Caffè Reggio

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Tampoco era el secreto de Fátima, de Fernando Ónega en La Vanguardia

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Vaya semanita la del Rey. Se ha desnudado por completo ante el país. Nos dijo lo que piensa de su yerno Urdangarin. Mostró el peso de los años y de los percances cuando llegaba al Congreso. Relató cómo distribuye el presupuesto que recibe. Al final, la Zarzuela se queda sin secretos, con lo cual pierde mucho morbo: sólo nos deja abierto el territorio del cotilleo. Y, personalmente, sólo tengo un par de dudas. La primera, saber si las Cortes Generales le hubieran aplaudido igual (creo que sí) si esas cuentas se hubieran publicado antes de la inauguración de la legislatura. La segunda, qué aristas le sacarán a esos números los apologistas más acreditados tipo Cayo Lara y otros administradores de aplausos monárquicos y parlamentarios.

Doy por dicho y escrito todo lo que suele decirse en estos casos: bienvenida sea la transparencia, una democracia requiere conocer en qué se gasta el último euro y todos esos cánticos que se suelen hacer ante la confesión de un cargo público. Creo que esta revelación del reparto del presupuesto debió hacerse desde el principio de la restauración monárquica. Sigo sin estar seguro de que sea el mejor momento para hacerlo: da la impresión de que ha sido una transparencia forzada por asuntos tan turbios como los protagonizados por el señor Urdangarin. Y tengo una convicción: si don Juan Carlos se animó a revelar esos datos en estas fechas, es porque está convencido de administrar una Casa austera y que ni salarios ni gastos de representación sorprenderán al país de los comedores de Cáritas.

Anotado eso, añado: si el Rey se puede asignar a sí mismo su sueldo, hay que reconocer que ha sido prudente; gana bastante más que el jefe de su gobierno, pero es el Rey. Si don Juan Carlos se compara con los ingresos de muchas de las personas que asisten a sus recepciones, se queda en pura clase media con mucho boato, pero descriptible liquidez. Si las cantidades asignadas a la Reina, a la Princesa y las infantas tratan de compensar su trabajo por actividades públicas, salen más baratas que cualquier famosilla contratada para atraer fotógrafos a los eventos sociales. Y si la mayor parte del dinero se consume en salarios y complementos de otro personal, podrá discutirse si hay demasiados servidores, pero no lo que les pagan.

Así pues, la revelación tampoco ha sido el secreto de Fátima. Lo que me inquieta es la reacción que puede provocar. Vivimos un tiempo muy demagógico, donde los oyentes indignados llaman a las radios a protestar, no de lo que cobran los políticos, sino incluso de que cobren. Se argumentará que en esos 8,4 millones de nuestros impuestos no está el coste total de viajes de Estado o de seguridad. Y, para redondear las críticas, no faltarán quienes entiendan que la monarquía es siempre cara por el mero hecho de ser monarquía. Es lo que tiene la transparencia. Sobre todo, en tiempos de tribulación.

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29 diciembre, 2011 a las 7:14 am

La danza ritual española, de Enric Juliana en La Vanguardia

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ANÁLISIS

El mismo día en que se hacen públicas, por primera vez, las cuentas de la monarquía española, el Tribunal Supremo se declara competente para investigar a José Blanco López. número dos del Partido Socialista Obrero Español, por un presunto caso de corrupción. Y en el ínterin, el juicio a Francisco Camps desvela algunos de los rasgos menos presentables -sólo algunos- de la falla valenciana del Partido Popular. En los próximos meses veremos entrar en un juzgado de Palma a Iñaki Urdangarin, yerno del Rey; tendremos noticia del voto favorable del Congreso al suplicatorio para tomar declaración al diputado Blanco, y conoceremos el primer veredicto de un juzgado popular sobre un político acusado de cohecho. Aunque cada uno de estos asuntos tiene su propia casuística, resulta del todo evidente que el sistema político e institucional español está reajustando sus mecanismos de legitimación ante una sociedad que ya se halla en la fase dos del trauma económico: la fase de la ira. (Las cinco etapas descritas por la doctora suiza Elisabeth Kübler-Ross ante una situación de grave pérdida: negación, ira, negociación, depresión y aceptación).

Es curioso. España lleva más de un año ejecutando una lenta danza ritual alrededor de la crisis. La coincidencia del desfallecimiento económico con el ciclo electoral (por este orden: elecciones catalanas, sindicales, municipales, autonómicas, generales y de nuevo autonómicas en Andalucía) ha propiciado un singular baile de aproximación y distanciamiento respecto a la cruda realidad. Con la principal excepción de Catalunya (que hoy se halla entre la fase dos y tres, entre la ira y la negociación), las medidas más impopulares se han ido postergando en buena parte de España y ahora mismo el nuevo Gobierno está estudiando cómo trocear el ya inevitable ajuste para asegurarse la victoria en las próximas elecciones andaluzas. Esta danza circular -única en Europa- no ha impedido una progresiva corrosión de las condiciones de vida materiales y morales de la sociedad. Aun aplazando los recortes más duros hasta la próxima primavera, el sistema ha comenzado su reajuste moral. La monarquía saldrá fortalecida del trance, y el PSOE perdedor, ya lo veremos en Sevilla.

Un último apunte. En el gesto de la Casa del Rey, especialmente pensado para las generaciones más jóvenes, hay un reflejo del 15-M. Pero es muy posible que los teóricos de la indignación no se enteren (o no quieran enterarse). He ahí un rasgo de la tradición española: el motín reactivo, la palabrería y el escaso aprecio a la política entendida como un paso tras otro en pos de reformas y mejoras concretas… Y lo más duro llegará después de Andalucía.

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29 diciembre, 2011 a las 7:13 am

La Corona revela una parte de sus cuentas, de Marco Schwartz en Público

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La publicación por la Casa del Rey del reparto de asignaciones que recibe vía presupuestaria es un paso positivo dentro de la transparencia institucional que cabe exigir en una democracia. Sin embargo, resulta aún insuficiente para que pueda ser saludada como un ejercicio incontestable de claridad en el manejo de los fondos públicos. Los datos aportados consisten en un desglose muy genérico de los 8,4 millones de euros que la Casa Real recibe en un capítulo específico de los Presupuestos, pero no incluye muchas otras partidas procedentes de diversos ministerios –Presidencia, Exteriores, Interior, Defensa y Hacienda– por distintos conceptos, como personal, transportes, seguridad, viajes, mantenimiento de inmuebles, etcétera. Por otra aparte, sigue sin saberse el monto del patrimonio de la familia real y su consecuente tributación al Fisco. Por todo ello, resulta imposible confirmar la extendida versión de que la monarquía española es de las más austeras del mundo y de las menos onerosas para los contribuyentes.

De los datos que han trascendido, quizá el más llamativo es el sueldo del rey, que asciende en total a 292.752 euros brutos. Con independencia del debate de si es poco o mucho para un jefe de Estado, lo que resulta difícil de entender es que cuadruplique el del presidente del Gobierno. Tampoco se entiende por qué la Corona –y algunas otras instituciones del Estado, como el Parlamento, el Consejo General del Poder Judicial o el Consejo de Estado– está eximida del escrutinio del Tribunal de Cuentas. Cierto, lo dice la ley. Pero las leyes pueden cambiarse.

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29 diciembre, 2011 a las 7:11 am

Un incómodo tufo franquista, de Fernando González Urbaneja en República de las ideas

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Ignacio Sotelo, sociólogo, articulista distante que va a su aire, titulaba su tribuna en El País del miércoles “Elementos franquistas de la crisis”. Sospecho que da en el clavo, se nota últimamente un tufo franquista en algunos actos que van más allá de cualquier partido. Se percibe en esas tomas de posesión aparatosas, con juramentos y promesas, con muchos coches oficiales trajinando de acá para allá y muchas zalamerías entre proveedores y clientes que no vienen a cuento.

Se ha notado en el aplauso como muestra de adhesión, que es el mensaje, la foto, que ha quedado como imagen de la solemne apertura de la X Legislatura. Senadores y diputados aplaudieron durante más de ¡dos minutos! al Rey, al jefe del estado en una especie de homenaje a la persona y lo que significa. ¿Es normal? ¿No hubiera sido mejor que quedara alguna idea fuerza, alguna apelación moral o política en las palabras del Rey (aprobadas por el Gobierno) ante la expresión de la soberanía popular que es el parlamento en pleno de Congreso y Senado?

Lo de los aplausos es muy franquista, era un sistema de medida de la influencia de algún personaje o de la necesidad que el régimen tenía de adhesión inquebrantable. Aplausos de un minuto indicaban un señal y de dos minutos otra mayor; se medía también la intensidad (el aplausómetro) porque a falta de ideas y proyectos servían los afectos interesados.

Los aplausos al Rey en espacio tan solemne y áspero (según convenga) como el parlamentario suenan mal, incluso apestan, aunque algunos pretendan que es algo emocionante. La política española (y la europea) no se desliza por las emociones, más bien por el cálculo más interesado y egoísta.

Tufillo franquista también en los titulares y editoriales de todos los medios que reciben al Gobierno con unas adhesiones sospechosas por carentes de fondo. La tesis de Sotelo merece atención y reflexión. La transición fue eficaz, incluso ejemplar, pero el fervor reformista se detuvo demasiado pronto para dar paso al conformismo, a no asumir riesgos y dejar los cambios para más tarde.

Con ese espíritu la reforma de la Ley Electoral pactada por los partidos tradicionales hace un año cerró ventanas en vez de abrirlas. Y el discurso moral, la regeneración brilló por su ausencia en la campaña y en los primeros compases de la legislatura. Pero aún, cuando la diputada Rosa Díaz introdujo el tema en el debate de investidura Rajoy se enfadó con ella sin venir a cuento.

El juicio de los trajes en Valencia apesta por inmoral; los trajes es lo de menos, lo de más han sido las maniobras para descarrilar el caso, para enmendarle, para evitar dar explicaciones y pedir excusas. Al final quedan comportamientos que van de lo infantil a lo indigno, incluidas las maniobras encubridoras del diputado-abogado Trillo.

El Gobierno ha cambiado, pero la forma de hacer política no, el tufo franquista apesta, los aplausos y las tomas de posesión floridas pertenecen a otra época.

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29 diciembre, 2011 a las 7:09 am

¿Para cuándo una declaración de bienes, Majestad?, de Jesús Cacho en vozpopuli.com

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Una iniciativa digna de aplauso. La determinación del Rey de dar cuenta pública del reparto de los 8.434.280 millones de euros que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) correspondientes a 2011 fijaron para el “sostenimiento” de la Familia y la Casa del Rey, debe ser saludada como una decisión acertada, que equipara a nuestra Familia Real con prácticas que son habituales desde hace mucho tiempo en monarquías constitucionales de nuestro entorno. Casi una cuestión de higiene democrática que, sin embargo, llega llamativamente tarde -nada menos que 36 años después de la llegada al trono de don Juan Carlos-, y lo hace, además, obligada por el escándalo que rodea al yerno del Monarca, Iñaki Urdangarin, marido de la infanta Cristina.

Una decisión inteligente, sin duda, que busca recuperar imagen para la Corona, y que el Rey concede gratia et amore porque el pueblo soberano, la sociedad española en su conjunto, bien podría haber pasado otros 36 años, incluso el doble, sin reclamar tan elemental “destape”, que tal es la cultura democrática en nuestro país. Como uno no se encuentra entre los cientos de miles que ayer lloraban a moco tendido en Pyongyang al paso del féretro del tirano Kim Jong-il, ni entre los cientos que ovacionaron durante dos largos minutos al Rey en las Cortes, conviene decir enseguida que lo desvelado tiene un interés  relativo, incluso muy relativo, y desde luego está lejos de lo que sería un política de ventanas abiertas plenamente democrática.

A estas alturas de la historia de nuestra democracia, transcurridos esos 36 años antes citados, la única forma de alicatar hasta el techo la imagen desgastada de nuestra Familia Real consistiría en hacer una declaración pública de bienes de Su Majestad, de forma que los españoles supieran cuál es su patrimonio y donde está residenciado. Sería una decisión arriesgada, pero valiente, que tendría la gran virtud de acabar de un plumazo con las insinuaciones que a día de hoy es posible encontrar en cualquier foro de internet de cualquier web española, desde la más rabiosamente radical hasta la más pretendidamente sería, sobre la fortuna amasada por el Rey en las últimas décadas. Una iniciativa que pondría en valor la apelación a la “honestidad y transparencia” a la que el príncipe Felipe se referió recientemente en Barcelona, y la exigencia de “ejemplaridad” que el propio don Juan Carlos reclamó a la clase política en su reciente mensaje de Navidad.

Los representantes del pueblo soberano en el Parlamento de la nación hace tiempo que están obligados, por Ley, a hacer pública declaración de bienes, de modo que no estaría de más que el titular de la Corona  (“Nos, que somos tanto como vos, pero juntos más que vos, os hacemos principal entre los iguales…”) secundara tan sana costumbre. Junto a esa declaración de bienes y como complemento inexcusable, la Casa del Rey debería hacer pública la declaración de la renta del Monarca, para que los ciudadanos pudieran conocer lo que, como cualquier español, paga al fisco por la asignación que recibe de los PGE y por los rendimientos de capital. Así pues, pública declaración de bienes y público muestreo de la última declaración de la renta. Entonces, y solo entonces, estarán los ciudadanos seguros de contar al frente del Estado con la persona más virtuosa del mundo. Todo lo demás, más parece tinta de calamar que reclamada virtud.

El pozo sin fondo de Patrimonio Nacional

El desglose desvelado ayer, por lo demás, deja alguna que otra incertidumbre y no pocos interrogantes. Se dice, por ejemplo, que el Rey recibió en 2011 un total de 292.752 euros brutos, 140.519 en concepto de sueldo personal (tributa al 40% a efectos del IRPF) y 152.233 en concepto de gastos de representación (no tributa), suma esta que en realidad es un complemento a la “paga” del Rey, y que se asemeja en mucho a una retribución en especie, sujeta a todos los efectos al impuesto sobre la renta. ¿Cómo es que, entonces, no tributa? Misterio.El “destape” de ayer está plagado de trampas, porque a esos 8,4 millones de euros habría que sumar, como mínimo, otros 5,9 millones que en 2007 figuraron en la sección del Ministerio de Administraciones Públicas bajo el epígrafe “Apoyo a la gestión administrativa de la jefatura del Estado”, y que se destinan al pago de los salarios de buena parte de los empleados de la Casa Real (unos 500). Más importante aún es ese cajón de sastre llamado Patrimonio Nacional, organismo público propietario de los palacios históricos (más los pinares de Valsaín, el Valle de los Caídos, y otros) así como los que actualmente habita la Familia Real: la Zarzuela, la casa de los Príncipes, y la Almudaina (Palma). Pues bien, ninguno de los gastos que lleva aparejado el mantenimiento, cuidado y servicio de esos palacios corre a cargo de la partida de los PGE, sino del presupuesto de Patrimonio Nacional (140 millones), que no desglosa lo que dedica a cada palacio y que suele correr incluso con la cesta de la compra de la Zarzuela.

La misma nebulosa rodea el coste que para el Parque Móvil del Estado supone el mantenimiento de los automóviles que utiliza el Rey, como tampoco lo que el Ministerio de Asuntos Exteriores dedica a sufragar los gastos derivados de los viajes de Estado que realiza el Monarca o su familia. Elogiable iniciativa, pues, la adoptada por el Rey Juan Carlos dando un primer brochazo sobre el desglose del dinero que recibe de los impuestos que pagan los españoles, pero claramente insuficiente para satisfacer la demanda de luz y taquígrafos que reclama una sociedad democrática en su mayoría de edad. En el supuesto de que sea democrática y mayor de edad.

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29 diciembre, 2011 a las 7:07 am

Voracidad variable, de José María Mena en El País de Cataluña

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La prevaricación judicial la juzgan los jueces. A ellos les corresponde señalar cuándo una resolución judicial es condenable, como prevaricadora, y cuándo no. A veces eso es fácil, porque la actuación del juez es directamente criminal, gansteril. A veces es discutible, y no se ponen de acuerdo entre los propios jueces juzgadores. A veces esperamos, quizá con escasa esperanza, que cunda el buen juicio entre ellos. Hay ejemplos para todo.

Primer ejemplo: un juez de Barcelona que, aliado con un abogado, supuestamente defensor, cobraba a través de este, de determinados acusados por delitos económicos cuantiosos, para evitar su encarcelamiento, o para conseguir su libertad cuando previamente los había mandado a prisión. Repartían entre sí el botín, hasta que fueron denunciados, juzgados, encarcelados y expulsados de sus respectivas profesiones. Las resoluciones de ese juez eran verdaderamente delictivas, y prevaricadoras. Segundo ejemplo: el sedicente sindicato Manos limpias y otras entidades de su entorno, que disparan querellas contra todo lo que se mueva, con tal de que les parezca progresista, pusieron una querella por prevaricación contra los magistrados del Tribunal Constitucional. El motivo era que habían permitido la legalización de la coalición electoral de Bildu, en contra de la decisión del Tribunal Supremo. El Supremo había decidido anteriormente la ilegalización por nueve votos contra siete. El Constitucional rectificó después, posibilitando la legalización, por seis votos contra cuatro. Los tribunales colegiados están, precisamente, para acoger las discrepancias, que si no, bastaría con un magistrado en cada tribunal.

Las discrepancias, en el tema de Bildu, son notorias. Pero eso no quiere decir que unos u otros, en uno y otro tribunal, sean prevaricadores. Y así lo ha dicho finalmente, y por unanimidad, otra Sala del Tribunal Supremo al no admitir la querella de Manos limpias. Lo ha dicho, cargada de razón y buen juicio, repitiendo argumentos del Tribunal Constitucional. “Solo puede haber prevaricación cuando la decisión se sitúa extramuros del conjunto de opiniones defendibles por la comunidad jurídica”. Es decir, cuando la resolución es “imprevisible tanto para sus destinatarios como para la sociedad en la que el juez está inserto”. Entre los magistrados que decidieron esto por unanimidad estaba Luciano Varela, agrio instructor del sumario de Garzón por los crímenes del franquismo, incoado por querella de Manos limpias, en contra de la opinión de la fiscalía. Los magistrados, ahora unánimes, expresan su reproche y exasperación contra el sedicente sindicato y sus acólitos señalando “la patente voracidad litigiosa de las asociaciones querellantes”.

Tercer ejemplo: esta voracidad ya era patente en la primera querella contra Garzón, tramitada sin reproches ni exasperación por Varela. Y ello, a pesar de que también era patente que buena parte de la comunidad jurídica, y de la sociedad democrática, española y mundial, “en la que el juez está inserto”, aplaudía esperanzada la actuación judicial, manifiestamente “defendible”, por más que fuera innovadora o discutible.

Por similares razones que sirvieron de justa base para rechazar la querella contra los magistrados del Tribunal Constitucional, debería haberse rechazado la interpuesta contra Garzón. Y ahora, con Garzón ya en el banquillo de los acusados, debemos esperar que el buen juicio prevalezca entre los magistrados que le juzguen. Lo que se le imputa no se parece en nada a una prevaricación propiamente dicha, como la de nuestro primer ejemplo. Se parece, y mucho, a lo del segundo ejemplo. Y sería socialmente incomprensible, e inaceptable, que se otorgara a Manos limpias el beneficio de una voracidad litigiosa variable, según contra quién dispara sus querellas.

José María Mena fue fiscal jefe de Cataluña.

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28 diciembre, 2011 a las 7:18 am

La madre del cordero (laboral), de Federico Durán López en Cinco Días

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Después de vueltas y revueltas, terminamos una legislatura y comenzamos otra con la reforma laboral entre las tareas pendientes. Debe ser que la pérdida del poder abre las mentes, porque hace unos días un alto cargo del Ministerio de Trabajo afirmaba algo hasta ahora contumazmente negado: que las rigideces de nuestra normativa laboral provocan que el ajuste empresarial se produzca, por regla general, destruyendo empleo. A buenas horas, mangas verdes. Si esa convicción hubiese formado parte del acervo gubernamental de ideas para afrontar la crisis del mercado de trabajo, probablemente no estaríamos ahora en la situación en la que estamos.

En todo caso, el nuevo Gobierno habrá de retomar el proceso de reformas. Y aunque sus ideas parecen claras al respecto, las concreciones prácticas de los planteamientos reformistas pueden ser, sin embargo, diversas. Pueden poner, esto es, el acento más en unos aspectos que en otros y pueden dar prioridad a unas u otras cuestiones. En ese sentido, hay margen para barajar distintas posibilidades y, por tanto, para la negociación sobre las mismas. Pero existe, en mi opinión, un punto crucial, la madre del cordero, sin cuya inclusión en las reformas nada sustancial se conseguirá. Y ese punto crucial no es otro que el de la ruptura del bloqueo que la actual negociación colectiva impone a la renovación y a la adaptación de las relaciones laborales.

Creo que el principal factor de rigidez de nuestras relaciones laborales (que es el que hace que el ajuste tenga lugar, fundamentalmente, en términos de empleo) proviene, más que de la legislación, de la negociación colectiva. Es esta negociación la que mantiene anclada nuestra realidad laboral en esquemas del pasado y la que ha impedido la adaptación empresarial al nuevo escenario económico. Y la que ha hecho, al mismo tiempo, que la tutela de los derechos laborales haya sido incapaz de convivir con la protección del empleo.

Esa situación podrá corregirse, que no cambiarse, con algunas medidas concretas, entre las que sobresale el nuevo papel de los convenios y acuerdos de empresa. Pero para que se produzca el cambio sustancial que las circunstancias requieren, una medida resulta insoslayable: los convenios colectivos deben abandonar las excrecencias corporativas y recibir el tratamiento que en un ordenamiento democrático les corresponde, que no es otro que el propio de los contratos. El convenio es un contrato, colectivo porque al menos uno de los contratantes es un sujeto colectivo, que actúa en representación de los individuos, para fijar colectiva y no individualmente sus condiciones de trabajo, pero contrato. En cuanto tal, prevalecerá sobre los contratos individuales y gozará, como exige la Constitución, de fuerza vinculante sobre los mismos, pero sin que eso suponga gozar del carácter normativo que, reminiscencias corporativas, actualmente se le atribuye, ni constituirse en fuente del derecho, en vez de ser, como es, fuente de las obligaciones.

La consecuencia ineludible de ello es que, como todo contrato, el convenio ha de tener la vigencia que las partes acuerden. Los negociadores son muy libres de fijar una vigencia de elevada duración, incluso para algunas cuestiones indefinidas, así como de pactar la aplicación de las regulaciones del convenio vencido mientras se alcanza un nuevo acuerdo. Pero la imposición legal, herencia del franquismo y que todavía se mantiene, de la aplicación del convenio tras la finalización de su vigencia, y hasta que uno nuevo lo sustituya, debe ser urgentemente erradicada. Imponer esa aplicación vulnera el derecho a la negociación colectiva y anula la libertad de contratación, al mismo tiempo que hace inviable en la práctica la renovación de los contenidos de los convenios y la adaptación de las relaciones laborales al cambio de las circunstancias económicas, empresariales y sociales. La ultraactividad impide la libertad de negociación y convierte a la parte empresarial en rehén de todas las concesiones del pasado, sean o no sostenibles y sean o no compatibles con los cambios productivos y organizativos.

Tras un plazo razonable (y breve, dos o tres meses), las regulaciones del convenio vencido deben dejar de ser de aplicación. Solo así se enriquecerán los contenidos de la negociación colectiva y las relaciones laborales dejarán de estar ancladas en el pasado.

Federico Durán López. Catedrático de Derecho del Trabajo. Socio de Garrigues.

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19 diciembre, 2011 a las 7:08 am

La crisis de la Corona y la hora de la verdad del Príncipe Felipe, de Jesús Cacho en vozpopuli.com

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Cada noticia, cada detalle, cada situación nueva que se conoce del llamado caso Urdangarin es peor que la anterior no ya para la fama terrena de la Familia Real sino para el prestigio de la Corona. Ayer supimos que la Casa del Rey contactó en 2007 con un bufete de abogados catalán para “poner en orden” en las actividades del yerno del Monarca, que para entonces facturaba millones de euros a Administraciones varias con la efectividad y contundencia con que antaño batía las redes de los equipos de balonmano –al “talonmano” dicen ahora que jugaba- que se enfrentaban al Barcelona C.F. De modo que al menos desde 2007 la Zarzuela sabía a qué se dedicaba el buen mozo, y no precisamente a obras de caridad sin ánimo de lucro. La solución fue pedir a Telefónica –“César, me tienes que hacer un favor”- que diera trabajo –es un decir- al chico lejos de España, cuanto más lejos mejor, en espera de que el asunto se fuera diluyendo en el tiempo hasta quedar en nada.

Familia desestructurada, casi rota, presidida por la radical desavenencia existente entre el Rey y su esposa, doña Sofía. Si la Reina se enfada con Leticia por negarse a asistir a un cumpleaños de Constantino,el Rey ennoblece a un portugués, muy cercano a Leticia, con el título de Marqués de Pereira Coutinho. Si el Rey dice que Urdanga es una desgracia para el apellido, la Reina viaja a Washington y se hace retratar en el ¡HOLA! junto a la familia de su hija, como inequívoca señal de apoyo en época de tormenta. Si en el hall de un hotelito alemán el Príncipe coincide con una antigua amistad, la Princesa se va de compras o a cenar con amigas. Desavenencias en primera generación, que se trasladan a la segunda. Leticia no se lleva con sus cuñadas, pero el Rey tampoco se lleva con su nuera, y no se recata a la hora de contarlo en privado, mientras por la meseta soriana se perfila la triste figura del caballero Marichalar, hace tiempo apartado de la familia, como ahora amenaza con serlo Iñaki. Desamor en primera generación y malos matrimonios en segunda, cóctel que todo el mundo conoce –desde luego el establishment patrio, cuyo deporte favorito consiste ahora en cotillear sobre la so-called “princesa” Corinna zu Sayn-Wittgenstein- pero que todos callan porque la royal family sigue siendo, cada día menos, asunto tabú y porque los españoles seguimos juzgando con generosa manga ancha la vida privada de la gente, incluso de gente tan principal como la primera autoridad del Estado.

Como en diciembre de 1858 escribiera el embajador francés en la corte española, un tal Fournier,  “nos enfrentamos a una realeza cuyas pasiones no parecen sentir la fuerza de su prestigio más que para abusar de él”. El tenderete amenaza con venirse abajo por culpa del caso Urdangarin, un escándalo que emparenta a los Borbones con la corrupción galopante que desde hace décadas enseñorea la pedestre democracia española. ¡Con la pasta hemos topado! De modo que, de pronto, la Familia Real está en boca, y no precisamente para bien, del menos avisado de los españoles, porque ese español que transige en asunto de bragas y braguetas  está menos dispuesto a consentir en cuestión de latrocinios, y mucho menos en una época de crisis aguda como la que vivimos. El corolario es que, treinta y tantos años después de la muerte de Franco, la forma de Estado ha pasado a convertirse en una de las grandes cuestiones pendientes a que se enfrenta el pueblo soberano al inicio del tercer milenio, con la crisis económica y la del modelo de Estado por compañeras.

Crecen los apoyos al relevo en el Trono

La pérdida de prestigio de la institución (ver encuestas recientes), las divisiones familiares y este escándalo (sexo y dinero conforman como una maldición los pecados capitales de los Borbones a lo largo de los siglos) han acentuado la debilidad simbólica de la Corona para mediar y arbitrar las soluciones que reclama un país cuarteado como nación tras las dos legislaturas de Zapatero, que parece haber perdido el rumbo como proyecto de vida colectivo. La monarquía de don Juan Carlos ha perdido autoridad –la que otorga el prestigio inmaculado-, y buena parte de ese poder simbólico que tuvo. Ha dejado de ser vista por muchos como una solución, para pasar a ser parte del problema.

En el entorno del heredero son claras las señales de alarma que emite esa pérdida de prestigio. El protagonismo del Príncipe Felipe en el apartamiento de Urdangarin como persona de conducta “poco recomendable”, no tiene otra explicación que el intento de colocar un cortafuego capaz de evitar que el escándalo se lleve por delante la sucesión al Trono. En este contexto, la aparición estelar –Barcelona, miércoles 14- del heredero en el acto de presentación de la Fundación Príncipe de Gerona, apenas dos días después de que Zarzuela dejara caer a Iñaki cual fruta madura, no puede entenderse más que como una reafirmación de la figura de Felipe de Borbón como icono de una Monarquía de nuevo cuño, lo ligada a la restauración franquista ni a las escándalos de corrupción que empañan la figura del Rey. Frente al sablazo por sistema del cuñado, el ejemplo de la Príncep de Girona como fundación “honesta y transparente”. Para el heredero, “servir al interés general no puede supeditarse en ningún caso a recompensas personales”. Más claro, agua.

En torno a la candidatura de don Felipe como futuro Rey empieza a cristalizar un incipiente grupo de apoyo formado por jóvenes empresarios y profesionales liberales que impulsan un cambioacelerado al frente de la institución. Dos bandos, como tantas veces ocurriera en nuestra Historia. El de quienes siguen apoyando al Monarca, mayormente representado por el empresariado madrileño, y el de quienes, con fuerte soporte en Barcelona, respaldan la figura del Príncipe, acuden a visitarle en privado, le animan y se declaran partidarios de la abdicación del padre cuanto antes. Muchos de ellos estaban presentes el  miércoles en la Sala Oval del Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC). La renuncia del Monarca sería la solución adecuada en el horizonte de un par de años, cuando se empiece a vislumbrar cierta luz al final del túnel de la depresión económica que vivimos, de modo que el relevo sirviera para enmarcar el inicio de un nuevo periodo histórico, lejos de las adherencias del pasado que Juan Carlos I llevará siempre consigo.

El navajeo dentro de la propia Familia Real

Pero el Rey no se irá. Quienes le conocen bien aseguran que “por encima de su cadáver. El cargo es la razón de su vida, y se morirá con él. Su desconfianza en quienes le rodean es total, y ni aunque se lo pidieran de rodillas las personas con más poder del país accedería. Es lo que siempre me ha dicho. No se fía de su hijo y menos de su mujer. Aparte de que, ahora mismo, cualquier movimiento en ese sentido no haría sino poner en tela de juicio la institución misma”. No olvidemos, sin embargo, la frase de aquel embajador de Napoleón III en Madrid para quien “lo verdadero y lo inverosímil están en España siempre muy cerca”. La negativa del Monarca a pasar el testigo a su hijo -mejor preparado, más culto y, sobre todo, sin mácula, al menos que se sepa, en lo que al verdadero talón de Aquiles de don Juan Carlos respecta, es decir, los negocios privados, es decir, el dinero, dificultará una salida racional, consensuada, a un problema que por vía de la abdicación podría resolverse, aunque tal vez cabría decir mejor aplazarse, porque, a largo plazo, el viejo dilema Monarquía-República no se solucionará hasta que los españoles puedan pronunciarse en consulta libre y democrática.

En contra de lo ocurrido durante el reinado de Isabel II, donde las divisiones internas de los partidos moderado y progresista, amén del navajeo dentro de la propia familia real se emplearon a fondo a la hora de airear los “vicios privados” de la Reina para debilitarla políticamente, en la España de Juan Carlos I los poderes fácticos siguen empeñados en tapar cualquier desafuero, sea de faldas o de fondos, en un pacto de silencio del que hemos salido todos perdiendo, porque ni han cesado las habladurías, ni se ha puesto remedio a los desmanes. El miedo al futuro sigue siendo un eficaz agente aglutinante. Quienes apoyan al Príncipe quieren, por eso, cambiar “el porvenir tristísimo que aguarda a España si no se remueven ciertos obstáculos que se le ponen en el camino del progreso”, en palabras del gran Salustiano Olózaga. Se trata de “moralizar” la Monarquía española y hacer posible una nueva era de paz y prosperidad. Como dijo el propio Príncipe el miércoles, citando a Vicens Vives, “trobarem el pas y la clariana i ens desfarem de la nit y de la boira” (encontraremos el paso y la luz y nos desharemos de la noche y la niebla).

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18 diciembre, 2011 a las 7:07 am

Urdangarin y la Casa Real: un espectáculo poco ejemplar, de El Editorial de vozpopuli.com

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El asunto de Iñaqui Urdangarin y su Instituto Nóos, que ha resultado a la postre un tenderete mercantil con ánimo de lucro no declarado, está dejando en evidencia, a la espera de mayores daños por la vía judicial, el balbuceo permanente en el que está sumida la Casa Real desde hace tiempo. Bien sea por la incompetencia de quienes tienen la responsabilidad de ser rápidos de reflejos, o por la degradación general en la que parece estar inmersa la primera institución del Estado, o por ambas cosas, el espectáculo que desde palacio está dando la familia real toda es cualquier cosa menos ejemplar.

Tras un tiempo más que prolongado de rumores y habladurías al respecto del yerno real, y tras su exilio forzoso en los Estados Unidos de América para prevenir inútilmente males mayores, los acontecimientos se han precipitado en forma de un torrente de informaciones y evidencias que ha hecho imposible la socorrida estrategia de dar la callada por respuesta. Y en un ejercicio de malabarismo circense, tras dos comunicados contradictorios separados entre sí por un breve espacio de tiempo, la Casa Real ha anunciado que aparta de la agenda y arroja extramuros al presunto delincuente. Se deja a la manzana podrida caer del árbol, primero, y se le aparta, después, con un puntapié para que no contamine al resto. “Por su comportamiento no ejemplar” apostillan en palacio, con una calculada dosis de indignación que busca a la desesperada la complicidad, si no la piedad, del buen vasallo en recuerdo de los servicios prestados por la Corona.

Entretanto y en paralelo, por si alguien aún no sabía cómo funcionan las cosas en estos Reinos –porque España es antes Reino que Estado, y en eso estamos–, Su Majestad, a través del jefe de su Casa, se ha apresurado a departir con esos príncipes de la Justicia que llamamos jueces. En principio, para que no se alargue en exceso la investigación judicial, aseguran, y que en el ínterin pueda quedar gravemente dañada la imagen de la Casa Real. Esto es, el Rey trata de evitar a toda costa la letal lentitud de la justicia española. Será difícil sustraerse a la sospecha, sin embargo, de que en la amable charla entre Rafael Spottorno y el presidente del CGPJ, Carlos Dívar, pueda deslizarse la petición añadida  -siendo cosa de majestades, real mandato- de limitar el proceso al Duque consorte, dejando al margen de cualquier pesquisa o citación, siquiera como testigo, a la señora Duquesa, la infanta Cristina.

Todo este lamentable asunto y su devenir futuro promete convertirse –tal vez ya lo es- en una ejemplar metáfora de un país que, en pleno siglo XXI, sigue siendo un Reino de señores y vasallos o, peor aún, de Taifas. En el que mientras unos hacen negocio, otros –grandes empresas y empresarios de los que nada se dice-  pagan y callan. Lejos parecen quedar aquellos tiempos en los que el pueblo español se amontonaba con júbilo y alborozo al paso de Su Majestad. Entonces, el Rey y la Reina, con ese movimiento circular de muñeca tan ergonómico que les distingue, devolvían las muestras de afecto a un pueblo entregado en cuerpo y alma a la causa de la Libertad al fin encarnada en un Borbón.  Don Juan Carlos llegó a ser el héroe del momento, el paladín de la Transición Democrática.  Quién iba a presagiar en aquellos venturosos días que la España de hoy, a punto de ser puesta patas arriba por culpa de una crisis de caballo, pasaría del aprecio al escepticismo y, tal vez, a la ingratitud con la Corona.

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Introducido por Reggio

14 diciembre, 2011 a las 7:07 am

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El príncipe Felipe lidera la indignación de la familia real contra Iñaki Urdangarin, de J.C. en vozpopuli.com

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El príncipe Felipe de Borbón, heredero al trono de España, se está mostrando especialmente beligerante en la toma de decisiones que, dentro de la Casa Real, han conducido al apartamiento de Iñaki Urdangarin, esposo de la infanta Cristina, de las actividades oficiales de la Corona, aseguran a este diario diversas fuentes conocedoras de las interioridades del caso próximas a la Zarzuela. El príncipe, muy preocupado según las fuentes, está desplegando “todos sus esfuerzos” para evitar que el escándalo que envuelve a su cuñado a cuenta de los manejos del Instituto Nóos termine dañando el prestigio de un trono que él ha de heredar un día.

De acuerdo con ello, el protagonismo de Felipe de Borbón fue “muy notable” a lo largo de la “tensa” entrevista mantenida por el marido de la infanta Cristina con su suegro, el rey Juan Carlos, y con el propio príncipe Felipe, su cuñado, entrevista a la que habría podido acudir como testigo el jefe de la Casa del Rey, Rafael Spottorno, aunque las fuentes no se ponen de acuerdo en este punto. La intención del titular de la Corona y del  heredero era convencer al propio Urdangarin, bien a través de un comunicado o de una comparecencia pública restringida, de la necesidad de apartarse motu proprio de las actividades de la Cara Real, de modo que el escándalo que tiene al antiguo jugador de balonmano contra las cuerdas no afecte a los miembros de la Familia Real y mucho menos al prestigio de la Corona.

De hecho, la decisión oficializada el lunes por boca de Spottorno de apartar a Urdangarin, iniciativa tomada por sorpresa el domingo día 11, es consecuencia directa del fracaso de esa entrevista que tuvo lugar en La Zarzuela a lo largo de la semana pasada. Ocurrió que el duque de Palma no se mostró dispuesto a ceder: “él va a la entrevista buscando protección y defensa y resulta que en la Zarzuela le piden que se aparte, que los problemas de sus negocios son suyos y de nadie más… Pero él no solo no cree haber hecho nada que esté expresamente prohibido, sino que piensa que se ha comportado correctamente. Simplemente ha vendido una serie de servicios a quien los ha querido comprar… No tiene sentimiento de haber obrado mal”, aseguran las fuentes.

En esta tesitura, ante las presiones del Príncipe para que tomara una decisión rápida que sirviera de cortafuegos, Urdangarin se defendió afirmando que “lo haría en su momento, pero que ahora tenía todo el derecho del mundo a defenderse y pensaba hacerlo, porque, como padre de familia de cuatro hijos, tenía la obligación moral de cuidar su buen nombre y aceptar ser arrancado de cuajo del árbol de la familia real equivalía, en su opinión, a asumir las acusaciones y casi declararse culpable”. La entrevista se saldó sin acuerdo, aunque tanto el Monarca como el Príncipe salieron confiados en que Urdangarin terminaría por asumir de grado o por fuerza la decisión a la que había sido conminado.

Pero el sábado 10 por la tarde, el marido de la infanta hizo público desde Washington, donde reside habitualmente con su familia, un comunicado que, de acuerdo con las fuentes, causó una “profunda decepción” en Zarzuela, porque ni de lejos respondía a las exigencias que le habían sido planteadas días antes en Madrid. Lo hizo mediante una declaración telefónica a la agencia EFE, en la que aseguraba lamentar “profundamente” el “grave perjuicio” causado a la “imagen de su familia y de la Casa de su Majestad el Rey” ante “la acumulación de informaciones y comentarios aparecidos en los medios de comunicación relativos a mis actuaciones profesionales”.

Puñetazo del Rey sobre la mesa

Según el duque de Palma, Zarzuela “nada tiene que ver” con sus “actividades privadas”. Demasiado poco para lo que se esperaba de él. El comunicado de marras provocó una manotazo sobre la mesa del propio Monarca que, muy urgido por el Príncipe, decidió cortar por lo sano y proceder, mediante la comparecencia pública de Spottorno, a oficializar el “apartamiento” de Urdangarin de las actividades oficiales de la Familia Real, en un intento de levantar ese eficaz cortafuegos capaz de minimizar los daños que para la Corona puedan derivarse de una previsible imputación.

La entrevista de la semana pasada es la segunda que mantiene el marido de la infanta Cristina en la Zarzuela con el propio Monarca desde que hace cuatro semanas estallara la crisis. Según las fuentes, los dos comunicados emitidos por el dique de Palma desde que estallara la crisis lo han sido a petición expresa de Zarzuela. El primero de ellos fue una escueta nota hecha pública, también a través de EFE, el pasado 11 de noviembre, en la que el duque se mostraba dispuesto a defender su “honorabilidad y honor” ante las informaciones incriminatorias que ya entonces empezaban a llover sobre él a cuenta de la peculiar gestión de los “negocios” del Instituto Nóos.

Ha sido, pues, el “desaire” de Urdangarin a las exigencias del príncipe Felipe y del propio Rey para que, “por iniciativa propia”, anunciara su desvinculación de la vida oficial de la Corona, lo que ha provocado la drástica decisión teatralizada por Spottorno el lunes 12. Una iniciativa sin precedentes, de dimensión histórica, que rompe una tradición de silencio mantenida en este y en otros casos, y que hace añicos la argumentación estrella esgrimida hasta ahora por Zarzuela, esto es, que los negocios del duque eran un asunto privado que nada tenía que ver con la Corona. Todo eso se ha roto.

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Introducido por Reggio

14 diciembre, 2011 a las 7:06 am

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Las cuentas del Rey, de El Editorial de El País

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La Monarquía del siglo XXI exige delimitación de funciones y transparencia presupuestaria

El caso Urdangarin ha venido a remover las aguas normalmente plácidas de la Monarquía española. Los negocios privados del yerno del Rey, objeto de investigación por parte de la justicia, han colocado a la familia real en una incómoda situación. La inmediata decisión, sin esperar a la imputación del duque de Palma, de apartarle de todo acto oficial viene dictada por la prudencia, aunque probablemente no basta para acotar el problema que plantea el eventual procesamiento del marido de una infanta.

De mayor calado es la determinación de don Juan Carlos de dar cuenta detallada de los gastos de la Casa del Rey. Tal ejercicio de transparencia es la mejor garantía para disipar dudas acerca de una institución que cuenta con el afecto mayoritario de los ciudadanos, principalmente por los servicios que ha prestado en momentos difíciles de la Transición, en los que estuvo en juego el futuro de la democracia y de la Monarquía constitucional.

El artículo 65 de la Constitución Española aprobada en 1978 deja en manos del Rey la libre distribución del monto global que recibe, y que es actualmente de 8,43 millones de euros anuales. La ausencia de un posterior desarrollo legal de dicho artículo ha mantenido este presupuesto en la mayor opacidad. Es algo que ningún Gobierno ha querido abordar, aunque no han faltado oportunidades ni peticiones parlamentarias al respecto. El actual gesto real, si bien es la respuesta a una situación crítica, debería conducir a convertir en norma lo que ahora solo tiene carácter voluntario. Ese nuevo mandato debería servir también para delimitar qué miembros de la familia real disponen de asignación presupuestaria pública, porque actúan por encargo del Rey para representar a la institución en su nombre, y qué otros prefieren abstenerse para dedicarse a sus actividades o negocios profesionales, renunciando así a toda función representativa.

No es fácil trazar esta línea, pero hay que tener en cuenta que los 8,43 millones de euros con los que se sufragan los gastos de los Reyes y los príncipes de Asturias son una mínima parte del presupuesto público destinado a la Corona. El mantenimiento de los edificios, la nómina de muchos de los empleados y los viajes los afrontan respectivamente Patrimonio Nacional, Administraciones Públicas y Exteriores. Estas y otras partidas son suficientemente sustanciales como para que la intervención del Estado y la norma de transparencia sean obligadas para una institución tan destacada de la arquitectura del Estado.

El caso Urdangarin pone a prueba la capacidad de adaptación de la Corona, institución que tiene sentido precisamente en la medida en que responde a la función de máxima representación de la nación constitucional. Nada podría dañarla tanto como reacciones irreflexivas o declaraciones mal calculadas ante una situación que es delicada por definición. La justicia debe hacer su trabajo, pero la Casa del Rey debe hacer también el suyo para preservar, ante todo, los intereses del Estado democrático.

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Introducido por Reggio

13 diciembre, 2011 a las 7:20 am

Error tras error, de Pilar Rahola en La Vanguardia

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Escribía Victoria Prego en El Mundo que las monarquías no caen por la crítica de la izquierda, sino por la desafección de la derecha, y le sobra razón. De hecho, en los tiempos recientes los conatos republicanos más potentes se han producido desde esos altavoces, algunos especialmente descarnados. No creo que ningún republicano de pro -ni tan sólo de los que queman fotos- haya dicho del Rey lo que ha llegado a decir, por ejemplo, el ínclito Jiménez Losantos. Desde que existe la democracia, la idea de la tercera república no palpita tanto en las maltrechas filas republicanas -entre las que me incluyo sin ambages-, sino en las nutridas filas de la derecha de orden, quizás como homenaje sutil a la filosofía joseantoniana que nunca fue monárquica. Esa pirueta del Rey es probablemente uno de sus mayores aciertos, que siendo el heredero de Franco, acabó siendo amigo personal de Felipe y de Pujol, y nada amigo de Aznar. En cierta medida, como decía un socialista republicano, “el Rey nos ha dejado sin guión”. Y esa es la idea, tener un guión que dé sentido a la institución, porque los reyes ya no se sustentan por la fuerza de la espada, sino por la capacidad de crear empatía con los ciudadanos. La Casa Real es, fundamentalmente, una marca simbólica cuya fortaleza radica tanto en estar cerca de la gente, como en mantenerse alejada del mundanal ruido. De ahí que el caso Urdangarin sea el mazazo más severo que ha sufrido la institución desde su restitución, porque es puro ruido.

¿Cómo se ha llegado hasta aquí? Y no me refiero a las posibles imputaciones -que tienen su recorrido judicial-, sino a la escandalosa dimensión de unas actuaciones que en el mejor de los casos son ilícitas. La respuesta entronca con una montaña de errores incomprensibles en una Casa Real profesional y muy celosa de la imagen que proyecta. Empiezo por el último error, el del propio Urdangarin hablando tarde y mal, disparando contra la prensa, incapaz de hacer un cortafuegos efectivo entre él y su coronado suegro. Claro que si es cierto lo publicado, lo de Urdangarin supera el concepto de error y aterriza en la desvergüenza. Pero más allá del yerno, ¿no ha tardado la propia Casa Real? Porque alguien debía ver que el patrimonio de Urdangarin crecía de forma desorbitada, que el nombre del Rey era usado con profusión, que los negocios no eran claros, que… ¿No está para eso el CNI? ¿No fue por eso que se trasladaron a Washington? ¿Cómo se permitió? ¿Hasta qué punto se permitió? Podríamos sumar más preguntas, y todas desembocan en una conclusión: alguien creyó que podía ser impune, y quien debía pararle los pies no lo hizo. Ahora el misil ha estallado en el transatlántico real, y el boquete es de órdago pues ha dado en el punto más débil de una monarquía moderna, su imagen. Y es justamente la imagen lo único que no pueden permitirse perder.

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Introducido por Reggio

13 diciembre, 2011 a las 7:13 am