Caffè Reggio

Se cuenta que en la antigua Roma, cuando un general era agasajado por el pueblo tras una campaña victoriosa, un esclavo se situaba inmediatamente detrás suyo recordando al héroe de forma pertinaz: ‘Memento mori’; ‘Memento mori’… La expresión se puede traducir como ‘recuerda que morirás’, y lo que se pretendía con ella era recordar al héroe que era de carne y hueso y, por lo tanto, mortal. No había espacio para la soberbia o la arrogancia aunque el general hubiera salido victorioso de mil batallas.

No estaría de más que alguien le recordara el latinajo a Rajoy; y no porque haya sospechas fundadas de que el gallego sea uno de esos iluminados que, como dice Toxo, caen frecuentemente en el ‘vicio de Adán’, pensar que el mundo comienza cuando uno llega al poder. Al contrario, Rajoy presume en privado de haber recibido más estopa que ningún otro político dentro y fuera de su partido. Y es más que probable que tenga razón. Sólo Adolfo Suárez puede acreditar un mayor maltrato político y mediático. Y sin duda que las derrotas antes de llegar al poder hacen a los líderes políticos más humanos. El caso de Zapatero -que se va de Moncloa sin haber perdido directamente ninguna elección- es de libro.

Pero también es verdad que hay un cierto riesgo de que Rajoy -mal aconsejado por algunos de sus asesores- caiga en la tentación de pensar que el voluntarismo político y el hecho de que Zapatero ya no esté en Moncloa, es suficiente bagaje para salir del pozo. Y en este sentido, no estará de más echar mano de una reunión ‘secreta’ que se produjo el pasado jueves en la que participaron los principales servicios de estudios del país, incluido el del Banco de España. Se trata de un encuentro reservado que se celebra cada cuatro meses y en el que los mayores expertos de coyuntura reflexionan sobre el momento de la economía española. Sin cámaras y sin micrófonos, lo que permite dar rienda suelta a sus opiniones. Por supuesto que nada se ha filtrado oficialmente de aquel encuentro, pero lo dicho allí pone negro sobre blanco tanto la dimensión de la crisis como los problemas que tendrá Rajoy para gobernar.

La recesión llama a la puerta

Los papeles que allí se manejaron muestran que la economía española -consenso de los allí presentes- puede caen en 2012 nada menos que un 1%, lo que llevará el desempleo hasta los 5,7 millones de parados. O lo que es lo mismo, es muy probable que la tasa de paro supere el 24% de la población activa. Como sostiene uno de los asistentes a la reunión, las simulaciones macroeconómicas que allí se presentaron ‘asustan’. Algunos servicios de estudios, incluso, no descartan que el PIB caiga un 2% o un 3% el año próximo. En otras palabras, una recesión en toda regla casi un quinquenio después del comienzo de la crisis.

No se trata, por lo tanto, de una simple recaída durante un par de trimestres, que es la versión cuasi oficial que se traslada a los medios de comunicación, sino de una contracción importante del PIB, lo que da idea de lo que se encontrará el nuevo Gobierno.

La causa de tan lúgubre escenario tiene que ver con cuatro factores que caen a plomo sobre la economía española: el retroceso del consumo privado por el mal comportamiento del empleo y de los salarios; la desaceleración del comercio mundial; la contracción del crédito a familias y empresas derivada de los nuevos requerimientos de capital que Basilea III obliga a hacer a la banca y, por último, el efecto del ajuste fiscal, que provocará una caída significativa de la inversión pública. Sin duda, muchos e intensos problemas para un Gobierno que, paradójicamente, tendrá su mejor aliado en la crisis.

Con más de cinco millones de parados y una economía sin aliento, la capacidad de sacrificio de la ciudadanía es grande, y en eso hay consenso. Por supuesto que los sindicatos no tienen fuerza alguna para doblar el pulso a un Gobierno elegido hace muy poco con mayoría absoluta gracias a la descomposición interna y externa del PSOE y a sus propios errores.

Como sostiene en privado un dirigente del PP, lo que ocurrió en 2002, cuando Aznar retiró su propia reforma laboral, fue un error y no volverá a repetirse. Rajoy, por lo tanto, seguirá adelante con las reformas y los recortes aunque se incendien las calles, lo cual no es previsible en un contexto como el actual. Sobre todo cuando los inspectores de la UE y del FMI van a vigilar a España de cerca a cambio de una línea de crédito que permita al Tesoro Público zafarse de los mercados al menos durante algún tiempo. Dinero fresco a cambio de ajuste y de reformas liberalizadoras, las clásicas recetas del Fondo Monetario, como bien saben los países latinoamericanos.

Este escenario de paz social -en el mundo sindical una vieja sentencia sostiene que quien no negocia el conflicto social no existe-, no es, sin embargo, suficiente para sacar adelante el país.

La agenda internacional de Rajoy

Rajoy se la juega en los próximos días si el Consejo Europeo del próximo día 9 decide incluir la tasa de paro como una de las condiciones para estar en la primera velocidad del nuevo Tratado de la UE, que supone acabar -al menos sobre el papel y en un primer momento- con la soberanía fiscal de las naciones con problemas. Si Rajoy no consigue convencer a Merkel y Sarkozy de que el desempleo quede fuera de los criterios para tener acceso a la primera velocidad, España está muerta. O mejor dicho, tiene por delante un largo periodo de depresión económica que empobrecerá al país. De ahí la importancia de los contactos exteriores que estos días está cultivando Rajoy, sin duda transcendentales.

Camina en la buena dirección, por lo tanto, el hecho de que Rajoy haya querido dar prioridad a su agenda internacional, sin duda uno de los mayores errores de Zapatero (y los hay a paladas). Pero dicho esto, sus primeros movimientos desde la calle Génova dejan sentir un cierto modelo presidencialista que es extraño y hasta extemporáneo al sistema político español. Rajoy y sus asesores están cultivando estos días un cierto culto al líder -el que reza por nosotros cada noche y en quien confiamos nuestras cuitas cada mañana- que sin duda conlleva riesgos. La tradición presidencialista es propia de países como Francia o EEUU, pero no de España, y Rajoy se equivocaría si profundiza en esa dirección.

Lo dicho no es juicio de intenciones. Es una constatación tras hablar uno a uno con muchos de los probables altos cargos que están llamados a jugar algún papel en el próximo Gobierno, y que acompañaron a Rajoy en la travesía del desierto. Ninguno sabe nada sobre su futuro político inmediato, y nadie osa preguntarlo no sea que el líder lo tome a mal. Todos –incluso los dirigentes más cercanos al gallego- están a la espera de un movimiento de la esfinge.

No parece una buena señal. Los problemas de este país son de tal envergadura que es necesario trabajar en equipo y de forma colegiada para sacarlo adelante. De nuevo el ejemplo de Zapatero -un presidente caprichoso y zascandil que se creía llamado por la Historia-, está ahí para demostrarlo. En el caso de Rajoy, su trayectoria no conduce precisamente al optimismo. Su equipo de colaboradores más íntimos cabe en un taxi después de haber sido vicepresidente y ministro en varias ocasiones y tras una dilatadísima carrera política.

Sin duda que Rajoy merece un amplio margen de confianza y hasta el beneficio de la duda, pero yerra si quiere convertir de la noche a la mañana a España en un país presidencialista en el que las grandes decisiones las toma el líder en su misma mismidad. Sólo por eso es bueno que alguien se lo recuerde cada mañana: ‘Memento mori’; ‘Memento Mori’…

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Hay que reconocerle a Zapatero su coherencia política. Hasta el final se ha entregado al Banco Santander a cambio de que Botín -¿recuerdan el ‘desayuno con tirantes’?- hiciera el caldo gordo a una política económica que conducía inexorablemente a la ruina. El silencio, y hasta la complacencia del banquero cántabro respecto de la situación económica y de las decisiones del Consejo de Ministros, sólo es comparable al mantenido por otros prebostes del empresariado patrio, siempre dispuesto a cuidar sus predios aunque se hunda el país. El problema, sin embargo, es que España roza el abismo, y, al final, el desastre ha acabado por anegar sus propias haciendas. Ya nadie se salva en la devastada España que deja Zapatero. Ni siquiera el Santander, que ha perdido más de la mitad de su valor en Bolsa. Tanto apoyo para esto, debe pensar ahora con razón el cántabro, que, al menos, ha conseguido salvar la cabeza de su ‘número dos’.

En el fondo, este es el principal problema de la decisión del Consejo de Ministros de indultar a Alfredo Sáenz. No es tanto el hecho de que el Ejecutivo se cargue de un plumazo una sentencia firme del poder judicial (¡Viva Monstesquieu!), sino que intereses particulares acaben por empozoñar la vida pública hasta límites insoportables. Envileciendo un poco más la acción política y aumentando el descrédito de la clase dirigente. Tras la decisión del Consejo de Ministros, la opinión pública tiene derecho a pensar que algo huele a podrido en Moncloa. Los que se van, indultan a un banquero condenado por un delito extremadamente grave (enviar a la cárcel a un empresario por una denuncia falsa), y lo que entran, aparecen como incapaces de cuestionar la tropelía amparándose en que todavía no gobiernan. Como si cualquier otra decisión de carácter político y no meramente administrativa que hubiese tomado el Consejo de Ministros en funciones no hubiera sido convenientemente denunciada y aireada por el Partido Popular.

No hay que olvidar que la figura del indulto, en contra de lo que pretende aparentar el Gobierno, tiene que ver con una decisión política, no técnica, y su encaje constitucional es más que discutible. Sobre todo a la luz de un hecho incuestionable. El derecho de gracia está todavía básicamente regulado por una ley de 1870 claramente obsoleta, remendada muy sucintamente en 1988 de forma insuficiente porque no define los límites del poder Ejecutivo -aunque el indulto lo sancione formalmente el rey- para tomar una decisión que supone pisotear la independencia judicial a la hora de dictar sentencias. Este amplísimo margen de maniobra -que convierte el derecho de gracia en una cuestión discrecional y en muchos casos hasta arbitraria-, se explica, sin duda, por la ambigüedad del texto constitucional, que se limita a decir que se faculta al Rey a “ejercer el derecho de gracia con arreglo a la Ley, que no podrá autorizar indultos generales”. Y da la sensación, efectivamente, de que el indulto de Sáenz tiene mucho de real. Como la deplorable decisión de Tribunal Constitucional liberando en su día a los albertos de ingresar en prisión por un delito de estafa.

Ni que decir tiene que una legislación tan laxa y hasta gaseosa en materia de indulto -más allá de las formalidades del procedimiento que instruye el Ministerio de Justicia- da al Gobierno un poder que se sitúa extramuros de la Constitución, lo que explica que muchos juristas -como se puso de relieve incluso durante el debate constitucional- hayan atacado la institución del indulto por ser incompatible con un sistema democrático moderno, en el que las decisiones judiciales son inapelables. Y menos cuando sólo se pretende favorecer intereses de parte y no de la comunidad general.

Ya Cesare Beccaria, en un libro imprescindible* incluso para los legos en cuestiones judiciales, advertía que la clemencia es la virtud del legislador y no del ejecutor de las leyes [el Gobierno], y por eso debe resplandecer en el código, no en los juicios particulares, porque “al hacer ver a los hombres que se pueden perdonar los delitos o que la pena no es una consecuencia necesaria, se fomenta el atractivo de la impunidad”.

Y hubo impunidad cuando Aznar indulto de forma parcial a Barrionuevo y la cúpula de Interior por el secuestro de Segundo Marey. O, fuera de nuestras fronteras, cuando Bill Clinton levantó la condena al empresario Marc Rich (acusado de fraude fiscal y otros delitos económicos) en el último día de su mandato presidencial. O cuando George Bush indulto a Lewis Scooter Libby, el ex jefe de gabinete del vicepresidente, Dick Cheney, para evitar que tuviera que ingresar en prisión. Libby estaba acusado de un delito muy grave, filtrar a la prensa la identidad de la ex espía de la CIA Valerie Plame para silenciar las mentiras sobre la guerra de Irak.

El indulto, por lo tanto, supone colocar al Ejecutivo por encima de la ley, algo que podría justificarse en el pasado cuando el poder -y a veces hasta la autoridad- descansaban en el gobernante y no en los jueces. Pero los avances de la sociedad democrática no justifican de ninguna manera su pervivencia, salvo por razones éticas o humanitarias en busca de la justicia efectiva que en determinados casos se puede llegar a necesitar En ningún caso, por razones políticas como, por ejemplo, reclaman ahora algunos dirigentes nacionalistas para sacar a los etarras de prisión de forma individualizada y saltarse así el espíritu constitucional.

Y no parece que el indulto a Alfredo Sáenz tenga que ver con la ética o la acción humanitaria. El banquero fue condenado en firme no por cometer un delito relacionado con actividades extraprofesionales; sino, por el contrario, por ejercer con malas artes su oficio de banquero. Lo curioso del caso es que su indulto pone de relieve las lagunas del sistema judicial. El Banco de España se negó a apartarle del cargo en su día -contraviniendo su propio ordenamiento jurídico- argumentando que aunque la sentencia era firme, Sáenz había reclamado al Constitucional; pero curiosamente el Gobierno lo indulta, precisamente, porque la sentencia ya es firme. Lo que para una institución vale, para la otra no, lo cual es un sinsentido jurídico.

Es por eso, que el indulto de Sáenz -el banquero mejor pagado de España- no tiene nada que ver con el derecho de gracia. Nacido para corregir los excesos del poder judicial en naciones no democráticas y sin separación de poderes, sino con intereses de parte claramente alegales que necesariamente hay que relacionar con el compadreo y el chalaneo político, y que convierten a la justicia en filfa. No con el derecho. Algo que desacredita a todos los miembros del Consejo de Ministros que participaron de forma colegiada en la decisión. Será interesante conocer qué dirá a sus alumnos el ministro de Educación, Ángel Gabilondo, cuando vuelva las aulas después de reclamar durante años ética y sensatez en los actos políticos.

* Cesare B. Beccaria. De los delitos y las penas. Ediciones Folio 2002.

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A la gran mayoría de los españoles, los nombres de José Antonio Novais y de Thierry Maliniak no les dirá absolutamente nada. Pero hubo un día en que estos dos periodistas fueron gente importante. Por supuesto que en el mejor sentido de la palabra, que diría Machado. Novais y Maliniak fueron durante años corresponsales del diario Le Monde en España y gracias a su trabajo, el mundo supo que aquí había una oposición interna al franquismo a la que la prensa oficial (que era casi toda) maltrataba y ninguneaba.

Ambos eran, por decirlo de alguna manera, los ‘ojos de España’ en un país cerrado y acartonado en el que toda información necesariamente tenía que pasar los filtros de la censura. De hecho, hasta los propios españoles inquietos con lo que sucedía en su país, se veían obligados a comprar Le Monde para enterarse de lo que pasaba dentro, algo que explica la importancia que en su día tuvieron periodistas como Novais y Maliniak.

Es evidente que ahora no hay censura, por lo menos en los términos clásicos de esta abyecta figura; pero una vez más este país tiene que enterarse de lo que pasa dentro por informaciones o incluso decisiones que se toman fuera de nuestras fronteras y no dentro. El último caso ha sido el de la recapitalización bancaria, negada durante años por las autoridades económicas, aunque al final se ha impuesto la cordura por la vía de los hechos consumados.

En cualquier otro país, los directivos del banco central hubieran tenido que dimitir en bloque ante tanta dejación de funciones. El regulador ha dicho por activa y por pasiva que la banca no tenía necesidades adicionales de capital, pero la realidad se ha impuesto, y al final ha tenido que ser Europa, de nuevo Europa, la que ponga las cosas en su sitio. Dejando al supervisor Roldan y a su jefe de filas, Fernández Ordóñez como Cagancho en Almagro.

La España de cartón piedra

No es desde luego la única vez que sucede. Todo el mundo recuerda que Zapatero se negaba a hacer un ajuste del gasto público pese a que el déficit era simplemente insostenible. Como se sabe, en los primeros días de mayo de 2010, la Unión Europea puso pie en pared y dijo basta. Y de ahí nacen decisiones de tanta transcendencia como la reforma de las pensiones o la reducción de los salarios públicos. De nuevo, como en la Dictadura, este país tuvo que enterarse de cómo estaban las cosas dentro (al menos una parte de la opinión pública) por lo que le llegaba de fuera. La España de cartón piedra que le gusta dibujar a Zapatero era, en realidad, sólo una entelequia. Una vana ilusión que hace buena esa idea que expresaba Harold Pinter: “Los políticos no están interesados en la verdad, sino en el poder y en cómo conservarlo”.

Fue también la prensa anlosajona, tan denostada entonces por el iracundo presidente de Seopan, David Taguas, la que alertó durante años de que en España había una burbuja inmobiliaria de tomo y lomo. Pero como aquí somos como somos, la España oficial cargaba contra el FT y el WSJ por decir esas cosas. Igual que debía hacer el propio Franco cuando hablaba del contubernio judeo-masónico. En las noches de luna llena todavía resuenan en las paredes de Moncloa los alaridos de David Taguas jurando en arameo y despotricando contra la prensa anglosajona por poner en duda la solvencia del ‘ladrillo’ español. Aunque hay que reconocer en su favor que, al menos, el lugarteniente de Sebastián logró un puesto en la patronal de la construcción. Trabajo bien hecho.

Europa fue también la que obligó a España a ajustar su economía tras la adhesión a la antigua CEE, y sin duda que gracias a ello, se pusieron las bases de la posterior mejora de este país en bienestar social durante el último cuarto de siglo. Y ha sido también Europa la que ha obligado a cambiar la Constitución, convertida por los partidos mayoritarios durante años en lo más parecido al brazo incorrupto de Santa Teresa. Se mira pero no se toca.

Gobernantes inmaduros

Lo sorprendente del caso es que esta estrategia de mirar hacia otro lado cuando hay un problema no obedece a ninguna posición ideológica sólida en defensa de una determinada política económica. Lo cual sería legítimo y hasta coherente. Al fin y al cabo, son los ciudadanos españoles los que eligen a sus representantes políticos y no a los burócratas de Bruselas. Y cada partido tiene derecho a pensar como quiera.

Muy al contrario, esa estrategia tiene que ver con la existencia de unos gobernantes que se comportan de forma inmadura, sin duda la principal patología de nuestro tiempo en términos políticos. Los gobiernos, ya sean locales, autonómicos o de la administración central, se han acostumbrado a no decir la verdad  objetiva de los hechos. Y si alguien lo hace es acusado inmediatamente de antipatriota. Y así es como se ha construido una inmensa mentira que sólo retrasará la salida de la crisis.

Hace unos días, y con buen criterio, el ex ministro socialista García Vargas se quejaba amargamente de que incluso en los años de bonanza económica, las administraciones públicas pagaban a las empresas farmacéuticas y proveedores de servicios sanitarios con retraso de más de 200 días (ahora son más de 400), pero se veía con naturalidad esa demora. Nadie protestaba porque había negocio para todos. Ahora que no lo hay, todo el mundo quiere cobrar antes, pero ya es tarde. No hay dinero. Aquella mentira ha calado tan hondo que hoy se ve con naturalidad que el sector público o incluso el privado no pague sus deudas.O que lo haga con tanto retraso que destruya el tejido productivo.

Esto sólo demuestra que la contabilidad se ha convertido en una arquitectura hueca por falta de valentía de los gestores a la hora de decir la realidad de las cosas. Y es muy posible que en un futuro inmediato tenga de nuevo que ser Europa quien saque a España de la mentira con efectos balsámicos en la que vive. Hoy el sistema sanitario es simplemente insostenible, y cuanto antes se hagan las reformas, mejor. No para reducir el nivel de prestaciones, sino, por el contrario, para garantizarlas a medio y largo plazo, que en última instancia es lo que diferencia a un político con sentido de Estado de un juntaleyes. Y qué decir del sistema tributario, a quien el dinero negro se le escapa a borbotones mientras crece el paro de forma exponencial. Algún día un futuro Gobierno económico europeo obligará a la Agencia Tributaria a hacer su trabajo.

No estaría de más, por eso, que el próximo presidente del Gobierno -da la sensación que Rajoy- antes de aprobar ninguna ley haga algo mucho más sencillo y barato. Y que además lleva poco tiempo. Aparecer en televisión a la hora de máxima audiencia, como hizo hace muchos años Fuentes Quintana, y decir en quince minutos la verdad objetiva sobre cómo está el país. Con cifras y letras. Sin farfolla y sin anestesia. Así de fácil. El pueblo y, en particular, los cinco millones  de parados, se lo agradecerán.

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La destrucción de empleo comienza a pasar factura a la tesorería de la Seguridad Social. Pero lo peor puede estar por venir. Fuentes solventes del Partido Popular dijeron a El Confidencial que es muy probable que el próximo Gobierno tenga que tirar del Fondo de Reserva para pagar las pensiones.

Los ‘populares’ temen que la paga extraordinaria de diciembre deje exhaustas las arcas de la Seguridad Social y no haya más remedio que utilizar por primera vez  la llamada ‘hucha de las pensiones’. No en vano, el sistema público de pensiones tendrá que hacer frente en diciembre tanto a la paga extraordinaria como a la paga ordinaria, a lo que hay que sumar la desviación del IPC que se aplica a las pensiones mínimas, y a las que el Gobierno excluyó de la congelación. Esa paga se abona a finales de mes, y la orden de pago tendrá que hacerla el Gobierno saliente, ya que el entrante no tomará posesión hasta la última semana de diciembre, en el mejor de los casos.

Hay que tener en cuenta que cada paga de Seguridad Social equivale a algo más de 7.130 millones de euros, a lo que hay que sumar otros 1.500-2.000 millones de la desviación del IPC. En total, alrededor de 16.000 millones de euros.

Los últimos datos de la Seguridad Social reflejan una tesorería equivalente a 15.505 millones de euros, pero hay que considerar que figura una partida de 1.850 millones de euros depositados en la cuenta del Banco de España abierta para la gestión del Fondo de Reserva, y dado el “carácter restringido y exclusivo de estos fondos respecto a su afectación al Fondo de Reserva”, la normativa reguladora del mismo establece que ese saldo tenga la consideración de activo fijo.

Igualmente, en las cuentas de tesorería, figura incluido el saldo por importe de 1.016 millones de euros que registra la cuenta del Banco de España abierta para el Fondo de Prevención, donde se acumulan los excedentes de las mutuas de trabajo.

Esta doble paga es la habitual, pero ahora coincide en el tiempo con unos momentos especialmente delicados desde el punto de vista de la tesorería.  No hay que olvidar que la nómina mensual de pensiones ha crecido durante este año en torno al 5%, muy por encima de lo que están aumentando los ingresos por cotización debido a un doble efecto: la moderación salarial derivada de la crisis económica y la destrucción de empleo, que es la clave de bóveda de un sistema de reparto como es el español.

Y hay que tener en cuenta que en términos de media anual, el sistema público de protección social ha perdido desde la crisis 1,74 millones de puestos de trabajo. Por decirlo en la jerga de la Seguridad Social, el llamado ‘efecto sustitución’, la diferencia entre las nuevas pensiones y las que causan baja, se ha disparado. En concreto, las ‘nuevas’ pensiones son un 28,6% más elevadas que las ‘viejas’. La tercera parte de lo que suba este año el gasto en pensiones será, precisamente, por el efecto sustitución.

Sólo en casos extremos

La utilización del Fondo de Reserva de la Seguridad Social para pagar las pensiones sería un hecho extraordinario, toda vez que nunca se ha utilizado esta vía. Hasta el punto de que la propia normativa que lo regula establece condiciones para su uso.  En concreto, la ley dice que el Fondo se destinará “con carácter exclusivo” a la financiación de las pensiones de carácter contributivo y a los gastos derivados de su gestión, “y sólo será posible en situaciones estructurales de déficit por operaciones no financieras del sistema de la Seguridad Social”.

Al próximo Gobierno le corresponderá definir qué entiende por “déficit estructural, pero hay que tener en cuenta que ya el año pasado el ejercicio se cerró con un desequilibrio equivalente a 2.588 millones de euros. O lo  que es lo mismo, el 0,2% del PIB. Sólo los rendimientos de la deuda pública permitieron mejorar la situación. Y este año, nada indica que las cosas vayan a mejorar. Al contrario, la economía española continúa destruyendo empleo.

El problema que se le plantea al próximo Gobierno es todavía más peliagudo habida cuenta que casi el 90% de los 64.375 millones con que cerró el año pasado, están invertidos en deuda pública española. Como se sabe, en medio del huracán de la deuda soberana, por lo que una venta masiva sólo hundiría el precio de los bonos y dispararía la rentabilidad, con todo lo que ello supone para la financiación del Estado.

Otras fuentes consultadas por este diario, dijeron que tal vez la única opción sea enajenar deuda triple A de Alemania y Holanda, la más demandada por los inversores. La otra posibilidad es colocar parte de esa deuda en el BCE en el marco de su Programa de Adquisición de Bonos, el instrumento que utiliza para frenar las tensiones en los mercados de deuda.

En palabras de un dirigente del PP, “estamos ante una bomba de relojería diseñada para que estalle en diciembre”. Algo que, en su opinión, recuerda a lo que sucedió en 1996, cuando el Gobierno entrante tuvo que pedir un crédito extraordinario para pagar las pensiones.

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La bola de nieve de la morosidad crece y crece. Y ya no se salva ni la propia Seguridad Social en sus relaciones con el Gobierno central. Hasta el punto de que el Estado adeuda al sistema público de protección social nada menos que 4.644 millones de euros.

La deuda está contraída con el Servicio Público de Empleo, cuyas cuentas consolidan en la Seguridad Social, y tiene su origen en las cuotas de desempleo que está obligado a pagar el Estado mientras un trabajador en paro cobre alguna prestación económica a cargo del antiguo Inem. Se trata de una cantidad relevante toda vez que representa alrededor de las dos terceras partes de una nómina mensual de la Seguridad Social.

El impago no está pasando desapercibido para la Seguridad Social, que vive crecientes tensiones al calor de un deterioro continuado de su tesorería. Sólo hay que tener en cuenta que a 31 de agosto de 2011, el superávit de caja -la diferencia entre lo que ingresa y paga el sistema- asciende a 887 millones de euros, lo que representa un desplome del 84% respecto del mismo periodo del año anterior.

O dicho en otros términos, mientras que la recaudación no financiera (la esencia del sistema de reparto) está cayendo a un ritmo anual del 1,96%, los gastos presentan un aumento del 4,82%, lo que ha deteriorado la tesorería del sistema público de protección social. En términos presupuestarios, es decir incorporando no sólo los flujos de caja sino también los derechos y obligaciones exigibles, el superávit es de 2.509 millones, pero hay que tener en cuenta que en esta contabilidad se incluyen partidas que nunca se cobrarán.

De hecho, y según los datos publicados ayer, los derechos reconocidos por cotizaciones sociales ascienden hasta agosto a 69.711 millones de euros, pero la recaudación efectiva baja hasta los 68.401 millones. Y sin caja, la Seguridad Social no puede pagar las pensiones, y de ahí que esta contabilidad represente de manera más fiel la salud financiera del sistema que en términos de devengo.

La tesorería se ha visto aliviada, al menos, por las aportaciones del Fondo de Garantía Salarial (FOGASA) y de las Mutuas, que aparecen como acreedores de la Seguridad Social. En algo más de 425 millones en el primer caso y en 756 millones en el segundo.

El hecho de que el Estado deba dinero a la Seguridad Social alivia el déficit público en términos de caja y abarata los costes de financiación del desequilibrio presupuestario.

Deterioro de la tesorería

El Estado se financia a tipo cero, ya que el sistema público de protección social no cobra intereses; pero esa política deteriora al mismo tiempo la tesorería del sistema, que coloca los excedentes (al menos hasta hace tres años) en el Fondo de Reserva.  Y este año el Gobierno prevé que la rentabilidad del fondo ascienda a 3.107 millones de euros, que servirán, como el año pasado, para cubrir el desequilibrio entre lo que ingresa el sistema por cotizaciones sociales y lo que paga en pensiones.

Lógicamente, las cuentas de la Seguridad Social están afectadas por el empleo, y hay que tener en cuenta que la recaudación por cotizaciones sociales asciende a 69.711 millones de euros, lo que representa una disminución del 1,12% respecto del mismo periodo del año anterior. En este caso, buena parte del descenso tiene que ver con el agotamiento de las prestaciones por desempleo para un creciente número de trabajadores. La cotización de desempleados desciende un 7,7%, mientras que la cotización de ocupados registra una ligera bajada del 0,35%.

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El 31 de diciembre es la fecha clave. Ese día, expira la prórroga extraordinaria que dio el Gobierno Zapatero a la banca para valorar el suelo rústico a precios reales. La moratoria de 20 meses fue publicada en el BOE en abril del año pasado, y su vencimiento supone un contrapié millonario contra los balances bancarios en unos momentos especialmente delicados para el sector por problemas de liquidez y solvencia.

En particular, para las entidades de crédito -fundamentalmente cajas de ahorros- que durante años se han beneficiado de una valoración del suelo rústico en su poder que incorporaba expectativas de generación de plusvalías, lo cual encarecía las expropiaciones y alimentaba fenómenos especulativos ante una hipotética reclasificación por decisiones políticas. Esas expectativas son las que han engordado los balances bancarios con valoraciones artificiales y completamente al margen de la realidad económica. Y son las que han obligado a las administraciones a pagar cifras millonarias en los procesos de expropiación forzosa.

Lo cierto es que el terreno rústico apenas vale hoy un euro a la luz de la Ley del Suelo de mayo de 2007, que en su artículo 23 lo valora en función de la renta real o potencial, pero no sobre expectativas. Como dice el preámbulo de la norma, con la anterior ley del Partido Popular “se llegaba así a la paradoja de pretender que el valor real no consistía en tasar la realidad, sino también las meras expectativas generadas por la acción de los poderes públicos” (recalificaciones).

Hecha la ley, sin embargo, hecha la excepción, y lo cierto es que en una disposición transitoria de la propia normativa se declaró una moratoria de tres años a partir de la entrada en vigor de la ley, el 28 de mayo de 2007.  El motivo que se dio es que así se garantizaba una “suave transición”. Esa moratoria es la que en 2010 se prorrogó nuevamente casi dos años más en un real-decreto extraordinario del Gobierno que salvó a la banca. En paralelo, y dentro de su labor prudencial, el Banco de España ha obligado a las entidades financieras a imputarse descuentos significativos sobre el valor de las garantías, y que en el caso del suelo puede llegar al 50%.

El plazo, sin embargo, está ahora a punto de acabar en medio de la interinidad del actual Gobierno, y todo indica que -al menos sobre el papel- los propietarios de suelo rústico (no sólo bancos o cajas de ahorros, sino también inmobiliarias) tendrán que hacer una nueva valoración de sus activos. Por supuesto que a la baja a la vista de la situación del mercado. Y no es asunto baladí teniendo en cuenta que el suelo en poder del sistema financiero se sitúa en el entorno de los 28.000 millones de euros.

Pérdidas millonarias

Fuentes de toda solvencia del equipo económico del Partido Popular dijeron a El Confidencial que, de ganar las elecciones, “la reforma bancaria pasará por una valoración de los activos a precios de mercado”. ¿Qué significa eso? Pues que a expensas de sorpresas de última hora, los propietarios de suelo rústico estarán obligados a anotarse millonarias pérdidas inmobiliarias o hacer fuertes provisiones para cubrirse de un mercado fundamentalmente ilíquido. Sobre todo en momentos como los actuales.

La ley del Suelo establece que los terrenos “se tasarán mediante la capitalización de la renta anual real o potencial” incluyendo subvenciones. Y sólo podrá duplicarse en caso de situaciones excepcionales, como la localización o la cercanía a centros de actividad económica. La norma obliga a utilizar como tipo de capitalización la última referencia publicada por el Banco de España del rendimiento interno en el mercado secundario de la deuda pública de plazo entre dos y seis años. Y los bonos a cinco años cotizan hoy en el entorno del 4,47%, muy por debajo de las expectativas de revalorización en caso de que el suelo fuera declarado urbanizable por la legislación urbanística.

La norma no obliga únicamente a los tenedores de suelo rústico no declarado formalmente urbanizable, sino también a los urbanizables siempre que no exista  previsión expresa sobre plazos de ejecución en el planeamiento ni en la legislación de ordenación territorial y urbanística. Como recuerda la ley, las reglas a que se refiere el párrafo anterior serán de aplicación “hasta el 31 de diciembre de 2011”. Esta salvedad es la que dejará sin apenas valor a miles de solares y parcelas.

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Escaso crédito y, además, caro. Y todo ello en plena escalada de la tasa de morosidad. Así puede sintetizarse el estado actual de la financiación de la economía.

No es ninguna novedad. Lo relevante es que lejos de mejorar, empeora. Y lo hace de forma acelerada. Hasta el extremo de que los tipos de interés que aplican las entidades de crédito a las nuevas operaciones se han disparado hasta el 4,19% en julio. Se trata de la tasa más alta desde marzo de 2009, en plena debacle del sistema financiero mundial, y lo que pone de relieve es el deterioro de la actividad crediticia en un contexto extremadamente difícil (cierre de los mercados mayoristas destinados a la financiación bancaria)

En el caso de los créditos dirigidos a las familias, los tipos de interés aplicados son sustancialmente más elevados que los encaminados a las empresas. En concreto, del 4,43%. Pero mientras que el precio del dinero ‘nuevo’ empleado en la adquisición de una vivienda se sitúa en el 3,58% (el nivel más alto en 28 meses), en el caso de las nuevas operaciones de consumo el tipo de interés medio se dispara hasta el 7,10%.

Las empresas no han tenido mejor suerte. Y según los datos del Banco de España, el coste de financiación de los créditos inferiores a un millón de euros ha subido hasta el 5,23%, mientras que los superiores a un millón de euros tienen un coste medio del 3,29%, el nivel más alto desde marzo de 2009. La diferencia estriba en que el repunte actual coincide en el tiempo con un deterioro intenso de los ratios de solvencia de la banca en términos de morosidad.

Las cifras del banco central reflejan, en concreto, que la morosidad ha escalado hasta los 124.717 millones, lo que representa un 6,9% del crédito total del sector. Se trata del nivel más alto desde hace 16 años y para hacerse una idea de lo que supone hay que tener en cuenta que significa multiplicar casi por ocho los datos de 2007, al principio de la actual crisis del sistema financiero. Como consecuencia de ello, las provisiones destinadas a cubrir los créditos dudosos o de difícil cobro han crecido hasta los 94.193 millones de euros, el triple que al comenzar la crisis.

No es, desde luego, ninguna novedad. El informe de junio del Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre estabilidad financiera ya advertía del deterioro que sufrían los balances bancarios. Y en un apartado que realmente parecía destinado a describir la situación española advertía que  “algunos bancos aún no han eliminado en forma suficiente los riesgos de sus balances, y eso ha generado una gran incertidumbre acerca de la calidad de los activos, en vista de la tenencia de activos heredados y las considerables exposiciones en el mercado inmobiliario”.

El FMI, advierte

Y en línea con esa advertencia, el Fondo Monetario recomendaba a los países con sistemas financieros escasamente capitalizados (entre ellos España, como refleja el cuadro) que aceleraran “el ritmo de recapitalización para constituir reservas contra pérdidas de activos o shocks de liquidez”.

Es decir, antes del verano, el FMI ya anticipaba un escenario como el actual, en el que los mercados mayoristas están cerrados, los balances no están suficientemente saneados y la banca tiene problemas de capitalización. Precisamente lo que desveló hace unas semanas con el detalle de la cifra la directora gerente del FMI, Christine Lagarde, quien dijo que la banca europea necesitaba unos 200.000 millones de euros para cubrir sus necesidades de recapitalización.

En el caso español, el incremento de la morosidad, y por lo tanto el deterioro de los fondos propios, se explica por las dificultades que tienen los bancos para reducir su exposición al mercado inmobiliario.

De hecho, los datos publicados ayer por el Banco de España reflejan que el endeudamiento total al sector inmobiliario continúa por encima de los 300.000 millones de euros. En concreto, 308.425 millones, lo que significa que desde el pico registrado en el segundo trimestre de 2009 (con un fuerte ajuste de la actividad) su exposición al ladrillo apenas ha descendido un 5%. Esto se debe a que las inmobiliarias sólo tienen recursos para atender los intereses, pero no el capital, lo que convierte el problema en estructural. La deuda apenas baja. A esos 308.425 millones que deben las inmobiliarias hay que sumar otros 105.489 millones que adeuda el sector de la construcción. En total, un increible 40% del Producto Interior Bruto.

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La bola de nieve en que se ha convertido el endeudamiento -público y privado- amenaza a las economías, como se encargan de recordar cada día los mercados. Pero a unos países más que a otros. Y en el pelotón de cabeza está España, que, según los últimos datos procedentes del BIS (Banco de Pagos Internacionales por sus siglas en inglés), ocupa ya la cuarta plaza como país más endeudado del mundo. Sólo  Japón (456% del PIB), Portugal (366%) y Bélgica (356%) tenían a finales de 2010 un mayor nivel de deuda que España en relación a su PIB nominal, un 355%.

Por detrás de esos niveles se encuentran países a los que históricamente se les ha considerado como de elevado endeudamiento, como EEUU (268% del PIB), Reino Unido (322%) o incluso la atribulada Grecia, cuya deuda (tanto pública como privada) equivale a un 262% de su producto interior bruto, lo que supone 93 puntos de PIB menos que España.

El informe preparado por el BIS sobre endeudamiento fue presentado a finales de agosto en el seminario anual que organiza en Jackson Hole (EEUU) la Resera Federal de Kansas City, y que viene ser el Davos de las autoridades monetarias de medio mundo. El informe fue elaborado por los economistas Stephen G. Ceccetti (jefe del departamento monetario del BIS), M. S. Mohanty (responsable del departamento macroeconómico) y Fabrizio Zampolli (economista senior del BIS), lo que da idea de su autoridad.

Y a la conclusión a la que llegan es que elevados niveles de deuda son malos para el crecimiento económico. Y lo demuestran con datos. Según sus cálculos, por cada diez puntos que aumenta la deuda pública por encima del 85% del PIB, la actividad económica se contrae en un 10% por cada punto porcentual de crecimiento. En el caso de la deuda corporativa, el umbral de peligro se sitúa a partir del 90%, y su impacto es la mitad de grande que en el caso de la deuda pública. Mientras que para la deuda de las familias la luz roja se enciende a partir del 85%, y aunque el impacto es “impreciso”, se considera que es importante. En el caso español, tanto la deuda de las empresas como la de los hogares se sitúa claramente por encima de esos niveles, mientras que la deuda pública se acerca, aunque todavía con amplio margen de maniobra (2011 finalizará, según las previsiones del Gobierno, con alrededor del 68% del producto interior bruto).

Una evolución acelerada

Lo relevante del informe del BIS no son sólo las cifras de endeudamiento, sino su evolución. Y los resultados ponen de manifiesto que sólo Portugal y Reino Unido se han endeudado en la última década más que España (97 puntos de PIB). Pero si se agregan los resultados de las dos décadas anteriores, el resultado es que España se ha endeudado en los últimos 30 años en una cifra equivalente a 182 puntos de PIB. O lo que es lo mismo, casi dos veces de la riqueza que es capaz  de generar este país en un año. Se ha pasado del 172% al 355% del PIB, lo que da idea de su evolución y demuestra que España ha vivido por encima de sus posibilidades. O lo que es lo mismo, por encima de lo  que es capaz de producir. Aunque el reparto no se ha hecho de forma homogénea.

Mientras que en la década de los ochenta el endeudamiento creció en 15 puntos de PIB; en los 90, el crecimiento fue de 70 puntos, pero es que en el primer decenio del siglo se ha alcanzado los 97 puntos de producto interior bruto.

El informe de los economistas del BIS recuerda que “cuanto más grande sea la deuda”, el ajuste del gasto público “será más duro”, sobre todo en un contexto de envejecimiento de la población que llevará supondrá necesidades adicionales, en particular en pensiones y sanidad.

Su conclusión es que los problemas derivados del endeudamiento son peores que lo estimado inicialmente, y de ahí que se proponga no conformarse con estabilizar la  deuda en el entorno del 85% del PIB, sino que hay que reducir esos niveles para hacer sostenible el crecimiento. “Lo prudente es mantener esos umbrales muy por debajo de esos niveles”, aseguran los expertos del BIS, la entidad que reúne a los bancos centrales de todo el mundo. “La unión solución es aumentar la tasa de ahorro”, concluyen.

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El recrudecimiento de la crisis financiera -la bolsa cayó ayer un 4,7% y la prima de riesgo ha escalado de nuevo hasta los 340 puntos básicos- tendrá consecuencia letales para la economía española. Y más concretamente para las familias y empresas que necesitan endeudarse. Los analistas daban ayer por hecho que el cierre de los mercados mayoristas -donde se financian bancos y cajas de ahorros- supondrá un ajuste adicional en la capacidad de las entidades financieras para prestar dinero. O dicho en otros términos, se atranca todavía más el grifo del crédito.

Como recuerda el director de tesorería de un importante banco nacional, desde el 31 de mayo ninguna entidad ha logrado financiarse en el exterior, y eso tiene una contrapartida: el ajuste en la partida del activo. El Banco Santander fue la última entidad que logró financiación. Pero eso sucedió hace más de un trimestre y con un resultado más que discreto. El Santander sólo encontró compradores para la mitad de la emisión (1.000 millones de euros). Recientemente ha realizado otra emisión, pero a través de su filial británica. Ahora, las cosas están mucho más complicadas. Sobre todo por lo que queda por delante.

Como sostenía ayer en Financial Times Wolfgang Münchau, los peor está por venir. En particular en países como España, donde la banca necesita ingentes cantidades de dinero en 2012 y 2013 para financiarse. Y hay que tener en cuenta que el año próximo finaliza el programa de avales que aprobó el Estado en 2009 por un periodo máximo de tres años, y hasta el pasado mes de julio ha comprometido nada menos que 88.944 millones de euros.

La consecuencia no puede ser otra que un racionamiento del crédito sin precedentes casi cuatro años después de que comenzara la crisis. Hasta el extremo de que la financiación al sector privado en términos reales (tasa deflactada) está cayendo un 3,6%. No hay antecedentes en las series históricas.

Detrás de este recrudecimiento de la crisis financiera está la restricción del crédito y el peligro de recaer en un periodo recesivo, pero también las crecientes dudas sobre la solvencia de las entidades financieras. Y unas palabras pronunciadas ayer por el presidente del Deutsche Bank, Josef Ackermann, dieron la puntilla. Ackermann dijo que muchas entidades no sobrevivirán si se las obliga a valorar las carteras de deuda soberana a precio de mercado. Y no hay que olvidar que en el caso de la banca española, ha comprado más de 336.000 millones de deuda pública que pesan a plomo en sus balances. La banca alemana, por ejemplo, tiene una exposición de alrededor de 1,5 billones de euros, lo que pone de manifiesto la naturaleza y la dimensión del problema.

Un círculo vicioso

Así las cosas, el mercado descuenta una nueva recesión alimentada, precisamente, por la falta de crédito. “Estamos ante un círculo vicioso”, aseguran las fuentes. “No hay crédito por falta de actividad y no hay actividad, precisamente, por falta de crédito”.

Lo peor es que las medidas extraordinarias han dejado ya de tener efecto. Ni siquiera influye ya el hecho de que el Banco Central Europeo (BCE) haya reanudado sus compras masivas de deuda pública de los países periféricos en el mercado secundario. Hasta el momento, ha adquirido títulos por valor de 175.300 millones, pero esa cifra irá en aumento en las próximas semanas.

Con este programa, el BCE gana tiempo, pero no resuelve el problema en la medida en que las necesidades de endeudamiento de los estados con altos déficits siguen siendo enormes. Trichet vinculó esa estrategia a la recuperación económica, pero lo cierto es que la reactivación sigue sin llegar, lo que deja sin herramientas de intervención al BCE. Salvo que ponga en marcha un giro copernicano en su política monetaria hasta situar el tipo de intervención por debajo del 1%, lo que haría converger los tipos de interés con EEUU. De hecho, la rentabilidad del bono alemán ha caído hasta el 1,87%, lo que pone de relieve hasta qué punto el bund se ha convertido en un activo-refugio. Un nivel similar al del bono americano a diez años (1,98%).

Se da la circunstancia, además, que el mercado ha digerido ya los compromisos de austeridad anunciados por algunos países, en particular España tras la reforma constitucional que se publicará en las próximas semanas en el BOE. Por el contrario, han vuelto a pesar como una losa las dificultades para cerrar el nuevo paquete de ayudas a Grecia (que está incumpliendo sus compromisos de consolidación presupuestaria) y las vacilaciones que hay en Italia sobre el plan de ajuste.

“Los gobiernos han sido timoratos a la hora de reducir el déficit público, y lo que quieren los mercados son recortes más agresivos”, aseguran las fuentes, que recuerdan que “aún está por hacer una verdadera reforma laboral”.

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El enfriamiento de la actividad económica y, en particular, del empleo, comienza a pasar factura a la Seguridad Social de forma intensa. El sistema público de protección de los trabajadores registró durante los primeros siete meses del año un déficit de caja por operaciones no financieras equivalente a 867 millones de euros. Para entender lo que representa esta cifra hay que tener en cuenta que el año pasado por estas mismas fechas el superávit de caja ascendía a 3.294 millones de euros, lo que da idea del deterioro de las cuentas de la Seguridad Social. El año pasado, incluso, acabó con un superávit de caja de 3.245 millones de euros.

La causa de este quebranto tiene que ver con el hecho de que mientras los cobros (principalmente por cuotas de los trabajadores) están cayendo un 2,09%, los pagos crecen a un ritmo del 4,57%, lo que explica que el saldo en términos de caja se haya deteriorado nada menos que un 126%. En palabras de la propia Intervención General de la Seguridad Social, mientras que los cobros por operaciones no financieras ascendieron hasta el pasado 31 de julio hasta los 63.448 millones de euros, los pagos alcanzaron los 64.315 millones en un contexto económico extraordinariamente difícil.

Pinchar para ampliar el gráficoEl deterioro ha sido particularmente intenso en la clave de bóveda del sistema de la Seguridad Social, y que como se sabe no es otro (al tratarse de un sistema de reparto) que la relación entre cotizantes y pensionistas. Y lo que dicen las cuentas oficiales es que mientras los ingresos por cotizaciones sociales caen un 1,25% (hasta los 54.992 millones), los gastos en pensiones y prestaciones económicas de carácter contributivo crecen un 4,47%, hasta los 58.854 millones. Esto quiere decir que el agujero se sitúa durante los primeros siete meses del año en 3.862 millones de euros.

La diferencia es importante; pero todavía más si se tiene en cuenta que el año 2010 se cerró con un gap equivalente a 1.232 millones de euros, lo que quiere decir que la distancia entre lo cotizado y lo percibido en el nivel contributivo (los gastos no contributivos hay que pagarlos en teoría con impuestos) se ha ensanchado hasta límites desconocidos. Prácticamente se ha triplicado.

Históricamente, la recaudación por cuotas sociales ha bastado para financiar el gasto en pensiones contributivas, pero ese equilibrio es el que ahora se ha roto. Esto quiere decir que los ingresos derivados de la gestión del Fondo de Reserva volverán a salvar este año las cuentas de la Seguridad Social. El Gobierno ha contabilizado hasta el pasado 31 de julio 1.397 millones de euros, aunque para el conjunto del año espera ingresar 3.107 millones.

Los ajustes de carácter financiero explican que en términos de Contabilidad Nacional la Seguridad Social mantenga todavía superávit. Asciende, en concreto, a 3.211 millones hasta julio, prácticamente la mitad que el año pasado por estas mismas fechas. Pero si se imputan otros 1.000 millones que la propia Seguridad Social reconoce no haber contabilizado todavía, se estaría hablando de un superávit que representa el 0,2% del Producto Interior Bruto (PIB) –unos 2.000 millones de euros-.

Un excedente menguante

Es más. Si se exceptúan los ingresos de las mutuas de trabajo (que están depositados en una cuenta del Banco de España hasta que el parlamento apruebe una reciente reforma sobre el destino de sus excedentes) se estaría hablando de un superávit todavía inferior. De sólo 1.275 millones que corresponden a unos derechos reconocidos equivalentes a 64.903 millones y unas obligaciones de pago que suman 63.628 millones.

Esto supone que si no fuera por los 3.200 millones que se ingresarán por los rendimientos del Fondo de Reserva, la Seguridad Social estaría en pérdidas.  Según Octavio Granado, esto demuestra que “las políticas de estabilidad presupuestaria son políticas razonables; no hace falta recurrir al endeudamiento para aumentar el grado de protección social”.

La caída de los ingresos de la Seguridad Social vía cotizaciones tiene que ver, fundamentalmente, con el retroceso en la recaudación por desempleo, que desciende un 8,13%. Esta disminución hay que vincularla al hecho de que está aumentando el número trabajadores a los que se les agotan los dos años de prestaciones, y pasado ese periodo el Estado deja de pagar por ellos su futura pensión, y ello  repercute en las cuentas del sistema público de protección social.

El deterioro se nota, además, en la propia tesorería de la Seguridad Social, cuyo montante se sitúa en 14.525 millones de euros. Esto representa una disminución del 23% respecto del mismo periodo del ejercicio anterior, lo que da idea del quebranto que está sufriendo la Seguridad Social. Esta cuenta de tesorería es relevante porque es la que sirve cada mes para pagar la abultada nómina de las pensiones. Y hay que tener en cuenta que esta partida ascendió en agosto a 7.110 millones de euros, lo que quiere decir que en los meses que hay paga extraordinaria (junio y diciembre) prácticamente se consumen los 14.000 millones de euros.

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Merece la pena recordarlo. Pero fue Gumersindo de Azcárate, diputado a Cortes por León, presidente del Ateneo de Madrid y catedrático de Legislación Comparada de la Universidad Central, uno de los impulsores de la implantación del primer Impuesto del Patrimonio en España. Merece la pena recordarlo porque De Azcárate fue uno de los representantes más conspicuos de la burguesía liberal. No procedía del movimiento obrero ni tenía nada que ver con los sindicatos de trabajadores, pero luchó para llevar lo que por entonces se llamaba la ‘cuestión social’ -en última instancia una cuestión moral-, al centro del debate político.

Frente a lo que suele creerse, no fue un hecho aislado. En los primeros años del siglo XX, sectores ilustrados de la burguesía española (es verdad que escasos) impulsaron monumentos como la Institución Libre de Enseñanza, inspirada en el krausismo y en las ideas librepensadoras procedentes del centro y del norte de Europa, traídas a España por Sanz del Río. Y en ese marco hay que incardinar la creación del primer impuesto que gravaba el patrimonio de las personas físicas. Pero como ha puesto de relieve el profesor Vicente Enciso en un imprescindible estudio publicado por el Instituto de Estudios Fiscales, aquel intento resultó estéril tanto por la inestabilidad política de la España de aquellos años como por la generalizada desconfianza que producían en todos los ámbitos de la administración y de la doctrina planteamientos fiscales tan novedosos y completamente ajenos a nuestra tradición fiscal.

Por decirlo de una manera más directa, la burguesía española nunca entendió eso de pagar impuestos, y menos sobre el patrimonio, y eso puede explicar mejor que ninguna otra cosa el hecho de que este país no tuviera hasta los Pactos de la Moncloa un moderno sistema impositivo. Por eso, fenómenos como los de Francia y EEUU, donde algunos millonarios han reclamado a sus gobernantes que les suban los impuestos, se ve como un hecho extemporáneo. Nadie puede imaginarse a los Abelló, Entrecanales, Del Pino, Botín y compañía haciendo migas para pedirle a la ministra Salgado pagar más impuestos, lo cual parece coherente con el perfil de nuestra aristocracia económica.

No es de extrañar teniendo en cuenta que en España nunca ha habido un verdadero debate sobre la calidad del sistema tributario. Todo el mundo sabe que los ricos no pagan impuestos -ellos mismos lo admiten en privado-, pero cada reforma fiscal lo olvida. Como dice el profesor Javier Díez-Giménez, si los economistas pudieran crear un modelo capaz de explicar a cada uno de los ciudadanos con claridad y sencillez quién paga los impuestos en España, la revolución estaría al caer.

Oportunismo político

No le falta razón. La tributación de las rentas altas se utiliza frecuentemente con el mayor de los oportunismos políticos, pero sin atender al fondo del problema. Y eso explica que Zapatero y Rubalcaba -agobiados por la previsible debacle electoral- quieran meter mano a la fiscalidad de las rentas altas. No para recaudar más, sino como escarnio público. No para cambiar las cosas, sino para parecer que están cambiando.

De lo que se trata es de presentarse el 20-N ante la opinión pública como un partido que mete en cintura a los ricos; lo cual, dicho sea de paso, es una solemne estupidez. Cuando el parlamento hibernó el Impuesto sobre el Patrimonio (todavía forma parte del ordenamiento jurídico) el 58% de la recaudación procedía de los 47.614 contribuyentes que declaraban unas bases imponibles superiores a 1,5 millones de euros. O dicho en otros términos,  el 4,8% de los declarantes pagaba casi las dos terceras partes de la recaudación, lo que da a entender -en contra de lo que normalmente se ha  dicho- que el Impuesto sobre el Patrimonio no lo pagaban las clases medias, sino las mayores fortunas del país.

No es hora, sin embargo, de rescatar este impuesto, al que habría que enterrar definitivamente y darle un sepelio más que discreto habida cuenta del deslucido papel que ha jugado en el sistema tributario español. Por el contrario, una de las tareas del nuevo Gobierno debe ser hacer una reforma fiscal profunda encaminada a aflorar rentas y patrimonio ocultos. Y, sobre todo, a hacer el sistema impositivo más eficiente y equitativo. A veces se olvida que la renta empresarial media se situó en 2010 en 7.860 euros –sí, han leído bien-, mientras que el salario medio de los trabajadores sujeto a retención se situó en 25.305 euros. Sin duda una evidente paradoja.

Tampoco es hora, sin embargo, de elevar la presión fiscal. Sería un error colosal. Más bien es la hora de hacer más transparente un sistema tributario injusto que hace caer en las rentas salariales el grueso de la recaudación. Pero para eso, claro está, es necesaria mayor transparencia fiscal. Son las administraciones públicas quienes deben aclarar quién paga los impuestos en España y, en última instancia, cómo se reparte la riqueza.

No es, desde luego, una reivindicación de la III internacional. Ni siquiera del 15-M. Es simplemente trasladar a la legislación española algunos saludables hábitos, como los que existen en EEUU -país poco sospechoso de abroncar en público a los ricos-, donde el Census Bureau destripa cada año la eficacia de las políticas públicas entre los ciudadanos, incluyendo información sobre el reparto de la renta y de la riqueza.

Al fin y al cabo, como decía el político Emmanuele Gianturco, y recordaba De Azcárate, casi todo el problema social cabe en el Código Civil. Habría que decir que en las leyes tributarias. Sin necesidad de hacer demagogia a cuenta de los ricos cada vez que hay elecciones.

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Probablemente, uno de los mayores triunfos políticos de la derecha europea y estadounidense fue la de establecer una relación causa-efecto entre la izquierda y el déficit público.  A partir de este argumento, comprado por buena parte de la opinión pública, cuando gobiernan los partidos socialdemócratas crecen el despilfarro, la mala gestión de la cosa pública y hasta el clientelismo político, toda vez que la izquierda cuando está en el poder alimenta con subvenciones todo tipo de iniciativas que en realidad benefician a unos pocos. Su obsesión por repartir el pastel, pero sin atender a la creación de riqueza mediante políticas de oferta, hace el resto.

Este argumento ha hecho furor. Hasta el punto de que la propia izquierda ha acabado por creerse este aparente axioma, convertido en una especia de verdad revelada. Hoy en día, amplios sectores de la izquierda están convencidos de que un país que se endeuda es mejor que otro que no lo hace. Hasta el punto de que ha convertido el gasto público en una de sus señas de identidad.

Aunque parezca mentira, se trata de un fenómeno relativamente nuevo. Tanto en el siglo XIX como hasta mediados del siglo XX, era la derecha tradicional ligada a los sectores oligárquicos quien reclamaba mayor presencia del sector público en la  economía, por supuesto con aviesas intenciones, como pudo comprobar este país durante la Restauración y el franquismo.

El proteccionismo, los aranceles, las restricciones a la libertad de comercio han sido históricamente reivindicaciones de la derecha, pero la irrupción, en primer lugar, del estatismo soviético; y, en segundo lugar de las políticas keynesianas que cuestionaban los modelos de equilibrio macroeconómicos neoclásicos, cambiaron el discurso de la izquierda. Hoy, determinados partidos y dirigentes políticos que se proclaman socialistas o socialdemócratas reclaman el gasto público como un instrumento de reequilibrio económico y social. Incluso se sienten altamente contrariados por el hecho de que el Gobierno socialista y el Partido Popular hayan pactado poner freno constitucional al déficit público.

Esos argumentos serían ciertos si estuvieran basados en la verdad empírica. Pero la realidad dice todo lo contrario. En EEUU han sido históricamente los republicanos quienes han generado mayores déficits públicos. Ahí están los casos de Reagan o Bush (padre e hijo), que dejaron las finanzas públicas temblando, al contrario que Clinton, cuyo superávit fiscal todavía se recuerda hoy como una bendición. Y qué decir de Nixon con su guerra del Vietnam.

Conservadores y socialdemócratas

En Europa, al contrario, no ha habido coherencia alguna. Izquierda y derecha se han endeudado hasta las cejas sin rubor alguno, y por lo tanto no es fácil encontrar una pauta general de comportamiento. En los cinco países con mayor déficit en 2010 (Irlanda, Grecia, Reino Unido, España y Portugal) gobiernan o han gobernado tanto conservadores como socialdemócratas, lo que da a entender que no se trata de una estrategia común en función de criterios ideológicos.

La cantidad de déficit público hay que relacionarla, por lo tanto, con las políticas económicas practicadas. O dicho en términos más sencillos, el desequilibrio presupuestario tiene que ver con lo que decide de forma discrecional cada gobierno. Y así encontramos que países como Suecia, con uno de los mayores niveles de gasto público de Europa (53% del PIB) es, igualmente, un ejemplo de solvencia fiscal. El Gobierno de Estocolmo (conservador)  consiguió en 2010 equilibrar el presupuesto público (déficit cero) y, al mismo tiempo, mantener elevados niveles de gasto social. Como dijo en estas mismas páginas el profesor Fernández-Villaverde, las reglas fiscales poco tiene de conspiración cavernícola. La seriedad fiscal no es ni de izquierdas ni de derechas (a fin de cuentas, a irresponsables fiscales no les gana nadie a los republicanos en EEUU).

Esto da a entender dos cosas. En primer lugar, que el nivel de gasto público (que en última instancia es lo que preocupa a algunos sectores de la izquierda y a los sindicatos) no tiene nada que ver con los número rojos. Se puede gastar mucho en bienestar social (y con amplia presencia del sector público en la economía) y, al mismo tiempo, equilibrar el presupuesto. De la misma manera, el hecho de gastar mucho no garantiza nada. Ni desde luego la cohesión social. Ahí está el caso de España, que combina el desgraciado mérito de ser el cuarto país con mayor déficit público y, al mismo tiempo, es el que tiene mayor tasa de desempleo (cerca del 21%).

Esto sugiere que el problema no está sólo en el gasto, sino también en los ingresos, como a menudo se olvida. No estará de más recordar, por lo tanto, que cuando en 2009 España alcanzó el mayor desequilibrio fiscal de su historia, el 11,2% del PIB, la mitad tuvo su origen en un aumento desbocado de los gastos (los famosos estabilizadores autonómicos derivados del aumento del desempleo), pero la otra mitad  esconde sus raíces en el desplome de la recaudación.

Al contrario de lo que se suele creer, el déficit público en España es de naturaleza eminentemente estructural. Se debe, sobre todo, a una pérdida permanente de ingresos como consecuencia del redimensionamiento del sector inmobiliario y a la existencia de altos niveles de desempleo, incluso en periodos de expansión. Algo que explica, por ejemplo, que un país en bancarrota como Grecia ingrese más que España.

¿Y Por qué España no recauda? Básicamente por la existencia de un sistema tributario ineficiente que hace descansar la presión fiscal en los asalariados. Pero al contrario de lo que cabe suponer, lo que han hecho las distintas administraciones no ha sido reformar la fiscalidad para ensanchar las bases imponibles o hacer reformas económicas de calado para actuar sobre la oferta y no sólo sobre la demanda; sino que, por el contrario, han hecho lo más fácil. Subir los impuestos por la puerta de atrás sin que nadie se entere. Al menos la presenta generación, porque las que vienen detrás tendrán que pagar el marrón, como se dice ahora.

Una financiación heterodoxa

¿Y cómo se hace esto? Pues pidiendo dinero a los célebres mercados financieros o, incluso, acudiendo al banco más cercano para que les presten pasta (mejor si es una caja de ahorros amiga). Dicho en otras palabras, como no se atreven a cambiar la fiscalidad (subiendo impuestos para financiar el nivel de prestaciones públicas que disfrutan los ciudadanos) lo que se hace es pedir dinero por la ventanilla de última instancia (los mercados). Sujetos a quienes nadie ve y que no piden nada. Claro está, salvo altas rentabilidades, en última instancia el origen de la actual crisis de deuda soberana.

Ni que decir tiene que se trata del camino equivocado. Y no sólo por la falta de transparencia que suscita esta heterodoxa forma de financiar las necesidades del sector público. O incluso por un mínimo sentido de la decencia democrática. También porque de esta manera se produce un fenómeno perverso. Son las administraciones públicas (efecto crowding out) quienes se endeudan y evitan que los agentes económicos privados se financien, lo que alimenta la crisis. Pero es que además, niveles elevados de déficit y ritmos crecientes de deuda pública (escenario previsible hasta 2018-20) suponen necesariamente un encarecimiento de los tipos de interés, sobre todo cuando los mercados se encuentran en estado de alerta frente a la posibilidad de que se produzcan crisis fiscales en algunos Estados.

El equilibrio presupuestario, por lo tanto, es algo más que una necesidad económica. Es el instrumento necesario para hacer una política auténticamente social, como bien han demostrado los países escandinavos desde la crisis de los años 80. La existencia de elevados déficits, por el contrario, sólo ayuda a aumentar el tamaño de los mercados financieros y para nada aumenta la cohesión social. Al contrario.

El gasto público hay que volver a financiarlo con impuestos, que son la columna vertebral de cualquier sistema democrático. Reivindicar lo contrario es el mejor camino para la autodestrucción, como de hecho explica que el 95% de los gobiernos europeos sean de centro derecha.

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