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La reforma laboral de 2012 (III): cuestiones técnicas, de Antonio V. Sempere Navarro en Cinco Días

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Tanto el programa electoral del PP cuanto el discurso de investidura del nuevo presidente del Gobierno apuntan hacia una reforma integral del mercado de trabajo, persiguiendo la modificación de buena parte de las instituciones que en 2010-2011 ya fueron objeto de innovaciones. Experiencias recientes y exigencias de técnica jurídica recomiendan que a la hora de llevar a la práctica esos propósitos se preste atención al modo de implementarlo; las formas son tan importantes como el fondo cuando se habla de modificar nuestras leyes, en este caso laborales.

Nuestros Gobiernos gustan de las reformas bifásicas en temas laborales: se aprueba un real decreto-ley y, sin perjuicio de su convalidación, su texto sirve al tiempo como proyecto de ley. Nuestra Constitución reserva ese tipo de norma (aprobada por el Gobierno, pero con valor de ley parlamentaria) para supuestos excepcionales y el Tribunal Constitucional ha censurado en varias ocasiones los abusos. En consecuencia, es bienvenido el anuncio, por parte del Sr. Rajoy de remitir al Congreso de los Diputados “un proyecto de reforma laboral en el primer trimestre del año 2012″.

Aunque no es constitucional o legalmente exigible nuestra tradición democrática posee una dilatada experiencia de diálogo social y de legislación laboral consensuada con los agentes sociales; también, hay que decirlo, tenemos recientes experiencias de bloqueo y excesiva dilatación de las negociaciones, así como de fracaso de las reformas impuestas (decretazos o no) en contra de los agentes sociales; por otro lado, en el Estado de Derecho, los gobiernos y parlamentos han de asumir sus propias responsabilidades y no pueden quedar bloqueados ante la falta de acuerdo en cuestión. Por eso suena bien la puesta en marcha de una nueva etapa de diálogo social y se entiende también la fijación de topes temporales para la adopción de decisiones.

El Derecho del Trabajo español no está codificado (aunque nada nos lo impediría) y se organiza alrededor de unas pocas normas capitales; hay que pedir que los cambios con rango de ley se integren en esas disposiciones preexistentes: Estatuto de los Trabajadores, Ley General de la Seguridad Social, Ley de Empleo, Ley de la Jurisdicción Social. Sobrecoge el mero examen de la lista de reales decretos-leyes o reales decretos conteniendo medidas, más o menos coyunturales, más o menos sectoriales, para incentivar el empleo; asusta que en las últimas semanas se hayan aprobados tres normas diversas sobre las prácticas en las empresas; desconcierta que el régimen de los empleados domésticos baile de norma en norma.

Muchos de los cambios laborales están fracasando por una falta de explicación clara; es un tópico afirmar que la realidad no se cambia mediante decreto y una necesidad que los destinatarios (directos o indirectos) de las normas las conozcan y entiendan. Una sociedad madura e informada no puede permanecer al margen de las decisiones importantes que adoptan sus órganos de gobierno. Si se rebajan las cotizaciones, se limitan los contratos temporales, se facilita el despido a la empresa con problemas, se permite el trabajo de los jóvenes cobrando menos del salario mínimo interprofesional, o el convenio de empresa desplaza al provincial, por ejemplificar, conviene explicarlo de forma clara. Si se imponen sacrificios a los empleados públicos, se implanta el euro sanitario o se restringe el derecho de huelga en transportes públicos; si se vuelve más fácil el cambio de horario, se implantan más controles para las bajas médicas o se prima la contratación de personas sin estudios, todo eso conviene argumentarlo; y así sucesivamente.

La técnica de Penélope desconcierta a quienes viven diariamente en el mundo de las relaciones laborales; los cambios continuos a veces son imprescindibles, pero acaban desconcertando. Convendría que si se afrontan remodelaciones normativas estén lo bastante meditadas como para no necesitar de cambios a los pocos meses; el desconcierto y el enfado cuando eso sucede acaba generando una especie de hostilidad hacia las normas laborales que a nadie conviene.

Las leyes deben cumplirse y no solo aprobarse; con frecuencia da la impresión de que todos nuestros problemas quieran resolverse aprobando nuevas normas. La economía sumergida debiera ser objeto de constante preocupación para todos los actores implicados. Es buen momento para incentivar el cumplimiento de las normas sobre salud laboral, derechos colectivos, contratación o Seguridad Social; inmejorable coyuntura para generar sinergias entre los gobernantes, los trabajadores y los empleadores; ciertos problemas podrían resolverse aplicando o desarrollando el Derecho preexistente, más que modificándolo.

Tiene que acabar el juego del escondite; cada previsión normativa debe encuadrarse en una norma que guarde relación con ella; la desaparición de las enmarañadas leyes de acompañamiento no puede dar paso a prácticas aún más perniciosas, que conducen a que decisiones relevantes se incluyan en normas cuya materia ninguna decisión guarda con ellas.

Antonio V. Sempere Navarro. Catedrático de la Universidad Rey Juan Carlos. Coordinador del Área Laboral de Gómez-Acebo & Pombo.

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30 diciembre, 2011 a las 7:08 am

La reforma laboral de 2012 (II): los planes del PP, de Antonio V. Sempere Navarro en Cinco Días

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La modificación de las leyes laborales acompaña su propia existencia y, por sí misma, no crea o destruye empleo pero sí ayuda o molesta en esa tarea. Forma parte del normal juego democrático que sean muy diversas las ideas acerca de la conveniencia y alcance de una nueva reforma laboral; lo mismo cabe pensar respecto de la disparidad de enfoques que las confederaciones empresariales o sindicales poseen; por descontado, nada cambia si pasamos al terreno de los expertos, los académicos o las instituciones.

Dada su mayoría absoluta, interesa examinar tanto el programa electoral del Partido Popular cuanto el discurso de investidura del Sr. Rajoy a fin de indagar por dónde irá esa preconizada “reforma integral del mercado de trabajo”, para acabar con su excesiva regulación, rigidez y fragmentación; se trata de orquestar modificaciones en contratación laboral, convenios colectivos, capacitación profesional e intermediación, todo para estimular el crecimiento y potenciar la creación e empleo.

Buena parte de las propuestas enlaza con cambios introducidos durante 2010/2011 en línea con la flexiseguridad preconizada por instancias comunitarias. Ahora se insiste en ellos a partir de otros presupuestos; se trata de reducir temporalidad y aumentar flexibilidad, implantar el fondo de capitalización individualizado, potenciar la formación continua, incentivar la colaboración público-privada en los servicios de empleo, prevenir mejor las discriminaciones, evitar o minorar el absentismo, facilitar medidas de conciliación trabajo/familia o la bonificación de contrataciones en pequeñas y medianas empresas, potenciar soluciones extrajudiciales para los conflictos laborales, elaborar un plan de empleo juvenil o atender al derecho a la formación y recualificación.

La disolución de las Cortes Generales provocó la caducidad del Proyecto de Ley remitido por el anterior Gobierno, coincidente con el tenor del Real Decreto-Ley 7/2011, de 10 de junio, sobre Medidas Urgentes para la Reforma de la Negociación Colectiva. Ahora se insiste en la prevalencia del convenio empresarial y, puesto que ya existe esa regla pero con condiciones, cabe pensar que se trata de convertirla en absoluta, máxime cuanto también se da primacía a los meros acuerdos.

La cuestión es tan compleja que tanto el discurso como el programa admiten que lo perseguido será “que cada materia se negocie en un ámbito territorial o sectorial óptimo”. Necesitamos, desde luego, convenios colectivos a la altura de los tiempos y que modernicen sus contenidos, pero sabido es que si la ley es la que dicta reglas ya no hablamos de negociación y si exige que se aprueben tampoco es seguro que así suceda; sin el concurso de los agentes sociales será difícil esa necesaria modernización.

Una de las medidas más concretas apunta hacia la traslación de los festivos intersemanales al lunes, evitando los puentes; el Estatuto de los Trabajadores admite esa posibilidad (salvo para 1 de mayo, 12 de octubre y Navidad) y se trata solo de activarla. El apoyo a la reincorporación al mundo laboral tras un periodo prolongado de dedicación a la familia es otra faceta conocida en nuestra política de fomento del empleo, que se quiere potenciar.

Todas las medidas quieren propiciar la generación de empleo. Específicamente, se abrirá una mesa de diálogo para elaborar el Plan de Empleo Juvenil, al que se aspira a incorporar “nuevas fórmulas”; además de un incremento de las bonificaciones y otros “incentivos concretos”, así como “una reforma del sistema de formación profesional”.

Se presta máxima atención a la tutela y promoción de los emprendedores: eliminación de licencias previas, aprobación de una Ley específica, apoyo fiscal a la contratación de trabajadores, ingreso solo del IVA cobrado, compensación de deudas tributarias, mejora de tipos impositivos, facilidades crediticias, cotización a tiempo parcial en RETA. Toda una panoplia de cuestiones que quieren obviar la escasa operatividad del Estatuto del Trabajo Autónomo pero que replican su técnica interdisciplinar.

Las propuestas transitan mayoritariamente por caminos conocidos, cosa lógica cuando Bruselas nos viene suministrando la música de fondo a la que poner letra. Esto no suena a ruptura sino a nueva reforma, profundizando o remodelando buena parte de las innovaciones que durante la segunda mitad de la pasada legislatura ya se habían asumido. Como reza el lema de la Universidad Rey Juan Carlos: Non nova, sed nove (No cosas nuevas, sino una nueva forma de realizarlas).

Las formas, los tiempos, los consensos serán muy importantes a la hora de conseguir mayor o menor éxito en los fines propuestos. La buena sintonía entre negociación colectiva y normas estatales, la adecuada redacción de las normas, la explicación de lo que se vaya haciendo, la coherencia de las innovaciones laborales con las de otro tipo, la colaboración de las diversas Administraciones públicas o la complicidad de los medios de comunicación son factores que también van a influir poderosamente en los resultados que se obtengan.

Antonio V. Sempere Navarro. Catedrático de la Universidad Rey Juan Carlos. Coordinador del Área Laboral de Gómez-Acebo & Pombo.

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29 diciembre, 2011 a las 7:10 am

Claves sobre el despido y la reforma laboral, de L. B. de Quiros en vozpopuli.com

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La reducción del coste y de las restricciones administrativas al despido constituyen una pieza central de cualquier reforma laboral seria que quiera implantarse en España. Esto contradice la tesis sostenida a izquierda y derecha del espectro político según la cual los mecanismos de salida del mercado laboral no constituyen un factor esencial de una política dirigida a reducir el desempleo y estimular la creación de puestos de trabajo. Hay que modificar la negociación colectiva, simplificar los contratos, recortar las cotizaciones sociales pero también lo es abaratar el despido, al menos, hasta los niveles existentes en los países de nuestro entorno. Este es un aspecto básico a considerar cuando ante la realidad de más de cinco millones de españoles en paro la patronal y los sindicatos se enorgullecen de haber llegado a un acuerdo de mínimos que es algo así como recurrir a las aspirinas para tratar el cáncer.

En España, el debate sobre el despido está cuajado de hipocresía y de incoherencia. Quienes niegan la correlación “protección al empleo-paro” han recurrido y recurren de manera permanente a mecanismos que intentan corregir los efectos sobre el desempleo derivados de la misma. Esa ha sido la filosofía inspiradora de casi todas las modalidades de contratación temporal que permiten rescindir la relación laboral a un precio inferior al de los contratos fijos e indefinidos vigentes sin necesidad de autorización judicial o administrativa. De hecho existe una conexión directa entre el nivel de temporalidad existente en cualquier economía y la carestía del despido. Los países con niveles más bajos de “protección” a los trabajadores fijos tienen tasas de paro menores y también una “precariedad” más baja. El caso de España es un paradigma de lo contrario. Tiene el mayor volumen de contratos temporales de la OCDE porque tiene los costes del despido más elevados.

El sistema de “protección” al empleo vigente en la vieja Piel de Toro tiene efectos negativos sobre la capacidad de generar puestos de trabajo fijos por una sencilla y elemental razón: Incrementa los costes de las empresas. Estas no han sólo de pagar los salarios y las cotizaciones sociales sino que han de hacer frente a los derivados de la posibilidad de un eventual despido. En este marco legal, la respuesta racional de las compañías consiste reducir la demanda de mano de obra en las fases altas del ciclo y en mantener trabajadores improductivos en las bajas hasta que su situación económico-financiera se vuelve insostenible y se ven forzadas bien a cerrar bien a despedir a cualquier precio. Desde esta perspectiva, la rigidez y carestía de los procedimientos de salida del mercado laboral constituyen un impuesto sobre el empleo y sobre la eficiencia de todo el sistema económico. Esto es de manual. Si el coste de un bien, de un servicio o de un factor de producción aumenta, la cantidad demandada de él disminuye.

Por otra parte, la coexistencia de un mercado de trabajo con contratos fijos e indefinidos con costes altos de despido y de otro con contratos temporales con bajos costes de despido, caso español, produce resultados perversos. Como el riesgo de paro para los primeros es bajo, su capacidad de negociación salarial se fortalece. En consecuencia, los acuerdos sobre los salarios reflejan principalmente sus intereses con un resultado: Una menor flexibilidad laboral. En este contexto, la introducción de figuras contractuales más flexibles cambiar la regulación de las existentes para los trabajadores fijos potencia en lugar de debilitar las rigideces del mercado y genera paro. De nuevo, España es un ejemplo paradigmático. La temporalidad ha sido hasta el momento el mecanismo de ajuste utilizado por las empresas para afrontar la crisis.

La crisis está siendo un laboratorio de las brutales ineficiencias del marco de instituciones laborales español. La destrucción de empleo registrada por la economía española y la experiencia doméstica y comparada muestran la imposibilidad de hacer frente a esa sangría con parches, con retoques cosméticos. España no necesita imaginativas modalidades de contratación que se superpongan a las viejas y consoliden una dualidad del mercado laboral injusta e ineficiente. El despido ha de ser abaratado y flexibilizado tanto para los viejos como para los nuevos contratos. Este es el camino para crear empleo y para reducir de una manera efectiva la “precariedad” que tanto preocupa a los sindicatos pero cuyas políticas y planteamientos convierten en un hecho del que es imposible escapar.

Aunque resulte paradójico, un despido más barato y más flexible es un instrumento esencial para crear empleo en los auges y para reducir su ritmo de caída en las recesiones. El reverencial temor a abordar este asunto obedece a tabúes ajenos a cualquier planteamiento lógico y responde a prejuicios ideológicos producto de la ignorancia o del doctrinarismo. La mejor protección para los trabajadores es tener empleo y no el mantenimiento de un modelo que les condena al paro en los malos tiempos y a la “precariedad” en los de bonanza.

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29 diciembre, 2011 a las 7:06 am

La reforma laboral de 2012 (I): el pasado reciente, de Antonio V. Sempere Navarro en Cinco Días

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Las elecciones del pasado 20-N y la ulterior investidura del presidente del Gobierno y designación de Fátima Báñez como ministra de Empleo y Seguridad Social sitúan numerosas cuestiones propias del Derecho del Trabajo en el primer plano de la actualidad. Cuestiones como contrato único, obligaciones de los desempleados, indemnizaciones, despidos sin causa, cotizaciones a la Seguridad Social, papel de los sindicatos, volumen de sindicalistas liberados, eficacia del SMI, copago sanitario, primacía del convenio de empresa, indexación de retribuciones con productividad, papel de los jueces en la revisión de las decisiones empresariales, modo de calcular las pensiones, retribuciones para los ejecutivos de élite, medición de la productividad, atención a personas dependientes, conciliación de trabajo y familia, papel de los intermediadores en el empleo, formación de nuestra población activa, recorte de empleos y derechos en el sector público, calendarios y horarios laborales, control y consecuencias del absentismo, etc. Estos párrafos solo pretenden contribuir al debate.

Frecuentemente se atribuye un papel decisivo a las leyes laborales en orden a la creación de empleo y se piensa que su acertado cambio constituye el principal modo de acabar con el desempleo y la crisis. Pero lo cierto es que con las mismas reglas España ha sido, sucesivamente, el país europeo más generador y destructor de empleo, lo que llama a la reflexión.

Las normas deben actualizarse y adaptarse al contexto, pero pensar que son el único componente del Derecho del Trabajo constituye un claro reduccionismo. La actuación de las personas, comenzando por quienes marcan la política laboral pero desembocando en el más modesto de los empresarios, trabajadores o asesores, posee una relevancia práctica que se pone de relieve al comprobar la escasa virtualidad que han tenido recientes y pretenciosas normas (sobre empleo sumergido, mejora de la empleabilidad, formación ocupacional, planes de choque, negociación colectiva, etc.). Conclusión: no solo hay que utilizar el BOE para cambiar las cosas, sino también actitudes y criterios.

Las enseñanzas derivadas de las principales normas aprobadas en los dos últimos años debieran servir para el futuro. Ejemplos: debe evitarse el abuso del real decreto-ley; la revisión de principios bien asentados en nuestra tradición (como la temporalidad del contrato para obra o servicio) desorienta y ayuda poco; la introducción de nuevas reglas debe meditarse para evitar su inocuidad o modificación a los pocos meses (conversión en fijos de los contratos temporales); las numerosas transitoriedades confunden; la sensación de provisionalidad de los cambios resta eficacia a las innovaciones; las diferencias entre normas consensuadas e impuestas aconseja apurar las posibilidades de diálogo social; la ausencia de pedagogía eficaz respecto de lo que se hace minora su aplicación real; la dispersión y fragmentación de las normas resta seguridad jurídica; un exceso de activismo normativo priva de relevancia a los cambios importantes; combatir solo los efectos secundarios de un problema no conduce a solucionarlo; alterar las reglas de juego no comporta que se cambie el modo de actuar.

De todo ello deriva cierta sensación de hartazgo normativo, de minusvaloración de las disposiciones (por su elevado número y escasa aplicación o pequeño éxito), de nostalgia hacia un marco de asunción de responsabilidades por parte de todos los sujetos implicados. En este contexto, son muy de agradecer las reflexiones sobre la conveniencia de derogar normas, apostando por aprobar pocas y de calidad. Lo importante no es reformar por reformar, sino decidir cómo y qué se modifica, determinando en todo caso si se trata de preceptos que vienen para quedarse (estructurales) o están de paso (para salir de la crisis).

El Real Decreto-Ley 10/2011, de 26 de agosto, de medidas urgentes para la promoción del empleo de los jóvenes, la estabilidad y recualificación profesional ejemplifica parte de lo expuesto. La disposición se inscribe en la apuntada línea de abusiva utilización del Real Decreto-Ley en temas laborales. Con ella se quiebra una tendencia que parecía bien asentada en nuestro ordenamiento: la apuesta por contratos más estables (de contenido flexible). Desconcierta que en 2006 se acuñara el artículo 15.5 ET (convertir en fijo a quien hubiera trabajado más de 24 meses, en un periodo de 30, para la misma empresa y en idéntico puesto), que en el año 2010 se reforzara la regla (abarcando las tareas desarrolladas en diversos puestos y para cualquier empresa del grupo), y en 2011 se suspenda su vigencia; lo mismo podría decirse respecto de los contratos formativos o del famoso fondo austriaco.

Más vale pensar los cambios antes de introducirlos de forma apresurada, en medio de protestas y desaprobaciones. De lo contrario, acabaremos teniendo no solo una mala praxis (contratos sistemáticamente temporales, decisiones apriorísticamente enemigas de los cambios) sino también un diseño normativo caprichoso, hecho a impulsos y sin obedecer a principios claros.

Antonio V. Sempere Navarro. Catedrático de la Universidad Rey Juan Carlos. Coordinador del Área Laboral de Gómez-Acebo & Pombo.

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28 diciembre, 2011 a las 7:09 am

Historias de inmigrantes: ‘Katzelmacher’, de Àngel Ferrero en SinPermiso (24/12/11)

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«Debe haber sido idea del diablo mismo hacerme nacer en Rusia con cerebro y talento», dijo en una ocasión Aleksander Pushkin. Es probable que los miles de investigadores y jóvenes trabajadores que desde hace ya más un año abandonan el Reino de España, Portugal, Irlanda, Italia o Grecia piensen algo muy parecido. Estos países pierden a sus jóvenes trabajadores y, con ellos, parte de su futuro. El gobierno de Zapatero, siguiendo el ejemplo de su homólogo griego, no sólo no hizo nada para detener la emigración, sino que la alentó disimuladamente, pues su marcha permite aliviar los catastróficos índices de desempleo. [1] Los países ganadores de la crisis europea se dotan mientras tanto de su propio ejército industrial de reserva llegado de Europa del sur y del este en el sector secundario y terciario. [2] «No hay estadísticas oficiales sobre ellos. Nadie sabe cuántos son ni adónde se dirigen» escribe Concha Caballero en El País. «No se agrupan –continúa– bajo el nombre oficial de emigrantes. Son, más bien, una microhistoria que se cuenta entre amigos y familiares. […] Escapan a las estadísticas de la emigración porque suelen tener un nivel alto de estudios y no se corresponden con el perfil típico de lo que pensamos que es un emigrante. Quizá en las cuentas oficiales figuren como residentes en el extranjero, pero deberían aparecer como nuevos exiliados producto de la ceguera de nuestro país. […] Son una generación perdida para nuestro país y para nuestro futuro. Un tremendo error que pagaremos muy caro en forma de atraso, de empobrecimiento intelectual y técnico. Aunque todavía no lo sepamos.» [3] La emigración intraeuropea se ha convertido en un tabú: no sólo nadie sabe los números exactos, sino que los medios de comunicación españoles se han esforzado por proscribir por completo el término y lo han sustituido por el aséptico “expatriado”.

La experiencia de la emigración nunca es –al menos de entrada– amable. Cierto: ni los inmigrantes ni el país de acogida son los mismos que hace  cincuenta años, pero las barreras lingüísticas, culturales y sociales no han desaparecido ni pueden hacerlo. La soledad inicial y el sentimiento de naufragio tampoco. «Me siento un traidor, siento que no me fui, que me escapé», afirma un personaje de Lugares comunes (Adolfo Aristarain, 2002). «¿Traidor a qué? Vos no te fuiste, te echaron, como me echaron a mí, como siguen echando a todos los que se van. Tu país se murió, se acabó, no existe», le replica el personaje interpretado por Federico Luppi. Peter Weiss ha descrito bien la alienación inicial del emigrante en su fría enumeración de los gestos mecánicos que se ve obligado a repetir con cada cambio de domicilio: «desempaco mi maleta, dejo mi ropa interior, cuelgo la ropa en el armario, pongo la cuchilla de afeitar, la pasta de dientes y la pastilla de jabón sobre los estantes de cristal, sobre el lavabo, ordeno el material de trabajo sobre la mesa, planto el caballete y lleno las estanterías con los libros.»

«Deutschland schön?»

Katzelmacher (R.W. Fassbinder, 1969) –término despectivo para referirse a los inmigrantes del sur de Europa– se filmó en uno de los períodos de mayor afluencia de inmigrantes a Alemania occidental: ‘Gastarbeiter‘ –literalmente ‘trabajador invitado’, en sustitución de ‘Fremdarbeiter’ (trabajador extranjero), término con connotaciones racistas por su extendido uso durante el nacionalsocialismo– fue el eufemismo con el que se conoció a estos contingentes de inmigrantes que llegaron al país tras la firma de un acuerdo entre la República Federal Alemana y sus respectivos países de origen. Los primeros en llegar fueron los italianos (1955), seguidos de los españoles (1960) y griegos (1960) y, a partir de la construcción del Muro de Berlín –que privó a la industria renana de su tradicional mano de obra emigrante procedente de Turingia y Sajonia–, turcos (1961), marroquíes (1963), portugueses (1964), tunecinos (1965) y yugoslavos (1968). Por su parte, la República Democrática Alemana cerró acuerdos similares con Polonia (1965), Hungría (1967), Mozambique (1979) y Vietnam (1980). Su llegada había de llenar en ambos casos el hueco demográfico causado en Alemania por la Segunda Guerra Mundial, en la que entre seis y ocho millones de personas perdieron la vida.

En Katzelmacher, la llegada de Yorgos –un ingenuo inmigrante griego interpretado por el propio Fassbinder–, con su traje raído, zapatos gastados, maleta de cartón y alemán precario, afecta, sin él quererlo, a la vida de cuatro parejas de una anónima localidad bávara. Aunque las relaciones entre los protagonistas entre sí y con sus respectivas parejas está dominada por el tedio (reforzado por los encuadres de cámara en que los personajes quedan aislados o en una esquina) y la hipocresía (el engaño, las infidelidades, la prostitución encubierta), cuando no el desprecio (hasta llegar a la violencia de género), es la figura del inmigrante la que concentra, negativamente, todo el odio, el rencor y la frustración acumuladas. Este proceso comienza cuando Elisabeth (Irm Hermann), la dueña del piso en el que vive Yorgos, le cobra un precio abusivo por una pequeña habitación compartida –«puede hacerlo porque se le puede pedir un alquiler mayor, porque es extranjero, porque son estúpidos», aclara un personaje–, continúa con su humillación en el bar cuando los protagonistas se aprovechan de su desconocimiento del idioma y culmina en la paliza final, después de ser acusado de comunista y de haber violado a una mujer que se había mostrado interesada en él al comienzo de la cinta y que, tras verse rechazada, se dedica a difundir la calumnia. Sólo Marie (Hanna Schygulla) se apiada de él y acaba convirtiéndose en su pareja, y así, en el primer vínculo del emigrante con su nuevo hogar.

Como no es difícil deducir, la película retrata la reificación del inmigrante, que se convierte para la sociedad que lo acoge en un objeto sobre el que se proyecta el miedo –a la competición en la esfera personal no menos que en la laboral– y el deseo. Ambos sentimientos están basados comúnmente en prejuicios culturales de tintes racistas. Román Gubern ha hablado por ejemplo, en referencia al mundo anglosajón, «de la difundida creencia en una hipertrofiada potencia sexual de las razas socialmente inferiores (como lo es la latina para los anglosajones). En este sentido, el mito del “amante latino” alberga cierta connotación masoquista, con la voluntaria sumisión y servidumbre sexual de la mujer a un ser inferior.» [4] El prejuicio vale para otras tantas etnias.

Por cierto, la película de Fassbinder comienza con una cita de su amigo Yaak Karsunke: «es mejor cometer nuevos errores que perpetuar los viejos hasta la inconsciencia.»

«Nix verstehn»

No siendo una de las películas más conocidas de Fassbinder, la Schaubühne am Lehniner Platz –uno de los teatros más innovadores de Alemania, escenario habitual de las rompedoras puestas en escena de Thomas Ostermeier– ha apostado por adaptarla al teatro. Con un timing excelente: obviamente, aquí están en juego las deterioradas relaciones germano-helenas. El sensacionalista Bild ha ofrecido –y nadie esperaba menos de él– la peor muestra de este fenómeno con titulares como “Verkauft doch eure Inseln, ihr Pleite-Griechen!” (¡Vendednos vuestras islas, griegos arruinados!), “Haben die Griechen Anspruch auf Kriegs-Entschädigung?” (¿Tienen derecho los griegos a reparaciones de guerra?), “So verbrennen die Griechen die schönen Euros” (Así despilfarran los griegos los preciosos euros) o “Frau Merkel, wir wollen auch  eine Volksabstimmung! Nehmt den Griechen den Euro!” (Frau Merkel, ¡nosotros también queremos un referéndum! ¡Quitémosle el euro a los griegos!). Albrecht von Lucke ha descrito bien la situación para el Blätter für deutsche und internationale Politik: «La prensa amarilla ha resucitado los viejos clichés: aquí, los “vagos de los griegos”, allí los “autoritarios de los alemanes”. La consecuencia no es otra que dejar atrás tierra quemada en la conciencia europea. Reaparecen todos los prejuicios nacionales que se creían largo tiempo superados: la cruz gamada en el centro de las doce estrellas ondea en una bandera en Atenas como muestra de la crítica hacia el Diktat de Bruselas, del que se hace responsable a la canciller alemana. El teutón amenazador asoma la testa. Para nosotros, en cambio, “el griego en sí” aparece mientras tanto casi como la decadencia quintaesenciada: hete aquí nosotros, los corajudos y esforzados alemanes, contra todos los vagos de los países del sur de Europa.» [5]

La adaptación de un medio a otro es exigente y no siempre se salda con buenos resultados. En el caso de una película de bajo presupuesto como Katzelmacher, las cosas son más fáciles: un Volkswagen escarabajo, un telón con la reproducción de la escena final de Al final de la escapada (À bout de souffle, Jean-Luc Godard, 1960) y un bastidor con papel pintado es todo lo que Jochen Hochfeld necesita poner a disposición de Ivan Panteleev (Sofia, 1968) para su puesta en escena, en la que ha colaborado con alumnos de la Escuela de interpretación Ernst Busch. En la versión de Panteleev Yorgos es más extrovertido –quizá para resaltar el contraste hacia los personajes alemanes, quizá para no convertir al emigrante exclusivamente en víctima– y la paliza mucho más salvaje. El trasfondo del ataque es más sombrío si se tiene en cuenta que este año se celebró el vigésimo aniversario de las agresiones racistas de Hoyerswerda y se descubrió que un grupo terrorista neonazi llamado Clandestinidad Nacionalsocialista (NSU) operó durante más de una década como una suerte de Einsatzkommando, asesinando por todo el país a ocho inmigrantes turcos y uno griego.

En la buena tradición brechtiana, Katzelmacher –la obra de teatro no menos que la película– no reconcilia a los espectadores con el espectáculo ni a los espectadores entre sí. Lecciones amargas las hay aquí para todos. «¿Cómo nos tratarán los alemanes?», se preguntaba hace poco retóricamente un trabajador andaluz en un reportaje del Spiegel. «Probablemente como tratamos aquí a los marroquíes», se respondía él mismo. [5] Pero lo cierto es que nadie nos ha tratado peor que nuestros propios congéneres. Cuando los populismos de izquierdas y de derechas juegan alegremente con la destrucción de Europa, para algunos de nosotros cobran un sentido nuevo los versos del poema de Joan Maragall:

«On són els barcos. – On són els fills?

Pregunta-ho al Ponent i a l’ona brava:
tot ho perderes, – no tens ningú
.

[…]

On ets, Espanya? – no et veig enlloc.
No sents la meva veu atronadora?
No entens aquesta llengua – que et parla entre perills?
Has desaprès d’entendre an els teus fills?
Adéu, Espanya!
»

Hola Europa.

Notas

[1] Caroline Wenzel, “Las lágrimas de Quíos”, Sin Permiso, 10 de octubre de 2010. [2] Jorn Boewe, “El nuevo ejército industrial de reserva europeo: qué busca Alemania acogiendo la fuga de cerebros del sur de Europa”, Sin Permiso, 24 de julio de 2011. [3] Concha Caballero, “Las ilusiones perdidas”, El País, 2 de octubre de 2011. [4] Román Gubern, Historia del cine (Barcelona, Lumen, 1979), pp. 136-137. [5] Albrecht von Lucke, “Estamos empujando a Grecia a un destino catastrófico”, Sin Permiso, 26 de junio de 2011. [6] Juan Moreno “Auf Wiedersehen, Spain: Learning German to Escape the Crisis”, Spiegel, 7 de julio de 2011.

Àngel Ferrero es miembro del Comité de Redacción de SinPermiso

www.sinpermiso.info, 25 de diciembre de 2011

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25 diciembre, 2011 a las 7:15 am

Viejas y nuevas propuestas, de Josep Oliver Alonso en Cinco Días

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Que el programa económico del PP no iba a representar una ruptura con el del último Zapatero era previsible, aunque hay que convenir que hay algunos elementos novedosos junto a evidentes contradicciones entre muchas propuestas y el objetivo, ineludible, de reducción del déficit.

En el ámbito laboral, destaca la intención de modificar el ámbito de aplicación de los convenios colectivos, dando prioridad a los de empresa y sectoriales. La oferta de desplazar fiestas semanales a los lunes me parece poco definida, y habrá que estar al tanto de las presiones, religiosas o políticas, que la puedan desvirtuar. También es destacable la supresión de las prejubilaciones, para acercar la edad real de retiro a la legal, junto a la revisión del desempleo en los últimos años de la vida laboral. Y más relevante todavía es que se haya avanzado que se usará lo cotizado durante toda la vida laboral para calcular la cuantía de la pensión. En cambio, el resto de medidas (desde la evaluación de las políticas de empleo, al control del absentismo laboral o la reforma de la FP, entre otras) se inscriben en el contexto de las buenas intenciones, de las que poco cabe esperar.

Para promover el flujo del crédito, hay un poco de todo, desde el avance de una segunda ola de fusiones bancarias al deseo que el sistema financiero acentúe la reducción de sus activos inmobiliarios, aunque es difícil que estas medidas tengan efectos sobre el crecimiento del crédito. No es menor, en cambio, la propuesta de modificación del sistema de supervisión y regulación del Banco de España, una crítica abierta a la gestión de su gobernador, Fernández Ordóñez.

Por lo que se refiere a los problemas de capital humano, de nuevo buenas intenciones, con algunas quizás no tan buenas y otras que podrían ser un avance. Así, ampliar el bachillerato a 3 años no se si responde a necesidades educativas o a las ganas de reducir, por decreto, la tasa de paro juvenil. Igualmente, el bilingüismo español-inglés en el sistema educativo no deja de ser un brindis al sol. Dónde podría haber más sustancia es en la reforma de la universidad, si esta se centra (cosa que no dijo) en un nuevo diseño de su Gobierno.

En la reforma de la Administración tampoco se añade demasiado con la propuesta de llevar a cero la tasa de reposición de la función pública, es decir, eliminar el 10% de substitución de jubilados del plan que Zapatero había acordado con Bruselas. El resto de propuestas, también buenos deseos y poco más. Y lo mismo en el ámbito energético, dónde no queda claro si su intención de atajar el déficit de tarifa, sin repercutir los costes en los contribuyentes, implicará un cambio en el sistema de fijación de precios o en el mix energético. Habrá que esperar y ver.

Finalmente, en lo que debería ser la sustancia del discurso, la que afecta al déficit y a la reforma fiscal, la verdad es que uno se encuentra un tanto perplejo. Por un lado, un amplio catalogo de propuestas, algunas interesantes en términos de mejora económica y otras como potencial beneficio electoral del PP. Entre las más relevantes hay que destacar la rebaja fiscal para la contratación del primer trabajador (3.000 euros), la no tributación de las plusvalías de las empresas cuando estas se reinviertan o la reducción, en diez puntos, de la tributación de beneficios cuando se destinen a la adquisición de nuevos activos. También hay que enfatizar la menor tributación en el impuesto de sociedades para determinadas empresas, el que los autónomos y pymes no tengan que pagar el IVA hasta que se haya cobrado la factura correspondiente o la puesta en marcha de cuentas de compensación tributaria para las deudas de la Administración. Finalmente, la recuperación de la deducción en el IRPF para la inversión en vivienda habitual y el mantenimiento parcial del tipo superreducido del IVA al 4% en la compra de una casa, junto a la mejora de la tributación de los planes de pensiones en el IRPF, aparecen como medidas destinadas a mejorar el sector inmobiliario y la posición de ciertas rentas.

Pero no es fácil cuadrar estas medidas, que implican mayores gastos fiscales o menores ingresos, con la necesidad de reducir el déficit entre 15.000 y 20.000 millones en 2012, como mínimo. Quizá Rajoy espera que sea su ministro de Economía el que entre a matar. La letra del discurso no es mala. Pero la música no acompaña. Hay que esperar, y desear, mayor trabajo para que la partitura sea más creíble.

Josep Oliver Alonso. Catedrático de Economía Aplicada (UAB).

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20 diciembre, 2011 a las 7:09 am

La madre del cordero (laboral), de Federico Durán López en Cinco Días

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Después de vueltas y revueltas, terminamos una legislatura y comenzamos otra con la reforma laboral entre las tareas pendientes. Debe ser que la pérdida del poder abre las mentes, porque hace unos días un alto cargo del Ministerio de Trabajo afirmaba algo hasta ahora contumazmente negado: que las rigideces de nuestra normativa laboral provocan que el ajuste empresarial se produzca, por regla general, destruyendo empleo. A buenas horas, mangas verdes. Si esa convicción hubiese formado parte del acervo gubernamental de ideas para afrontar la crisis del mercado de trabajo, probablemente no estaríamos ahora en la situación en la que estamos.

En todo caso, el nuevo Gobierno habrá de retomar el proceso de reformas. Y aunque sus ideas parecen claras al respecto, las concreciones prácticas de los planteamientos reformistas pueden ser, sin embargo, diversas. Pueden poner, esto es, el acento más en unos aspectos que en otros y pueden dar prioridad a unas u otras cuestiones. En ese sentido, hay margen para barajar distintas posibilidades y, por tanto, para la negociación sobre las mismas. Pero existe, en mi opinión, un punto crucial, la madre del cordero, sin cuya inclusión en las reformas nada sustancial se conseguirá. Y ese punto crucial no es otro que el de la ruptura del bloqueo que la actual negociación colectiva impone a la renovación y a la adaptación de las relaciones laborales.

Creo que el principal factor de rigidez de nuestras relaciones laborales (que es el que hace que el ajuste tenga lugar, fundamentalmente, en términos de empleo) proviene, más que de la legislación, de la negociación colectiva. Es esta negociación la que mantiene anclada nuestra realidad laboral en esquemas del pasado y la que ha impedido la adaptación empresarial al nuevo escenario económico. Y la que ha hecho, al mismo tiempo, que la tutela de los derechos laborales haya sido incapaz de convivir con la protección del empleo.

Esa situación podrá corregirse, que no cambiarse, con algunas medidas concretas, entre las que sobresale el nuevo papel de los convenios y acuerdos de empresa. Pero para que se produzca el cambio sustancial que las circunstancias requieren, una medida resulta insoslayable: los convenios colectivos deben abandonar las excrecencias corporativas y recibir el tratamiento que en un ordenamiento democrático les corresponde, que no es otro que el propio de los contratos. El convenio es un contrato, colectivo porque al menos uno de los contratantes es un sujeto colectivo, que actúa en representación de los individuos, para fijar colectiva y no individualmente sus condiciones de trabajo, pero contrato. En cuanto tal, prevalecerá sobre los contratos individuales y gozará, como exige la Constitución, de fuerza vinculante sobre los mismos, pero sin que eso suponga gozar del carácter normativo que, reminiscencias corporativas, actualmente se le atribuye, ni constituirse en fuente del derecho, en vez de ser, como es, fuente de las obligaciones.

La consecuencia ineludible de ello es que, como todo contrato, el convenio ha de tener la vigencia que las partes acuerden. Los negociadores son muy libres de fijar una vigencia de elevada duración, incluso para algunas cuestiones indefinidas, así como de pactar la aplicación de las regulaciones del convenio vencido mientras se alcanza un nuevo acuerdo. Pero la imposición legal, herencia del franquismo y que todavía se mantiene, de la aplicación del convenio tras la finalización de su vigencia, y hasta que uno nuevo lo sustituya, debe ser urgentemente erradicada. Imponer esa aplicación vulnera el derecho a la negociación colectiva y anula la libertad de contratación, al mismo tiempo que hace inviable en la práctica la renovación de los contenidos de los convenios y la adaptación de las relaciones laborales al cambio de las circunstancias económicas, empresariales y sociales. La ultraactividad impide la libertad de negociación y convierte a la parte empresarial en rehén de todas las concesiones del pasado, sean o no sostenibles y sean o no compatibles con los cambios productivos y organizativos.

Tras un plazo razonable (y breve, dos o tres meses), las regulaciones del convenio vencido deben dejar de ser de aplicación. Solo así se enriquecerán los contenidos de la negociación colectiva y las relaciones laborales dejarán de estar ancladas en el pasado.

Federico Durán López. Catedrático de Derecho del Trabajo. Socio de Garrigues.

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19 diciembre, 2011 a las 7:08 am

Reforma o regresión, de El Editorial de El País

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El mercado laboral español necesita negociación libre y empleo estable, no más precariedad

La situación del mercado de trabajo español, con casi cinco millones de parados y nulas expectativas de creación de empleo durante 2012, requiere de una reforma laboral más efectiva que la patrocinada por el Gobierno de Zapatero, incluso a sabiendas de que las reformas de la contratación no generan empleo por sí mismas, aunque sí lo favorezcan y multipliquen cuando se recupera la demanda. El próximo presidente, Mariano Rajoy, ha instado a patronal y sindicatos a que pacten los contenidos de la reforma, que el PP considera esencial para reducir el paro. Pues bien, por pocas que sean las posibilidades de que las fuerzas sociales cumplan el encargo, disminuirán rápidamente si empieza a sonar ruido de fondo con ocurrencias como las que acaba de hacer el presidente de la patronal CEOE, Juan Rosell: crear un contrato a tiempo parcial, más bien un contrato fulminante, con un salario de 400 euros.

Para que una reforma del mercado de trabajo tenga sentido se requiere que el reformador tenga en cuenta dos pilares del sistema económico, como son la libertad de negociación y la estabilidad en el empleo. Que España sufra de casi cinco millones de parados se debe a varias razones, pero una de las importantes es que muchas empresas han cerrado porque tenían dificultades para descolgarse de los convenios sectoriales o provinciales, que imponían condiciones salariales imposibles de cumplir en tiempos de depresión de la demanda. Con cualquiera de las fórmulas vigentes en Europa (por ejemplo, la que en Alemania permite subvencionar con parte de los subsidios cotizados a los empresarios que repartan el empleo disponible entre los trabajadores) la tasa de paro estaría muy por debajo del 20%.

La negociación colectiva debe permitir que las empresas se descuelguen de los convenios sectoriales y provinciales si una mayoría de los trabajadores así lo quiere, por más que una liberalización de ese tipo liquide la necesidad de los grandes aparatos de asesores y negociadores que cobran de patronal y sindicatos. En el caso de la contratación, la línea correcta es simplificar y estabilizar el empleo. La propuesta de crear un nuevo tipo de contrato más (los empresarios disponen ya de 17) es un sinsentido. Por el contrario, una reforma sensata consistiría en aplicar, para los nuevos empleos, un solo tipo de contrato, estable, con costes de despido crecientes en función del tiempo trabajado. Los llamados miniempleos son ocurrencias baratas que complican todavía más la maraña laboral.

El nuevo Gobierno hará bien en pensarse detenidamente la próxima reforma laboral. No es tan sencilla como suponen las voces de la patronal (abaratar el despido, más empleo basura). La reactivación debe hacerse sobre empleo estable, que permita el consumo de bienes duraderos; no puede fundamentarse en trabajo precario, pasto para otra burbuja inmobiliaria. El previsible decretazo laboral debería ser algo mejor que más empleo precario.

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16 diciembre, 2011 a las 7:20 am

Archivado en Derechos,Economía,Laboral

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El paro sigue creciendo, de José Barea en Cinco Días

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El paro es la mayor preocupación de las familias españolas. Para una persona, quedarse en paro es una tragedia, en especial actualmente, ya que la reentrada en el mercado de trabajo es casi imposible. En los Presupuestos del corriente año se dotaron 30.474 millones de euros para hacer frente a la prestación por desempleo, cifra inferior en el 2,6% a la del Presupuesto inicial de 2010. Se estimó que el número de parados al final de 2011 sería inferior al de 2010 en 150.000, cuando la previsión de parados será de 5.000.000. Se originará así un déficit presupuestario en el crédito para desempleo de bastante importancia, que dará lugar a rebasar la tasa global de déficit público del 6% del PIB fijado por la Comisión Europea. Una vez más, incumplimos la normativa comunitaria.

La falta de una política activa del Gobierno contra la crisis ha dado lugar a que sus consecuencias incidan más fuertemente sobre España, como lo demuestra que nuestra tasa de paro duplique las del resto de países de Europa. Es posible que la ineficiencia en el mercado de trabajo español haya contribuido a la situación que hemos descrito. Su reforma constituye una de las asignaturas pendientes de la política económica. Las reformas que se han ido realizando no han sido profundas, como requería nuestra situación, lo que ha dado lugar a un crecimiento de los costes laborales unitarios por encima de la productividad. La reforma debe ir dirigida a corregir los costes del despido, la incidencia negativa de la negociación colectiva y el no incentivo a la búsqueda de trabajo que produce la protección por desempleo.

l El coste del despido: en la cumbre de Barcelona se tomaron acuerdos encaminados a la reforma del mercado de trabajo, entre ellos alcanzar un equilibrio adecuado entre flexibilidad y seguridad. Para alcanzar tal objetivo se acordó que los Estados miembros revisaran los costes vinculados a la normativa sobre contratación: el coste del despido es uno de ellos. En España existe una regulación de dicho despido según las circunstancias que concurran en el mismo: la indemnización será de 20 días por año trabajado en caso de despido objetivo, aunque lo normal es de 33 a 45 días. Es urgente, por razones de eficiencia, implantar claramente sin trabas el despido de 20 días cualquiera sea su causa.

l La incidencia negativa de la negociación colectiva: la negociación colectiva de los salarios está en España totalmente centralizada, las cúpulas empresariales y sindicales se reúnen y acuerdan las tasas de crecimiento de los salarios. Los elementos que se tienen en cuenta para fijar dicha tasa son la inflación prevista para el año siguiente y el crecimiento de la productividad. La tasa resultante debe ser aplicada por todas las empresas y si, al finalizar el año, la tasa de inflación es inferior a la prevista, el empresario abonará a los trabajadores la diferencia. Para las empresas que negocian convenios colectivos, dicha tasa es la mínima a aplicar, a partir de ella las partes negociarán la tasa de crecimiento definitiva, cualquiera que sea la situación de las empresas. En la crisis de los noventa, miles de empresas y de trabajadores autónomos desaparecieron al no poder hacer frente a la tasa de crecimiento de los salarios fijada en el convenio global, y lo mismo ha sucedido en la crisis que se inició en 2008, que aún sigue viva.

Tal sistema vulnera el principio de equidad, ya que trata igual a los desiguales, y el principio de eficiencia, ya que en épocas de crisis da lugar al cierre de miles de empresas. Por ello, proponemos que la tasa de crecimiento salarial se negocie a nivel de cada empresa, lo que evitaría el cierre de las que no son viables con la tasa de subida salarial general: los trabajadores prefieren tener seguro el puesto sacrificando un aumento del salario que ir al paro.

Toda política pública debe ser valorada tomando como base dos criterios: el de eficiencia y el de equidad. El difícil equilibrio entre ambos es uno de los campos problemáticos de todas las intervenciones públicas; la elección entre unos y otros se plantea siempre en la evaluación de todo programa público.

l No incentivo de la búsqueda de trabajo: el problema que surge en la prestación de desempleo es el del riesgo moral que comporta la tasa de sustitución prestación-salario. Por razones de eficiencia, deberían fijarse tasas de sustitución diferentes por sectores en función de la tasa de paro del sector. En sectores en los que exista una tasa de paro elevada, la tasa de sustitución podría ser más elevada por razones de equidad, ya que no se perjudicaría la eficiencia. El control de los perceptores de desempleo es otro de los elementos para ganar eficiencia, ya que cuanto más frecuentes sean los contactos con los parados, menor es la duración del paro y de la prestación por desempleo.

Al enorme crecimiento del paro se une la ineficiencia del Servicio Público de Empleo para recolocar las enormes filas de desempleados que todos los días se forman ante el mismo. Su privatización podría efectuarse en virtud de la sentencia de 23 de abril de 1991 del Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea, que califica de empresa, en el sentido del artículo 86 del Tratado de Roma, el Servicio Federal de Empleo de Alemania. La sentencia introdujo la competencia para este supuesto dentro de la Administración pública alemana.

José Barea. Catedrático emérito de la UAM.

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16 diciembre, 2011 a las 7:10 am

Pobreza y bajos salarios, de Primo González en República de las ideas

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Hay unos 12 millones de españoles, lo que representa el 26% de la población, que viven en la actualidad en economía precaria, con ingresos inferiores a los 500 euros mensuales o incluso por debajo de los 300 euros mensuales. No se le ve horizonte a la hipotética mejora de las rentas de estos ciudadanos, desde luego no en el curso del año 2012, que por lo general se considera va a ser un año más complejo y difícil en lo económico que el que estamos a punto de cerrar. Si la situación social del país es ya en la actualidad, con cerca de 5 millones de parados y una economía estancada, claramente dramática, imaginar lo que será dentro de un año resulta escalofriante.

Hay una tenue esperanza de que, con el cambio de Gobierno y la llegada de dirigentes con nuevas ideas, las cosas no vayan a peor, que se produzca un giro en las políticas y en el ánimo de la gente. Pero cabe dudarlo, o quizás albergar expectativas remotas, ya que a corto plazo los nuevos gobernantes parecen obligados a rematar las tareas pendientes que ha dejado el Gobierno Zapatero que, en lo económico, son muchas y casi todas orientadas en la dirección unívoca de la austeridad. De entrada, el déficit público es una limitación muy seria por razones fáciles de explicar: el déficit hay que financiarlo mediante emisión de deuda y cuanto más alto sea el déficit y más elevada sea la conciencia de los inversores de que España no controla su economía, más caro va a ser pedir crédito. Lo que se traducirá en una espiral de deuda sin que el problema de origen, la pobreza colectiva, se resuelva. Más bien tenderá a empeorar.

Los apóstoles de la economía solidaria están clamando en los últimos meses por una estrategia económica más agresiva, es decir, acabar de una vez con los recortes y poner en marcha políticas y actuaciones orientadas al crecimiento. Es una bonita idea con un envoltorio atractivo, pero desgraciadamente carente de base y de lógica. Lanzar la economía hacia al crecimiento implica gastar más. Y ahora mismo, dada la modestia de los ingresos fiscales, gastar más es aumentar el déficit. En la contabilidad hay pocos milagros. Por eso, la primera regla que tiene que aplicar la economía española ahora mismo es respetar un cierto equilibrio entre lo que se gasta y lo que se ingresa. Nos hemos comprometido con la Unión Europea a respetar este año un déficit del 6% sobre el PIB, que en el año 2012 debería bajar al 4,4% del PIB, siempre en números rojos, pero con la secreta esperanza de que si cumplimos ambos compromisos, habrá financiación adecuada en los mercados para que la economía no decaiga aún más.

Por desgracia, el 6% del PIB para el año 2011 no lo considera factible casi nadie. En el mejor de los casos se habla de un 7%, lo que será bastante negativo para nuestro horizonte financiero durante el año próximo, en el que tendremos que soportar previsiblemente altos tipos de interés, que habrá que devolver en los próximos años.

El horizonte de lucha contra la pobreza se presenta por lo tanto como altamente complicado. Estos días han salido algunas propuestas que podrían contribuir a suavizar el problema del desempleo, en concreto la que nos han recomendado desde un organismo internacional y que el presidente de la patronal ha aireado como posible fórmula para arañar algo de dramatismo a las cifras del paro: los mini empleos con 400 euros de salario, es decir, por debajo del salario mínimo, que para este año 2011 era de 641 euros mensuales. La propuesta ha sido inmediatamente rechazada por los sindicatos porque es un salario de miseria y resulta inaceptable para algunas organizaciones. Quizás habría que preguntarles a muchos parados que han dejado de percibir la prestación por desempleo si estarían dispuestos a trabajar por esa cantidad. También habría que ver cuántos empleos de este tipo, de tan bajo coste, podrían aparecer en el país, ya que no por mucho bajar el coste de la mano de obra va a aparecer empleo nuevo de forma inmediata. Cuesta mucho reconocer que el país se ha empobrecido y nadie quiere renunciar a su nivel de ingresos. El resultado es que cada vez hay menos españoles con ingresos y cada vez menos con nivel de ingresos propios del pasado.

España tiene la tasa más alta de paro de Europa, un 20% de la población activa y se mueve rumbo al 22% o incluso el 23%, algo insospechado en los países desarrollados europeos. En estas condiciones, alguna forma habrá que buscar para aliviar el problema. Lo que no parece aceptable es que una tras otra, todas las propuestas que van apareciendo sean rechazadas. Un país que tiene una tasa de paro triple que el resto de su entorno debería tener una mayor flexibilidad para romper moldes y ensayar nuevas fórmulas en la búsqueda de empleo. En cualquier caso, el año 2012 se perfila como dramático.

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15 diciembre, 2011 a las 7:09 am

Cadenas laborales para nichos laborales, de Antonio Izquierdo en Público

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La noticia es que el próximo Gobierno quiere prohibir las regularizaciones de inmigrantes por la vía del arraigo social. Eso ha anunciado el portavoz del Partido Popular. Su argumento es doble. Por un lado, que la regularización incentiva a venir y, por el otro, que si no hay trabajo, no hay legalización. Pero no son buenas razones, porque esa vía de documentación exige llevar aquí tres años y no es posible vivir del aire tanto tiempo ni animarse a venir con semejante perspectiva.

Hay otras razones. La primera es que la regularización, más que atraer, lo que hace es integrar, pues en los últimos cuatro años se han legalizado 250.000 inmigrantes por esta vía, y eso va contra la lógica social de esta crisis, que es la de fabricar trabajadores no integrados De ahí la propuesta, porque lo que ahora perturba es que, como han disminuido mucho las llegadas, al mercado secundario le faltan trabajadores recientes y vulnerables que abaraten los costes.

En realidad, los inmigrantes que piden el arraigo social sí que trabajan, pero de manera esporádica y sin contrato. Pues en la economía sumergida es difícil demostrar la relación laboral y denunciar al empleador. Por eso no se pueden legalizar por medio del arraigo laboral (4.000 regularizados durante los últimos tres años), pero sí lo hacen por la vía social, que combina el vínculo familiar con el laboral y la antigüedad de residencia con un informe municipal de buena vecindad. Así que, al cerrar esta vía, se dificulta la integración en la comunidad y se facilita la sumisión laboral.

El incentivo de la regularización individual es un mito, pues las legalizaciones integran más que atraen. En rigor, las regularizaciones han anticipado menos la venida de inmigrantes que lo que ha hecho la imposición de visado. Pero lo que sí han conseguido es aminorar el efecto de los contratos temporales en la irregularidad. Han permitido renovar los permisos de residencia hasta alcanzar la permanencia, procurando, además, que los familiares y los estudiantes pudieran trabajar legalmente. En definitiva, han desvinculado la residencia legal de la inestabilidad laboral en un contexto institucional que se podría resumir como “cadenas legales para nichos laborales”.

Antonio Izquierdo. Catedrático de Sociología.

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14 diciembre, 2011 a las 7:11 am

Los puentes y la productividad del trabajo, de Jorge Calero en Público

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La CEOE, coincidiendo con la semana de puentes del 6 y 8 de diciembre, repitió su propuesta de eliminar puentes y concentrar el máximo posible de días festivos en lunes. Tal propuesta se enmarca en el actual contexto de crisis y de las recetas para combatirla que, finalmente, suponen una redistribución más intensa de los recursos hacia el capital en detrimento de la posición de los trabajadores. Hacer trabajar más días a los trabajadores españoles, lógicamente, incrementa la productividad por persona ocupada. Sin embargo, hay que tener en cuenta que los trabajadores españoles ya trabajamos bastantes más horas, como media, que los trabajadores europeos. Los posibles incrementos de la productividad deberían generarse en otros factores y no justamente en las horas anuales trabajadas, donde en España batimos ya bastantes récords. Nos superan, de hecho, muy pocos países: por poco, Japón y Estados Unidos y, con mayor diferencia, Corea.

Entre los “otros factores” a los que me refiero podríamos distinguir dos grupos: en primer lugar, los que tienen que ver con el tipo de puesto de trabajo, determinado por el capital físico que se ha invertido previamente en él y por las infraestructuras, muchas de ellas públicas, que lo rodean. Y, en segundo lugar, los relacionados con el capital humano en forma de competencias que pueden desarrollar los trabajadores. El primer grupo queda prácticamente fuera del ámbito de decisión de los trabajadores, depende de la inversión empresarial y pública; el segundo, el capital humano, depende de una larga historia que en nuestro caso no ha sido especialmente brillante.

Hacer “trabajar más”, en España, es la respuesta facilona (y cargada ideológicamente) al problema de la productividad. El quid de la cuestión está en otras zonas, como el desarrollo y aplicación de nuevas tecnologías, que no mejoran por trabajar 1.800 horas al año. Mejoran con una conjunción de esfuerzos inversores privados y públicos continuos. Aunque en una crisis como la actual estos esfuerzos resultan difíciles de mantener, debido a las limitaciones del acceso al crédito y a las restricciones en el gasto público, centrar la atención en las horas de trabajo es más propio del siglo XIX que del XXI.

Jorge Calero. Catedrático de Economía Aplicada.

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13 diciembre, 2011 a las 7:10 am