el escaso efecto que tienen las cuestiones de economía real en los mercados.

Es una absoluta decepción que ni en la Eurozona ni en EE UU se escuche una palabra sobre este asunto. Será que los políticos están conformes con la situación.

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Hoy, 9 de noviembre, el organismo Internacional de la Energía publica su informe anual -World Energy Outlook, el informe energético de referencia mundial- el cual confirma que no vamos por el buen camino para reducir el calentamiento global. Con la actual tendencia de producción de energía, la temperatura media de la tierra en 2100 superará en más de 2º C la de 1990, por lo que se dañará irreversiblemente el planeta, empeorando las condiciones de vida de la humanidad.

Es preocupante como la crisis -tan larga y virulenta- está absorbiendo casi toda la atención del mundo, detrayéndola de los retos energéticos que seguimos teniendo ante nosotros. Sorprende la ausencia de iniciativas medioambientales: en Estados Unidos, a nivel federal, es un debate inexistente desde hace tiempo; la Unión Europea se encuentra en el epicentro de un huracán financiero; y los emergentes siguen tenaces en su crecimiento económico para sacar a millones de personas de la pobreza. En este contexto, la próxima cita de la Convención sobre el Cambio Climático de las Naciones Unidas (UNFCCC) prevista para finales de noviembre en Durban (Sudáfrica) está pasando absolutamente inadvertida.

Pero la energía es fundamental para la humanidad no sólo por sus potenciales externalidades negativas, sino también por su relevancia económica: los países occidentales gastamos entre un 8 y 12% del PIB en energía -los países en vías de desarrollo el doble o el triple-. Por ello, es necesario un sistema que gobierne la energía.

Principalmente debido a sus externalidades medioambientales negativas, el mercado desregulado no es un mecanismo de gobernanza útil, ya que es incapaz de interiorizar los costes medioambientales. Se calcula que las fuentes más contaminantes (carbón, petróleo…) deberían soportar una tasa del 70% para reflejar sus externalidades negativas. El mercado libre tampoco funciona debido a la falta de información consustancial a este sector, pues la información es técnicamente difícil de obtener -por ejemplo, las propiedades de una reserva de gas-. Además, los estados consideran los recursos naturales como estratégicos y no facilitan información. Y los marcos temporales relacionados con la energía suelen ser largos -como son los efectos medioambientales (siglos) o la amortización de las inversiones (decenios)-. Por lo tanto, toca gobernar la energía vía la cooperación y la regulación, aunque ello sea sumamente complejo. Veamos por qué.

Gobernar la energía requiere considerar diversas dimensiones a la vez: la técnica, la política (y los fuertes grupos de interés) y la económica. La dimensión técnica de la energía engloba a muchas disciplinas y tecnologías distintas -eólica, fotovoltaica, nuclear, carbón-, por lo que el conocimiento está fragmentado en distintos silos epistémicos. Algo parecido existe en lo político, donde los sectores industriales y económicos están organizados pero divididos. Por si la conjunción de estas dimensiones no fuera suficiente complicación, existe una dificultad adicional: su dimensión internacional.

El sector energético ejemplifica las inadecuadas instituciones que tenemos para gobernar el mundo. Los estados son nacionales, las externalidades energéticas globales. Una fuga radiactiva, la ruptura de un pozo de petróleo en alta mar y, sobre todo, las emisiones de CO2 no se ciernen a un solo estado. En cambio, los beneficios de la energía si se pueden circunscribir aun agente concreto, ya sea como consumidor, productor o vendedor. Esta asimetría crea un claro incentivo al freerider: me beneficio yo y pagamos todos.

Además, la gobernanza global se hace necesaria porque la demanda y oferta de energía están desacopladas a escala mundial. Muy pocos países tienen una balanza energética neutral. El caso del petróleo (la principal fuente de energía del mundo) es indicativo en este sentido: Medio Oriente tiene un superávit comercial de petróleo del 266% y Estados Unidos un déficit del 65%. Este desajuste geográfico requiere de un sistema de intercambio ordenado, de reglas de juego claras, un mercado bien regulado. En cambio, a día de hoy, en el mundo proliferan los acuerdos bilaterales opacos, existen requisitos medioambientales muy dispares, y conviven subvenciones contradictorias.

Las instituciones globales dedicadas a la energía de las que disponemos actualmente son insatisfactorias. El Organismo Internacional de la Energía solamente incorpora a países de la OCDE, por lo que no incluye al mayor consumidor energético del mundo, China. El Energy Charter Treaty, un tratado intergubernamental que obliga a los firmantes a aplicar reglas de mercado imparciales a los productos y servicios energéticos, no está firmado por Estados Unidos (el segundo consumidor energético del mundo) ni ratificado por Rusia (el primer productor de petróleo del mundo). Los acuerdos comerciales auspiciados por la Organización Mundial del Comercio se aplican muy tangencialmente a la energía, que al considerarse en muchos casos un recurso natural agotable, queda exento de las normas.

¿Pero cómo es posible que ninguna de las instituciones mencionadas haya sido capaz de convertirse en un mecanismo efectivo de gobernanza energética? Fundamentalmente, porque los países no occidentales -ese grupo variopinto que incluye, entre otros, a grandes consumidores (China, India…) y productores (Oriente Medio, Rusia…)- desconfían de este sistema institucional creado principalmente por Occidente. Los países emergentes y grandes consumidores consideran, y con razón, que Occidente es responsable del problema actual del cambio climático. El desarrollo de Occidente, desde la revolución industrial hasta hace muy poco, ha estado libre de cualquier restricción medioambiental. Ellos creen que no deben cargar con los costes del cambio climático. En cambio, los países productores se oponen a ceder una de las pocas bases de poder que poseen.

La solución debe pasar por una negociación en una institución distinta a las mencionadas. Quizá, inicialmente, sería conveniente negociar entre los grandes emisores del mundo -el propio G-20 o algo parecido a un G-20 energético-. Posteriormente, se podría abrir la negociación a todos los estados -por ejemplo, situándola en la Convención sobre el Cambio Climático de las Naciones Unidas (UNFCCC)-. El foco de las negociaciones tiene que ser amplio y contener limitaciones a las emisiones y apoyo financiero y tecnológico para invertir en tecnologías menos dañinas con el medio ambiente. Las limitaciones a las emisiones hacen recaer desmesuradamente los costes sobre los países exportadores de petróleo y los países emergentes consumidores (con tecnología menos sofisticada).

En Durban, todos los países -desarrollados, emergentes, con y sin recursos naturales- debemos sumar para que el cese de la crisis no nos coja distraídos.

Javier Solana, presidente de Esadegeo, ex alto representante para Política Exterior y de Seguridad Común de la Unión Europea, ex secretario general de la OTAN y Senior Fellow de Brookings Institution, Ángel Saz-Carranza coordinador de Esadegeo.

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Ninguno de ustedes habrá probablemente oído hablar de una compañía llamada Cuadrilla Resources. Un servidor tampoco hasta hace un par de semanas cuando copó las portadas de la prensa local británica a cuenta de su presunto hallazgo en el subsuelo de Reino Unido de un yacimiento de gas pizarra de cinco billones y medio de metros cúbicos. Más allá de las dudas que pueden suscitar tan aventuradas estimaciones tras apenas dos prospecciones, lo cierto es que la noticia está revolucionando el patio energético europeo y amenaza con cambiar el rol jugado hasta ahora por los combustibles fósiles, la nuclear y hasta las energías renovables. Una buena noticia en muchos sentidos que se enfrenta a dudas tanto de carácter operativo como medioambiental.

Quizá la mejor manera de familiarizarse con qué es esto del shale gas o gas pizarra y sus implicaciones sea acudir al documento presentado por la firma británica a su Parlamento el pasado mes de febrero. Más allá de las intrincadas cuestiones técnicas, resulta de especial interés el tercero de sus apartados, el que hace referencia a la similitud entre la composición geológica del Norte de Europa y la de Estados Unidos, donde ya se han descubierto importantes depósitos de esta materia prima. Un potencial sobre plano que se vería refrendado por esos datos preliminares a los que hemos hecho referencia. De ahí a su extensión al conjunto de Europa mediaría solo constatación empírica y, sobre todo, voluntad política.

¿Por qué? Las dificultades del proceso de extracción hacen que la producción sea complicada, el aprovechamiento limitado y el efecto medioambiental pernicioso. Se trata de romper la piedra, con objeto de que se libere y fluya el gas que encierra, a través de la aplicación de un chorro a presión de agua y arena. Tradicionalmente se le achacado un impacto sobre el freático, cuyos acuíferos se verían dañados por los residuos derivados de tales operaciones. Incluso hay quienes atribuyen a esta actividad la génesis de movimientos sísmicos de menos calado, caso de Francia, muy beligerante contra este proyecto. No hay pruebas concluyentes, más bien lo contrario. El riesgo parece estar en línea con el negocio petrolífero tradicional de Exploración y Producción. La falta de series históricas, incluso en los yacimientos americanos más maduros, hacen que las proyecciones sobre su viabilidad y rentabilidad sean, en cierto modo, una quimera.

Da la sensación a priori, sin embargo, que merece la pena. No en vano, aun aplicando un factor de recuperación del 20%, de confirmarse el volumen estimado inicialmente por Cuadrilla, Reino Unido cubriría sus necesidades de aprovisionamiento foráneo de gas de los próximos 40 años. Reforzaría de este modo su independencia energética y limitaría su vulnerabilidad frente a otras fuentes de suministro tradicionalmente más inestables o la emergencia de naciones que aún dependen del gas que otros les venden. No solo eso, la cercanía al entorno industrial abarataría los costes tanto de fabricación –algunos sectores de hecho recuperarían competitividad de forma drástica- como para el bolsillo de los ciudadanos en un entorno de precios de alimentos y carburantes disparados. Aparte de crear empleo directo e indirecto y atraer inversiones.

Los partidarios de su explotación destacan, además, que cualquier perjuicio del entorno se vería compensado por el ahorro en términos de emisiones que supondría frente a otras fuentes de energía como el carbón. Simplemente aumentando el factor de carga de gas de las centrales térmicas del 45% actual a niveles cercanos al 65-70%, Europa se ahorraría de 250 a 300 millones de toneladas anuales de contaminación por esta vía de los 1.000 millones que produce anualmente el Viejo Continente. El impacto sobre la industria minera sería inmediato, pero también sobre el uso de las renovables como vía para cumplir con los objetivos fijados en protocolos internacionales para 2020 (WSJ, Europe´s Shale-Gas Boom, 30/09/2011).

No serían los únicos sectores afectados. La abundancia de materia prima afectaría de manera inmediata al precio –hasta en un 66% a la baja si nos atenemos al caso de Estados Unidos- y los ingresos de los operadores dominantes, a la vez que dejaría obsoletos contratos de aprovisionamiento plurianuales que tienen firmados. Un hecho que se compensaría por la capacidad de mantener márgenes y beneficios que permiten las recientes mejoras técnicas en el proceso extractivo y la posibilidad de entrar en el pool de muchos ciclos combinados apenas rentables y sistemáticamente expulsados por el mecanismo de precios marginales. Además, el sueño que abrazan algunos de un mundo sin energía nuclear se vería más cercano al consolidarse una alternativa de generación continua y razonablemente barata. Demasiado a la vez.

Como ven, palabras mayores que apenas han encontrado su eco entre la prensa generalista española. Y eso que contamos con una compañía que está haciendo algo parecido a los de Cuadrilla en Cantabria y Castilla y León. BNK Petroleum parece haber descubierto vetas de 100 a 200 metros de ancho a profundidades entre 2.500 y 4.500 metros. Siendo como es el coste energético que soportan empresas y consumidores en España de los más elevados de la OCDE, tal y como se encarga de recordarnos Daniel Lacalle en uno de sus múltiples post sobre este particular, prohibir cualquier desarrollo de este tipo de iniciativas sería apretar un poco más el nudo de la soga con la que nuestros políticos parecen querer ahorcar poco a poco a este país. Nos recuerda el autor lo que ha supuesto para Polonia, en términos tanto de ahorro como de venta de licencias de explotación, abrazar esta fuente de energía. Esperemos que cunda por una vez la sensatez en esta casa europea de locos.

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AJUSTE DE CUENTAS

Los que estuvieron dicen que el de Repsol del miércoles fue un consejo muy bronco. Que se lanzaron descalificaciones duras y que se emplearon triquiñuelas dignas del peor parlamentarismo.

Juan José Suárez Coppel, el director general de Pemex, sintió que fue arrollado por los demás consejeros, especialmente los ocho independientes, a los cuales consideró muy críticos hacia su pacto con Sacyr y muy poco inquisitivos con la gestión de Antonio Brufau.

Suárez y sus asesores creen que hay dos cuestiones de dudosa legalidad en el consejo celebrado el miércoles. Uno es el hecho de que los independientes venían muy bien organizados. Éstos se reunieron el 20 de septiembre en la sede de Repsol a instancias de Artur Carulla y tomaron varios acuerdos sobre gobierno corporativo que expusieron anteayer. A Pemex y a Sacyr les sorprendió esa unidad de acción. Sin embargo, según los estatutos de Repsol, que ha copiado esta disposición de las buenas prácticas corporativas anglosajonas, es perfectamente legal que parte de su consejo actúe como cuerpo colegiado dentro del cuerpo colegiado.

Carulla es el lead independent director y tiene la facultad de coordinar a los consejeros independientes. Repsol asegura que ni siquiera dio cuenta de la celebración de la reunión en su momento para no mediatizarla. De ella sólo se supo el miércoles.

El segundo punto que irritó a Suárez Coppel es que se le tachara de «consejero conflictuado». El consejo considera, tal como argumentó Repsol ante la Comisión Nacional de la Energía, que Pemex es un competidor relevante, por lo que estaría inhabilitado. Brufau cree que esa inhabilitación afectaría también a Sacyr que ha pactado con ellos. En una línea análoga, muchos cuestionan el carácter estatal de la mexicana.

Pemex se defiende afirmando que siempre ha sido estatal y que durante 20 años ha estado presente en el consejo de Repsol y nadie objetó nada. Para más inri, Pemex junto con el Instituto Nacional de Hidrocarburos (INH) español puede ser considerado un accionista fundador de Repsol.

Los mexicanos recuerdan que fue Adolfo Suárez el que los invitó a invertir en España. En 1979 compraron un 15% del accionariado de Petronor, la petrolera vasca, a través de la Compañía Arrendataria del Monopolio de Petróleos española. En 1981 alcanzó el 34,29 del capital de Petronor.

En 1990, cuando culminaba la reorganización del sector previa a su privatización, Oscar Fanjul, presidente de Repsol acordó canjear ese 34,29 de Petronor (a la que de esa forma adquirió) por un 3% de Repsol con una opción para llegar al 5%. Fanjul incluso se quedó decepcionado porque quería que los mexicanos llegaran al 10%, pero estos se negaron en ese momento.

john.muller@elmundo.es

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El timón de la empresa española no debería caer en manos de una alianza entre una constructora con una deuda inmensa y una petrolera estatal con graves problemas de crecimiento y de gestión de operaciones

La guerra interna desatada por el control de Repsol se intensifica. Como recordarán, las hostilidades fueron desencadenadas por dos de sus principales accionistas: el grupo constructor español Sacyr Vallehermoso y la petrolera estatal mexicana Pemex. En estos momentos, ambas controlan un 29,8% de las acciones, justo por debajo del 30%, un umbral que obliga a presentar una oferta formal de compra a la totalidad. Los motivos que justifican esta alianza contra la actual dirección de Repsol parecen claros.

Sacyr, que adquirió su actual participación en Repsol en 2006 mediante un préstamo de 5.100 millones de euros, necesita hacer caja para hacer frente a su deuda y, para ello, reclama un aumento de los dividendos, un recorte de las inversiones que Repsol viene destinando a exploración y desarrollo tecnológico y, quizá también, la venta del 31% de las acciones que Repsol posee en Gas Natural.

Las razones de Pemex resultaban en principio menos claras, especialmente teniendo en cuenta las apretadas finanzas de México y las grandes inversiones que la petrolera estatal necesita hacer para revertir la caída de la producción en el país. Pero las palabras de un portavoz de Pemex refiriéndose a la alianza con Sacyr como una forma de aprovechar la tecnología de Repsol para el desarrollo de proyectos en áreas marinas profundas del golfo de México, resultaron clarificadoras. Como también lo es el contenido del documento interno Contexto del aumento de participación de Pemex en Repsol, en el que se afirma que “aumentar la participación de Pemex en Repsol es un mecanismo para poder cumplir los objetivos estratégicos de Pemex y su estrategia internacional”, y que Pemex espera “capturar beneficios concretos” en Repsol a bajo precio. No en vano la mexicana calcula que influir en la estrategia de una petrolera similar le costaría de 10.000 a 30.000 millones de dólares en lugar de los 1.600 desembolsados para aumentar hasta un 9,4% su participación en Repsol.

Con estos antecedentes, soy de los que creen que el timón de Repsol no debería caer en manos de una extraña alianza entre una constructora con una deuda inmensa y una petrolera estatal con graves problemas de crecimiento y de gestión de operaciones en su país. Básicamente, porque los intereses concretos y a muy corto plazo de estos dos accionistas pueden poner en peligro el futuro de la potente realidad industrial que hoy en día es Repsol, una compañía que, además, representa un activo estratégico para España. Me explicaré.

Repsol es una compañía integrada de petróleo y gas que opera en una treintena de países. La petrolera es líder en refino y marketing en España y Argentina, es la mayor compañía energética privada de Latinoamérica y forma parte del club de las 10 mayores compañías privadas de petróleo del mundo. Repsol, con unas reservas de 1.100 millones de barriles equivalentes de petróleo, produce aproximadamente un millón de barriles diarios y opera cuatro plantas químicas y nueve refinerías, manejando 50 millones de toneladas de crudo que es transformado en productos que se distribuyen en 7.000 estaciones de servicio por todo el mundo. La posición de Repsol en este segmento del negocio se verá considerablemente reforzada con la expansión y modernización de la refinería de Cartagena, la mayor inversión industrial de la historia de España.

De esta breve tarjeta de presentación es importante retener que estamos hablando de una compañía integrada que opera en la “primera división” mundial. Algo que no sería posible sin una visión del negocio a largo plazo y sin una apuesta decidida por la exploración y producción, o lo que viene a ser lo mismo, por el desarrollo tecnológico.

Una gran petrolera moderna desglosa su actividad en una serie de pasos que se suceden de forma encadenada. A grandes rasgos, estos son: exploración, producción, transporte, refino, química, distribución y ventas. En la jerga petrolera, la actividad de exploración y producción se denomina upstream (aguas arriba) mientras que las otras se engloban bajo la denominación de downstream (aguas abajo). Algunas empresas pequeñas centran su actividad en determinados segmentos de la cadena de negocio, pero una gran compañía integrada como Repsol debe operar en todos ellos, partiendo de una decidida apuesta por el upstream, ya que disponer de reservas propias de petróleo y/o gas multiplica los beneficios.

La teoría parece simple, pero en la practica esto significa que, a diferencia de otros sectores empresariales, cualquier gran petrolera debe pensar a 5-10 años vista, porque este es el tiempo medio que discurre entre el comienzo de las actividades de exploración y la producción del primer barril, especialmente si, como sucede en nuestros tiempos, cada vez hay que operar en lugares más remotos, bajo condiciones más adversas y a mayor profundidad, lo que conlleva mayores dificultades operativas y organizativas.

Está claro, pues, que una gran petrolera integrada no debe excitarse demasiado cuando los precios del barril están por las nubes, ni alarmarse en exceso cuando caen, sabiendo que un cierto carácter cíclico es inherente al negocio y que los planes a futuro deben contemplar precios medios a largo plazo. Además, para acabar de arreglar las cosas, los ciclos políticos suelen ser más cortos que los ciclos de planificación de la industria, lo que puede resultar frustrante para las petroleras porque los políticos acostumbran a tomar las decisiones que ellos creen más convenientes a corto plazo y esto puede complicar los planes previstos.

Sobre la necesidad de que una gran petrolera invierta en tecnología en el sector de upstream no debe olvidarse que esta ha sido la vía que ha hecho posible incrementar el éxito exploratorio medio desde el 20% a finales de los años cuarenta hasta el 40% en años recientes, el upstream es todavía una actividad de riesgo. Ni tampoco que las nuevas tecnologías han resultado decisivas para hacer comercialmente viable la exploración y producción en aguas profundas, en las que la perforación de pozos tiene costes astronómicos. La recompensa radica en que aquellas compañías, como Repsol, que han apostado por las aguas profundas, haciendo uso intensivo de la tecnología, han cambiado su posicionamiento estratégico en la industria petrolera global.

Un buen ejemplo de utilización exitosa por Repsol de tales tecnologías son los descubrimientos de Repsol en el pre-sal de Brasil en aguas profundas y ultraprofundas. El pre-sal son reservas de hidrocarburos situadas entre los 5 y 7 kilómetros de profundidad en aguas oceánicas, frente a las costas de los Estados de São Paulo, Río de Janeiro y Espírito Santo. Para alcanzar estos depósitos en ocasiones hay que atravesar 2 kilómetros de océano, 1 kilómetro de roca post-sal y una capa de sal de hasta 2 kilómetros de espesor. Para maximizar el éxito exploratorio en estas condiciones tan exigentes, se precisa una capacidad muy avanzada de interpretación de información sísmica. Y ese ha sido el principal objetivo del Proyecto Kaleidoscope, desarrollado por Repsol junto con IBM, 3DGeo, la Universidad de Stanford y el Centro Nacional de Supercomputación de Barcelona. Un proyecto que ha significado para Repsol el Premio a la Mejor Tecnología Comercial del Año otorgado por Platts entre 200 candidaturas de más de 30 países.

Podría explicarles otros ejemplos sobre el decisivo papel que el uso intensivo de la tecnología tiene para Repsol en áreas tales como los recursos no convencionales de petróleo y gas, el gas natural licuado, el refino, los biocarburantes y otras energías renovables. Todo ello certifica que desde 2004, apoyándose en un buen conocimiento del negocio y una acertada visión de futuro, Repsol ha experimentado una espectacular transformación que la ha llevado a convertirse en una de las principales compañías de hidrocarburos del mundo. Pero todo lo logrado podría venirse abajo con una gestión cortoplacista, ajena a los intereses de una gran petrolera internacional y excesivamente escorada a solucionar un acuciante problema de deuda o a servir a los intereses industriales de un país extranjero.

Mariano Marzo Carpio es catedrático de Recursos Energéticos en la Facultad de Geología de la Universidad de Barcelona.

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ANÁLISIS

La guerra interna desatada por el control de Repsol se intensifica. Las hostilidades fueron desencadenadas por dos de sus principales accionistas: el grupo constructor español Sacyr Vallehermoso y la petrolera estatal mexicana Pemex. En estos momentos, ambas controlan un 29,8% de las acciones, justo por debajo del 30%, un umbral que obliga a presentar una oferta formal de compra a la totalidad. Los motivos que justifican esta alianza contra la actual dirección de Repsol parecen claros.

Sacyr, que adquirió su actual participación en Repsol en el 2006 mediante un préstamo de 5.100 millones de euros, necesita hacer caja para hacer frente a su deuda y, para ello, reclama un aumento de los dividendos, un recorte de las inversiones que Repsol viene destinando a exploración y desarrollo tecnológico y, quizá también, la venta del 31% de las acciones que Repsol posee en Gas Natural.

Las razones de Pemex resultaban en principio menos claras, especialmente teniendo en cuenta las apretadas finanzas de México y las grandes inversiones que la petrolera estatal necesita hacer para revertir la caída de la producción en el país. Pero las palabras de un portavoz de Pemex, refiriéndose a la alianza con Sacyr como una forma de aprovechar la tecnología de Repsol para el desarrollo de proyectos en áreas marinas profundas del golfo de México, resultaron clarificadoras. Como también lo es el contenido del documento interno Contexto del aumento de participación de Pemex en Repsol,en el que se afirma que “aumentar la participación de Pemex en Repsol facilita cumplir los objetivos estratégicos de Pemex y su estrategia internacional” y que Pemex espera “capturar beneficios concretos” en Repsol a bajo precio.

No en vano la mexicana calcula que influir en la estrategia de una petrolera similar le costaría de 10.000 a 30.000 millones de dólares en lugar de los 1.600 desembolsados para aumentar hasta un 9,4% su participación en Repsol.

Con estos antecedentes, el timón de Repsol no debería caer en manos de una extraña alianza  de las diez mayores compañías privadas de petróleo del mundo. Repsol, con unas reservas de 1.100 millones de barriles equivalentes de petróleo, produce cerca de un millón de barriles diarios y opera cuatro plantas químicas y nueve refinerías, manejando 50 millones de toneladas de crudo que es transformado en productos que se distribuyen en 7.000 estaciones de servicio de todo el mundo. Su posición se verá reforzada con la expansión y modernización de la refinería de Cartagena, la mayor inversión industrial de la historia de España.

Hablamos de una compañía integrada que opera en la primera división mundial. Algo imposible entre una constructora con una deuda inmensa y una petrolera estatal con graves problemas de crecimiento y de gestión de operaciones. Básicamente, porque los intereses concretos y a muy corto plazo de estos dos accionistas pueden complicar el futuro de la potente realidad industrial que hoy es Repsol, una compañía que, además, representa un activo estratégico para España.

Me explicaré. Repsol es una compañía integrada de petróleo y gas que opera en una treintena de países. La petrolera es líder en refino y marketing en España y Argentina, es la mayor compañía energética privada de Latinoamérica y forma parte del club de las sin una visión del negocio a largo plazo y sin una apuesta decidida por el desarrollo tecnológico.

Cualquier gran petrolera debe pensar a cinco o diez años vista, especialmente si cada vez hay que operar en lugares más remotos. Una gran petrolera integrada no debe excitarse cuando los precios del barril están por las nubes, ni alarmarse cuando caen, sabiendo que una cierta ciclicidad es inherente al negocio y que los planes a futuro deben contemplar precios medios a largo plazo. Además, los ciclos políticos suelen ser más cortos que los ciclos de planificación de la industria, lo que puede resultar frustrante para las petroleras porque los políticos toman las decisiones que creen más convenientes a corto plazo.

Un buen ejemplo de utilización exitosa por Repsol de las tecnologías son sus descubrimientos en el pre-sal de Brasil en aguas ultraprofundas. El pre-sal son reservas de hidrocarburos situadas entre los cinco y siete kilómetros de profundidad en aguas oceánicas, frente a las costas de los estados de São Paulo, Río de Janeiro y Espírito Santo. El proyecto Kaleidoscope ha facilitado que la firma recoja el premio a la Mejor Tecnología Comercial del Año que Platts otorga entre 200 candidaturas de 30 países.

Más ejemplos justifican que Repsol sea una de las principales compañías de hidrocarburos del mundo. Pero todo podría venirse abajo con una gestión cortoplacista, ajena a los intereses de una gran petrolera internacional y excesivamente escorada a solucionar un acuciante problema de deuda o a servir a los intereses industriales de un país extranjero.

Mariano Marzo Carpio, catedrático de Recursos Energéticos en la facultad de Geología de la Universitat de Barcelona.

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Nos han enseñado que el crecimiento económico, aunque sometido a vaivenes cíclicos, puede perpetuarse de manera indefinida. Pero ¿y si esto no fuera cierto y llegados a cierto punto la economía no pudiera crecer tan rápido como en el pasado? ¿Y si ahora mismo estuviéramos ya topando con un límite impuesto por un suministro inadecuado de petróleo a bajo precio?

Bajo estas preguntas subyace mi sospecha de que la actual situación de crisis de deuda refleja un desajuste fundamental: tenemos un sistema financiero que necesita del crecimiento, pero el suministro mundial de petróleo no aumenta lo suficiente para mantener los precios bajos y este hecho supone un tope al desarrollo económico, muy especialmente al de los grandes países consumidores de petróleo, como Estados Unidos y la Unión Europea, entre otros.

El hecho de que la producción de petróleo (crudo y condensados) apenas ha aumentado desde el 2005 aparece claramente documentado en las estadísticas de la Energy Information Administration del Gobierno de Estados Unidos. Los datos para el periodo 2005-2011 muestran que ni los países productores de la OPEP ni los países ajenos al cártel han sido capaces de incrementar los volúmenes extraídos, incluso en un contexto tan favorable para sus intereses como el de la abrupta subida de precios del barril vivida en el 2007-2008.

Ciertamente, que la producción de petróleo se haya mantenido plana, o casi, en los últimos seis años no sería un problema si la demanda mundial no hubiera seguido creciendo. Pero, China, India y otras economías emergentes necesitan utilizar volúmenes crecientes de petróleo, incluso aunque el precio a pagar por el barril sea alto, y, al mismo tiempo, el consumo interno de los países exportadores no para de aumentar, fruto de su alta tasa de crecimiento económico y demográfico. El resultado es que los países desarrollados estamos asistiendo impotentes a una nueva realidad: el suministro abundante y a buen precio de petróleo se está desvaneciendo.

¿Y qué le pasa a una economía bajo estas condiciones?

Pues, básicamente, que se contrae y, en el peor de los casos, entra en recesión. O al menos eso es lo que ha venido sucediendo hasta ahora: la historia muestra una cierta correlación entre crecimiento económico y aumento del consumo de petróleo y, por otra parte, diez de las once recesiones más recientes (incluida la del 2008) se han visto precedidas por importantes aumentos del precio del barril.

Quizá se pregunten qué habría que hacer para inundar de petróleo el mercado y de esta manera reflotar nuestras maltrechas economías. Las respuestas tampoco invitan al optimismo.

Una posibilidad inmediata es llamar a las puertas de la OPEP y pedirles que nos echen una mano, recordándoles que no conviene matar la gallina de los huevos de oro, es decir, que si la economía de los países consumidores no va viento en popa, la demanda de petróleo y el precio del barril caerán y con ello también lo harán sus beneficios. Pero muchos de los países del cártel están atravesando una coyuntura interna particularmente complicada, de forma que el cortoplacismo más absoluto prima sobre cualquier otra consideración: los presupuestos estatales, que incluyen múltiples y cuantiosas subvenciones necesarias para contener el creciente descontento de la población, dependen de los beneficios derivados de las exportaciones de crudo, y dichos presupuestos están calculados sobre la base de un precio medio del barril en torno a los cien dólares.

Otra posibilidad, cuyos efectos se dejarían sentir a medio plazo, es aumentar los esfuerzos para explotar los abundantes recursos de petróleo convencional y no convencional que todavía alberga el planeta. Sin embargo, el problema es que buena parte del petróleo de extracción fácil y barata ya ha sido utilizado. Y el que queda, más difícil de extraer y con un menor contenido energético neto, será más caro. Para movilizarlo, la industria necesita efectuar grandes inversiones con retornos a diez años vista. Pero esto requiere unos precios del barril elevados y que estos se mantengan así durante suficiente tiempo. Y aquí es cuando el pez se muerde la cola: porque los precios altos del petróleo lastran el crecimiento económico.

Mariano Marzo Carpio es catedrático de Recursos Energéticos en la Facultad de Geología de la Universidad de Barcelona.

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El mito de la energía nuclear se edificó sobre seis mentiras. El lobby atómico norteamericano la calificó inicialmente de panacea por ser “abundante, segura y barata”. Luego llegaron los atributos de “autóctona” –la OCDE la considera fuente nacional–, “limpia” porque no emite gases de efecto invernadero e “imprescindible” para el suministro energético actual y futuro.

La “abundancia” queda desmentida por las limitadas reservas de uranio identificadas por la Agencia Internacional de la Energía (AIE), que al ritmo actual de extracción se agotarán en un plazo de entre 50 y 80 años. De confirmarse la apuesta nuclear de China, Rusia e India, el precio del mineral aumentará y el plazo se reducirá. No hay tanto uranio.

La “seguridad”, tras la tragedia de Fukushima –sin contar con actos de guerra o terrorismo– es una creencia mítica sin fundamento. La reciente explosión de un horno de residuos nucleares en Francia ha puesto una vez más en evidencia la inmadurez de la tecnología nuclear frente al riesgo. La inconmensurabilidad monetaria de los riesgos ya se plasmó en las dramáticas cuentas de los efectos sociales y económicos de Chernobyl. Por ello, las aseguradoras excluyen el riesgo nuclear de sus coberturas en las pólizas privadas. En España, la responsabilidad civil de los titulares de las instalaciones es de 1.200 millones de euros (Ley 12/2011), monto insuficiente a la vista de la magnitud de los siniestros.

El atributo “autóctona” decae al constatar la ubicación de los recursos de uranio allende nuestras fronteras (según el informe WNA Market). La “limpieza” desaparece a la vista de la larga vida de los residuos radioactivos. Y de la “prescindibilidad” nuclear da buena cuenta el escaso y decreciente peso que tiene dicha energía en la producción eléctrica mundial y española. El sistema eléctrico español ha funcionando perfectamente con la mitad de los reactores del país parados por causas técnicas.

Antes de Fukushima, la FAES, el PP y el lobby español lanzaron el mensaje de la necesidad del “renacimiento nuclear” con la construcción de nuevas centrales. Entonces, ¿por qué no hay nuevos proyectos privados si no hay impedimento legal alguno? La respuesta es unívoca: los costes de construcción son muy altos, el periodo de obra dilatado, la amortización y el retorno se demoran y los costes financieros se disparan. Los costes de inversión del kilovatio (kW) nuclear suponen entre 3.800 y 5.800 euros (Agencia Moody’s, 2009) y el grupo Areva reconoce que, de momento, la central de Olkiluoto (Finlandia) alcanzará de partida los 4.500 euros por kW instalado. Ni el Banco Mundial ni la banca española fían a las nucleares. El objetivo real del lobby nuclear no es acometer la construcción de nuevas centrales, sino prolongar la vida de las ya existentes para que la industria siga obteniendo superganancias de unas plantas viejas, amortizadas e inseguras.

El sistema eléctrico español protege la energía nuclear y ni siquiera así es competitiva. Las ventajas para las nucleares, cuyos costes variables de funcionamiento son bajos, provienen del tipo de mercado eléctrico mayorista basado en un sistema de retribución marginalista imperfecto que les asegura la compra de toda la producción. Además, durante años, diversas decisiones políticas supusieron un regalo para las compañías eléctricas. El Gobierno socialista, con la moratoria de 1983 –y posterior aceptación de titulación de los activos–, salvó a las empresas nucleares de la quiebra con dinero público –mediante la inversión de más de 4.387 millones de euros– y de los usuarios –a través del recargo del 3,45% del recibo de la luz–. El Gobierno del PP repitió dádiva con la ley de 1997: subvencionó los costes de transición a la competencia.

Los costes de la energía nuclear no cesan de aumentar tras Fukushima, al tener que internalizar mayores gastos de seguridad: construcciones de protección, sistemas de seguridad duplicados, formación y supervisión de operarios y medidas frente a atentados. Y no todos los costes se contemplan. En los informes de rentabilidad, frecuentemente, se obvian gastos muy elevados como los de desmantelamiento de las centrales o los derivados de la gestión actual de los residuos que, sin embargo, se nos repercuten a los usuarios y contribuyentes. Menos aún se tienen en cuenta los costes colectivos legados a futuro en forma de “eternos” residuos peligrosísimos, el cementerio nuclear que se está construyendo en Onkalo (Finlandia) tiene una vida prevista de 100.000 años. En ambos casos se produce una socialización de las pérdidas.

Es una falacia afirmar, como se hace, sin tino, dato o argumento alguno, que la electricidad nuclear es más barata de producir que el resto y, por tanto, más económica para el consumidor final. Al evaluar los costes comparables, el Informe Lazard (2008) estimó –a partir de datos de la Comisión Europea– los costes de producción entre 5 y 9 céntimos de euro por kilovatio por hora (kWh) para la eólica y la biomasa; de 9 a 14, para la solar de concentración; de 7 a 10, para el gas; de 7 a 13, para el carbón; y de 10 a 12, para la nuclear, pese a que la mayoría de las centrales están amortizadas.

España es un país dependiente y vulnerable en casi toda la cadena de valor de la energía nuclear: tiene que importar el mineral, sus centrales funcionan con tecnologías foráneas y paga por la fabricación de concentrados, el enriquecimiento del uranio y el almacenaje de los residuos de alta radiactividad. El declive nuclear es imparable. Si es así, ¿por qué seguir discutiendo? La nuclear, además de peligrosa, es una ruina. Una ruina radiactiva.

Manuel Garí. Economista. Investigador del Area de Economía de la Fundación 1º de mayo.

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AJUSTE DE CUENTAS

El estrépito con que caen las Bolsas no permite dedicarle mucha atención a la enésima batalla que libran Antonio Brufau, primer ejecutivo de Repsol, y Luis del Rivero, primer accionista de la compañía. Pero las escaramuzas no han parado desde que Sacyr anunció el 29 de agosto pasado un pacto de sindicación de sus acciones (20% de Repsol) con la petrolera estatal mexicana Pemex (que la semana pasada llegó al 9,8% del capital).

En Sacyr admiten que la operación puede haber molestado inicialmente a Brufau y a su equipo, al que cogieron con el pie cambiado cuando concluían sus vacaciones en Marbella, pero niegan que hayan dado pasos que puedan considerarse agresivos. De hecho, aparte de comunicar su pacto, Sacyr y Pemex no han hecho todavía nada desde el punto de vista societario.

Pero el que no se ha estado quieto es Brufau. Un somero repaso a la prensa económica de la última semana revela un amplio eco de historias críticas con el pacto que son el trasunto de las preocupaciones del presidente de Repsol. Muchas de ellas, además, son un remake de las que ya leímos cuando, a finales de 2009, se produjo la llamada «batalla del dividendo» entre ambos.

También los accionistas minoritarios y el sindicato UGT se han mostrado críticos con el acuerdo. Y en el Gobierno se han recibido llamadas de ambos bandos para predisponer al Ejecutivo a su favor. El ministro de Industria, Miguel Sebastián, ha declado que quiere ser exquisitamente neutral y que sólo le preocupan las garantías de «españolidad» de Repsol. Estos movimientos no son extraños en una operación de este tipo. Lo raro sería que no ocurrieran.

Pero ningún reproche ha causado más irritación en el Ejecutivo que el que virtió Felipe González el domingo. El ex presidente dijo que la operación no le gustaba, que no entendía que el Gobierno se contentara con la garantía verbal de preservar la «españolidad» y criticó la inacción de la Comisión Nacional de la Energía. «No lo entiendo», finalizó. Y enseguida agregó con retranca: «La verdad es que lo entiendo muy bien y no me gusta».

González, que dijo no ser «un personaje de relevancia como accionista de Repsol o como ex presidente», señaló que hablaba «como ciudadano». Su afirmación no es cierta, puesto que González es consejero de Gas Natural, empresa controlada a medias por La Caixa y por Repsol. También es amigo y asesor personal del magnate mexicano Carlos Slim, socio de La Caixa.

La irrupción del ex presidente en el debate fue considerada como una escalada inaceptable por Sebastián que ayer no se ahorró conceptos a la hora de responder. Lo que no dijo expresamente el ministro es que la compra por la argelina Sonatrach del 4% de Gas Natural tampoco mereció un pronunciamiento de la CNE -como el que González reclama en Repsol-, pese a que la gasista sí actúa en un sector regulado. «Que utilicen sus herramientas para atacar al otro, pero al Gobierno que lo dejen en paz», sentenció un ministro cuyo sino parece ser que cada seis meses debe llamar a una nueva tregua en Repsol como ha venido haciendo desde aquella historia de la rusa Lukoil en 2008.

john.muller@elmundo.es

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Luis del Rivero, el presidente de Sacyr Vallehermoso, tiene una cita a plazo fijo, finales de diciembre de este año, cuando se cumplen los 5 años del crédito de poco más de 5.000 millones que el grupo constructor tiene con un sindicato de bancos (Santander en cabeza) para comprar el 20% de Repsol. El plazo se acaba y las condiciones del mercado financiero son hoy bien distintas a las de finales del año 2006, cuando la crisis aún no había estallado, las empresas españolas tenían crédito ilimitado (y sobre todo barato) y en la Bolsa las acciones de Repsol valían a 26,7 euros cada una (hoy valen algo menos de 20 euros).

La alianza de Sacyr (primer accionista de Repsol) con los mexicanos de Pemex (socio histórico de Repsol, siempre con su 5% de participación en la compañía española, a pesar de ser un imperio del crudo de petróleo y del gas, con el Estado mexicano como accionista único) no se puede desvincular de los apremios que gravitan sobre Sacyr y su principal ejecutivo, que además es uno de sus principales accionistas. El conflicto interno de Sacyr, con dos grupos accionariales abiertamente enfrentados hasta hace poco (Carceller y Abelló frente a Del Rivero y Loureda), puede añadir complicaciones. Los bancos que financiaron en su día a Sacyr la compra de Repsol tienen que decidir en estos momentos si acceden a refinanciar o se alejan. Tampoco hay que echar en el olvido la presencia, siempre en un segundo plano durante estos últimos años, de La Caixa, segundo accionista de la petrolera, significativamente ausente de los pactos que se acaban de anunciar y en todo caso ausente del sindicato de bancos que financiaron en su día el grueso de la compra del 20% de Repsol por parte de Sacyr.

Santander, con algo más de 1.200 millones, Bankia, con 930 millones, Citi con 1.200 millones, Calyon (Credit Agricole) con unos 600 millones de euros, son los principales propietarios de un crédito que hasta ahora no parece haber dado mayores problemas que el derivado del deterioro de las garantías, ya que las acciones de la propia Repsol forman parte de dicho entramado, es decir, están respaldando un crédito con el que Sacyr las adquirió hace casi 5 años. El problema es que lo que hace 5 años valía 26,7 euros, ahora no llega a 20 euros. Hay otras garantías adicionales, ciertamente, pero son inmobiliarias, lo que no es mucho, ya que si la petrolera vale ahora menos que cuanto se compró el 20%, las inmobiliarias están a la quinta pregunta. Hay, en suma, un problema de garantías para este crédito.

El coste del crédito se ha estado pagando más o menos con los dividendos de Repsol, aunque hace más de un año Brufau le dio un susto de muerte a Del Rivero cuando bajó el dividendo de Repsol un 19%, de forma que en junio de 2010 Sacyr recibió menos de lo previsto y Del Rivero tuvo que hacer malabarismos para responder del pago de los intereses del crédito. Del Rivero necesita a toda costa ser una autoridad importante en Repsol para que no le hagan estas faenas. Y además debe demostrar a los bancos acreedores, sobre todo ahora que tienen que firmar la renovación o no del crédito, que manda lo suficiente como para pagar los intereses y además para afrontar la devolución de un crédito que no es ninguna ganga para los bancos que lo han concedido. El golpe de mano que pretenderá Del Rivero pasa por apartar de la toma de decisiones a Antoni Brufau, verdadero obstáculo para los designios del empresario constructor durante estos últimos años.

El panorama financiero es, en efecto, bastante complejo ahora, de cara a esta renovación, desde luego mucho más que a finales del año 2006. Los tipos de interés son ahora bien diferentes y los bancos querrán además asegurarse que dichos créditos tengan un rendimiento acorde con las circunstancias cambiantes del mercado, es decir, que sean a tipo variable. Los bancos extranjeros tienen un peso importante en el crédito sindicado de Sacyr ya que representan alrededor de la mitad del importe total. Y la banca extranjera no es ahora tan permeable como hace 5 años para conceder financiación a España y a las empresas fuertemente endeudadas como Sacyr, sobre todo si la deuda sencillamente es para comprar acciones en Bolsa.

Convencer a la banca extranjera de que entre en la operación de nuevo no será fácil, sobre todo porque España tenía en aquellas fechas una prima de riesgo de casi 20 puntos básicos y hoy roza los 300 puntos básicos (ayer martes estaba en los 289 puntos básicos al cierre). Por si las complicaciones citadas fueran pocas, está el asunto de las cajas de ahorros, que hace 5 años entraron en tropel a financiar la operación y hoy no les llega la camisa al cuello, sobre todo a algunas, como la CAM, que difícilmente podrá reengancharse. Las cajas no tienen un euro y en general la disponibilidad de los financiadores dista mucho de lo que era allá por las épocas previas al inicio de la crisis.

¿Qué futuro le espera a Repsol? Un troceamiento no sería descartable, es decir, que Pemex se quede con parte del crédito de Sacyr y parte del 20% que posee la constructora en la petrolera. El crédito le viene grande a Sacyr y su presencia en Repsol, además de no aportarle a la petrolera más que problemas y rigideces, es un corsé para los gestores de la compañía. La alianza con Pemex ha sido una operación brillante, pero arroja más dudas que expectativas.

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