Caffè Reggio

La crisis del euro necesita una solución ahora. Las medidas actuales son demasiado escasas, llegan demasiado tarde y están causando el desorden financiero global. El euro está lejos de ser perfecto, como esta crisis ha puesto de manifiesto. Pero debemos responder arreglando sus desperfectos en lugar de dejar que socave y quizá destruya el sistema financiero mundial.

Nosotros, europeos preocupados, hacemos un llamamiento a los Gobiernos de la zona euro sobre la necesidad de llegar a un acuerdo legalmente vinculante que debería 1) establecer un Tesoro común que pueda captar fondos para la zona euro en su conjunto y asegurar que los Estados miembros se adhieren a la disciplina fiscal; 2) reforzar la supervisión común, la regulación y los sistemas de garantía de los depósitos en la zona euro, y 3) desarrollar una estrategia que conduzca al crecimiento y a la convergencia económica, porque el problema de la deuda no se puede resolver sin crecimiento.

Mientras se negocia y ratifica ese acuerdo legalmente vinculante, los Gobiernos de la zona euro deben proporcionar al Fondo Europeo de Estabilidad Financiera (EFSF) y al Banco Central Europeo (BCE) la capacidad de cooperar para mantener la crisis bajo control. Estas instituciones podrían garantizar y, finalmente, recapitalizar el sistema bancario y permitir a los países refinanciar su deuda, dentro de los límites acordados, prácticamente sin coste por la emisión de bonos que podrían ser aceptados por el BCE.

Hacemos un llamamiento a los Parlamentos de los países de la eurozona para que reconozcan que el euro necesita una solución europea. La búsqueda de soluciones a escala nacional solo puede conducir a la desintegración.

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en primer plano

Para resolver una crisis en la que lo imposible se convirtió en posible, hay que pensar lo impensable. La solución de las crisis de deuda soberana en Europa exige estar preparados para la posibilidad de que Grecia, Portugal y posiblemente Irlanda se declaren en suspensión de pagos e incluso que abandonen la eurozona. Partiendo de este supuesto, se deberían tomar medidas para prevenir una debacle financiera en toda la eurozona. La primera debe ser proteger los depósitos bancarios: si un euro depositado en un banco griego se perdiera como consecuencia del impago y el abandono de la eurozona, un euro depositado en un banco italiano valdría inmediatamente menos que otro depositado en un banco alemán u holandés, y esto provocaría una estampida sobre los bancos de los países deficitarios. Además, en los países que entren en suspensión de pagos será necesario mantener algunos bancos en funcionamiento para evitar que se produzca un colapso económico. Paralelamente, habrá que recapitalizar el sistema bancario europeo y colocarlo bajo supervisión europea (en lugar de nacional). Por último, se deberá proteger del contagio a los bonos públicos emitidos por los otros países deficitarios de la eurozona. Los dos últimos requisitos son válidos incluso si ningún país se declara en suspensión.

Todo esto costará dinero, un dinero que no se puede conseguir en el marco de los acuerdos vigentes entre los líderes de los países de la eurozona. Así que no queda otra opción que crear el componente que falta: una agencia europea de hacienda, con poder para recaudar impuestos y, por consiguiente, para emitir deuda. Esto demandará celebrar un nuevo tratado que transforme el Fondo Europeo de Estabilidad Financiera en un organismo de hacienda con todas sus atribuciones.

Cambio de actitud de Alemania

Pero esto no será posible sin un cambio de actitud radical, especialmente en Alemania. La opinión pública alemana aún comete el grave error de suponer que está en condición de decidir si quiere defender el euro o no defenderlo. Pero el euro ya existe, y los activos y pasivos del sistema financiero global están de tal modo interrelacionados sobre la base de la moneda común que el derrumbe de esta moneda produciría una catástrofe que ni las autoridades alemanas ni ninguna otra autoridad podrían contener. Cuanto más tiempo tarden los alemanes en darse cuenta de este hecho innegable, mayor será el precio que deberán pagar tanto ellos como el resto del mundo.

Ahora bien, ¿se podrá convencer a la opinión pública alemana? Aunque tal vez la canciller Angela Merkel no consiga persuadir de la validez de este argumento a todos los miembros de su coalición, podría contar con la oposición para crear una nueva mayoría dispuesta a respaldar las medidas necesarias para salvar al euro. Una vez resuelta la crisis del euro, Merkel ya no tendría que preocuparse tanto por la próxima elección.

Prepararse para la posibilidad de que tres pequeños países se declaren en suspensión de pagos o abandonen el euro no quiere decir necesariamente que se los deje librados a su suerte. Por el contrario, si se les diera la posibilidad de una quiebra ordenada (financiada por los otros países de la eurozona y por el Fondo Monetario Internacional), Grecia y Portugal tendrían más opciones políticas a su disposición. Además, se pondría fin al círculo vicioso (que ahora amenaza a todos los países deficitarios de la eurozona) por el cual, al ver que las medidas de austeridad debilitan las perspectivas de crecimiento, los inversores comienzan a exigir tipos de interés exorbitantes, lo que a su vez obliga a los gobiernos a recortar aún más el gasto.

La salida de la eurozona ayudaría a los países que atraviesan las peores dificultades a recuperar la competitividad. Pero si prefieren quedarse, también pueden hacerlo, siempre que estén dispuestos a hacer los sacrificios necesarios: el Fondo Europeo de Estabilidad protegería los depósitos colocados en los bancos locales, el FMI colaboraría con la recapitalización de sus sistemas bancarios y de este modo estos países tendrían un modo de escapar de la trampa en la que están metidos. Cualquiera que sea la decisión que se tome, la Unión Europea no puede permitir que estas economías se hundan y arrastren consigo a todo el sistema bancario internacional.

Todos los países miembros de la UE (y no solamente los de la eurozona) deben aceptar el hecho de que la salvación del euro exige la firma de un nuevo tratado. De eso no hay ninguna duda. De modo que conviene comenzar ya mismo el debate sobre el contenido de ese tratado, porque por más urgidos que estén los líderes europeos para llegar a un acuerdo, las negociaciones ciertamente irán para largo. Ahora bien, una vez que haya acuerdo sobre las cuestiones de principio, el Consejo Europeo podrá autorizar al BCE a cubrir lo que haga falta para que haya protección por adelantado contra cualquier peligro de insolvencia.

Tener a la vista una solución para las crisis de deuda soberana de la eurozona sería una fuente de alivio para los mercados financieros. De todos modos, como sin duda las condiciones de un nuevo tratado las pondrá Alemania, es casi seguro que se produzca una importante desaceleración económica. Pero tal vez eso impulse en Alemania un cambio de actitud más profundo, lo que a su vez permitiría la adopción de políticas anticíclicas. Cuando eso ocurra, podría recuperarse el crecimiento en gran parte de la eurozona.

George Soros. Presidente de Soros Fund Management.

Project Syndicate.

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TRIBUNA

Una solución integral de la crisis del euro demanda tres componentes principales. El primero, la reforma y recapitalización del sistema bancario. Cuando se firmó el Tratado de la Unión Europea en Maastricht, sólo se pensó en los desequilibrios del sector público, pero los excesos del sector bancario resultaron mucho peores. La introducción del euro dio lugar a la aparición de auges de la construcción en países como España e Irlanda. Los bancos de la Eurozona pasaron a contarse entre los más sobreapalancados del planeta (y los más afectados por la debacle de 2008), y siguen necesitando desesperadamente una protección contra el peligro de insolvencia.

El primer paso ya se dio hace poco, cuando el Fondo Europeo de Estabilidad Financiera obtuvo autorización para rescatar no sólo a gobiernos, sino también a bancos. Pero a esta medida deben seguirle otras. Una urgente es el aumento sustancial del capital propio de los bancos. Y para que una agencia europea pueda garantizar la solvencia de los bancos, éstos deben estar bajo su supervisión.

Una agencia europea de regulación bancaria pondría fin a la relación incestuosa entre bancos y autoridades regulatorias, de la que se derivaron los excesos que impulsaron la crisis. Además, dicha agencia afectaría a las soberanías nacionales mucho menos que subordinar las políticas fiscales a una autoridad con jurisdicción sobre la UE o la Eurozona.

Pasemos al segundo tema: Europa necesita emitir eurobonos. Se creía que la introducción del euro reforzaría la convergencia, pero lo cierto es que creó divergencias entre los países miembros, dados los variados niveles de endeudamiento y competitividad que los separan. Si los países que cargan con deudas elevadas deben pagar primas de riesgo demasiado onerosas, sus deudas se volverán insostenibles, tal como sucede en la actualidad.

La solución es obvia: permitir que los países deficitarios refinancien el grueso de sus deudas en las mismas condiciones que los superavitarios. El mejor modo de lograrlo es autorizar la emisión de eurobonos con el respaldo conjunto de todos los países miembros.

Aunque en principio la idea es sencilla, los detalles precisan de elaboración. ¿Qué agencia supranacional estará a cargo de emitir los eurobonos? ¿En qué reglas se basará para autorizar la emisión? ¿Y cómo las hará cumplir?

Es de suponer que la emisión de eurobonos estará sujeta al control de los ministros de Finanzas de la Eurozona. El comité designado sería el homólogo del Banco Central Europeo en asuntos fiscales, a la vez que el homólogo europeo del Fondo Monetario Internacional.

El debate se centrará en el derecho al voto. El BCE opera por el principio de un voto por país, pero el FMI reparte el voto según el aporte de capital de cada estado. ¿Qué sistema conviene adoptar? El primero tal vez equivalga a dar a los deudores carta blanca para acumular más déficit; pero el segundo puede perpetuar una Europa de dos velocidades. Es precisa una solución intermedia.

Dado que el destino de Europa depende de Alemania, y ya que la emisión de eurobonos pondría en riesgo su posición crediticia, la solución debe prever que Alemania ocupe el asiento del conductor. Lamentablemente, este país tiene ideas erróneas en materia macroeconómica: espera que el resto de Europa siga su ejemplo. Pero lo que sirve para ella no sirve para el resto de Europa, ya que ningún país puede mantener un superávit crónico de la balanza comercial sin que otros mantengan déficit. Es decir, Alemania debe proponer reglas que los demás puedan cumplir.

Dichas reglas deben admitir una reducción gradual del endeudamiento y permitir que los países con mucho desempleo, como España, sigan ejecutando presupuestos deficitarios. Para lograrlo, se podría apelar a reglas basadas en metas de déficit ajustadas al ciclo económico. Y lo más importante, las reglas deben considerar su propia imperfección, dejando lugar para realizar revisiones y mejoras.

El think tank Bruegel propuso que los eurobonos constituyan el 60% de la deuda externa no resuelta de los países del euro. Pero vistas las elevadas primas de riesgo actuales, este porcentaje no llega para nivelar el terreno de juego. En mi opinión, los títulos de deuda que se emitan en el futuro deberían hacerse totalmente en eurobonos, hasta un límite que establezca el comité. Éste debería imponer condiciones tanto más estrictas cuanto mayor sea el volumen de eurobonos que desee emitir cada país. Hacer valer la voluntad del comité no debería ser problema, ya que la prohibición de emitir más eurobonos obraría como arma de disuasión eficaz. Pero hay que mejorar los sistemas de vigilancia, para que los países infractores sean oportunamente avisados.

Esto nos lleva al tercer problema: ¿Qué sucede con aquellos países que no deseen o no puedan cumplir las condiciones pactadas? La imposibilidad de emitir eurobonos podría dar lugar a devaluaciones o ceses de pago caóticas. Si no se cuenta con algún mecanismo de salida, las consecuencias pueden ser catastróficas. Un arma de disuasión tan peligrosa que no se puede usar es poco creíble (moraleja que se desprende del caso de Grecia).

Es el área más difícil, y yo no tengo una solución. Depende de la evolución de la crisis griega. Tal vez se pueda idear un mecanismo ordenado de salida que sirva para un país pequeño como Grecia pero no para otro de mayor tamaño como Italia. Para esos casos, el sistema de emisión de eurobonos debería incluir sanciones inexorables. Quizá una suerte de ministro de Finanzas europeo con legitimidad política y financiera; una solución que puede surgir del debate y el examen de conciencia necesarios, sobre todo en Alemania.

Una cosa es segura: para que el euro sea viable, es preciso resolver estas tres áreas. Pero quizá los mercados financieros no extiendan una moratoria que dé tiempo a implementar las nuevas disposiciones.

Es posible que el Consejo Europeo, urgido por la presión continua de los mercados, deba hallar una solución transitoria que evite una calamidad. Una posibilidad sería autorizar al BCE a prestar directamente a los gobiernos que no encuentren crédito en los mercados en condiciones razonables, mientras se espera la creación del sistema de eurobonos.

George Soros es inversor financiero y presidente de Soros Fund Management y de Open Society Institute.

© Project Syndicate.

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en primer plano

Los mercados financieros detestan la incertidumbre; por eso han entrado en modo de crisis. Los gobiernos de la eurozona han dado algunos pasos significativos en la dirección adecuada para resolver la crisis del euro, pero, obviamente, no avanzaron lo suficiente como para tranquilizar a los mercados.

En su reunión del pasado 21 de julio, las autoridades europeas aprobaron un conjunto de medidas parciales. Decidieron que su nueva agencia fiscal, el Fondo Europeo para la Estabilidad Financiera (EFSF), debe ocuparse de los problemas de solvencia, pero no aumentaron su tamaño. Esto no fue suficiente para establecer una autoridad fiscal creíble para la zona del euro. Y el nuevo mecanismo no entrará en funcionamiento al menos hasta septiembre. Mientras tanto, la disposición sobre liquidez del Banco Central Europeo es la única forma de evitar un colapso en el precio de los bonos emitidos por varios países europeos.

De igual forma, los líderes de la eurozona ampliaron las atribuciones del EFSF para incluir la solvencia de los bancos, pero no llegaron a transferir la supervisión de los bancos de las agencias nacionales a un organismo europeo. Y ofrecieron un paquete de ayuda ampliada a Grecia sin generar credibilidad sobre el éxito del rescate: organizaron la participación de los tenedores de bonos en el paquete de rescate griego, pero el acuerdo benefició más a los bancos que a Grecia.

Lo más preocupante

Tal vez lo más preocupante es que Europa finalmente reconoció el principio -aceptado desde hace mucho tiempo por el FMI- de que los países en los programas de rescate no deben ser penalizados a través de las tasas de interés, pero ese mismo principio no se hizo extensivo a los países que aún no participan en los programas de rescate. Como resultado, España e Italia han tenido que pagar mucho más por su endeudamiento que lo que reciben de Grecia. Esto les da derecho a optar por salirse del rescate griego, planteando la perspectiva de que el paquete puede venirse abajo. Los mercados financieros, reconociendo esta posibilidad, aumentaron la prima de riesgo sobre los bonos españoles e italianos hasta niveles insostenibles. La intervención del BCE ayudó, pero no solucionó el problema.

La situación se está tornando intolerable. Las autoridades tratan de ganar tiempo, pero el tiempo se acaba. La crisis se acerca rápidamente a un punto culminante. Alemania y los demás miembros de la zona del euro con calificaciones AAA deberán decidir si están dispuestos a arriesgar su propio crédito para permitir que España e Italia refinancien sus bonos a tasas de interés razonables. De lo contrario, España e Italia serán empujadas inexorablemente hasta caer en programas de rescate. En resumen, Alemania y los demás países con calificaciones de bonos AAA deben acordar algún tipo de régimen de eurobonos. De otra forma, el euro se vendrá abajo. Debe reconocerse que una cesación de pagos o una salida desordenada de la eurozona, incluso de un país pequeño como Grecia, desencadenaría una crisis bancaria comparable a la que causó la Gran Depresión. Ya no se trata de si vale la pena mantener una moneda común. El euro existe y su colapso causaría pérdidas incalculables al sistema bancario. Por lo tanto, la elección a la que se enfrenta Alemania es más aparente que real: y es una decisión cuyo costo aumentará a medida que la posponga.

La crisis del euro tuvo su origen en la decisión de la canciller alemana Angela Merkel, tomada luego de la quiebra de Lehman Brothers en septiembre de 2008, estableciendo que la garantía contra futuras cesaciones de pagos sería responsabilidad individual de cada país y no de la Unión Europea. Y fue la pérdida de tiempo alemana que agravó la crisis griega y causó el contagio que la convirtió en una crisis existencial para Europa.

Solo Alemania puede revertir la dinámica de la desintegración europea. No será fácil: Merkel, después de todo, percibió correctamente el humor de los alemanes cuando tomó su fatídica decisión, y la atmósfera política interna desde entonces se ha tornado aún menos favorable a extender el crédito al resto de Europa.

Merkel puede superar la resistencia política solo en una atmósfera de crisis, y solo en forma gradual. El paso siguiente será ampliar el EFSF; pero, para cuando eso se logre, la calificación AAA francesa podría ya estar en peligro. De hecho, para cuando Alemania acepte un régimen de eurobonos, su propia calificación AAA podría verse comprometida.

La única forma en que Europa puede escapar de esta trampa es anticipando las reacciones de los mercados financieros en vez de ceder ex post a sus presiones. Esto exigirá un intenso debate e introspección, especialmente en Alemania que, siendo la mayor y mejor calificada economía de la UE, se ha visto colocada en la posición de decidir el futuro de Europa.

Es un rol que Alemania ha evitado intensamente y que continúa sin deseos de aceptar. Pero la decisión para Alemania verdaderamente no es tal. Una ruptura del euro precipitaría una crisis bancaria que superaría la capacidad de control de las autoridades financieras mundiales. Cuanto más demore Alemania en reconocer esto, mayor será el precio que deberá pagar.

George Soros. Presidente de Soros Fund Management y del Open Society Institute.

© Project Syndicate

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EN PRIMER PLANO

La Unión Europea fue creada mediante lo que Karl Popper llamó ingeniería social gradual. Un grupo de hombres de estado con mentalidad previsora, inspirados por la visión de unos Estados Unidos de Europa, reconoció que este ideal se podía abordar sólo en forma gradual, fijándose objetivos limitados, movilizando la voluntad política necesaria para lograrlos y firmando tratados que requiriesen a los Estados renunciar a su soberanía sólo en la medida políticamente viable. Así es como la Comunidad del Carbón y del Acero de posguerra se transformó en la Unión Europea: un paso cada vez, sabiendo que cada paso era incompleto y necesitaría avances adicionales a su debido tiempo.

Los arquitectos de la Unión Europea generaron la voluntad política necesaria apoyándose en la memoria de la Segunda Guerra Mundial, la amenaza de la Unión Soviética y los beneficios económicos de una mayor integración. El proceso se alimentó de su propio éxito y, con el desplome de la Unión Soviética, recibió un poderoso empuje gracias a la perspectiva de la reunificación alemana.

Alemania aceptó que sólo podía reunificarse en el contexto de una unificación europea mayor, y que estaba dispuesta a pagar el precio. Con el esfuerzo extra de los alemanes para reconciliar los intereses nacionales en conflicto, el proceso de integración europea alcanzó su apogeo con el Tratado de Maastricht y la introducción del euro.

Deficiencias del euro

Pero el euro era una moneda incompleta: tenía un banco central, pero no un tesoro central. Sus arquitectos eran perfectamente conscientes de esta deficiencia, pero creían que cuando surgiese la necesidad, la voluntad política podría ser convocada para dar el siguiente paso adelante.

Esto no es lo que sucedió, porque el euro tenía otros problemas cuyos arquitectos desconocían. Trabajaron pensando equivocadamente que los mercados financieros pueden corregir sus propios excesos, por lo que diseñaron reglas para limitar sólo los excesos del sector público. E, incluso en ese caso, confiaron demasiado en la autorregulación por parte de Estados soberanos.

Pero los excesos se produjeron principalmente en el sector privado, ya que la convergencia de las tasas de interés generó divergencia económica: las menores tasas de interés en los países más débiles impulsaron burbujas inmobiliarias, mientras que el país más fuerte, Alemania, debió ajustar su cinturón para hacer frente al coste de la reunificación. Mientras tanto, el sector financiero se vio extremadamente comprometido por la difusión de instrumentos financieros poco sólidos y de malas prácticas crediticias.

Con la reunificación alemana se eliminó el impulso principal al proceso de integración y la crisis financiera desató un proceso de desintegración. El momento decisivo llegó tras el colapso de Lehman Brothers, y las autoridades debieron garantizar que no se permitiese la caída de ninguna otra institución financiera importante para el sistema. La canciller alemán Angela Merkel insistió en que no debía haber una garantía conjunta de la Unión Europea; cada país era responsable de sus propias instituciones. Esa fue la causa principal de la crisis actual del euro.

La crisis financiera obligó a los Estados soberanos a sustituir el crédito que había colapsado con crédito propio, y en Europa cada Estado debió ocuparse por su cuenta, poniendo en tela de juicio la calidad crediticia de los bonos gubernamentales europeos. Las primas de riesgo crecieron y la eurozona se dividió entre países deudores y acreedores. Alemania había cambiado su rumbo 180 grados: de ser la principal impulsora de la integración se convirtió en la gran oponente a una “unión de transferencias”.

Esto creó una Europa a dos velocidades: con los países deudores hundiéndose bajo el peso de sus obligaciones y los países superavitarios escalando posiciones. En su calidad de mayor acreedor, Alemania podía dictar los términos de la asistencia, que fueron excesivamente gravosos e impulsaron a los países deudores hacia la insolvencia. Mientras tanto, Alemania se benefició con la crisis del euro, que deprimió las tasas de cambio e impulsó aún más su competitividad.

A medida que la integración se ha convertido en desintegración, el rol de la clase dirigente política europea también se ha invertido, pasó de encabezar una unificación mayor a defender el statu quo. Como resultado, todos quienes lo consideren indeseable, inaceptable o insostenible han debido asumir una postura antieuropea. Y, a medida que los países altamente endeudados se ven empujados hacia la insolvencia, los partidos políticos nacionalistas -como los Verdaderos Finlandeses en Finlandia- se han fortalecido, junto con sus homólogos europeos más arraigados.

Sin alternativas

Pero la clase dirigente política europea continúa postulando que no hay alternativa al statu quo. Las autoridades financieras recurren a medidas cada vez más desesperadas para ganar tiempo. Pero el tiempo les juega en contra: la Europa a dos velocidades está separando cada vez más a los socios. Grecia se dirige a una cesación de pagos desordenada y/o una devaluación con consecuencias incalculables.

Si este proceso aparentemente inexorable debe ser detenido y revertido, tanto Grecia como la zona del euro deben adoptar urgentemente un Plan B. La cesación de pagos griega puede ser inevitable, pero no tiene por qué ser desordenada. Y si bien cierto contagio será insoslayable -lo que suceda a Grecia probablemente se extienda a Portugal, y la situación financiera de Irlanda puede también tornarse insostenible-, el resto de la zona del euro debe ser protegida. Eso significa fortalecer la zona del euro, lo que probablemente requiera un mayor uso de eurobonos y algún tipo de esquema de garantía de depósitos para toda ella.

Generar la voluntad política requerirá un Plan B para la propia Unión Europea. La elite europea necesita retomar los principios que guiaron la creación de la Unión, reconocer que nuestra comprensión de la realidad es inherentemente imperfecta, que las percepciones están condenadas a sufrir sesgos y las instituciones a tener fallas. Una sociedad abierta no trata los acuerdos preexistentes como sacrosantos; permite alternativas cuando esos acuerdos fracasan.

Debería ser posible movilizar a una mayoría silenciosa proeuropea en favor de la idea de que, cuando el statu quo resulta indefendible, debemos buscar una solución europea en lugar de soluciones nacionales. Los “verdaderos europeos” deben superar en número a los Verdaderos Finlandeses y otros antieuropeos en Alemania y el resto de Europa.

George Soros. Presidente de Soros Fund Management.

© Project Syndicate 1995-2011

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VISIÓN PERSONAL

La campaña para velar por que todas las compañías dedicadas a actividades extractivas hagan públicos todos sus pagos en sus países anfitriones está cobrando impulso y Francia es quien la encabeza. El presidente Nicolas Sarkozy es digno de aplauso por apoyar una nueva iniciativa que fomenta unas normas estrictas de transparencia para las compañías petroleras, de gas y mineras cotizadas en las bolsas de valores europeas.

Francia, que forma parte del núcleo de la Unión Europea y preside este año tanto el G-8 como el G-20, está en condiciones excepcionales para alentar semejante iniciativa reglamentadora. Con la capacidad de dirección de Francia, el año 2011 ofrece una oportunidad de oro para que los más importantes mercados de capitales adopten normas claras y precisas que exijan una transparencia financiera total por parte de las empresas de la industria extractiva a las autoridades estatales.

El petróleo, el gas y la minería producen miles de millones de dólares al año para los Estados y las empresas. Además, dichas industrias desempeñan con frecuencia un papel fundamental en el desarrollo económico de los países ricos en recursos. Sin embargo, pese a su gran riqueza natural, una mayoría de los habitantes de esos países vive en la pobreza.

Los impuestos y pagos reales abonados a los Estados por las compañías mineras, petroleras y otras de la industria extractiva suelen ser un secreto muy bien guardado, pese a que la mayoría de sus gobiernos afirman utilizar los ingresos para el bien público. En realidad, en demasiados países los ciudadanos de a pie no se benefician nada de ese dinero; de hecho, tienen que cargar con los costos medioambientales y sociales que entrañan las operaciones mineras y perforadoras.

En efecto, esos secretos tan bien guardados de la industria y los gobiernos pueden tener repercusiones graves y generalizadas, como lo demuestran los levantamientos en el norte de África y en Oriente Medio. En esos países, muchos de los cuales son ricos en petróleo y gas, los ciudadanos están protestando contra la corrupción y la represión política. En el fondo, están protestando contra la mala administración de la riqueza y los recursos de sus países con las consiguientes consecuencias para la seguridad y la asequibilidad de los suministros de energía del mundo entero.

La transparencia es una parte esencial de la solución. Se debe asegurar a los ciudadanos de todas partes que las empresas petroleras y de gas, además de las compañías mineras, hacen pública toda su información financiera pertinente, desglosada por país y por proyecto e incluidos todos los pagos hechos a los presupuestos públicos de los países anfitriones.

Transparencia global

Si los reglamentadores europeos pueden llegar a un acuerdo sobre esa prescripción para las empresas de la industria extractiva cotizadas en sus bolsas de valores, se les aplicará esa norma de la transparencia independientemente de dónde estén radicadas sus sedes. Los reglamentadores deben disponer también que las empresas presenten informes periódica y puntualmente y que estén fácilmente disponibles y sean comparables entre los países y con los de las demás compañías extractivas.

Estados Unidos ya ha aprobado un instrumento legislativo, la Ley Dodd-Frank de 2010, que obliga a revelar los pagos hechos a los gobiernos. La prescripción de que las empresas revelen todas sus corrientes de ingresos por país y por proyecto es aplicable al 90% de las compañías petroleras y de gas internacionales y a ocho de las diez compañías mineras mayores.

Así, los ciudadanos podrán comprobar el uso que se hace de ese dinero, pero no los ayudará a apreciar si sus gobiernos reciben una participación justa. Si la UE obligara a las empresas a hacer pública una información detallada sobre las cifras relativas a la producción y las operaciones, los balances financieros y contables y los pagos a las autoridades, las empresas rendirían cuentas de verdad ante los ciudadanos y los ingresos estatales aumentarían.

La Comisión Europea está examinando ahora esa reforma de la reglamentación y el apoyo de Francia es imprescindible para que la UE anuncie este mes las necesarias iniciativas legislativas encaminadas a fomentar la transparencia. La ministra de Hacienda de Francia, Christine Lagarde, subrayó recientemente la necesidad de fomentar “iniciativas en los sectores industriales encaminadas a mejorar la gestión de los asuntos públicos y a aumentar la integridad y la transparencia de las transacciones económicas”.

En su recién concluida cumbre celebrada en Deauville (Francia), el G-8 pidió por primera vez la presentación obligatoria de informes por parte de las compañías petroleras, de gas y mineras. Se trata de un avance importante, pero, lamentablemente, queda matizada por una redacción que permite optar por iniciativas voluntarias y se centra sólo en la transparencia de los pagos.

Ahora el mundo debe estar atento a la cumbre del G-20 que se celebrará en Cannes el próximo noviembre para que formule un compromiso inequívoco sobre las necesarias prescripciones relativas a los informes, en vista de que participarán en ella importantes economías en ascenso, como, por ejemplo, el Brasil, la India y China, además de Sudáfrica y otros países africanos ricos en recursos.

La importancia de la transparencia financiera de las empresas extractivas no se limita a un país o a una época y es demasiado importante para dejarla al albur de las iniciativas voluntarias exclusivamente. Una mayor rendición de cuentas y una gestión más idónea de los asuntos públicos por parte de dichas empresas podría cambiar las vidas, las economías y los sistemas políticos de todo el mundo.

George Soros. Presidente del Soros Fund Management.

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en primer plano

La llamada crisis del euro generalmente se considera sólo una crisis de la moneda, pero también es una crisis de deuda soberana, y aún más una crisis bancaria. La complejidad de la situación ha creado confusión y esa confusión tiene consecuencias políticas. En efecto, Europa se enfrenta no sólo a una crisis económica y financiera, sino también, como resultado de ellas, a una crisis política. Los distintos Estados miembros han diseñado políticas muy diferentes, que reflejan sus puntos de vista y no sus intereses nacionales verdaderos, un choque de percepciones que encierra las semillas de un conflicto político grave.

La solución que Europa está a punto de adoptar estará dictada efectivamente por Alemania, cuyo crédito soberano es necesario para cualquier solución. Los esfuerzos de Francia por influir sobre el resultado están limitados en última instancia por su dependencia de una estrecha alianza con Alemania debido a sus calificaciones soberanas AAA. Alemania culpa de la crisis a los países que han perdido competitividad y que acumulan deuda. En consecuencia, Alemania deposita la carga del ajuste en los países deudores. Pero esto ignora la gran parte de responsabilidad que tiene Alemania en las crisis bancaria y de la moneda, si no es que también en la de la deuda soberana.

Burbujas inmobiliarias

Cuando se introdujo el euro se esperaba que generaría convergencia entre las economías de la eurozona. En cambio, trajo divergencia. El Banco Central Europeo trató las deudas soberanas de todos los países miembros como si esencialmente no tuvieran riesgo y aceptó sus bonos gubernamentales en la ventanilla de descuento en términos de igualdad. Esto llevó a los bancos que estaban obligados a tener activos sin riesgo para cumplir los requisitos de liquidez a ganar algunos puntos de base más adquiriendo deuda soberana de los países más débiles. Esto redujo las tasas de interés en los llamados países PIIGS (Portugal, Irlanda, Italia, Grecia y España) e infló las burbujas inmobiliarias justo cuando los costes de la reunificación estaban obligando a Alemania a apretarse el cinturón. Ello provocó tanto la divergencia de la competitividad como la crisis bancaria en Europa, que afectó a los bancos alemanes más que a los de otros países. De hecho, Alemania ha estado rescatando a los países fuertemente endeudados como forma de proteger su propio sistema bancario. Por ejemplo, la enorme deuda soberana de Irlanda surgió porque las autoridades de la eurozona, empeñadas en salvar el sistema bancario, obligaron a los irlandeses a nacionalizar sus bancos como condición para mantenerlos a flote. Así pues, dado que los mecanismos impuestos por Alemania protegen al sistema bancario partiendo del supuesto de que la deuda soberana pendiente es sacrosanta, los países deudores deben cargar todo el peso del ajuste.

Esto recuerda la crisis bancaria internacional de 1982, cuando el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional prestaron a los países deudores dinero suficiente para cubrir el servicio de sus deudas hasta que los bancos pudieran reunir reservas suficientes para cambiar sus deudas incobrables por bonos Brady en 1989. Eso significó una ‘década perdida’ para las economías de América Latina. En efecto, los arreglos actuales castigan a los países deudores aún más que en los años ochenta, porque tendrán que pagar primas de riesgo considerables después de 2013.

Divergencia crónica

Hay algo de incongruente en rescatar al sistema bancario una vez más para después ‘condenar’ a los tenedores de deuda soberana después de 2013 mediante la introducción de cláusulas de acción colectiva. Además, los requisitos de competitividad que exige Alemania se impondrán entre actores que no están en igualdad de condiciones, lo que pondrá a los países deficitarios en una posición insostenible que incluso podría arrastrar a España, país que empezó la crisis del euro con un coeficiente de deuda inferior al alemán. Como resultado, la Unión Europea sufrirá algo peor que una década perdida; tendrá que soportar una divergencia crónica en la que los países superavitarios avancen y los países deficitarios se atrasen debido a la carga de su deuda acumulada.

Alemania está imponiendo estos mecanismos bajo una enorme presión interna, pero al público alemán no se le ha dicho la verdad y, por lo tanto, está confundido. Puesto que las normas que se fijarán establecerán una Europa de dos velocidades, es probable que generen resentimientos que pongan en riesgo la cohesión política de la UE.

Se necesitan dos modificaciones fundamentales. En primer lugar, el Mecanismo Europeo de Estabilización Financiera debe servir para rescatar al sistema bancario y también a los Estados miembros. Esto permitiría reestructurar la deuda soberana sin precipitar una crisis bancaria. Pese a esta tarea adicional, la magnitud del paquete de rescate podría permanecer igual porque cualquier cantidad que se utilizara para recapitalizar o liquidar bancos se reduciría a la cantidad que necesitaran los gobiernos.

Hacer que el sistema bancario estuviera bajo supervisión europea, en lugar de dejarlo en manos de las autoridades nacionales, sería una mejora fundamental que ayudaría a restablecer la confianza. Además, tendría la ventaja de informar al público alemán sobre el verdadero propósito de la operación de rescate. En segundo lugar, para crear condiciones de igualdad se tendrán que eliminar las primas de riesgo de los costes del crédito para los países que cumplan las normas. Esto podría lograrse mediante la conversión de la mayoría de su deuda soberana a eurobonos. Cada país tendría entonces que emitir sus propios bonos con cláusulas de acción colectiva y sólo pagaría la prima de riesgo sobre las cantidades que superaran el límite de deuda pública (60% del PIB) establecido en los criterios de Maastricht.

El primer paso podría, y tendría, que darse de inmediato; el segundo tendrá que esperar. Falta mucho para que el público alemán lo acepte. Sin embargo, es claramente necesario para restablecer las condiciones de igualdad en Europa.

La Unión Europea se ha construido poco a poco y sus arquitectos han sabido de antemano que cada paso era insuficiente y que era necesario seguir avanzando. No obstante, tenían la certeza de que cuando llegara el tiempo de corregir una deficiencia, podría reunirse la voluntad política necesaria. Esta vez, en cambio, las perspectivas de una Europa de dos velocidades seguramente socavarán la cohesión política de Europa y, por lo tanto, su capacidad de actuar al unísono cuando sea necesario. Por eso, se debe reconocer claramente la necesidad del próximo paso en la integración europea junto con la aplicación del mecanismo de solución de crisis de la Unión Europea. De otro modo, los países deficitarios no tendrán esperanzas de salir de su predicamento sin importar cuánto empeño pongan en ello.

George Soros. Presidente de Soros Fund Management.

Project Syndicate.

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AHORA MISMO

El conflicto económico entre Estados Unidos y China fue uno de los acontecimientos globales más preocupantes en 2010. Estados Unidos presionó a China para que revaluara el renminbi, mientras que China responsabiliza a la política de “alivio cuantitativo” de la Reserva Federal por la agitación de los mercados monetarios. Ambas partes mantienen un diálogo de sordos, aunque con algunos argumentos validos.

Los desequilibrios globales que estuvieron en la raíz de la crisis económica de 2008 no se han corregido; de hecho, algunos han aumentado. Estados Unidos sigue consumiendo más de lo que produce, lo que genera un déficit comercial crónico. El consumo se mantiene demasiado alto, en casi el 70% del PIB, comparado con un insosteniblemente bajo 35,6% del PIB en China.

La economía de Estados Unidos necesita una mayor productividad, pero las corporaciones estadounidenses, que están operando de manera muy rentable, están acumulando efectivo en lugar de invertirlo. En China, en cambio, es preciso frenar el préstamo bancario, pero los esfuerzos regulatorios se vieron afectados por una financiación fuera de balance y el desarrollo de un sector cuasibancario informal. La economía está dando señales de sobrecalentamiento.

Estos desequilibrios podrían reducirse si Estados Unidos usara un estímulo fiscal en lugar de monetario y si China permitiera que el renminbi se apreciara de manera disciplinada. Pero las políticas internas en ambos países se interponen en el camino.

En Estados Unidos, los republicanos, que ganaron las elecciones de mitad de mandato, estaban decididos a extender los recortes impositivos de Bush en su totalidad. Esto deja poco espacio para el estímulo fiscal, mientras que es más probable que el recorte impositivo se ahorre y no se invierta. Es por eso que la Reserva Federal (Fed) tuvo que recurrir al alivio cuantitativo, a pesar de que tienda a estimular las burbujas de activos más que las inversiones productivas.

China interpreta el alivio cuantitativo como un plan para devaluar el dólar y forzar una revaluación del renminbi. Estados Unidos, a su vez, no logra entender por qué China se resiste tanto a permitir que el renminbi se aprecie, cuando esto serviría para desanimar las presiones inflacionarias.

Mantener un sistema monetario de dos niveles y una moneda subvaluada ha sido la clave para el éxito de China. Estados Unidos mantiene restricciones a las exportaciones de alta tecnología desde China debido a la falta de respeto que este país muestra por los derechos de propiedad intelectual. Estados Unidos prefiere precios más altos de las importaciones chinas para ayudar a aliviar las presiones deflacionarias, lo que también descartaría la necesidad de un alivio cuantitativo y eliminaría un motivo de queja por parte de China.

Cada país implementa políticas que no ayudan al otro y no son del todo buenas para sus propias economías. La economía global en su totalidad se beneficiaría si ambas partes se escucharan mutuamente y coordinaran sus políticas económicas.

Pero está sucediendo todo lo contrario. El conflicto en la política económica se está propagando a la esfera geopolítica. Primero, China afirmó que tiene un “interés central” en el Mar del Sur de China y, efectivamente, reclama su “zona económica especial” de 200 millas en la región como aguas territoriales. La secretaria de Estado Hillary Clinton rebatió que Estados Unidos también tiene “intereses” en esta región, lo que lleva a los dos países a estar en desacuerdo sobre una región marítima vasta y críticamente importante en Asia.

Luego China se vio envuelta con Japón en una disputa sobre las islas Diaoyu o Senkaku. Pocos occidentales se dan cuenta de la seriedad con la que China se toma este asunto. Geológicamente, las islas están conectadas a Taiwán, y Japón obtuvo su control al tomar posesión de Taiwán en 1895. Esto eleva estas rocas deshabitadas al mismo nivel de importancia que Taiwán o el Tíbet para la “doctrina única oficial de China”. Las autoridades chinas se molestaron profundamente cuando Estados Unidos respaldó la posición japonesa.

Desequilibrios globales

El deterioro de las relaciones entre Estados Unidos y China es particularmente preocupante, ya que tiene lugar en un contexto de desequilibrios globales y serias divisiones políticas internas, que llevan a ambos países a adoptar posiciones intransigentes.

Los desequilibrios globales podrían repararse, y los conflictos evitarse, sólo mediante una mayor cooperación internacional. Pero la política macroeconómica no es la única área que se beneficiaría con un mejor entendimiento entre los dos países.

Tomemos el caso de Afganistán. El país es rico en recursos minerales que China necesita, pero es Estados Unidos quien se gasta 10.000 millones de dólares al mes en la ocupación de un país cuyo PIB anual asciende tan sólo a 15.000 millones de dólares. Tal como están las cosas, Estados Unidos probablemente reduzca su presencia antes de que Afganistán se pacifique y sus recursos minerales se desarrollen. Dado que China es el mercado obvio para estos minerales, tendría sentido que el régimen chino alentara un compromiso continuo por parte de Estados Unidos, haciendo un aporte significativo al coste de entrenar al ejército afgano.

Cuando el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, visitó China en noviembre de 2009, reconoció el rápido crecimiento de China y ofreció una asociación para mantener y mejorar el orden mundial. Pero los líderes chinos rechazaron la oferta, con el argumento de que China es un país en desarrollo que apenas puede satisfacer las necesidades de su propia población.

Ese desacuerdo es desafortunado, porque la mejora de los niveles de vida chinos debería ir de la mano de la participación china en la construcción de un mejor orden mundial. Sólo si China presta mayor atención a cómo es percibida y aceptada por el resto del mundo podrá seguir creciendo de una manera pacífica.

El liderazgo chino sabe que debe cumplir con las expectativas mínimas de su propio pueblo para mantener la paz y la estabilidad internas; ahora debe aprender a volverse aceptable para el resto del mundo, en pos de preservar la paz y la estabilidad externas. Esto significa volverse una sociedad más abierta y desempeñar un papel más activo a la hora de mantener un orden mundial pacífico y estable.

A menos que ambas partes hagan un esfuerzo deliberado para llegar a un mejor entendimiento, el mundo enfrenta tiempos turbulentos en 2011 y después.

George Soros. Presidente de Soros Fund Management.

Copyright: Project Syndicate.

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Comparto la preocupación en aumento en todo el mundo por la desalineación de las divisas. El ministro de Hacienda de Brasil habla de una guerra de divisas latente y no anda descaminado: en los mercados de divisas es donde políticas económicas diferentes y sistemas económicos y políticos distintos se relacionan, se influyen y chocan. El sistema de tipos de cambio actual está desequilibrado. China ha vinculado esencialmente su divisa con el dólar, mientras que la mayoría de las demás monedas fluctúa más o menos libremente.

China tiene un sistema doble en el que la cuenta de capital está estrictamente controlada; la mayoría de las demás divisas no distingue entre la cuenta corriente y la de capital, con lo que el renminbi está crónicamente infravalorado y garantiza a China un gran superávit comercial persistente. Lo más importante es que esa disposición permite al Gobierno chino retirar una porción importante del valor de las exportaciones chinas sin afectar a los incentivos que hacen trabajar tan intensamente a las personas y hacen tan productiva su mano de obra. Tiene el mismo efecto que la fiscalidad, pero funciona mejor.

Ese secreto del éxito de China le da ventaja en sus transacciones con otros países, porque el Gobierno tiene discrecionalidad sobre la utilización del superávit y ha protegido a China contra la crisis financiera, que sacudió el mundo desarrollado hasta la base. Para China, la crisis fue un acontecimiento externo experimentado principalmente como una bajada temporal de las exportaciones.

No es exagerado decir que, desde que se produjo la crisis financiera, China ha estado al timón de la economía mundial. Sus iniciativas en materia de divisas han tenido una influencia decisiva en los tipos de cambio.

En meses pasados, cuando el euro pasó por dificultades, China adoptó una política de esperar y ver. Su ausencia como compradora contribuyó a la bajada del euro. Cuando el euro bajó hasta los 1,20 dólares, China intervino por fin para preservar el euro como divisa internacional. Las compras de China invirtieron la bajada del euro.

Más recientemente, cuando el Congreso de los Estados Unidos amenazó con legislar contra la manipulación de la divisa asiática, China permitió que el renminbi se apreciara un par de puntos porcentuales frente al dólar. Sin embargo, la subida del euro, del yen y de otras divisas compensó la bajada del dólar, lo que preservó la ventaja de China.

Ahora, la posición dominante de China está amenazada por factores internos y externos. La inminente desaceleración mundial ha intensificado las presiones proteccionistas. Países, como, por ejemplo, Japón, Corea del Sur y Brasil están interviniendo unilateralmente en los mercados de divisas. Si empiezan a imitar a China imponiendo restricciones a las transferencias de capital, China perderá algunas de sus ventajas actuales. Además, los mercados mundiales de divisas resultarían trastocados y la economía mundial se deterioraría.

El experto en China Michael Pettis ha mostrado que el consumo como porcentaje del Producto Interior Bruto (PIB) chino ha disminuido de un ya bajo 46% en 2000 al 35,6% en 2009. Las inversiones suplementarias en bienes de capital ofrecen rendimientos muy bajos. En adelante, el consumo debe aumentar mucho más rápidamente que el PIB.

También las consideraciones externas representan un clamor en pro de que se permita la apreciación del renminbi, pero los ajustes de las divisas deben formar parte de un plan internacionalmente coordinado para reducir los desequilibrios mundiales.

Los desequilibrios en los Estados Unidos son una imagen especular de los de China. Mientras que esta última está amenazada por la inflación, los EEUU corren el riesgo de deflación. Con un casi 70% del PIB, el consumo en los EEUU es demasiado elevado, por lo que necesitan un estímulo fiscal para aumentar la competitividad, en lugar de la llamada “flexibilización cuantitativa” en materia de política monetaria, que aumenta la presión al alza en todas las divisas distintas del renminbi.

Los Estados Unidos necesitan también una subida del renminbi para reducir el déficit comercial y aliviar la carga de la deuda acumulada. A su vez, China podría aceptar un renminbi más fuerte y una tasa total de crecimiento menor, siempre que la participación del consumo en su economía fuera aumentando y continuara la mejora del nivel de vida. El público de China estaría satisfecho; sólo los exportadores sufrirían las consecuencias y el superávit que está acumulando el Gobierno chino disminuiría. Una gran apreciación sería desastrosa, como dice el primer ministro, Wen Jiabao, pero un 10% al año sería tolerable.

Como el Gobierno chino es el beneficiario directo del superávit en materia de divisas, necesitaría tener una notable capacidad de previsión para aceptar esa disminución de su poder y reconocer las ventajas de la coordinación de sus políticas económicas con el resto del mundo. Los dirigentes de China deben reconocer que su país no puede seguir ascendiendo sin prestar más atención a los intereses de sus socios comerciales.

Sólo China está en condiciones de iniciar un proceso de cooperación internacional, porque puede ofrecer el aliciente de la apreciación del renminbi. China ha creado ya un mecanismo minucioso para lograr el consenso en su interior. Ahora debe dar un paso más y participar en la creación de un consenso internacionalmente. La recompensa sería la aceptación del ascenso de China por parte del resto del mundo.

Lo reconozca o no, China ha llegado a ser uno de los dirigentes del mundo. Si no está a la altura de las responsabilidades de dirección, el sistema monetario mundial podría quedar desbaratado y llevarse consigo la economía mundial. En cualquiera de los dos casos, el superávit comercial chino está destinado a reducirse, pero sería mucho mejor para China que así fuera como consecuencia del aumento de su nivel de vida y no de un deterioro económico mundial.

No hay muchas probabilidades de que el resultado sea positivo, pero aun así, debemos esforzarnos por conseguirlo, porque sin una cooperación internacional el mundo irá camino de un período de grandes turbulencias y trastornos.

George Soros. Presidente de Soros Fund Managenment.

Project Syndicate.

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2010-08-23

NUEVA YORK – Los roma han sido perseguidos en toda Europa durante siglos. Ahora padecen una forma de discriminación que no se había visto en Europa desde la segunda guerra mundial: los desalojos y expulsiones en grupo de varias democracias europeas de hombres, mujeres y niños con el argumento de que representan una amenaza para el orden público.

La semana pasada, Francia empezó a ejecutar planes de expulsión de todos los roma no franceses, con lo que los implicó como grupo en una actividad delictiva, sin proceso legal alguno para determinar si algunas personas han cometido algún delito o representan una amenaza para el orden público. Esas medidas francesas siguen al “plan de seguridad” de Italia de 2008, que calificaba a los denominados “nómadas” de amenaza a la seguridad nacional e imponía una legislación de emergencia que propició expulsiones de roma no italianos.

La de poner coto a la actividad delictiva es una preocupación legítima de los gobiernos, pero la expulsión e ciudadanos de la UE por razones de etnicidad como xxx de la actividad delictiva es una violación de las directivas de la UE sobre discriminación racial y del derecho a la libre circulación de uno de los miembros de la UE a otro.

De hecho, constituye un principio jurídico firmemente establecido el de que se debe abordar el delito mediante la determinación de una persona culpable ante un tribunal de justicia. Además, los delincuentes convictos no son deportados automáticamente, si son ciudadanos de otro Estado miembro de la UE, sino que la legislación europea una determinación individual de que la deportación es necesaria y proporcionada con el delito cometido, además de la consideración de otras circunstancias (como, por ejemplo, la intensidad de los vínculos de la personal con la comunidad).

Naturalmente, las sociedades europeas no deben tolerar la delincuencia ni el comportamiento antisocial, pero ningún grupo étnico monopoliza semejantes patologías y todas las personas deben ser iguales ante la ley. Desde la segunda guerra mundial, los europeos han considerado inaceptable someter a grupo alguno a castigo colectivo o expulsión en masa por razones de etnicidad, por lo que, al dejar de lado derechos fundamentales en nombre de la seguridad, la detención de los roma establece un precedente preocupante.

En cambio, el Gobierno francés hace bien en pedir la adopción de medidas para mejorar el empleo y las oportunidades de desarrollo para los roma en sus países de origen (principalmente Bulgaria y Rumania en este caso), lo que reduciría los incentivos y las presiones para que se trasladen a otros países. El gobierno de Suecia reaccionó ante la posición de Francia pidiendo también la adopción de medidas conjuntas de la UE para fomentar la integración de los roma.

Los romas quieren –y pueden- integrarse, si se les brinda la oportunidad de hacerlo, como han demostrado los programas de mi Fundación. La mayoría de los roma comparten las aspiraciones de las poblaciones mayoritarias: un hogar con servicios adecuados, una educación válida para su hijos, puestos de trabajo que les permitan mantener a sus familias y relacionarse con la mayoría en su sociedad. Precisamente porque padecen una discriminación y una privación atroces en su país es por lo que siguen migrando pro toda Europa. La UE debe reconocer que la naturaleza paneuropea de ese problema requiere una estrategia global y eficaz para la integración de los roma.

El deber primordial de salvaguardar los derechos y el bienestar de todos los ciudadanos corresponde a los Estados miembros de la UE. La aplicación de las políticas y programas para fomentar la integración en el empleo, la educación, la atención de salud y la vivienda debe hacerse en los niveles local y nacional, pero a la UE corresponde un papel decisivo para motivar, coordinar, ayudar financieramente y supervisar esas medidas mediante un plan en el nivel de la UE.

En 2009, la UE hizo suyo el principio de “prestar asistencia específica –explícita, peor no excluyente- a los roma” y la Comisión Europea permitió que se utilizaran los fondos estructurales para financiar las intervenciones en materia de vivienda a favor de comunidades marginadas, centradas en particular en los roma. Se trata de una medida digna de beneplácito y se debe hacer extensiva “la asistencia explícita, pero no exclusiva” a la educación, la atención de salud y el empleo. Lo más importante es que se modifiquen las normas que rigen la asignación de los fondos estructurales para permitir su utilización para la prestación de atención de salud y educación desde la primera infancia y no sólo para la formación profesional.

La pobreza estructural de las comunidades roma está íntimamente vinculada con la deficiente educación y el desempleo. La iniciativa Europa 2020 de la Comisión establece metas concretas para aumentar las tasas de escolarización completa y los niveles de empleo para todos los ciudadanos de la UE. En esas os esferas, los roma están tan rezagados respecto de sus conciudadanos, que las medidas medidas específicas encaminadas a colmar ese desfase deben ser parte integrante del plan Europa 2020.

La divisoria mayor entre los roma y las poblaciones mayoritarias no es cultural ni de estilo de vida –como con tanta frecuencia la presentan los medios de comunicación-, sino que se debe a la pobreza y la desigualdad. La divisoria es física, no sólo mental. La escolarización segregada es un obstáculo para la integración y produce prejuicio y fracaso. La vivienda segregada ha propiciado la aparición de enormes barrios de chabolas y asentamientos que carecen de saneamiento y otras condiciones básicas esenciales para una vida con dignidad. La difícil situación de tantos millones de roma en el siglo XXI constituye una burla de los valores europeos y mancha la conciencia de Europa.

La difícil situación de los roma no es un simple problema a corto plazo que se pueda abordar mediante medidas draconianas para trasladar pro la fuerza a personas de un Estado miembro a otro. No sólo socava eso los valores europeos y los principios jurídicos, sino que, además, deja de abordar las verdaderas causas del problema.

Por ser la minoría étnica más numerosa de Europa, los roma constituyen dentro de la UE el segmento demográfico más joven y de crecimiento más rápido de la población. En 2020, por ejemplo, los jóvenes constituirán la tercera parte de las nuevas incorporaciones a la mano de obra de Hungría. Europa no puede darse el lujo de perder otra generación. Se trata de un asunto de derechos humanos y valores básicos y reviste decisiva para la paz y la cohesión en las sociedades de toda Europa.

George Soros es Presidente de Soros Fund Management.

Copyright: Project Syndicate, 2010.

www.project-syndicate.com

Traducido del inglés por Carlos Manzano.

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Los romaníes o gitanos han sido perseguidos en toda Europa a lo largo de los siglos. Ahora padecen una forma de discriminación que no se había visto en el continente desde la II Guerra Mundial: los desalojos y expulsiones en grupo en varias democracias europeas de hombres, mujeres y niños con el argumento de que representan una amenaza para el orden público.

La semana pasada, Francia empezó a ejecutar planes de expulsión de todos los gitanos no franceses. Los ha implicado como grupo en actividades ilícitas, pese a no existir ningún proceso legal contra ninguno de ellos para determinar si hubieran cometido delitos o representaran una amenaza para el orden público. Esas medidas francesas siguen al “plan de seguridad” de Italia de 2008, que calificaba a los denominados “nómadas” de amenaza para la seguridad nacional e imponía una legislación de emergencia que propició las expulsiones de gitanos no italianos.

Poner coto a la actividad delictiva es una preocupación legítima de los Gobiernos. Pero expulsar a ciudadanos de la Unión Europea, criminalizándolos por su pertenencia a una etnia determinada, es una violación de sus propias directivas sobre discriminación racial y derecho a la libre circulación de personas entre dos Estados miembros de la UE.

De hecho, constituye un principio jurídico firmemente establecido que solo puede hablarse de delito cuando se ha determinado la culpabilidad de una persona ante un tribunal de justicia. Además, los delincuentes convictos no pueden ser deportados automáticamente si son ciudadanos de otro Estado miembro de la UE, ya que la legislación europea exige que la deportación de un individuo sea necesaria y proporcional al delito cometido. Hay que tener en cuenta, además, otras circunstancias, como la intensidad de los vínculos de la persona con la comunidad, por ejemplo.

Naturalmente, las sociedades europeas no deben tolerar la delincuencia ni el comportamiento antisocial, pero ningún grupo étnico monopoliza semejantes patologías y todos debemos ser iguales ante la ley. Desde la II Guerra Mundial, los europeos han considerado inaceptable someter a grupo alguno a castigo colectivo o expulsión en masa en razón de su etnia. Al dejar de lado derechos fundamentales en nombre de la seguridad, la detención de los gitanos establece un precedente muy preocupante.

El Gobierno francés hace bien, en cambio, cuando pide la adopción de medidas para mejorar el empleo y las oportunidades de desarrollo para los gitanos ensus países de origen (principalmente Bulgaria y Rumania en este caso), lo que reduciría los incentivos y la presión para que se trasladen a otros países. El Gobierno de Suecia reaccionó ante la posición de Francia pidiendo también la adopción de medidas conjuntas de la UE para fomentar la integración de los gitanos.

Los romaníes quieren -y pueden- integrarse si se les brinda la oportunidad de hacerlo, como han demostrado los programas de mi Fundación. La mayoría de los gitanos comparten las aspiraciones de las poblaciones mayoritarias: un hogar con servicios adecuados, una educación válida para sus hijos, puestos de trabajo que les permitan mantener a sus familias y relacionarse con la mayoría en su sociedad. Precisamente porque padecen una discriminación y privaciones atroces en sus respectivos países es por lo que siguen migrando por toda Europa. La UE debe reconocer que la naturaleza paneuropea de ese problema requiere una estrategia global y eficaz para la integración de los gitanos.

El deber primordial de salvaguardar los derechos y el bienestar de todos los ciudadanos corresponde a los Estados miembros de la UE. La aplicación de las políticas y programas para fomentar la integración en el empleo, la educación, la atención sanitaria y la vivienda debe hacerse en los ámbitos locales y nacionales, pero a la UE corresponde un papel decisivo para motivar, coordinar, ayudar financieramente y supervisar esas medidas mediante un plan general de toda la UE.

En 2009, la UE hizo suyo el principio de “prestar asistencia explícita, pero no exclusiva” a los gitanos y la Comisión Europea permitió que se utilizaran los fondos estructurales para financiar las intervenciones en materia de vivienda a favor de comunidades marginadas, centradas en particular en los romaníes. Es una medida bien acogida que debe hacer extensiva “la asistencia explícita, pero no exclusiva” a la educación, la atención sanitaria y el empleo. Lo más importante es que se modifiquen las normas que rigen la asignación de los fondos estructurales para permitir su utilización en la prestación de atención sanitaria y educación desde la primera infancia y no solo para la formación profesional.

La pobreza estructural de las comunidades romaníes está estrechamente vinculada con la deficiente educación y el desempleo. La iniciativa Europa 2020 de la Comisión establece metas concretas para aumentar las tasas de escolarización completa y los niveles de empleo para todos los ciudadanos de la UE. En esas dos esferas, los gitanos están tan rezagados respecto de sus conciudadanos, que las medidas específicas encaminadas a eliminar este desfase deben ser parte integrante del Plan Europa 2020.

La mayor diferencia entre los gitanos y las poblaciones mayoritarias no es cultural ni de estilo de vida -como con tanta frecuencia se presentan en los medios de comunicación-, sino que estriba en la pobreza y la desigualdad. La divisoria es física, no solo mental. La escolarización segregada es un obstáculo para la integración, produce fracasos y es perjudicial. La vivienda segregada ha propiciado la aparición de enormes barrios de chabolas y asentamientos que carecen de saneamiento y otras condiciones básicas esenciales para vivir con dignidad. La difícil situación de tantos millones de gitanos en el siglo XXI constituye una burla de los valores europeos y es un borrón en la conciencia de Europa.

No es un simple problema a corto plazo que se pueda abordar mediante medidas draconianas para trasladar por la fuerza a personas de un Estado miembro a otro. Eso no solo socava los valores europeos y los principios jurídicos, sino que, además, no aborda las verdaderas causas del problema.

Por ser la minoría étnica más numerosa de Europa, los gitanos constituyen dentro de la UE el segmento demográfico más joven y de crecimiento más rápido de la población. Por ejemplo, en el año 2020, los jóvenes constituirán la tercera parte de las nuevas incorporaciones a la mano de obra de Hungría.

Europa no puede permitirse otra generación perdida. Se trata de un asunto de derechos humanos y de valores básicos que es vital para la paz y la cohesión en las sociedades de toda Europa.

George Soros es presidente de Soros Fund Management. © Project Syndicate, 2010. Traducido por Carlos Manzano.

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a fondo

Alemania solía estar en el núcleo de la integración europea. Sus estadistas solían reafirmar que no tenía una política exterior independiente, sólo una política europea. Tras la caída del Muro de Berlín, sus dirigentes comprendieron que la reunificación alemana sólo era posible en el marco de una Europa unida y estuvieron dispuestos a hacer algunos sacrificios para lograr la aceptación europea. Los alemanes aportarían un poco más y obtendrían un poco menos que los demás, gracias a lo cual facilitarían el acuerdo. Eso ya es cosa del pasado. El euro está en crisis y Alemania es la protagonista principal. Los alemanes ya no se sienten tan ricos, por lo que no quieren seguir haciendo de bolsillo repleto para el resto de Europa. Ese cambio de actitud es comprensible, pero ha paralizado el proceso de integración europea.

Tal como fue concebido, el euro era una divisa incompleta en su lanzamiento. El Tratado de Maastricht creó una unión monetaria sin una unión política: un banco central, pero no una hacienda central. En lo relativo al crédito soberano, cada uno de los miembros de la zona del euro iba por su lado. Esa realidad quedo oculta hasta hace poco por la disposición del Banco Central Europeo a aceptar la deuda soberana de todos los miembros de la zona del euro en condiciones de igualdad en su ventanilla de descuentos. En consecuencia, todos ellos podían endeudarse con el mismo interés prácticamente que Alemania. Los bancos se alegraron de ganar unos céntimos más con activos supuestamente libres de riesgos y recargaron sus balances con la deuda estatal de países más débiles.

La primera señal de que había problemas llegó después del desplome de Lehman Brothers en septiembre de 2008, cuando los ministros de Hacienda de la Unión Europea decidieron, en una reunión de emergencia celebrada en París en aquel octubre, brindar una virtual garantía de que no se permitiría la quiebra de ninguna otra entidad financiera sistémicamente importante, pero la canciller alemana, Angela Merkel, se opuso a una garantía conjunta a escala de la UE; cada uno de los países debía hacerse cargo de sus propios bancos.

Al principio, los mercados financieros quedaron tan impresionados por la garantía, que apenas notaron la diferencia. El capital huyó de los países que no estaban en condiciones de ofrecer garantías similares, pero las diferencias de los tipos de interés dentro de la zona del euro siguieron siendo mínimas. Entonces fue cuando países de la Europa oriental -en particular Hungría y los Estados bálticos- experimentaron dificultades y hubo que rescatarlos.

Hasta este año, en el que los mercados financieros han empezado a preocuparse por la acumulación de deuda soberana, no han empezado a aumentar las diferencias entre los tipos de interés. Grecia pasó a ser el centro de atención, cuando su nuevo gobierno reveló que sus predecesores habían mentido sobre el tamaño de su déficit presupuestario en 2009.

Las autoridades europeas tardaron en reaccionar, porque los miembros de la zona del euro mantenían opiniones radicalmente diferentes. Francia y otros países estaban dispuestos a mostrar solidaridad, pero Alemania, dos veces traumatizada en el siglo XX por unos precios desbocados, se mostró alérgica a acumulación alguna de presiones inflacionistas. De hecho, cuando Alemania accedió a aceptar el euro, insistió en la necesidad de unas salvaguardas sólidas para mantener el valor de la nueva divisa, y su Tribunal Constitucional ha reafirmado la prohibición de los rescates que figura en el Tratado de Maastricht.

Además, como en septiembre de 2009 los políticos alemanes afrontaban unas elecciones generales, siguieron dando largas. La crisis griega se pudrió y se extendió a otros países con déficit. Cuando los dirigentes europeos actuaron por fin, tuvieron que aportar un plan de rescate mucho mayor que el que habría sido necesario si lo hubieran hecho antes. Además, para tranquilizar a los mercados, las autoridades se sintieron obligadas a crear el Fondo Europeo de Estabilización Financiera de 750.000 millones de euros, 500.000 de ellos aportados por los Estados miembros y 250.000 por el FMI.

Pero los mercados no se han tranquilizado, porque Alemania dictó la condiciones del Fondo y las hizo algo punitivas. Además, los inversores reconocen correctamente que la reducción de los déficit en un momento de desempleo elevado sólo servirá para aumentar este último, lo que dificultará aún más la consolidación fiscal. Aun cuando se cumplieran los objetivos en materia de déficit, resulta difícil ver cómo podrían recuperar la competitividad esos países y reactivar el crecimiento. A falta de una depreciación del tipo de cambio, el proceso de ajuste reducirá los salarios y los precios, lo que elevará el espectro de la deflación.

Las políticas actualmente impuestas en la zona del euro contradicen directamente las enseñanzas que se desprendieron de la Gran Depresión del decenio de 1930 y podrían sumir a Europa en un período de estancamiento prolongado o algo peor, lo que, a su vez, crearía descontento y desórdenes sociales. En el peor de esos casos hipotéticos, la UE podría quedar paralizada o resultar destruida por el ascenso del extremismo nacionalista y xenófobo.

Si así fuera, correspondería a Alemania la mayor parte de la responsabilidad. No se le puede culpar de querer tener una divisa fuerte y un presupuesto equilibrado, pero como el país más fuerte y más solvente que es, está imponiendo involuntariamente sus políticas deflacionistas al resto de la zona del euro. No es probable que el público alemán reconozca el daño que las políticas alemanas están haciendo al resto de Europa, porque, tal como funciona el euro, la deflación servirá para hacer a Alemania más competitiva y al tiempo sumir aún más en la depresión a los países más débiles y aumentar la carga de su deuda.

Los alemanes deberían hacer el siguiente experimento mental: la retirada del euro. El marco alemán restaurado se pondría por las nubes y el euro caería por los suelos. El resto de Europa se volvería competitiva y podría crecer y salir de sus dificultades, pero Alemania descubriría lo doloroso que es tener una divisa excesivamente apreciada. Su saldo comercial se volvería negativo y habría un desempleo generalizado. Los bancos sufrirían pérdidas cuantiosas con los tipos de cambio y necesitarían grandes inyecciones de fondos públicos, pero al Gobierno le parecería políticamente más aceptable rescatar bancos alemanes que a Grecia o España. Y habría otras compensaciones: los pensionistas alemanes podrían retirarse a España y vivir como reyes, con lo que contribuirían a la recuperación de la propiedad inmobiliaria española.

Naturalmente, esto es puramente hipotético, porque si Alemania abandonara el euro, las consecuencias políticas serían inconcebibles, pero el experimento mental puede ser útil para impedir que lo inconcebible llegue a ocurrir en la realidad.

George Soros. Presidente de Soros Fund Management y del Open Society Institute

Project Syndicate, 2010

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