Caffè Reggio

Las propuestas de Rubalcaba deben estimular el debate político para renovar el PSOE

El PSOE afronta una renovación urgente y profunda tras sufrir el mayor varapalo electoral de la actual etapa democrática. La derrota, que muchos atribuyen casi en exclusiva a una gestión catastrófica de la crisis económica con la generación de un millón de parados por año en la última legislatura, ha dejado al partido sin rumbo y sin cabeza. Y ha perdido casi todo el poder institucional que acumulaba hace tan solo unos años. Ayer, Alfredo Pérez Rubalcaba presentó su candidatura a la Secretaría General del partido con unos principios razonables de renovación democrática dentro del partido, la promesa de una tarea de oposición parlamentaria responsable (distinta de la que ha ejecutado el PP durante los últimos ocho años) y la defensa a ultranza del Estado de bienestar. Es decir, de un modelo opuesto al que defiende el PP para salir de la crisis.

La propuesta política de Rubalcaba pone mucho énfasis en la creación de un partido intergeneracional, que vertebre toda la política nacional, y que, por tanto, debe utilizar las redes sociales, que son un instrumento poderoso para articular el voto. La aceptación de Rubalcaba del sistema de primarias abiertas para elegir a los dirigentes debe interpretarse como un intento, loable y difícil, de aproximarse a los problemas de los ciudadanos y de hacer a estos partícipes en el debate político y económico. No es necesario forzar la imaginación para entender en las propuestas una crítica nada velada a las prácticas políticas alejadas de la realidad y que entienden la política como una votación instrumental para obtener el poder.

La renovación del PSOE necesita ese debate profundo y abierto que reclama Rubalcaba también con el resto de los candidatos a la Secretaría General. Tanto Rubalcaba como Carme Chacón pueden formar equipos jóvenes y técnicamente capacitados. Es difícil, además, suponer que los objetivos prácticos (recuperar el voto de las clases medias) sean diferentes entre los candidatos. Puesto que es poco probable que existan grandes diferencias ideológicas entre ambos, lo propio sería que, después del debate político correspondiente, cristalice un proceso de integración que evite el riesgo de fractura en el partido.

Es necesario y urgente, en fin, que los socialistas culminen con éxito la compleja tarea de renovar a fondo el partido para garantizar una oposición solvente en todas las instituciones en un momento de especial dificultad.

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Las pésimas previsiones del nuevo ministro de Economía dibujan un 2012 sin crecimiento

El nuevo ministro de Economía, Luis de Guindos, ha evitado en su primera declaración pública emplear el término recesión para caracterizar el comportamiento contractivo de la economía española al término de este año y, al menos, del primer trimestre del próximo. La prudencia manifestada por el ministro con ocasión de la toma de posesión de los altos cargos de su departamento le ha llevado a servirse de eufemismos y a distanciarse, así, del propósito del presidente Rajoy de “llamar al pan, pan y al vino, vino” con el que abrió su discurso de investidura la pasada semana.

La frontera entre la prudencia y el alejamiento de la realidad es en ocasiones tenue. En este caso no hacía falta hacer un ejercicio de exagerada cautela. Como algunas otras de la eurozona, el ritmo de crecimiento de la economía española estará en una zona negativa al menos durante dos trimestres consecutivos. No hay analista económico, nacional o internacional, que no anticipe que el último trimestre de este año la economía española habrá registrado una variación negativa. Si, como parece igualmente previsible por la amplia mayoría de quienes hacen estos ejercicios, ocurre lo propio en el primer trimestre del año, se habrá incurrido en la definición técnica de recesión.

Eso hará que, en el mejor de los casos, la economía no crezca en el conjunto del próximo año. No faltan respetables instituciones que anticipan que el crecimiento durante todo 2012 será negativo para la eurozona y, desde luego, para aquellas economías que de forma más pronunciada han llevado a cabo actuaciones procíclicas: contracciones de la actividad pública simultáneas a la inhibición de la actividad privada.

Si severas están siendo las consecuencias del cambio en la política presupuestaria definida en mayo del año pasado, no menos depresivos son los efectos del intenso racionamiento del crédito. No son solo las empresas y familias españolas las únicas que sufren la sequía crediticia, pero a tenor de los datos disponibles son las que en mayor medida están pagando las consecuencias del elevado endeudamiento bancario y el anormal funcionamiento de los mercados mayoristas de liquidez.

El hecho de que el BCE haya flexibilizado excepcionalmente sus inyecciones de liquidez no significa en modo alguno que las restricciones al crecimiento económico español se hayan eliminado. Junto a las cautelas por la liquidez, los bancos seguirán evaluando con mucha cautela los riesgos de solvencia. Y en su determinación, la ausencia de crecimiento económico y un desempleo muy elevado no son precisamente factores favorables. Como tampoco lo son las políticas presupuestarias de todas las economías de la eurozona orientadas a la reducción de la demanda pública. Las cautelas de Guindos es posible que no tengan que manifestarse ni siquiera en el caso del conjunto de la eurozona, que ya está arrastrando la revisión a la baja de las previsiones de crecimiento de la economía mundial.

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Draghi confía en estimular la compra de deuda y liberar crédito con la inyección masiva de liquidez

El Banco Central Europeo (BCE), con la aquiescencia lejana y a regañadientes de Alemania, está acumulando remedios monetarios de gran calibre para poner fin a las perturbaciones financieras en la eurozona. El banco que preside Mario Draghi ha tomado la decisión de conceder a los bancos europeos, concretamente a 523 entidades, casi medio billón de euros en préstamos a tres años y al 1% de interés, con el fin de que puedan enfrentarse cómodamente a los próximos vencimientos de su deuda. Dicho en plata, el BCE acude a salvar a la banca europea de los apuros de refinanciación, con la vieja idea al fondo de que la crisis de los bancos está en los orígenes de la crisis financiera (y también de la recesión) y de que, si no se alivian las estrecheces de los balances bancarios, se esfuma la oportunidad de una recuperación económica europea.

Con los préstamos masivos a tres años, el plazo más largo de una inyección financiera en Europa, el BCE elimina la inquietud de la banca por el vencimiento de su deuda. Como primer efecto, la inundación de crédito barato permitirá aumentar los beneficios de la banca, puesto que abre un manantial de negocio (con dinero al 1% se pueden adquirir activos mejor remunerados). El eslabón final de la cadena argumental es la suposición de que, al permitir que la banca haga frente a esos vencimientos a un coste mucho más bajo que el del mercado, tendrá más capacidad para conceder préstamos a empresas y particulares. La suposición es débil, al menos durante los primeros meses de 2012, pero parece uno de los pocos mecanismos indirectos para intentar que la banca filtre migajas de dinero a la economía real.

El otro efecto buscado es que, con los capitales obtenidos, la banca o parte de ella se decida a comprar deuda nacional y se alivien de este modo las presiones sobre las deudas. De nuevo estamos ante un efecto probable; lo seguro es que los bancos disponen de un mecanismo fértil para aumentar los beneficios. La parte de liquidez que llegue a las empresas es discutible y suscita pocas esperanzas.

Resulta que, para que la recuperación sea algo más que una entelequia continuamente aplazada, el crédito tiene que normalizarse. Las empresas no financieras entienden que hasta el momento las inyecciones billonarias a la banca, en liquidez o en capital, no han conseguido ese efecto de normalización. Y ello a pesar de que la reducción del crédito produce también una pérdida de márgenes de resultados. El miedo a los incumplimientos de capital y el terror al aumento de la morosidad vencen por el momento a las expectativas de negocio de los créditos.

No es un secreto que la reforma financiera que pretende aplicar el Gobierno bajo la dirección de Luis de Guindos tendrá que tocar alguna melodía más compleja que la cantinela tópica de que se necesitan más fusiones bancarias. Importa más cómo queden los balances y el margen que permiten los activos inmobiliarios dañados que el tamaño.

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Rajoy entrega la gestión a Sáenz de Santamaría y acierta al separar Economía de Hacienda

Mariano Rajoy anunció la composición del nuevo Gobierno sin que, hasta el instante mismo de hacerlo público, hubiera trascendido ninguna noticia sobre su estructura ni sobre los integrantes y sus respectivas responsabilidades. Con esta reserva, el presidente recién elegido parece haber querido transmitir un doble mensaje de disciplina en torno a su liderazgo y de respeto a los procedimientos institucionales. Lo primero era necesario para un dirigente que, tras la derrota de 2008, encontró uno de sus principales frentes políticos en el interior de su propio partido. Lo segundo estaría dirigido a corregir la exhibición de prepotencia en que el anterior presidente popular, José María Aznar, convertía la formación de cada Ejecutivo, y también las formas atropelladas de las que hizo gala Rodríguez Zapatero.

La principal característica de la estructura del nuevo Gobierno no es tanto la reducción de carteras, mínima en relación con lo que se esperaba, como el intento de recuperar una estructura clásica para abordar las diversas áreas de gestión. Rajoy ha evitado asignar departamentos a problemas específicos como fórmula para subrayar la importancia política que se les concede, según hizo Zapatero con los Ministerios de Vivienda e Igualdad. Al mismo tiempo que ha integrado en una sola cartera las responsabilidades de Educación, Cultura y Deportes, recuperando una fórmula tradicional, ha optado por separar Economía y Hacienda. En el resto del área económica ha restablecido el Ministerio de Agricultura y ha mantenido los de Fomento, Industria y Trabajo, aunque en este último caso haya cambiado de nombre (Empleo). Habrá una sola vicepresidencia, además de los departamentos consolidados como Exteriores, Defensa, Justicia e Interior.

La estructura del Ejecutivo diseñada por Rajoy simplifica la gestión en la medida en que, en principio, parece diseñada para evitar interferencias entre ministerios, huyendo de la combinación de criterios funcionales y transversales. La crisis económica ha sido una de las razones que aconsejaba separar Economía y Hacienda, subrayando la importancia de abordar una estrategia económica de conjunto de la que la política fiscal sería solo una parte, aunque destacada. Aunque ambos departamentos aparecen en pie de igualdad sobre el papel, es previsible que el de Economía y Competitividad acabe ganando preponderancia sobre el de Hacienda. En especial, si se toma en consideración que Rajoy solo ha previsto una sola vicepresidencia de contenido político y no tanto económico.

El equipo al frente de las diversas responsabilidades está compuesto en su totalidad por personas próximas al nuevo presidente. La única novedad reside en el hecho de que no era suficientemente conocida la confianza de Rajoy en algunos nuevos ministros, como es el caso de los de Exteriores, Trabajo o Educación. Todos tienen experiencia de gestión en diversos niveles de la Administración, tal vez con la excepción de la nueva vicepresidenta, Sáenz de Santamaría, bregada en las tareas parlamentarias. Es la apuesta más personal de Rajoy. Sáenz de Santamaría se configura como la mujer fuerte del nuevo Ejecutivo.

Rajoy ha repetido en diferentes ocasiones su voluntad de actuar con independencia. En la formación de su primer Gobierno no ha atendido a cuotas de género ni territoriales, sin duda para desmarcarse de unas opciones que terminaron pasando una elevada factura a Zapatero. Por otra parte, el nuevo Gobierno presenta un perfil centrista que pretende desmarcar al PP que accede por segunda vez al poder del que llegó en 1996 de la mano de Aznar. Rajoy ha hecho un Gobierno a su medida, y ahora solo falta que confirme con hechos y actitudes lo que de momento solo puede ser una imagen. Enfrente tiene un país preocupado por la crisis y a la espera de conocer su programa.

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La mayoría absoluta limita la influencia nacionalista pese al incremento de sus escaños

Mariano Rajoy fue elegido ayer presidente del Gobierno con los votos de su partido y el único refuerzo de los diputados de UPN y el Foro Asturias, hasta sumar 187. Votaron en contra, además de los socialistas, IU y UPyD, todos los partidos nacionalistas menos el PNV, Amaiur y Coalición Canaria, que se abstuvieron.

El rechazo más llamativo fue el de CiU (16 escaños), partido que tiene acuerdos con el PP en decenas de municipios y en la Diputación de Barcelona, dio vía libre con su abstención a los Presupuestos de la Generalitat de 2011 y está negociando su respaldo a los de 2012, que se presentaron ayer. La sintonía entre Duran y Rajoy respecto a las medidas económicas hacía prever al menos una abstención nacionalista; sin embargo, la falta de receptividad de Rajoy a las principales demandas de CiU en financiación (pacto fiscal y pago de cantidades pendientes) inclinó el voto hacia el no.

Puede ser un signo de la diferencia entre tener o no mayoría absoluta. Rajoy desea, y tal vez necesite políticamente, legitimar sus medidas de ajuste con el respaldo de otras formaciones; CiU era el candidato más obvio a prestar ese servicio, pero Rajoy no está agobiado por el temor a quedar en minoría y además cuenta con la negativa percepción por la opinión pública española de los acuerdos con los nacionalistas en las dos últimas legislaturas. Pero un síntoma de la crisis política actual es precisamente la distinta percepción de ciertas cuestiones en Cataluña (y en Euskadi) y en el conjunto de España.

El portavoz del PNV invocó esa diferente visión para reclamar la implicación del PP en el proceso de fin definitivo del terrorismo, cuyos rescoldos persisten, dijo, en forma de intimidación en las pequeñas localidades. Erkoreka obtuvo el compromiso de Rajoy de considerar al PNV interlocutor permanente sobre esa cuestión. Algo que no consiguió Amaiur pese a su abstención (explicada por uno de sus diputados como desinterés).

Su portavoz, Iñaki Antigüedad, habló del “conflicto político”, sin citar a ETA, y Rajoy le respondió recordando los asesinatos de la banda en víspera de las anteriores elecciones; y frente a la afirmación de Rajoy de que toda idea es defendible si se hace por medios democráticos, el portavoz recordó que la secretaría general del PP había excluido de la ronda de contactos previos a la investidura a Amaiur por defender “proyectos que no caben en la Constitución”. Fue un intercambio en tono grave pero sin estridencias. Antigüedad dijo a la salida que su formación defiende que el cambio de marco solo será planteado si hay una mayoría clara a favor, lo que excluye la imposición. Pero no respondió al emplazamiento sobre la disolución de ETA.

Una conclusión del debate de ayer fue que la mayor representación de los partidos nacionalistas (y otros minoritarios) no aumenta su influencia política en situaciones de mayoría absoluta. La experiencia también dice que esa mayoría es a veces un blindaje que impide percibir lo que ocurre fuera del Parlamento.

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El candidato anuncia grandes reformas, pero evita precisar las medidas más duras de su mandato

Fue el propio candidato a la presidencia del Gobierno, Mariano Rajoy, quien había alimentado las expectativas de que su discurso de investidura desvelaría las principales líneas de acción para la legislatura que comienza. La intervención de ayer aportó una larga lista de tareas (subida del IPC a los 8,7 millones de pensionistas, bajada de impuestos a los empresarios y a los ahorradores, recuperar la deducción fiscal por compra de vivienda, suprimir los puentes festivos), algunas de ellas no menores y no desdeñables, que incluso recabaron un compromiso por parte de los socialistas y de otros grupos.

Pero en conjunto, el discurso de investidura no estuvo a la altura que él mismo se había exigido y, sobre todo, a la altura de la angustiosa situación en la que se encuentra el país, pues en lo fundamental su plan resultó tan impreciso como el programa con el que concurrió a las elecciones. Lo fundamental es precisamente conocer a qué velocidad y cómo se va ejecutar, esto es, cómo se va a repartir, el ajuste que España necesita de forma urgente.

Rajoy centró su discurso en la economía, señalando que la doble prioridad para su Gobierno serán el crecimiento y la creación de empleo. Acertó al no presentar el diagnóstico de la grave situación que vive el país como coartada para justificar las previsibles dificultades a las que se enfrentará el año que viene, pero no presentó un programa de reformas capaz de hacerle frente. La mayor parte de las iniciativas que desgranó en el discurso se posponen al primer trimestre del próximo año, lo que aparentemente desmiente la urgencia que reclamó desde la oposición. Sin embargo, tenía razón cuando estaba en la oposición: la rapidez en la acción resulta fundamental.

Al recorte ya previsto del gasto de 16.500 millones de euros en 2012 (si se cierra el año con un déficit del 6%, lo que no será el caso) hay que sumar los estímulos fiscales al empleo que anunció, con lo que sus planes económicos siguen sin responder a la principal pregunta suscitada durante la campaña: ¿de qué partidas concretas piensa recortar para obtener esa cifra que parece superar las posibilidades reales de la economía española? Asegurar que, excepto las pensiones, el resto de los capítulos serán sometidos a revisión solo sirve para evitar pronunciarse sobre cuáles en concreto.

Recuperar la deducción fiscal para la adquisición de vivienda pone de manifiesto que el equipo de Rajoy sigue considerando aceptable el modelo de crecimiento basado en el ladrillo, del que proceden la mayor parte de los problemas a los que se enfrenta hoy la economía española.

Rajoy no dio detalles sobre la estructura del nuevo Gobierno, del que solo se sabe que contará con un Ministerio de Agricultura pensado para defender los intereses de España en Bruselas, en línea con una concepción estrecha de la construcción europea. El sesgo renacionalizador de su discurso respecto a la Unión también quedó patente en la descripción de las líneas generales de la política exterior. Rajoy fue impreciso y para ello recurrió a líneas estables de la acción exterior como la prioridad de Iberoamérica, la diplomacia económica o la utilización de la lengua como instrumento de acción.

En conjunto, el candidato intentó mantener el mismo propósito de los últimos tiempos de oposición y de la campaña electoral: no enajenarse ningún sector de la ciudadanía por la vía de no pronunciarse sobre las medidas que piensa adoptar en el Gobierno. Es una apuesta arriesgada para el Partido Popular, puesto que, tarde o temprano, tendrá que comenzar a gobernar. Pero podría serlo también para el conjunto del país si la indefinición acabara por traducirse en inacción.

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La negativa a autorizar que Amaiur forme grupo responde a inercias anacrónicas del PP

Con independencia del sentido del informe de los servicios jurídicos de la Cámara, el PP, que tiene mayoría en la Mesa del Congreso, pudo haber dado luz verde a la petición de la coalición Amaiur de formar grupo parlamentario propio. Hizo lo contrario porque su política respecto a la izquierda abertzale sigue siendo la de la máxima dureza dentro de lo que la ley permita. La prueba de que se trataba de una decisión política es que sigue a la de Rajoy de excluir a Amaiur de la ronda de contactos previos a su investidura, porque “persigue objetivos que no contempla la Constitución”.

El dilema era político, y el PP ha cometido un error que también lo es: primero, porque la renuncia de ETA al terrorismo ha dejado sin sentido la estrategia seguida para que la izquierda abertzale forzase esa retirada; segundo, porque favorece las posturas contrarias a la participación normalizada en las instituciones, tema sobre el que la coalición está dividida; tercero, porque es posible que el recurso que ayer presentó prospere (o que llegue hasta el Tribunal Constitucional convertido en una cuestión de derechos políticos conculcados), lo que colmaría las aspiraciones de los más radicales.

Un error, además, con dudosa fundamentación jurídica, porque (aparte de que, según Bono, había otro informe que avalaba la pretensión de Amaiur) el ahora conocido resulta contradictorio con numerosos antecedentes e incluso con la simultánea decisión de autorizar la estratagema de UPyD de integrar provisionalmente a un diputado de otro partido para alcanzar, no menos provisionalmente, el porcentaje de votos requerido por el reglamento para formar grupo propio. No se entiende por qué esa operación sería aceptable y la de formar grupo solo con los escaños obtenidos por Amaiur en Euskadi no lo sería. El informe apenas entra en el fondo de la cuestión, que podría simbolizarse en la paradoja de que el PNV, con cinco diputados en el País Vasco, pueda tener grupo, y Amaiur, con seis en esa comunidad, no.

Además, es poco inteligente. La historia está llena de ejemplos de partidos que sin ser en su origen democráticos se democratizaron en el ejercicio de la política parlamentaria. Por supuesto que a la izquierda abertzale actual, eje de Amaiur, le falta un largo camino para poder ser considerado un partido como los demás. Pero su evolución hacia la democracia es clara, y no se ve cuál sería la ventaja de ponerle trabas a su participación institucional, una vez que se ha producido el cese de la violencia.

Ni siquiera es cierto que al privarle de grupo se reduce el riesgo de una utilización demagógica de las instituciones para atacarlas. Son precisamente decisiones como la adoptada ahora lo que alimenta el discurso de quienes buscan, antes que nada, darse la razón retrospectiva sobre su rechazo de una democracia a la que acusan de seguir dominada por la “intransigencia española de siempre”.

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El mercado laboral español necesita negociación libre y empleo estable, no más precariedad

La situación del mercado de trabajo español, con casi cinco millones de parados y nulas expectativas de creación de empleo durante 2012, requiere de una reforma laboral más efectiva que la patrocinada por el Gobierno de Zapatero, incluso a sabiendas de que las reformas de la contratación no generan empleo por sí mismas, aunque sí lo favorezcan y multipliquen cuando se recupera la demanda. El próximo presidente, Mariano Rajoy, ha instado a patronal y sindicatos a que pacten los contenidos de la reforma, que el PP considera esencial para reducir el paro. Pues bien, por pocas que sean las posibilidades de que las fuerzas sociales cumplan el encargo, disminuirán rápidamente si empieza a sonar ruido de fondo con ocurrencias como las que acaba de hacer el presidente de la patronal CEOE, Juan Rosell: crear un contrato a tiempo parcial, más bien un contrato fulminante, con un salario de 400 euros.

Para que una reforma del mercado de trabajo tenga sentido se requiere que el reformador tenga en cuenta dos pilares del sistema económico, como son la libertad de negociación y la estabilidad en el empleo. Que España sufra de casi cinco millones de parados se debe a varias razones, pero una de las importantes es que muchas empresas han cerrado porque tenían dificultades para descolgarse de los convenios sectoriales o provinciales, que imponían condiciones salariales imposibles de cumplir en tiempos de depresión de la demanda. Con cualquiera de las fórmulas vigentes en Europa (por ejemplo, la que en Alemania permite subvencionar con parte de los subsidios cotizados a los empresarios que repartan el empleo disponible entre los trabajadores) la tasa de paro estaría muy por debajo del 20%.

La negociación colectiva debe permitir que las empresas se descuelguen de los convenios sectoriales y provinciales si una mayoría de los trabajadores así lo quiere, por más que una liberalización de ese tipo liquide la necesidad de los grandes aparatos de asesores y negociadores que cobran de patronal y sindicatos. En el caso de la contratación, la línea correcta es simplificar y estabilizar el empleo. La propuesta de crear un nuevo tipo de contrato más (los empresarios disponen ya de 17) es un sinsentido. Por el contrario, una reforma sensata consistiría en aplicar, para los nuevos empleos, un solo tipo de contrato, estable, con costes de despido crecientes en función del tiempo trabajado. Los llamados miniempleos son ocurrencias baratas que complican todavía más la maraña laboral.

El nuevo Gobierno hará bien en pensarse detenidamente la próxima reforma laboral. No es tan sencilla como suponen las voces de la patronal (abaratar el despido, más empleo basura). La reactivación debe hacerse sobre empleo estable, que permita el consumo de bienes duraderos; no puede fundamentarse en trabajo precario, pasto para otra burbuja inmobiliaria. El previsible decretazo laboral debería ser algo mejor que más empleo precario.

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Hay más razones a favor de que la coalición ‘abertzale’ tenga voz propia que en contra

La Mesa del Congreso debe decidir hoy si aplica el reglamento en términos estrictos o con la flexibilidad necesaria para que tanto Amaiur (siete diputados) como UPyD (cinco diputados) puedan formar grupo parlamentario pese a que les faltan algunos votos para alcanzar el mínimo requerido. El dilema es especialmente afilado en el caso de la coalición abertzale por razones formales, políticas y prácticas.

Formales: cuenta con más del 15% de votos en cada circunscripción del País Vasco, como exige el reglamento, pero no lo alcanza, por unas centésimas, en Navarra. Para intentar esquivar ese obstáculo, no tomó posesión su único diputado navarro a fin de constituir grupo con solo los seis diputados del País Vasco (en el que se integraría más adelante Navarra). Es evidente que se trata de un truco fácilmente calificable como fraude de ley, pero menos que la práctica tantas veces repetida (y avalada luego por los tribunales) de cesión temporal de diputados de otros partidos para constituir un grupo del que más tarde desaparecen esos tránsfugas provisionales. La fórmula de que un miembro de la propia coalición salga y entre parece más natural que esa otra.

También se han invocado razones políticas. El nuevo portavoz del PP, Alfonso Alonso, no ve razones para hacer una excepción con una coalición articulada en torno al antiguo brazo político de ETA y que todavía “tiene que demostrar su voluntad democrática”. Esto es cierto, pero la cuestión es cómo se favorece esa evolución pendiente. La otra cara de la descentralización es la participación en las instituciones (y la política) comunes. Más bien habría que felicitarse de que los electos de la izquierda abertzale, tras años de no participación en el Parlamento una vez tomaban posesión, quieran ahora hacerlo, aunque duden si de manera permanente o no.

También se han invocado, en uno u otro sentido, cuestiones prácticas a considerar, como las subvenciones que perciben los grupos en cuanto tales, o la participación de los mismos en la comisión de secretos oficiales. Y sobre todo, que en caso de no reconocerse grupo propio a Amaiur y a UPyD, el Mixto tendría 23 diputados de nueve formaciones diferentes, lo que complicaría extraordinariamente su funcionamiento en los debates.

En conjunto hay más razones a favor de la flexibilidad que en contra, por más que la forma en que lo reclama Amaiur, como un derecho democrático inmanente, sea un reflejo de la mentalidad impositiva que sobrevive en ese mundo. También UPyD lo reclama como un derecho, pero en su caso apoyado en la realidad de la discriminación provocada por un sistema electoral que hace que cada escaño suyo cueste 228.000 votos, frente a los 65.000 que vale cada uno del PNV o los 58.000 de cada uno del PP. En el marco de la ley, caben interpretaciones flexibles que favorezcan la expresión del pluralismo político y el Constitucional ha respaldado algunas fórmulas ideadas para ello más artificiales que las que ahora se proponen.

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El veto de Cameron en Bruselas sacude la alianza gobernante de conservadores y liberales

Con la afirmación de que resulta vital para Reino Unido permanecer dentro de la Unión Europea, David Cameron puede haber aclarado en los Comunes sus vaguedades tras la cumbre de la UE, que alentaron las especulaciones sobre la posibilidad de que Londres contemplara un futuro cercano fuera del bloque de 27 naciones. Pero lo que el primer ministro británico no ha disipado en Westminster es la espesa niebla interpuesta entre el partido conservador y sus socios minoritarios de coalición, los liberales-demócratas de Nick Clegg, a propósito del veto de Cameron en Bruselas.

Es improbable que pese a las amargas quejas de Clegg, ausente del Parlamento durante el discurso del jefe del Gobierno, el rifirrafe socave irreparablemente la alianza gobernante, con año y medio de vida. El matrimonio de conveniencia, que no por afinidad, entre conservadores y liberales se formalizó básicamente para afrontar con autoridad las enormes dificultades económicas de Reino Unido. Y ese sigue siendo el argumento principal de por qué su colapso no conviene al país. En las declaraciones de Clegg sobre los desastres que acarrearía la ruptura de la coalición anida, además, la presunción de que unas elecciones anticipadas llevarían a la total irrelevancia a su partido, un eterno perdedor. En poco más de un año, los liberales han reducido a la mitad sus expectativas de voto, entregando cada uno de sus baluartes preelectorales a la voracidad política de sus socios conservadores.

El plante de David Cameron en la cumbre, teóricamente para proteger a su poderosa industria financiera de mayores intromisiones de Bruselas, fue forzado por el peso de sus parlamentarios profundamente euroescépticos, los mismos que le jaleaban el lunes. Su profesión de fe europeísta en Westminster -”estamos en la UE y queremos seguir estando”- forma parte de un contorsionismo político en el que coexisten declaraciones semejantes con un consolidado ideario tory que no cree que los intereses británicos estén mejor defendidos por su presencia en la UE y que busca una renegociación de los poderes de Bruselas y un referéndum sobre la misma pertenencia a la Unión.

La decisión del primer ministro vetando un cambio del tratado de la UE puede resultarle útil con vistas a la galería, y hasta resulta coherente y casi inevitable en el contexto de unas relaciones, las de Londres y Bruselas, marcadas históricamente por la desconfianza. Pero, amén de manifestar una clara incompetencia negociadora, perjudica a Reino Unido, aislado una vez más y cada vez más en el club al que pertenece desde 1973. En cualquier caso, el de Cameron es un gesto inútil. Un veto tiene sentido si con él se impide que otros adopten medidas que a uno le disgustan. No es el caso. La Unión Europea, a 26 en lugar de a 27, sigue adelante con lo acordado en una cumbre por lo demás mucho menos concluyente de lo que Merkel y Sarkozy pretenden.

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El asunto de Iñaqui Urdangarin y su Instituto Nóos, que ha resultado a la postre un tenderete mercantil con ánimo de lucro no declarado, está dejando en evidencia, a la espera de mayores daños por la vía judicial, el balbuceo permanente en el que está sumida la Casa Real desde hace tiempo. Bien sea por la incompetencia de quienes tienen la responsabilidad de ser rápidos de reflejos, o por la degradación general en la que parece estar inmersa la primera institución del Estado, o por ambas cosas, el espectáculo que desde palacio está dando la familia real toda es cualquier cosa menos ejemplar.

Tras un tiempo más que prolongado de rumores y habladurías al respecto del yerno real, y tras su exilio forzoso en los Estados Unidos de América para prevenir inútilmente males mayores, los acontecimientos se han precipitado en forma de un torrente de informaciones y evidencias que ha hecho imposible la socorrida estrategia de dar la callada por respuesta. Y en un ejercicio de malabarismo circense, tras dos comunicados contradictorios separados entre sí por un breve espacio de tiempo, la Casa Real ha anunciado que aparta de la agenda y arroja extramuros al presunto delincuente. Se deja a la manzana podrida caer del árbol, primero, y se le aparta, después, con un puntapié para que no contamine al resto. “Por su comportamiento no ejemplar” apostillan en palacio, con una calculada dosis de indignación que busca a la desesperada la complicidad, si no la piedad, del buen vasallo en recuerdo de los servicios prestados por la Corona.

Entretanto y en paralelo, por si alguien aún no sabía cómo funcionan las cosas en estos Reinos –porque España es antes Reino que Estado, y en eso estamos–, Su Majestad, a través del jefe de su Casa, se ha apresurado a departir con esos príncipes de la Justicia que llamamos jueces. En principio, para que no se alargue en exceso la investigación judicial, aseguran, y que en el ínterin pueda quedar gravemente dañada la imagen de la Casa Real. Esto es, el Rey trata de evitar a toda costa la letal lentitud de la justicia española. Será difícil sustraerse a la sospecha, sin embargo, de que en la amable charla entre Rafael Spottorno y el presidente del CGPJ, Carlos Dívar, pueda deslizarse la petición añadida  -siendo cosa de majestades, real mandato- de limitar el proceso al Duque consorte, dejando al margen de cualquier pesquisa o citación, siquiera como testigo, a la señora Duquesa, la infanta Cristina.

Todo este lamentable asunto y su devenir futuro promete convertirse –tal vez ya lo es- en una ejemplar metáfora de un país que, en pleno siglo XXI, sigue siendo un Reino de señores y vasallos o, peor aún, de Taifas. En el que mientras unos hacen negocio, otros –grandes empresas y empresarios de los que nada se dice-  pagan y callan. Lejos parecen quedar aquellos tiempos en los que el pueblo español se amontonaba con júbilo y alborozo al paso de Su Majestad. Entonces, el Rey y la Reina, con ese movimiento circular de muñeca tan ergonómico que les distingue, devolvían las muestras de afecto a un pueblo entregado en cuerpo y alma a la causa de la Libertad al fin encarnada en un Borbón.  Don Juan Carlos llegó a ser el héroe del momento, el paladín de la Transición Democrática.  Quién iba a presagiar en aquellos venturosos días que la España de hoy, a punto de ser puesta patas arriba por culpa de una crisis de caballo, pasaría del aprecio al escepticismo y, tal vez, a la ingratitud con la Corona.

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La Monarquía del siglo XXI exige delimitación de funciones y transparencia presupuestaria

El caso Urdangarin ha venido a remover las aguas normalmente plácidas de la Monarquía española. Los negocios privados del yerno del Rey, objeto de investigación por parte de la justicia, han colocado a la familia real en una incómoda situación. La inmediata decisión, sin esperar a la imputación del duque de Palma, de apartarle de todo acto oficial viene dictada por la prudencia, aunque probablemente no basta para acotar el problema que plantea el eventual procesamiento del marido de una infanta.

De mayor calado es la determinación de don Juan Carlos de dar cuenta detallada de los gastos de la Casa del Rey. Tal ejercicio de transparencia es la mejor garantía para disipar dudas acerca de una institución que cuenta con el afecto mayoritario de los ciudadanos, principalmente por los servicios que ha prestado en momentos difíciles de la Transición, en los que estuvo en juego el futuro de la democracia y de la Monarquía constitucional.

El artículo 65 de la Constitución Española aprobada en 1978 deja en manos del Rey la libre distribución del monto global que recibe, y que es actualmente de 8,43 millones de euros anuales. La ausencia de un posterior desarrollo legal de dicho artículo ha mantenido este presupuesto en la mayor opacidad. Es algo que ningún Gobierno ha querido abordar, aunque no han faltado oportunidades ni peticiones parlamentarias al respecto. El actual gesto real, si bien es la respuesta a una situación crítica, debería conducir a convertir en norma lo que ahora solo tiene carácter voluntario. Ese nuevo mandato debería servir también para delimitar qué miembros de la familia real disponen de asignación presupuestaria pública, porque actúan por encargo del Rey para representar a la institución en su nombre, y qué otros prefieren abstenerse para dedicarse a sus actividades o negocios profesionales, renunciando así a toda función representativa.

No es fácil trazar esta línea, pero hay que tener en cuenta que los 8,43 millones de euros con los que se sufragan los gastos de los Reyes y los príncipes de Asturias son una mínima parte del presupuesto público destinado a la Corona. El mantenimiento de los edificios, la nómina de muchos de los empleados y los viajes los afrontan respectivamente Patrimonio Nacional, Administraciones Públicas y Exteriores. Estas y otras partidas son suficientemente sustanciales como para que la intervención del Estado y la norma de transparencia sean obligadas para una institución tan destacada de la arquitectura del Estado.

El caso Urdangarin pone a prueba la capacidad de adaptación de la Corona, institución que tiene sentido precisamente en la medida en que responde a la función de máxima representación de la nación constitucional. Nada podría dañarla tanto como reacciones irreflexivas o declaraciones mal calculadas ante una situación que es delicada por definición. La justicia debe hacer su trabajo, pero la Casa del Rey debe hacer también el suyo para preservar, ante todo, los intereses del Estado democrático.

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