Caffè Reggio

La frase, atribuida a Pío Cabanillas en el crepúsculo de la UCD, se ha convertido en eslogan de curso legal para aludir a las sorpresas, naturalmente  desagradables, que al ser humano suelen deparar quienes precisamente deberían colmarle de dicha y dádivas en razón a la pertenencia al mismo grupo de interés político, económico o incluso familiar. Los millones de españoles de clase media que votaron PP en 2004 y 2008 y han vuelto a hacerlo el 20-N confiando en sacar ventaja del cambio, se toparon el viernes con la desagradable, por más que predecible, sorpresa de tener que correr con el peso del ajuste, mientras que los sectores que entonces y ahora apoyaron al PSOE, supuestamente con menos posibles, se ven tratados con mimo por el Gobierno de la derecha, cuando, en justo castigo a sus culpas, deberían ser los que pagaran la cuenta de los destrozos causados por su apoyo al Gobierno de ineptos y desvergonzados caraduras que encabezó hasta hace unos días José Luis Rodríguez Zapatero.

Están tan cerca las protestas de Elena Salgado asegurando a pies juntillas que el Gobierno cumpliría de sobra con el “compromiso solemne” de la legislatura, que no era otro que el de alcanzar el objetivo de déficit público del 6% sobre el PIB, que uno siente vergüenza ajena al reconocer su pertenencia a un país donde los responsables políticos pueden mentir impunemente y salirles gratis. Tan cerca como el 14 de octubre pasado, la señora Salgado afirmaba solemne tras Consejo de Ministros que “tenemos 4.000 millones de margen, cuatro décimas de déficit, para cumplir con el objetivo de déficit”. El colchón aludía a  2.000 millones que el Tesoro había ingresado por la subasta del espectro radioeléctrico, y a otros 2.000 que milagrosamente se habían ahorrado en el pago de intereses de la deuda. Voilà: 4.000 millones que, apenas dos meses después, se han demostrado pura filfa. Fantasías gaseosas. Mentiras.

Al final –o de momento- el déficit ha resultado ser del 8%, aunque parece que puede llegar al 8,2%, lo que equivale a decir que la Salgado, su jefe, Zapatero, y su mentor, Alfredo Pérez Rubalcaba, se han pasado 22.000 millones de pueblos –así como tres billones y medio de pesetas-, y que el Gobierno Rajoy tendrá que acometer en marzo la parte del león del ajuste con otros 20.000 millones, como poco, del ala. El pasado 7 de diciembre escribí en estas mismas páginas que “En esta hora de despedidas, cuando un manto de piedad pretende cubrir los dislates del personaje [ZP] camino de su exilio, no está de más efectuar un breve repaso del por qué hemos llegado hasta aquí, cómo hemos podido caer en el agujero de las cuentas públicas que hoy luce España. En los cuatro años que van de septiembre de 2007 a septiembre de 2011, en efecto, la deuda pública española pasó de 381.401 a más de 700.000 millones de euros. ¿Dónde han ido a parar esos casi 320.000 millones? ¿En qué se ha podido perder tan ingente suma?”

La clase política y la “Internacional” del momio

Para premiar tanto despilfarro y enaltecer el incumplimiento del objetivo de déficit, en lugar de denunciarlos ante el juzgado de guardia más cercano como reos del delito de haber arruinado un país y dilapidado su futuro, el nuevo Ejecutivo del Partido Popular decidió anteayer condecorar con el collar de la Orden de Isabel la Católica a Rodríguez Zapatero, con la Gran Cruz de Isabel la Católica a Manuel Chaves, y con la Gran Cruz de la Real y Distinguida Orden Española de Carlos III a la ex vicepresidenta económica y al resto de integrantes del último Gobierno ZP. La clase política española, a derecha e izquierda, parece empeñada en consolidar una especie de “Internacional del Momio”, bajo la bandera de conveniencia del “agrupémonos todos en la lucha final, para seguir defendiendo nuestro estatus, disfrutando de nuestros privilegios y, si es posible, llevándonoslo crudo, aunque se hunda el mundo”.

Nadie sabe hasta qué punto ha estado presente en el diseño de los planes del tándem Cristóbal Montoro-Alvaro Nadal las presiones del camarada Javier Arenas para evitar que un ajuste duro de entrada le chafe su previsible mayoría absoluta en Andalucía en marzo, pero es evidente, o a mí me lo parece, que el “susto” del viernes despide un insoportable aroma a “to er mundo e güeno” y no vamos a molestar a nadie, o vamos a repartir los sacrificios de manera que nadie nos pueda acusar de pecar gravemente contra el mandamiento de la equidad. Socialdemocracia a palo seco. El aterrador espantajo del 8% sirve o ha servido al nuevo Gobierno para engañar a sus votantes y hacer lo contrario de lo prometido en su programa electoral, a saber, subir impuestos a las rentas del trabajo (IRPF) y del capital, “un error innecesario”, en opinión de un economista liberal, “como muy bien sabe Cristóbal, porque se puede recaudar más bajando ese impuesto que subiéndolo”.

Llevar el tipo máximo del IRPF hasta el 55% -subida de 7 puntos de golpe, descomunal escalón incluso para usos y costumbres escandinavos- es algo a lo que seguramente no se hubiera atrevido ni Gaspar Llamazares al frente del Gobierno de la nación, y supone, además de un error, un castigo injustificado a los sectores más dinámicos y talentosos, mejor preparados, de nuestra sociedad, a los que también se brea vía rendimientos del capital y vía IBI. El principio básico en materia fiscal de todo liberal que se precie es que el dinero está mejor en el bolsillo de su dueño, que en general lo ha ganado con su esfuerzo, que en manos del Estado, donde “el dinero [público] no es de nadie”, según axioma salido del caletre de la ex ministra Carmen Calvo, por lo que la orden del día que ayer publicó el BOE supone enviar el pensamiento liberal a la escombrera de las ideologías perdidas o laminadas por el paso del tiempo. Se explica la cara de Luis de Guindos, ante el arrojo mostrado por un Montoro enseñando a las cámaras las Tablas de la Ley del nuevo IRPF.

Socialdemocracia de derechas

Da la impresión de que el ministro de Hacienda, auténtico poder fáctico del nuevo Ejecutivo, y su gente, han hecho lo imposible por no asustar evitando meter el bisturí en las pocas vetas de ahorro sustancial que todo Gobierno en la situación del español tiene a mano para sanear de verdad, pero es opinión casi general que Rajoy no podrá hacer frente a la enormidad que supone tener que recortar cerca de 22.000 millones adicionales en marzo sin tomar medidas impopulares, es decir, sin meter la tijera en ese sacrosanto “gasto social” que absorbe más del 60% del Presupuesto, lo que equivale a decir que no tendrá más remedio que subir el IVA y, palabras mayores, meterle mano, al menos temporalmente, al subsidio de desempleo, con los costes sociales que ello pueda conllevar.

El Gobierno Rajoy quiere hacer la tortilla del ajuste sin romper un huevo –la decisión de prorrogar los 400 euros a los parados de larga duración es error típicamente socialista que, en opinión de muchos economistas, tiende a desincentivar la búsqueda de empleo y que ahora repite el PP-, sin hacer daño a nadie o, lo que es peor, haciendo pagar la cuenta a las clases medias. Socialdemocracia de derechas. Tras lo anunciado el viernes, el riesgo latente es que los paños calientes del señor Montoro dificulten el proceso de ajuste, retrasando la recuperación y prolongando el sufrimiento. Reducir en un año el déficit del 8% al 4,4% del PIB va a exigir inevitablemente meter la navaja hasta el fondo y extirpar el cáncer del gasto, adoptando medidas impopulares. Los milagros no existen, y por la vía de la franciscana “equidad” solo se logrará causar más dolor durante más tiempo.

Zapatero empezó en 2004 su “reinado del caos” cumpliendo su programa y retirando las tropas de Iraq, para llevarnos después directamente hacia el precipicio. Rajoy empieza traicionando su programa y subiendo impuestos, pero, por seguir con el símil, ¿será capaz de acertar después y conducirnos hacia la “gloria” de la recuperación…? Desconfiemos por igual de economistas y periodistas, dos especies dadas a la cábala y propensas a la equivocación, y esperemos que el nuevo año traiga mucha paz y al menos un poco de esperanza al corazón afligido de los españoles. Es mi ferviente deseo para todos los lectores de Vozpópuli en este 2012 que hoy comienza. Sean felices.

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Para poder exigir sacrificios a la ciudadanía lo primero que hay que hacer es un buen diagnóstico de la actual crisis económica. La economía como ciencia social admite distintas interpretaciones, muy condicionadas por prejuicios ideológicos. Ni el anterior gobierno del PSOE ni el actual del PP, desde mi análisis, han entendido la naturaleza sistémica de la actual deriva económica. Por lo tanto sus recetas al final acaban fracasando y agudizando el problema, es decir, intensificando la recesión económica.

Está dinámica no es específica de España, afecta a la mayoría de economías desarrolladas. Refleja en última instancia un vacio intelectual porque en realidad lo que ha quebrado es el soporte ideológico que alimentaba la dinámica económica, política y social de la clase dominante. Estos procesos se suelen dar en períodos históricos que coinciden con una ruptura del sistema dominante.

Bajo este análisis, la crisis actual no puede ser superada mediante reformas, ajustes, o un mayor control de las operaciones financieras. Los vínculos entre economía y sociedad han saltado por los aires, y, al final, será necesario recomponer las instituciones sociales para que de nuevo estén al servicio de los ciudadanos.

Fin del actual modelo económico

El modelo económico dominante se ha agotado. En España las rentas del factor trabajo se encuentran en mínimos históricos en relación a las del capital, y, lo peor de todo, hoy en día trabajar no garantiza abandonar la pobreza y la exclusión social. Las familias y las empresas no financieras presentan unos niveles de deuda que en muchos casos no podrán devolver. El sistema financiero está zombi, presenta problemas de liquidez, solvencia, y financiación.

La primera condición necesaria, aunque no suficiente, para que la economía española pueda en el medio plazo volver a crecer y generar empleo es que el poder público tome el control de la mayoría del sistema bancario, reduciendo de manera notoria el tamaño de sus balances. La banca se ha convertido en un verdadero agujero negro que succiona la liquidez global sin garantizar en última instancia su solvencia. Se podría hacer mediante la nacionalización u otros métodos. Además será necesaria, de manera paralela, una reestructuración de la deuda privada.

Imposición fiscal: ¿sociedades, grandes patrimonios?

Las reformas tributarias de gobiernos populares y socialistas en el período 2003-2008 implicaron una pérdida potencial de recaudación por valor de 18.000 millones de euros, aproximadamente un 1,6% del PIB. Estas bajadas impositivas no generaron crecimiento económico, sino que incentivaron aún más las operaciones inmobiliarias, que cebaron el consumo e inversión vía endeudamientos privados descomunales. España, consecuencia de esas reformas tributarias se desarmó fiscalmente; recauda poco y mal y ello, en los tiempos que corren es gravísimo. Si se dispusiera de ingresos fiscales más acordes a los de nuestro entorno europeo, no sería necesario semejante proceso de contracción del gasto público, que además de reducir más el crecimiento económico, impide cualquier cambio o salto a otro modelo de crecimiento más equilibrado.

Los aumentos de impuestos que se aprobaron en Consejo de Ministros de este viernes, y que no serán temporales, sólo se han centrado en el IRPF, tanto en los rendimientos del trabajo como del capital. Al no ir acompañados de un aumento del tipo efectivo de las grandes corporaciones, o de un gravamen a los grandes patrimonios, como en Francia, la cacareada progresividad no es tal. Afecta básicamente a la clase media, a la cual a su vez se le pide recortes salariales. La renta disponible de las familias, vía salarios e impuestos, caerá fuertemente, y por lo tanto no podrán reducir deuda. Blanco y en botella: el consumo privado se hundirá en 2012.

Además de hacer frente al brutal fraude fiscal, que se aproxima a los 100.000 millones, se debería abordar una clara reforma en el impuesto de sociedades, donde las continuas exenciones y deducciones que los distintos lobbies conseguían de los diferentes gobiernos de turno se establecían para quedarse. Es necesario eliminar todas y cada una de esas deducciones, especialmente cuando las grandes empresas de este país apenas aportan un millón de trabajadores, y sus tipos impositivos reales en muchos casos no llegan ni al 10%.

Salario mínimo, inversión en educación y bienestar

A principios de 2010 tuve la oportunidad de escuchar a Mogens Lykketoft, ex Ministro de Finanzas y de Asuntos Exteriores de Dinamarca, un tipo cercano, campechano, de fiar. Explicaba en España el modelo danés de reforma laboral, quizás el más exitoso de todos. Lykketoft recalcó hasta la saciedad la importancia de en toda reforma laboral compensar a aquellos que más van a perder, los trabajadores, especialmente a los grupos de renta baja. ¿Cómo? Mediante un salario mínimo alto, 1500 euros, y una fuerte inversión pública en educación y bienestar.

En el país nórdico el Estado juega un papel muy activo vía inversión en educación y bienestar. También en protección social: se otorgan ayudas públicas a las familias para promover las guarderías y las residencias de ancianos. En la España de Mariano Rajoy, como en la de Zapatero previamente, ni un atisbo de ello, ni están y ni se les espera.

Contracción del gasto público y recesión económica

Para completar el panorama tanto el gobierno actual como el anterior implementan un duro recorte de gastos. Ya no sólo son meros recortes salariales a funcionarios, o un nuevo frenazo en la inversión pública, sino que afectan a partidas tan sensibles como la investigación y desarrollo. La contracción del gasto público acelera la recesión.

La reducción del déficit público se puede hacer cuando el sector privado está bien y tiene acceso al crédito. Pero el sector privado está mal, el dinero no corre y, si la cosa sigue igual, la crisis se resolverá como la japonesa de finales de los años ochenta: con una depresión de aúpa que se prolongará más de lo necesario. Ya no es descabellado, el PIB de nuestro país perfectamente podría caer en 2012 más de un 2%.

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La frontera entre presentar una instantánea real del desastre económico heredado y alarmar a los mercados con lo que el nuevo Gobierno encuentra bajo las alfombras es muy estrecha. El nuevo equipo económico ha tenido la valentía de reconocer un déficit público del 8% que, posiblemente, terminará siendo superior, pero no puede arriesgarse a que los mercados le midan con el mismo rasero que al desaparecido Papandreu. La rapidez con la que Montoro y Guindos han puesto en pie el duro plan de ajuste anunciado este viernes limita, en principio, el peligro.

Estaría mal visto que fuera el Gobierno quien controlara a la oposición en el Parlamento. Pero habría que encontrar algún modo de pedir responsabilidades por el daño causado, sobre todo cuando todavía está fresca la testarudez con la que Elena Salgado insistía una y otra vez en la agonía de su mandato en que el déficit al final del ejercicio quedaría instalado en el 6%. Dos puntos más, el equivalente a 20.000 millones añadidos, no es moco de pavo ni plato de gusto para nadie, sobre todo cuando el grueso del recorte lo van a pagar los ciudadanos.

El nuevo Gabinete queda obligado a explicar muy bien donde mete la tijera y las razones que le impulsan a ello. Y debe salir también al paso de forma convincente de aquellas versiones que vinculan la gradualidad del ajuste con los intereses electorales ligados a Andalucía. Si se quiere recuperar la credibilidad perdida como país, es imprescindible que el embarque de los ciudadanos en los sacrificios que están por llegar venga acompañado de una generosa pedagogía. Así sabremos todos a qué atenernos.

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Las propuestas de Rubalcaba deben estimular el debate político para renovar el PSOE

El PSOE afronta una renovación urgente y profunda tras sufrir el mayor varapalo electoral de la actual etapa democrática. La derrota, que muchos atribuyen casi en exclusiva a una gestión catastrófica de la crisis económica con la generación de un millón de parados por año en la última legislatura, ha dejado al partido sin rumbo y sin cabeza. Y ha perdido casi todo el poder institucional que acumulaba hace tan solo unos años. Ayer, Alfredo Pérez Rubalcaba presentó su candidatura a la Secretaría General del partido con unos principios razonables de renovación democrática dentro del partido, la promesa de una tarea de oposición parlamentaria responsable (distinta de la que ha ejecutado el PP durante los últimos ocho años) y la defensa a ultranza del Estado de bienestar. Es decir, de un modelo opuesto al que defiende el PP para salir de la crisis.

La propuesta política de Rubalcaba pone mucho énfasis en la creación de un partido intergeneracional, que vertebre toda la política nacional, y que, por tanto, debe utilizar las redes sociales, que son un instrumento poderoso para articular el voto. La aceptación de Rubalcaba del sistema de primarias abiertas para elegir a los dirigentes debe interpretarse como un intento, loable y difícil, de aproximarse a los problemas de los ciudadanos y de hacer a estos partícipes en el debate político y económico. No es necesario forzar la imaginación para entender en las propuestas una crítica nada velada a las prácticas políticas alejadas de la realidad y que entienden la política como una votación instrumental para obtener el poder.

La renovación del PSOE necesita ese debate profundo y abierto que reclama Rubalcaba también con el resto de los candidatos a la Secretaría General. Tanto Rubalcaba como Carme Chacón pueden formar equipos jóvenes y técnicamente capacitados. Es difícil, además, suponer que los objetivos prácticos (recuperar el voto de las clases medias) sean diferentes entre los candidatos. Puesto que es poco probable que existan grandes diferencias ideológicas entre ambos, lo propio sería que, después del debate político correspondiente, cristalice un proceso de integración que evite el riesgo de fractura en el partido.

Es necesario y urgente, en fin, que los socialistas culminen con éxito la compleja tarea de renovar a fondo el partido para garantizar una oposición solvente en todas las instituciones en un momento de especial dificultad.

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El año 1979 fue clave para el asentamiento en España de un proyecto encarnado por el PSOE. Los socialistas españoles iniciaron el 1 de marzo su 28º Congreso Federal. Felipe González ocupaba, desde el Congreso de Suresnes, la Secretaría General del PSOE. Se habían celebrado las primeras elecciones generales en 1977 y el PSOE obtuvo un buen resultado, 118 escaños que fue superado en las del 1979 con 121. Los resultados consolidaban a los socialistas como la primera fuerza parlamentaria de izquierdas, pero los dejaba muy lejos de la mayoría necesaria para formar Gobierno en España. El 28º Congreso se celebró precedido de un gran debate sobre la conveniencia de que se aprobara una resolución en la que el partido quedaba definido ideológicamente como marxista. Entonces, la dirección del PSOE se elegía al final del Congreso, por coherencia y por sentido común. El clima de tensión y enfrentamiento político-ideológico entre los dos sectores nacidos antes del XXVIII Congreso ordinario (mayo de 1979), se había recrudecido a lo largo de los meses de transición entre congresos. Cuando la comisión correspondiente anunció que había aprobado el mantenimiento del marxismo para su declaración de principios, Felipe González pidió la palabra y pronunció un célebre discurso donde proclamó que él era socialista antes que marxista y que en consecuencia, renunciaba a presentar su candidatura a la Secretaría General. “Busquen ustedes a un marxista para liderar el partido”, vino a decir a los delegados.

El resultado ya se sabe: no hubo ningún candidato -no porque no hubiera marxistas en el PSOE, sino porque los que había no se atrevieron a asumir esa responsabilidad- y se decidió la creación de una comisión gestora encargada de convocar otro congreso en el que salir de la contradicción. Los socialistas, en el congreso extraordinario, acertaron al articular un partido moderno, de mayorías, de progreso, y desprovisto de las adherencias arcaicas que se habían incrustado en sus principios como consecuencia de los años de clandestinidad. El resultado de esa apuesta se vio en las elecciones de 1982 y en las siguientes hasta 1996.

Ese fue su acierto, que no fue completo porque se cometió el error de articular el partido alrededor de un hiperliderazgo, encarnado en la figura de Felipe González y extendido a los territorios autonómicos, centrado en los presidentes autonómicos socialistas. La fortaleza de ese liderazgo no estaba reñida con el debate interno -y muchas veces externo- que caracterizó esa etapa de lo que hoy se conoce como la de la vieja guardia. Felipe González se rodeó de un equipo orgánico e institucional tan poderoso que, lejos de rehuir la confrontación, la provocaba, hasta el punto de que las reuniones de la Comisión Ejecutiva Federal y de los Comités Federales se convertían en lugares de debates intensos donde cada cual defendía sus posiciones. Se daba la circunstancia de que, cuanto más éxito cosechaba el PSOE en las sucesivas confrontaciones electorales, más fuertey poderoso era el liderazgo del secretario general y más debate en el interior y en los aledaños del PSOE.

Cuando se perdieron las elecciones de 1996, el PSOE se vio desposeído del Gobierno de España y de muchos Ayuntamientos y Comunidades Autónomas que ya habían caído en 1995, como consecuencia del desgaste socialista y, seguramente, porque los socialistas se habían cansado de gobernar. Fuera como fuese, lo cierto es que el PSOE debió iniciar una etapa nueva repensando su programa, su estrategia y su sistema electoral, siendo que lo único que modificó fue la forma de elegir a su secretario general, no corrigiendo el error de 1979, sino aumentándolo hasta límites no conocidos en la historia del partido. Joaquín Almunia, con su afán de legitimarse en la dirección socialista, convocó un sistema de elecciones primarias para la elección del candidato a presidente del Gobierno, a semejanza de lo que empezó a hacerse en Francia, que derivó, posteriormente, en la elección, por primarias, del secretario general del PSOE; fue el momento en que José Luis Rodríguez Zapatero resultó elegido frente a las candidaturas de José Bono, Matilde Fernández y Rosa Díez. Fue la primera vez en que un Congreso Federal del PSOE comenzó eligiendo a su máximo dirigente y, a continuación, se discutieron las propuestas programáticas.

Aparentemente, ese método de elección resulta más democrático que el empleado con anterioridad, cuando eran solo los cabezas de delegación los que emitían su voto en nombre y representación de todos los componentes de la delegación; pero siempre se ha dicho que lo mejor es enemigo de lo bueno. Si ese procedimiento se hubiera utilizado en 1979, en el congreso extraordinario, y Felipe González hubiera resultado elegido secretario general, la comisión política no hubiera podido discutir y votar con libertad una resolución en la que el PSOE quedara definido ideológicamente como marxista. Si el sector encabezado por Felipe González y Alfonso Guerra, que fundaba su disposición al abandono del término marxista en la necesidad de adecuar al máximo el funcionamiento político del partido en relación con su electorado, hubiera triunfado en la votación de la candidatura a la Secretaría General, hubiera estado claro que el congreso no hubiera podido votar a favor de resoluciones políticas y programáticas que fueran en contra de las posiciones del nuevo secretario general.

Con el sistema de primarias, y una vez elegido el máximo dirigente, el congreso, como instrumento para la elaboración de una nueva resolución política, sobra. Bastaría que se le preguntara al electo sobre sus preferencias ideológicas y programáticas, escribirlas negro sobre blanco, cantar La Internacional y acabar la fiesta. Daría igual, como ya ha ocurrido en estos últimos 10 años, que el partido considere progresista subir impuestos, porque si el secretario general elegido por las bases, considera que lo progresista es bajarlos, todo el congreso giraría en esa dirección.

Tal vez no sea más democrático volver por los fueros de siempre, pero sí se garantizaría más democracia interna, más debate y contraste de pareceres si la dirección del PSOE es el resultado de un debate congresual y precongresual, donde se articulen mayorías y minorías y donde las mayorías que se formen, nucleadas alrededor de la dirección federal, sean la consecuencia de un debate intenso en el que los aspirantes a la Secretaría General sean las cabezas visibles de propuestas que, confrontadas, posibiliten que los militantes se alineen con quien mejor las represente y con quien más emocione.

De esa forma, quien gane el debate, ganará la Secretaría General, contando con que habrá una minoría que, aceptando democráticamente el resultado congresual, mantendrá sus posiciones en el seno del PSOE, y que habrá una mayoría que, alineada con la nueva dirección, deberá ser consultada y convencida cuando esa dirección considere necesario dar un giro en el programa e ideario que les llevó a dirigir el PSOE desde unas posiciones que no se pueden cambiar sin el permiso de los máximos órganos de dirección del partido.

Concluyendo: la elección por primarias para la Secretaría General, desarma al PSOE frente a los militantes, genera un hiperliderazgo débil y cosecha silencios en sus estructuras. Ganar con un proyecto compartido genera un liderazgo fuerte, arma, cohesiona y robustece las estructuras, dando la palabra a un partido que, por progresista, debe serlo no solo por sus principios, sino por avanzar al ritmo que lo haga la sociedad. Francia no es un buen ejemplo para estos menesteres. El presidente de la República tiene casi todos los poderes. El PSOE no necesita ese tipo de liderazgo, salvo que quiera quedarse sin partido y España sin alternativa socialdemócrata.

Juan Carlos Rodríguez Ibarra fue presidente de la Junta de Extremadura.

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La confianza ciega en el capitalismo puro disminuye en Estados Unidos. Los adultos jóvenes ya no están tan convencidos de que sea el modelo ideal para siempre jamás. Empiezan a surgir experiencias alternativas

Por naturaleza soy bastante optimista, pero la primera década del siglo XXI ha puesto enormemente a prueba esa tendencia natural. El secuestro en 2000 de las elecciones presidenciales estadounidenses por parte del Tribunal Supremo, supuesto garante del orden constitucional en Estados Unidos; el crimen contra la humanidad del 11 de septiembre de 2011, que cometieron unos terroristas islamistas; la invasión de Irak, amparada en ideas completamente equivocadas sobre la responsabilidad de ese país en los atentados y sobre su supuesto arsenal de “armas de destrucción masiva”; la negativa a tomar medidas de relevancia para minimizar el cambio climático o la decidida eliminación por parte de Wall Street y de los funcionarios del Gobierno federal de los necesarios controles a la especulación introducidos por el New Deal en la década de 1930, son solo algunos de los fenómenos que, por decirlo de forma suave, me han hecho dudar de las motivaciones y mecanismos mentales de nuestros dirigentes políticos.

El 15 de diciembre pasado apareció en The New York Times un artículo que me llevó a contemplar el futuro de la raza humana con un ligero optimismo. Se titulaba ¡Trabajadores-propietarios de Estados Unidos, uníos!, y su autor, Gar Alperovitz, es profesor de Economía Política en la Universidad de Maryland. No le conozco personalmente, pero hace tiempo que le admiro, por haber publicado en 1995 The decision to use the atomic bomb [La decisión de utilizar la bomba atómica] un estudio muy documentado, que no solo demostraba el peso de los deseos de venganza por el ataque contra Pearl Harbor y la necesidad de salvar vidas de estadounidenses, haciendo innecesaria una invasión terrestre de Japón, sino que también explicitaba las motivaciones y consejos de los muchos científicos, militares y políticos que estaban a favor de lanzar la bomba en una zona poco poblada para demostrar a los japoneses el increíble poder de destrucción de la nueva arma sin necesidad de acabar con la vida de decenas de miles de personas inocentes.

El artículo del profesor Alperovitz en The New York Times evalúa la importancia de varias tendencias políticas de los últimos años que prácticamente nadie ha mencionado mientras el debate público se centraba en los planes de austeridad, la recapitalización bancaria, las ventajas y desventajas de recuperar las leyes reguladoras que mantuvieron las tácticas de Wall Street en niveles relativamente honrados entre 1940 y 1980, las considerables reducciones de las políticas de bienestar aplicadas después de la II Guerra Mundial en los países más desarrollados, y las políticas financieras de las grandes potencias y de la Unión Europea.

A continuación figuran algunos de los datos económicos e ideológicos que el profesor Alperovitz evalúa. En torno a 30 millones de adultos estadounidenses (de un total de 311 millones de habitantes) son copropietarios de empresas del tercer sector o de cooperativas de crédito. “Más de 13 millones de estadounidenses se han convertido en trabajadores-propietarios de más de 11.000 empresas pertenecientes a sus empleados, seis millones más del total de afiliados a sindicatos del sector privado”. En la Cleveland actual, una ciudad muy afectada por la decadencia de la industria metalúrgica de EE UU a finales del siglo XX, existe “un grupo integrado de empresas cooperativas, que en parte se mantiene por la capacidad de compra de grandes hospitales y universidades, lleva la voz cantante en la instalación local de paneles de energía solar, así como en la organización de servicios de lavandería verde y de un invernadero hidropónico de uso comercial, capaz de producir más de 13 millones de lechugas al año”.

Muchos Gobiernos municipales y estatales están invirtiendo en nuevos negocios locales y adquiriendo parte de los mismos. En la actualidad, unos 14 Estados están barajando seguir el ejemplo de Dakota del Norte, que gestiona eficazmente un banco público, lo cual permite a los empresarios solicitar créditos en su entorno, sin tener que recurrir a entidades lejanas y controladas por Wall Street. El autor añade también que unos 15 Estados están pensando organizar “algún tipo de sistema sanitario centralizado o de sanidad pública”.

A la luz de los ejemplos concretos que da el artículo, queda claro que en realidad solo una parte muy pequeña de la economía estadounidense utiliza las técnicas de gestión cooperativa, alabadas por el autor, que se basan en que el trabajador también sea propietario de su empresa. Por otra parte, creo que aplicar diversos planes de asistencia sanitaria centralizada en varios de los 50 Estados norteamericanos sería una pesadilla para los ciudadanos que se trasladaran de uno a otro. Sin embargo, desde el punto de vista práctico, la introducción de planes estatales independientes sí podría ser útil para proporcionar unos pocos años de experiencia con normas diferentes, lo cual podría ayudarnos a decidir qué características son preferibles para un plan sanitario federal o nacional. Además, un plan de atención sanitaria centralizado para todo el país solo será viable cuando los estadounidenses superen, tanto los ridículos prejuicios que dictan que la gestión privada siempre es mejor que la pública como la disposición a preguntarse siquiera por qué en las últimas décadas las estadísticas sanitarias de muchos países con sistemas de salud nacionales son mejores que las estadounidenses.

En sus conclusiones provisionales, el profesor Alperovitz escribe que “aunque hace tiempo que la población estadounidense es partidaria del modelo capitalista, puede que eso también esté cambiando. En 2009, una encuesta Rasmussen indicó que los estadounidenses menores de 30 años estaban “divididos en dos mitades equiparables” en lo tocante a si preferían el capitalismo o el socialismo”. Esta referencia me parece desconcertante, porque la encuesta Rasmussen, que donde más se cita es en los noticiarios de la conservadora cadena Fox, ha sido criticada por muchas otras empresas demoscópicas, que la acusan de exagerar los porcentajes de sentimiento partidista republicano entre la población de EE UU.

Sin embargo, es bastante posible que desde el punto de vista de Rasmussen sea importante advertir a los amos capitalistas de que, en proporción, los adultos jóvenes no son tan antisocialistas como sus padres. Cuando el imperio soviético se derrumbó entre 1989 y 1990, afortunadamente sin mucha violencia, los intelectuales conservadores de Estados Unidos celebraron “el fin de la historia”, queriendo decir que la derrota soviética en la guerra fría demostraba que el capitalismo era el único modelo de desarrollo político-económico exitoso y que, con ligeras modificaciones, serviría de patrón principal para el conjunto del futuro humano.

No obstante, por desgracia, quienes dominaban la política estadounidense y británica en la década de 1990 no incluyeron entre sus ejemplos de modelos de futuro exitosos los de los países escandinavos. En su opinión, el Estado de bienestar había sido necesario para combatir los supuestos atractivos del modelo soviético. Cuando este fracasó de forma espectacular y total, pensaron que había llegado el momento de reducir los servicios sociales introducidos en sus países después de la II Guerra Mundial.

Yo creo que lo que el mundo necesita es una combinación flexible, que conjugue el capitalismo regulado que ejemplifica el New Deal estadounidense con los servicios sociales de los que curiosamente fue pionera la Alemania imperial de finales del siglo XIX y que los Gobiernos escandinavos del siglo XX desarrollaron, convirtiéndolos en norma. Hoy en día, y todavía más en el futuro próximo, el hecho de que la población mundial crezca con rapidez hace absolutamente necesario algún tipo de planificación a escala mundial para la utilización de unos recursos naturales limitados y para controlar de algún modo el cambio climático. También necesitamos desarrollar a escala internacional la economía cooperativa que el profesor Alperovitz nos dice que está aumentando en Estados Unidos con la intención de superar el desastre económico de 2008. Es una conjunción de elementos en modo alguno fácil, pero sí necesaria.

Gabriel Jackson es historiador.

Traducción de Jesús Cuéllar Menezo.

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Si me permiten explicarlo en clave de parábola náutica, el PSC ha sido en los últimos tiempos como un imponente trasatlántico al que muchos años de navegación por las cálidas aguas del poder -ninguna sigla ha acumulado tanto por medios democráticos en la Cataluña contemporánea- fueron llenando el casco, el timón y las hélices de adherencias y suciedad hasta reducir gravemente su velocidad y su maniobrabilidad. Renqueante ya, la nave socialista catalana sufrió entre el otoño de 2010 y el de 2011 tres serias colisiones electorales que la dejaron casi a la deriva y en trayectoria de colisión contra las negras rocas del naufragio.

La situación exigía, pues, un enérgico golpe de timón, un acusado cambio de rumbo, un giro de, por lo menos, 90 o 100 grados, en el bien entendido de que semejante viraje, si se hacía con demasiada brusquedad, podía provocar el vuelco del pesado buque y su inexorable hundimiento. El 12º Congreso del PSC no quiso correr tal riesgo; en el puente de mando se impusieron la prudencia y el espíritu de conservación sobre la audacia, de modo que el trasatlántico viró apenas 10 o 15 grados, lo justo para que no pudiera decirse que todo seguía igual, que el partido no reaccionaba a las tres derrotas sucesivas.

Ha habido, pues, novedades: la formalización -aunque modosa- de las diferencias internas; un desarrollo congresual más democrático (votación secreta del informe de gestión, más de un candidato a la primera secretaría…); la incorporación a la ejecutiva entrante de las minorías críticas lideradas por Joan Ignasi Elena y Àngel Ros. Pero la imagen final del congreso ha resultado continuista: ningún oficial fue degradado ni expulsado del puente, a todos -incluso a los más quemados- se les halló una fórmula reglamentaria para conservar asiento en la mesa del capitán. Era, tal vez, el cambio ahora posible sin estropicios; pero no es ni mucho menos el cambio suficiente, aquel que pondrá la nave fuera de peligro y en condiciones de competir.

Si el PSC quiere enderezar de verdad el rumbo, el prudente viraje operado este diciembre debe proseguir a lo largo de los próximos meses, y complementarse con un carenado a fondo. En el terreno de las personas porque, siendo una fuerza municipalista, no puede ser solo un partido de alcaldes; ni confiarse únicamente a jóvenes cuadros, alguno de los cuales arrastra ya serias responsabilidades por las derrotas del último año. Pero, sobre todo, en el ámbito de las ideas: del 12º congreso no salió ni un nuevo corpus teórico con el que hacer frente a la crisis económica y social (por supuesto que no era fácil), ni una clarificación de ese catalanismo por todos invocado, ni tampoco un modelo nítido de relaciones con el PSOE, más allá del piadoso deseo de revisarlas.

Y es justamente ahí donde al castigado casco del navío del PSC, cuando apenas empezaba a alejarse de las rocas, le amenazan nuevos escollos que podrían ser fatales. Me refiero a las cada vez más explícitas aspiraciones de Carme Chacón al liderazgo del socialismo español.

Cada uno formulará su propio juicio estético o ético sobre el ágil salto de Chacón desde la poltrona ministerial al manifiesto crítico contra ese mismo Gobierno del que ella ha sido una de las piezas más vistosas; desde el arrobo entusiasta ante el liderazgo del Rodríguez Zapatero victorioso, hasta la implacable toma de distancias respecto del ZP derrotado. Con independencia de eso, nada podría complicar más la ya compleja tarea que el equipo de Pere Navarro debe ejecutar en el futuro próximo para poner el PSC a punto -ese mítico “votar distinto del PSOE”, por ejemplo- que tener a una socialista catalana en la secretaría general del PSOE. A una “compañera” obligada a hacerse perdonar su origen geográfico y en unos tiempos que no dejarán margen ni siquiera para aquel federalismo verbal de épocas más benignas.

No, el futuro del PSC como partido nacional no puede supeditarse a las ambiciones de nadie, por legítimas que sean.

Joan B. Culla i Clarà es historiador.

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El PSC es un partido que tiene un  problema. De hecho, tiene bastantes problemas, pero sobre todo tiene uno grande. Y dada la importancia que este partido tiene en Catalunya, cuando el PSC tiene un problema grande, el país tiene un problema grande. El problema del PSC es como el de los hijos “adolescentes”, pero que ya pasan de la treintena, y que todavía no saben “que quieren ser cuando sean grandes”.

En el ámbito de investigación de la física cuántica se suele distinguir entre dos tipos de investigadores: aquellos que en la interpretación de las medidas experimentales no ven ningún problema, y aquellos otros que ven un problema que no tiene solución. En este sentido, podríamos decir, un tanto libremente, que el PSC, un partido “clásico”, tiene problemas cuánticos en sus “medidas” de la realidad política.

La pregunta clave que este partido necesita responder es: ¿qué PSC es el que Catalunya necesita?. Pero la pregunta implícita que el partido se hace, también en el último congreso, es muy diferente: ¿qué PSC es el más conveniente para el PSC-PSOE? El partido necesita trabajar un guión que le permita hacer un diagnóstico y un “tratamiento” del proyecto del partido por los próximos años. Pero los dirigentes no parece que tengan intención ni de plantearlo seriamente. Su objetivo no va más allá de evitar masas quebradizas internas. Me lo decía un destacado dirigente del propio PSC pocos días antes del último congreso: “En este congreso seguiremos sin hacer nada bueno”.

En los últimos años, la deslegitimación del partido entre la ciudadanía ha sido contundente. De hecho, el PSC ha perdido buena parte de la reputación ganada en los años ochenta y noventa. La situación resulta muy preocupante. Internamente, en la práctica no hay debate. Ni de ideas, ni de proyectos, ni de estrategias. Predomina un mismo monólogo insulso, previsible y de poco vuelo. Las caras se han renovado sólo a medias. Hay un nuevo primer secretario, pero todo apunta a que el partido sigue siendo el mismo (incluidos los llamados “hombres y mujeres fuertes” de la nueva dirección). Seguimos con el “viejo PSC”.

El momento actual de crisis afecta a toda la socialdemocracia europea, pero buena parte del centro de gravedad de los problemas del PSC son de carácter interno. Sus últimos dirigentes han sido de carácter tacticista, con poco grueso intelectual y estratégico. La mayoría de veces, por no decir siempre, han actuado como meras comparsas de un PSOE también muy precario. El PSC, hasta que no demuestre lo contrario, será percibido como una mera delegación regional del socialismo español. Actualmente, el llamado “sector catalanista” no existe. Simplemente. Ha desaparecido completamente de la escena. Y no se entrevé ningún grupo con garantías que pueda y quiera renovar el partido y lo posicione como una organización catalana moderna y con proyección de futuro.

Estamos ante un partido que sufre sectarismo institucional, burocratización interna, autismo social, pobreza ideológica, ausencia de proyecto nacional, y una clara falta de ambición en los objetivos y estrategias nacionales.

Escribo este artículo con tristeza. Pero también con indignación como ciudadano que estima y quiere la preservación y la proyección de su país desde su personalidad diferenciada. El PSC ha hecho contribuciones innegables en las últimas décadas, especialmente en el nivel local, en la provisión de servicios públicos, en la contribución a cierto tipo de cohesión social, en la implementación de políticas orientadas a luchar contra la desigualdades de género y de oportunidades, así como a mantener la personalidad lingüística y cultural de Catalunya. Todo eso no lo ha hecho en solitario, obviamente. Pero hablar del PSC es hablar de uno de los dos partidos políticos más importantes del país. Por eso es el partido que más me preocupa.

Hay dirigentes del PSC que, cono algunos físicos cuánticos, creen que no hay ningún problema en la percepción que tienen de la realidad, mientras que otros dirigentes, más lúcidos, creen que la percepción está equivocada, pero que no tiene solución dentro del partido. En los dos casos la situación resulta preocupante, no sólo para el partido, sino para el país, cosa mucho más importante. Resultaría decisivo contar con un PSC que pensara, actuara y movilizara a los ciudadanos en términos de la libertad colectiva del país. Una libertad que no cabe en la interpretación que las instituciones españolas hacen de la Constitución actual. Eso ya ni se disimula. Pero actualmente, el PSC es un partido desnortado, empobrecido en términos de transformación social, y prácticamente reaccionario en términos de la libertad colectiva de Catalunya. Es un partido que actualmente provoca zapping a muchos ciudadanos.

Lo que el PSC deja más claro es su voluntad de vínculo con el PSOE. O sea, un lamentable seguidismo de políticas ajenas, muy a menudo  contrarias a Catalunya.

El problema de este PSC es que este PSC es el problema. Apoyar la visión del Estado que tiene el jacobinismo socialista español es ir contra el país. Hoy, ya no se trata sólo de tener un “grupo propio” en el Parlamento español (que, además, no se tiene), sino de ofrecer ideas, proyectos y liderazgos, es decir, los nuevos horizontes que Catalunya necesita en un contexto internacional crecientemente competitivo y globalizado. Evaporados los proyectos “federalistas” estos nuevos horizontes hoy pasan por la ruptura con un Estado constitucionalmente hostil en Catalunya, que lo expolia económicamente, y que lo ahoga política y culturalmente. PSC: ¡espabílate!

Ferran Requejo, catedrático de Ciencia Política en la UPF. ferran.requejo@upf.edu

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ANÁLISIS

En el semisótano de la sede de la UGT madrileña -una mole de hormigón del pletórico de los años ochenta, ubicada en la avenida América- Alfredo Pérez Rubalcaba (Solares, Cantabria, 1951) se presentó ayer con un cartel fácil de leer y de entender. Un cartel que dice lo siguiente: político con muchos años de experiencia, conocedor de las mieles de la victoria y de los sinsabores de la derrota, ofrécese para reconstruir la confianza de las soliviantadas clases medias con el Partido Socialista Obrero Español.

Y en letra más pequeña, añade el cartel: en caso de ser aceptado para el puesto. en el PSOE los experimentos se harán con gaseosa, tal y como recomendaba Eugenio D´Ors, consejo que algunas fuentes también atribuyen a don José Ortega y Gasset. No se admitirán adanistas (gente aficionada a querer reinventarlo todo), ministras olvidadizas de su responsabilidad objetiva en los últimos años de gobierno, artistas del posado mediático, comunicólogos en la sombra, pigmaliones, socialistas periféricos que no estén dispuestos de decir lo mismo en Madrid que en Barcelona, largocaballeristas de nuevo cuño, euroescépticos de izquierda y demás profesionales de la revolución pendiente. Firmado: Indalecio Pérez Rubalcaba.

Candidatura prietista para un periodo de convalecencia que se prevé largo y que puede atravesar escenarios sociales insospechados ante la dura evolución de la crisis económica en España. Un prietismo reconciliado con la Unión General de Trabajadores (el moderado Indalecio Prieto tuvo una de sus bases principales en el sindicalismo asturiano… que en 1934 se lanzó a la aventura revolucionaria) y que acaba de viajar a Sevilla para establecer una entente con el socialismo andaluz, en horas bajas.

Pérez Rubalcaba se proclamó ayer candidato de la familia socialista -expresión muy utilizada durante los años de fortuna de Felipe González-, mientras su contrincante intenta perfilarse como lo Nuevo; como candidata de la nube mediática que sobrevuela el filiforme electorado socialista; como una fuerza joven y acumuladora de expectativas.

Mucho énfasis en Europa. Y una mención muy específica al equilibrio entre generaciones: el PSOE no debiera convertirse en un partido rabiosamente juvenilista. El millón largo de electores socialistas que el 20 de Noviembre votaron al PP y a UPyD provienen de las clases medias maduras. Y un último mensaje, quizá el más importante: el PSOE deberá ser un partido nacional español con un discurso unificado. Un partido nacional de clases medias, europeísta y sin excesivas veleidades izquierdistas. Indalecio en tiempos de Twitter.

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Algunas personas transmiten siempre buenas vibraciones y otras siempre contagian el mal rollo. El periodista Arturo San Agustín lo comprobó en verano, cuando asistió a la Jornada Mundial de la Juventud, que presidió en Madrid Benedicto XVI. Pensaba encontrarse con un montón de hijos de papá almibarados y acabó atrapado por la vitalidad entusiasta de un millón de jóvenes normales, muchos de ellos trabajadores llegados desde países remotos. “Te sorprendían con cosas sencillas: si una persona mayor tenía que cruzar la calle, la ayudaban; si subía a un autobús, le cedían el asiento. Por unos días, la ciudad era amable y te sentías seguro; parecía Nueva York al día siguiente del 11-S”. San Agustín, que es un anarquista conservador y un intelectual insobornable, lo ha escrito en un libro sin prejuicios, que se acaba de traducir al inglés: Un perro verde entre los jóvenes del Papa, la crónica sorprendente de aquella semana en la que los jóvenes católicos transmitían buenas vibraciones y los que protestaban contra el encuentro propagaban el mal rollo.

En Navidad, el fenómeno se radicaliza: algunas personas sólo con su presencia ya contagian las ansias de vivir, y otras se empeñan en amargarnos las fiestas repartiendo pesimismo y mala leche. Algunos intelectuales y periodistas lideran, con indisimulada prepotencia moral, la moda que sostiene que las fiestas son empalagosas, los buenos deseos son blandos, la familia es inaguantable, los amigos son una lata y no hay quien pueda digerir las comidas colectivas. En la intimidad, la mayoría sigue siendo partidaria de las celebraciones, pero en la calle ganan terreno los que empiezan a poner mala cara en el puente de la Purísima y no dejan de quejarse hasta que se desmonta el último pesebre, pasada la Candelaria. Estoy radicalmente en desacuerdo. Entiendo que hay gente que no tiene mucho que celebrar. Respeto a aquellos que se sienten traicionados en sus convicciones morales por los excesos materiales de la Navidad. Aplaudo a quienes hacen una crítica ácida de las muchas hipocresías de estos días. Pero me cansa la burla mediocre de los que necesitan mortificarse y torturar a los demás porque así quedan más intelectuales.

Y me resulta especialmente extraño comprobar que los más activos contra la Navidad son los que siempre reclaman más fiestas y más celebraciones populares. Dicen que están en contra del consumismo, pero acabarán reduciendo la Navidad a una serie de visitas a los grandes almacenes. Hacen lo que pueden para vaciar de sentido la fiesta más trascendente, la más espiritual, y la más simbólica del calendario, que también es la más arraigada, la más sencilla y la más popular. Antes, estos personajes eran los malos del cuento y eran presentados como odiosos, avaros, irritantes, malcarados, violentos y déspotas. Eran el míster Scrooge de la Canción de Navidad de Dickens; ahora los hemos convertido en los héroes de nuestros medios de comunicación.

Dejo a un lado la dimensión religiosa de las fiestas, porque quienes las viven desde la fe no dudan de su significado. Pero me cuesta comprender el odio a la Navidad, incluso desde la más absoluta laicidad. Hace años que no soy practicante, pero estos días no puedo evitar volver a la iglesia y sentirme parte de un colectivo que entierra raíces poderosas en siglos de repetición gestual, con diferentes grados de fe o simplemente de costumbrismo. Generaciones enteras han repetido los mismos actos, las mismas liturgias, los mismos ciclos naturales. Y supongo que eso es importante. Nunca como en estos días me siento tan integrado en esta tierra y en esta comunidad milenaria.

Este año, en nochebuena habíamos decidido buscar una misa del gallo en los alrededores de Girona, y las primeras llamadas resultaron desconcertantes: en Aiguaviva del Gironès no se celebraba; en Vilablareix, tampoco; llamamos a Medinyà, porque tenemos buenos recuerdos de cuando allí predicaba la voz poderosa de mosén Modest Prats: tampoco. Probamos en Sant Daniel, porque algunas navidades nos habíamos acercado al monasterio, andando por el camino que sigue el curso del río Galligants, pero ya hace un par de años que la anularon. Acabamos en Sant Julià de Ramis y fue una buena decisión porque, cuando entrábamos en la iglesia, un coro local cantó Les dotze van tocant y el desconcierto se convirtió en una sorpresa agradable: mosén Sebastià Aupí celebró una misa repleta de canciones tradicionales y de cuadros escénicos de Els pastorets y, al final, en la calle, bebimos chocolate caliente junto a un fuego espléndido.

Era una más de las misas que a aquella hora se repetían en toda Catalunya, como expresión sencilla y poderosa de una fe popular, que respeto y que querría mucho más visible. A menudo recrimino a mis amigos practicantes que cuesta identificarles por su comportamiento ejemplar en el trabajo o en la calle. Deberían confiar más en la fuerza de sus convicciones; como aquella peregrina sevillana, joven y guapa, a la que un día de verano, en Madrid, Arturo San Agustín preguntó por Jesús.

- ¿Te gusta mi sonrisa?

- Sí, claro.

- Pues ese es Jesús.

Reconozco que cuesta de creer, pero como imagen es mil veces más estimulante que la mala uva de los pedantes que se pasan el día criticando la Navidad.

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Ha estallado la polémica porque Ana Mato, nueva ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, ha utilizado la expresión “violencia en el ámbito familiar” en vez de “violencia de género” que, según algunas entidades feministas, es lo que procede. Confieso que yo quizás habría dicho “violencia machista” porque me enseñaron que el género es para las palabras y no para las personas. Con todo, hay que decir que el adjetivo “familiar” describe bien la naturaleza de una serie de violencias que tienen lugar en el espacio doméstico. ¿Por ejemplo, cómo debemos denominar la violencia que ejerce un padre contra un hijo o un hijo contra un padre o un abuelo? Supongo que, en este caso, hablar de “violencia familiar” no provocaría urticaria entre los vigilantes de la corrección política.

Si lo he entendido bien, las críticas a la ministra se producen porque se da por hecho que el cambio de etiqueta es para “desnaturalizar la violencia de género”, en expresión de una jurista citada por este diario. Es, por lo tanto, un debate sobre intenciones más que sobre actuaciones. Algunos (y algunas) olvidan que la ley de violencia de género se aprobó por unanimidad, con los votos del PP. La conclusión es evidente: en ciertos ambientes, hablar de género se considera más progresista que hablar de familia, como si los votantes de las izquierdas no tuvieran ni padre ni madre, ni hermanos ni hijos. Habría apostado que la izquierda española ya había superado esta actitud tan poco inteligente de regalar algunos conceptos básicos a la derecha. Y mira que Blair, por ejemplo, hizo un gran trabajo reconfigurando para la socialdemocracia europea palabras como familia, seguridad, patria, orden o esfuerzo. Su tarea retórica fue fina.

Cuando hay cambios en el gobierno de un país también acostumbra a haber modificaciones en la denominación de los cajones que se utilizan para gestionar la realidad. Cambiar los nombres que utiliza la administración es una forma barata, inmediata y efectiva de hacer notar que mandan otros. Un clásico de esta estrategia es hacer que la consejería de Sanidad pase a ser la de Salud o viceversa, o renombrar Educación como Enseñanza o viceversa. La política, poco o mucho, responde a un sustrato ideológico y el lenguaje es transmisor de ideología, incluso cuando parece más inocuo. Para no ir muy lejos, recordaré que la etiqueta “cementerio nuclear” genera más oposición que la expresión oficial “almacén nuclear”. Por no hablar del éxito letal del término “recortes” y de la poca fortuna de “ajustes”.

La ex ministra socialista Bibiana Aído consideraba sin manías que en el mundo hay “miembros y miembras” de una comisión. Ella militaba en el género con tanto fervor que se pasaba el diccionario por el cogote. No consta, por cierto, que esta imaginación léxica sea muy útil a la hora de prevenir el asesinato de mujeres.

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La realidad muestra que las políticas que las autoridades europeas vienen aplicando para salir de la crisis están equivocadas. En lugar de mejorar la situación han provocado el inicio de una nueva recesión y que los países en donde se han adoptado con más disciplina sean precisamente los que ahora se encuentran en peor situación y con un horizonte más pesimista a corto, medio e incluso largo plazo.

En otros artículos me he referido a los errores de concepción general que llevan a ir por el camino inadecuado y que principalmente se deben a que no se abordan las auténticas causas de la crisis en mi opinión por culpa de la ceguera ideológica y de la servidumbre de los líderes europeos ante los grandes poderes que la han provocado.

Ahora quisiera referirme a cuatro aspectos concretos que están recibiendo un tratamiento inadecuado también como efecto del sesgo ideológico que domina la política europea y del privilegio con que se sigue tratando a la banca y a las grandes empresas que la dominan.

1. ¿Cómo resolver problemas coyunturales de liquidez?

Como es sabido, la crisis ha producido, entre otros problemas a los que ahora no me voy a referir, un problema de liquidez en algunos países (casi en todos pero típicamente, por ejemplo, en Italia o España) que son solventes, es decir, que en condiciones normales podrían resolverlo sin demasiada dificultad en periodos de tiempo relativamente cómodos.

El error neoliberal de las autoridades europeas consiste en renunciar a la utilización de un banco central como prestamista en última instancia, es decir, como financiador en condiciones favorables para que esos países puedan hacer frente al problema coyuntural que padecen o puedan padecer en otras ocasiones.

En lugar de permitirlo, en su día se estableció que el Banco Central Europeo no podría cumplir esa función. La razón que se daba y que se sigue dando es que esas crisis coyunturales de liquidez podrían solucionarse por sí solas si los países afectados aplican inmediatamente las políticas “adecuadas” que son las que pueden atraer a los capitales suficientes para satisfacer las necesidades de financiación: reducción de gastos públicos, mejora de la competitividad bajando salarios, liberalización y privatización de las actividades económicas y dando las mayores facilidades posibles a la inversión.

Lo cierto es, sin embargo, que lo único que se consigue de esta forma (como en esta coyuntura concreta se puede comprobar) es, por un lado, privilegiar a la banca (que se hace así con el muy rentable negocio de financiar a los estados, y ahora, además, ni siquiera con sus propios recursos sino con los que les da el Banco Central Europeo); por otro, encarecer extraordinariamente la financiación pues la que se consigue a través de “los mercados” es mucho más cara que la que proporciona un banco central; y, por último, provocar un deterioro generalizado de la situación económica porque a la crisis de liquidez se le suma una de demanda como consecuencia de la reducción generalizada de los ingresos y el gasto. En definitiva, lo que resulta es que una situación más o menos pasajera de falta de liquidez se convierta en una permanente de deuda (que es lo que beneficia a la banca dado que su negocio no es otro que aumentar la deuda) y de insolvencia al venirse abajo la actividad y la capacidad de generación de ingresos.

2.¿Qué hacer ante las necesidades de financiación a largo plazo?

Además de tener dificultades de liquidez a corto plazo, la mayoría de las economías europeas (sobre todo las que se encuentran ante problemas de graves asimetrías, como comentaré en el siguiente punto) se encuentran en estos momentos en una auténtica crisis de financiación a largo plazo y la respuesta de las autoridades europeas vuelve a ser prácticamente la misma que en el caso anterior: bastará con aplicar reglas muy estrictas de estabilidad (la llamada “regla de oro” que impida los déficits) y de austeridad para lograr que los mercados financien en el nivel necesario a las economías deficitarias y para que éstas no vuelvan a sufrir el mismo tipo de crisis financieras.

La solución es igualmente inadecuada por dos razones. La primera es la misma que en el caso anterior. Si a una economía se le reduce la capacidad de generar ingresos y la demanda, lo que inevitablemente se provoca es un empeoramiento de su situación a medio y largo plazo, una mayor dependencia respecto a los capitales externos (lo que la hace más proclive a sufrir crisis de liquidez y de solvencia) y una pauperización progresiva. Por muy cómoda que sea esa situación para la banca y las grandes empresas de dimensión global o que disfrutan de mercados cautivos en esos países, lo seguro es que con esas políticas el país en su conjunto se endeudará más y no menos a largo plazo.

Pero, además de eso, una política de este tipo no es eficaz nunca cuando se produce en un medio ambiente como el de la unión monetaria europea. Como las necesidades de financiación siempre serán diversas, si cada país hace frente a ellas de modo individual se producirá un claro incentivo a la especulación, además de un incremento constante del coste de la deuda y en la asimetría y la desigualdad.

Es por eso que la negativa de las autoridades europeas a generar un sistema ordenado de emisión de eurobonos o de cualquier otro tipo tipo de emisión colegiada de la deuda es tremendamente oneroso y está produciendo un agravamiento del problema de la deuda en lugar de solucionarlo (aunque, eso sí, de nuevo concediendo una gran privilegio y beneficios extraordinarios a la banca).

3. ¿Cómo actuar ante los desequilibrios estructurales?

Otro problema al que se le está dando una solución equivocada, porque igualmente está siendo mal entendido, es el de la asimetría estructural que se viene dando entre diferentes países de la eurozona. Mientras que unos, con Alemania a la cabeza, presenta superávits prácticamente permanentes, otros, como España y los de la periferia europea, tienen déficits constantes en sus cuentas exteriores, lo que obliga lógicamente a que se produzcan flujos de capital de diferente signo en una y otra zona.

La opinión dominante, principalmente generada en Alemania, es que eso se debe a que los países de la periferia son menos productivos y competitivos, sus gobiernos más despilfarradores y, en suma, a que vienen aplicando políticas económicas inadecuadas porque sus ciudadanos viven “por encima de sus posibilidades”.

Según la opinión dominante esta asimetría se solucionaría, entonces, aplicando el mismo credo que en los casos anteriores: políticas “buenas” de austeridad, de privatizaciones de servicios públicos y de contención de gasto público, para evitar el endeudamiento, y de salarios, para ser más competitivos. La misma política que lo mismo sirve para un roto que para un descosido pero que, ante este problema, es tan equivocada y perversa como en los anteriores.

Es errónea porque soslaya que lo que produce esta asimetría es la desigual división del trabajo y la actividad productiva que los grandes grupos empresariales han impuesto en Europa y que conlleva una desertización progresiva de los espacios periféricos. No está causada porque en los países deficitarios se gaste en exceso sino porque los grandes grupos de poder europeos han impuesto una estrategia de concentración del valor en determinadas zonas mientras que otras han sido desindustrializadas, literalmente colonizadas (como demuestra la masiva compra de los activos de las empresas españolas por el capital extranjero tras la entrada en el euro) y su papel prácticamente reducido al suministro de productos o servicios de bajo valor añadido. Y, además, porque los superávit generados en los países excedentarios de capital (sobre todo en Alemania) no se han aplicado en sus respectivos mercados internos mejorando las condiciones de vida de sus trabajadores sino que han sido utilizados por los grandes grupos financieros para aumentar la deuda en las periferias imponiendo allí el modelo productivo que mejor la genera: el de bajos salarios, escasos ingresos endógenos y empresas y capitales dependientes.

La realidad muestra claramente que con estas políticas no se puede resolver esta asimetría. Es imposible porque son las que, por el contrario, coadyuvan a que se produzcan. Lo que se necesita hacer es todo lo contrario: hay que federar las políticas económicas, crear instituciones de financiación, coordinación y control auténticamente paneuropeas y poner en marcha un proyecto de reindustrialización que centre en Europa y en sus territorios los vectores de los que depende la creación de riqueza y bienestar. Dicho en términos más gráficos, la única manera de acabar con las asimetrías que están matando a Europa es desglobalizar nuestra economía, es decir, situar las necesidades de los pueblos europeos como eje de coordenadas de la actividad, de la producción y el consumo y no supeditar la satisfacción de sus necesidades a capitales cuyo norte está siendo la rentabilidad mediante la especulación o el racionamiento productivo para controlar los mercados a escala global.

4. ¿Qué función debe desempeñar el Banco Central Europeo?

Finalmente, todo lo anterior se traduce en otro error de gran trascendencia que impide que con las políticas neoliberales que se vienen aplicando se pueda dar solución a los problemas de las economías europeas.

Puesto que se impone el criterio de que la crisis y todos sus males se resuelven simplemente cuidando de que en cada país se lleven a cabo las políticas que acabo de comentar, la función formal del BCE debe limitarse a la ya prevista: cuidar de la estabilidad de precios que justifica su llamamiento permanente a bajar salarios y actuar como prestamista de última instancia pero solo de la banca privada, no de los estados.

Así no solo se impide que resuelva de forma más económica y eficiente la crisis de liquidez de las economías nacionales, como acabo de comentar, sino que se renuncia a utilizarlo como un instrumento real de gobierno, control y supervisión del sistema financiero. Lo que no es ni mucho menos casual sino que supone un privilegio más para los bancos: estos actúan realmente a escala europea pero son supervisados por autoridades nacionales, de modo que así tienen muchas más facilidades y libertad para actuar en cada ocasión como mejor les convenga.

El resultado de todo ello es evidente: a pesar de la multimillonaria y prácticamente gratuita financiación que recibe la banca privada del BCE (casi medio billón de euros en la pasada semana) no se ha conseguido que fluya el crédito a las empresas que lo necesitan sino solo sanear su balance y mejorar constantemente sus beneficios.

¿Y todo esto por qué?

Podría parecer sorprendente que las autoridades europeas se vengan empeñando en aplicar estas medidas, que caigan en los errores que he comentado, a pesar de que la experiencia está demostrando que no sirven para lo que dicen que van a servir sino que, por el contrario, están empeorando la situación.

La respuesta es fácil: no mejoran a la economía en su conjunto, ni los ingresos ni las condiciones de vida de la inmensa mayoría de la población Pero benefician y mucho a las grandes empresas y a los bancos y basta ver las biografías de los presidentes o ministros de economía íntimamente vinculados a la Banca que las llevan a cabo cuando están llegando al poder, democráticamente como en nuestro reciente caso o directamente mediante golpes de estado como en Grecia o Italia.

Juan Torres López es catedrático de Economía Aplicada en la Universidad de Sevilla y miembro del Consejo científico de ATTAC-España. Su web personal: www.juantorreslopez.com

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