Caffè Reggio

CONTRA la corrupción no hacen falta diez medidas, como ha propuesto a toda prisa un PSOE acuciado por los escándalos que reviven el aún reciente pasado felipista, sino tan sólo dos, y muy simples: dimisión o destitución, y cárcel. O lo que es lo mismo, responsabilidad política y responsabilidad penal. La segunda toma su tiempo, porque los procesos son largos y exigen un respeto a las garantías jurídicas y a la presunción de inocencia, pero la primera debe ejercerse con inmediatez y contundencia porque la credibilidad de un cargo público no es compatible con la sospecha. Que nadie venga con cuentos ni monsergas: es perfectamente posible delimitar, a simple vista de indicios, cuándo un responsable público está comprometido por un escándalo y cuándo es víctima de una acusación sin fundamento. Basta mirar cada caso sin las anteojeras del dogmatismo partidista, atendiendo al calado de los síntomas y a la alarma que despiertan en la opinión pública. Sin piedad ni perdón: la única receta contra esta plaga que carcome los cimientos de la actividad política es una absoluta frialdad que no se compadezca ante nada ni ante nadie.

La corrupción no tiene índices de tolerancia. Cero es la única cifra admisible. Transparencia absoluta, manos limpias, techo de cristal y sospechosos a la calle. Sin distinción de partidos, sectores ni banderías. Y luego, que la justicia haga su trabajo. Pero, primero, la política, que es donde ha de brillar la voluntad de los dirigentes por la limpieza de las reglas, y donde por desgracia rige la ley del encubrimiento, de la complicidad, de los paliativos y del casuismo maniqueo. Que cada uno se mire a sí mismo, y ya distinguirá el pueblo quién merece su confianza. No hacen falta pactos; sólo faltaba que los políticos tengan que acordar entre sí la necesidad de ser decentes.

Las cosas son muy simples. Un representante democrático no puede robar, eso es todo. El servicio a los ciudadanos es incompatible con la mangancia, con el cohecho, con la extorsión, con la prevaricación y con el soborno. Punto. Lo demás son zarandajas: que si la financiación de los municipios, que si la Ley del Suelo, que si la escasez de fondos de los partidos. En ningún sitio está escrito que porque un ayuntamiento ande corto de recursos se autorice recalificar terrenos bajo mordida. Ni que las leyes permitan convertir el urbanismo en una máquina registradora. Es bueno limitar las tentaciones, pero lo esencial es controlar las ganas de caer en ellas.

Para combatir la corrupción no es menester más pacto que el de comportarse honradamente, y ése ya se supone implícito en el servicio público. Lo que corresponde a los partidos es dejar de poner obstáculos a la justicia y cercenar de raíz cualquier brote de venalidad en su seno. Si esto hay que pactarlo, vivimos en una sociedad enferma. El mandamiento de no robar está en las tablas de la ley moral desde el principio de los tiempos, y lo único que procede es cumplirlo sin sacar pecho ni ponerse ninguna medalla.

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ASOMA en las encuestas, como una cresta de espuma silenciosa, un pavoroso diagnóstico de los ciudadanos de Cataluña sobre la competencia de su clase dirigente. En los sondeos de la propia Generalitat aparece de forma recurrente una respuesta espontánea, no inducida, formulada por los encuestados según su libre albedrío, que señala a «los políticos» entre los principales problemas de la sociedad catalana. Así, sin anestesia ni paliativos: los políticos. Entre la inmigración, la inseguridad o el paro. La clase política señalada por el cuerpo social como responsable destacada de sus cuitas y preocupaciones. He aquí la radiografía de una crisis, el escáner de una esclerosis que atrofia el sistema de la democracia representativa.

Cuando la ciudadanía señala de modo directo a sus dirigentes como culpables de sus dificultades colectivas estamos ante algo más que un síntoma de mala calidad democrática. Ese dato indica que algo se está fracturando en el seno de la comunidad catalana, una quiebra de confianza que pone en cuestión la legitimidad moral del liderazgo político.
Una sociedad que recela de sus propios representantes está enferma de escepticismo. Y su desasosiego proyecta el fantasma de un divorcio entre los intereses del pueblo y los de sus gobernantes, enfrascados en una batalla por el poder que da la espalda a las necesidades generales.

Toda la urdimbre del reciente debate político catalán empieza a quedar bajo la sospecha creciente de un desafecto ciudadano. Ya se apreció en el referéndum del Estatuto, cuya altísima abstención interrogaba directamente a la dirigencia pública sobre el calado real de su escala de prioridades. El énfasis sobre la necesidad de un mayor autogobierno aparece como un artificio a la medida de un sindicato de intereses articulado al margen de la verdadera opinión pública. Y sobre esa ficticia superestructura se levanta un sistema endogámico que la calle identifica como parte del problema y no de las soluciones.

Lo que está ocurriendo en el «oasis» catalán se explica a la luz de este recelo ciudadano. La clase dirigente levanta molinos de viento en cuyas aspas cuelga los monigotes de una polémica estéril. La violencia de los radicales, la exclusión creciente de las minorías, la imposición de un nacionalismo casi obligatorio están creando una atmósfera viciada en la que la sociedad no acaba de reconocerse a sí misma, pero carece del coraje moral para impugnarla más allá del anonimato de una encuesta o del absentismo electoral.

La pregunta crucial es la de si cada pueblo tiene el gobierno que se merece. Si Cataluña tiene unos políticos alejados de su demanda social porque se ha acomodado en una deriva de indolente galbana o si la política se ha encerrado a sí misma en una insolidaria burbuja de ensimismamiento. Pero la crisis está ahí, agazapada en el diagnóstico silencioso de una ciudadanía que, de momento, parece permitir que se invoque su nombre en vano para justificar el reparto de las túnicas de tribuno.

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EL último bastión de la dignidad colectiva en España está en manos de un grupo de mujeres. Mientras el Estado recula, mientras la Justicia pastelea, mientras los ciudadanos se acomodan, mientras los socialistas negocian, un puñado de madres, viudas y hermanas de víctimas se ha alzado, como nuevas troyanas de Eurípides, en defensa del honor de los muertos y de la última frontera del decoro y la decencia. No se llaman Hécuba, ni Andrómaca, ni Casandra, sino Pilar Ruiz Albizu, Maite Pagaza, María del Mar Blanco, Consuelo Ordóñez, Irene Villa, Teresa Jiménez Becerril; pero como las heroínas griegas han pagado tributo de sangre y dolor en una guerra sin sentido. No quieren poder, ni prebendas, ni cargos, sino simplemente memoria y respeto. Y sus voces de denuncia son una sacudida incómoda en medio de esta atmósfera pastueña en cuya bruma se disuelven los recuerdos de la tragedia y se amortiguan los ecos del sufrimiento bajo una cortina de edulcorada anestesia moral.

No hablan desde la conmoción afectiva que hace tiempo que dejaron atrás, obligadas a sobrevivir en el marasmo de un luto cuyas íntimas zozobras sólo ellas son capaces de definir desde el abismo de la intensa soledad del desconsuelo. Hablan desde la coherencia, desde la razón, desde la supremacía ética que les otorga su condición de vestales forzosas, sacrificadas guardianas del altar de la memoria de una sociedad herida. Y sus palabras, duras, compactas, de una firmeza estoica y pedregosa, suenan como latigazos de rebeldía en este espeso silencio de complicidades y conveniencias. Porque recuerdan la sangre derramada, los principios traicionados, las resistencias abandonadas, las promesas vencidas. Porque hacen suyas, con una helada precisión deshabitada de eufemismos y de ambigüedades, las palabras certeras de ese vasco blindado que fue Gabriel Celaya: «Cuando se miran de frente / los vertiginosos ojos claros de la muerte / se dicen las verdades, / las bárbaras, terribles, amorosas crueldades».

Estas mujeres son nuestras Madres de Mayo, nuestras Damas Blancas de la dignidad nacional, nuestras necesarias heroínas civiles en la lucha contra la resignación y el olvido. Perturbadoras de los pactos de silencio, imprescindiblemente inoportunas ante el cruel pragmatismo de la política, disonantes como chirridos de inconformismo en un concierto de oprobio. Ellas van a ser, desde su conmovedora y rebelde entereza contra la amnesia, la ingratitud y el abandono, la verdadera medida de honestidad en este tiempo de ventajistas. Porque representan la conciencia viva del drama del terrorismo, ante la que ninguna solución podrá sostenerse sin afrontar a cara descubierta el examen de su encarnadura moral. Porque han visto de cerca los vertiginosos ojos claros de la muerte, y ante la legitimidad de su sufrimiento nadie podrá presentarles una ignominia como un triunfo. Y porque bastará mirarles a la cara para saber si esta clase de paz que se avecina abre una esperanza o es el disfraz amargo, doloroso y desazonador de una derrota.

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MENOS probar con las primarias, como manda su reglamento, el PSOE parece dispuesto a cualquier cosa para encontrar un candidato en Madrid. Esta semana se autodescartó, con buen humor, Romano Prodi, el primer ministro italiano, que sería un aspirante tan bueno como otro cualquiera para perder contra Gallardón, destino que las encuestas auguran con terca recurrencia a todo el que se aventure a desafiarlo. A Prodi me lo crucé la pasada primavera paseando a medianoche por las calles de Roma, con su nieta en brazos, cerca de su casa junto a la Fontana de Trevi, por donde también vivía el añorado Sandro Pertini. Iba a cuerpo gentil, apenas con un par de escoltas a buena distancia, mientras aquí en España no ya un primer ministro, que se desplaza hasta con una UVI móvil, sino cualquier presidente autonómico o alcalde de provincias lleva alrededor un ejército de pelotas, guardias y motoristas abriéndole paso. Ojalá tuviera la izquierda española un candidato como Prodi: discreto, austero, profesoral y decente.

Pero bueno, que me desvío: ¿y si probaran con las primarias en vez de mandar a uno/a que no quiere ir? Se suponía que las primarias eran un elemento esencial de regeneración democrática, por cuanto tienen de ejercicio de soberanía interna. Pero los socialistas se arrepintieron en seguida, porque Borrell rompió el guión previsto por el aparato, y al ponerle una zancadilla subterránea el tardofelipismo desprestigió cualquier posibilidad de avance. El resultado fue un vapuleo a Almunia, y a partir de ahí todo entró en barrena, incluido el sugestivo proyecto de abrir el proceso electoral a un registro de simpatizantes. Es mejor, por lo visto, obligar a presentarse a cualquiera que no lo desee, como López Aguilar en Canarias, o la misma Fernández de la Vega en Madrid, que teme hacer una brillantísima carrera descendente pasando de vicepresidenta del Gobierno a concejal de la oposición.

El miedo a la democracia abierta es genérico en nuestra clase política. En la acera del PP siempre hubo cachondeo a cuenta de las primarias, porque el dedazo de Aznar era inapelable, pero de los tres sucesores posibles -Rato, Mayor y Rajoy-, el dedo del líder ungió al que menos gustaba a las bases, aunque las bombas de los trenes nos impidieron saber realmente hasta dónde podía llegar. Naciones más maduras, como Francia, tienen claro que el poder es una pirámide que se escala desde la base. Estos días tiene lugar allí una carrera preelectoral de los socialistas, con debate en televisión incluido, del que saldrá un/a aspirante (probablemente Ségolène Royal, la Zapatera) con toda la fuerza de un proceso democrático previo. Si pierde, la responsabilidad será de los militantes, o sea, del partido entero. En cambio, el candidato a perder frente a Gallardón salpicará en su más que probable derrota a Zapatero, que anda buscando un mirlo blanco como Diógenes, pero con la linterna apagada. Allá él; todavía tiene tiempo para convencer a Prodi.

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ESE ex alcalde de Ciempozuelos no parece haberse enterado de que el Senado acaba de dar vía libre a un proyecto legal para que concejales y sindicalistas cesantes cobren el paro -¿no se supone que tenían un trabajo anterior?-, y ha decidido prepararse por su cuenta un plan de pensiones de 40 millones de euros. Presuntamente, claro. Es decir, un presunto plan de pensiones a cargo de una presunta recalificación de terrenos a la que presuntamente debía acceder el Ayuntamiento que defiende los presuntos intereses de los ciudadanos. Y que está gobernado por un partido presuntamente socialista.

Con 40 millones de euros, 18 fijos por el trabajito inicial y el resto variable por incentivos, el citado ex alcalde calculaba que ya podría tener una jubilación tranquila. Alguien puede pensar que se trata de mucho dinero por unas gestiones, pero es que hay gestiones que no las puede hacer cualquiera. O sea, que usted va al Ayuntamiento de Ciempozuelos, un suponer, y pide que le recalifiquen por las buenas unos terrenitos para construir, y le dicen que nones, que verdes las han segado y que por ahí se va a Madrid. Pero si usted ha sido alcalde y conoce al alcalde actual, y es del mismo partido y tal, pues sabe qué teclitas hay que tocar para que los suelos pasen de rústicos a urbanizables, que es un arte como de birlibirloque, magia potagia: nada por aquí, nada por allá y… ¡zas!: unas plusvalías milmillonarias. Para eso hay que tener una preparación, unos contactos, un savoir faire, un know how que le dicen ahora. Y claro, eso vale una pasta. La cualificación profesional es un valor en alza hoy en día.

Valores intangibles que tienen un precio. Presuntamente, por supuesto.
Los pelotazos hay que saberlos pegar, según y cómo. Fabio Capello, por ejemplo, quiere que sus jugadores se manejen a pelotazo limpio, balón para adelante y el que lo coja para él, pero como son galácticos y están acostumbrados a las delicatessen, pues como que no les sale y se hacen un lío con la pelota propiamente dicha. En cambio, hay especialistas en pelotazos urbanísticos que alcanzan gran refinamiento y sutileza. En Marbella, por ejemplo, es legendaria la habilidad de algunos próceres para recalificar zonas rústicas y verdes. Y en Seseña, que tiene más mérito, porque en vez de Mediterráneo y buganvillas hay un secarral de aquí te espero. Y, claro, a ver qué tiene Seseña que no tenga Ciempozuelos. Ciempozuelos y cualquier otro sitio donde haya suelos que recalificar y ayuntamientos dispuestos a recalificarlos. El urbanismo, para el que lo trabaja, y el que no sepa, a cobrar el paro, el INEM de concejales que está preparando el Senado.

¿Que 40 millones de euros son muchos millones de comisión para un solo comisionista? Buena pregunta. Igual eran para repartir entre más gente. Presuntamente, faltaría más. Si yo fuese fiscal anticorrupción, quizá considerase interesante averiguarlo.

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MIRA, Fernando Parrena, o como te llames, te voy a explicar lo que es el terrorismo, para que lo tengas clarito y no te líes. Te lo voy a poner sencillito, pinta y colorea, para que lo entiendas, que ya se ve que eres cortito de entendederas y hay que contarte las cosas como en Barrio Sésamo. No, Petete no, no te compliques que luego te duele la cabeza.

Es muy fácil, hombre. Terrorismo es que un coleguita tuyo, pongamos Txapote, le pegue un tiro en la nuca, a cañón tocante, a un muchacho arrodillado con las manos atadas con un alambre. Terrorismo es que un matrimonio sevillano vaya tan tranquilo por la calle, camino de su casa, y se le acerquen dos valientes por detrás y los dejen secos a él y a ella allí mismo, y que tres niños dormidos se amanezcan huérfanos al día siguiente. Terrorismo es que un peluquero de Granada vaya a trabajar en autobús y de repente se le cuele el infierno por la ventanilla, porque un coche ha explotado junto a la acera. Terrorismo es que un médico esté en su consulta y dos tíos que no lo conocen lo acribillen sobre el escritorio. Terrorismo es que un político socialista, pongamos Fernando Buesa -¿te suena?-, ande paseando por un parque y le estallen al lado unos cuantos kilos de titadyne. Terrorismo es que una muchacha se quede sin piernas porque unos amiguetes tuyos han puesto una bomba a la hora del desayuno. Terrorismo es que un hombre pase 500 días, con sus noches, encerrado en un agujero inmundo. Terrorismo es que un cocinero arranque su automóvil una mañana y su cabeza vuele hasta un primer piso. Terrorismo es que un concejal esté tomando café en un bar y se le acerquen dos prendas para agujerearle el cerebro por la espalda. Terrorismo es que unos hijos de guardias civiles no lleguen a crecer porque les han tirado unas granadas por la ventana de la casa cuartel. Terrorismo es que miles de empresarios reciban cartas de tus cofrades pidiéndoles dinero bajo amenaza, y que esos muchachotes que tú conoces se dediquen a quemar autobuses, contenedores y cajeros. Terrorismo, a ver si te enteras, es que esos camaradas a los que te niegas a condenar hayan matado a más de 800 personas mientras tú y otros como tú miran para otro lado o lo celebran, como De Juana Chaos, pidiendo cava y pasteles. Terrorismo, en fin, no es sólo matar gente, sino ser cómplice y amigo de los que asesinan, y beneficiarse políticamente de sus crímenes. Sí, hombre, sí, terrorismo eres tú, y además lo sabes.

De manera que no te hagas el tontito, que ya lo eres bastante sin simularlo, con el asunto ése de la guerra de Irak y otras zarandajas. Terrorismo es la extorsión, el chantaje, la violencia y la infamia de la que en Batasuna lleváis viviendo la tira de años, y que ahora pretendéis convertir en una actividad honorable porque habéis dado con un presidente que es un bizcocho. Si no queréis pedir perdón, no lo hagáis, pero no nos toméis por idiotas. Porque, para qué vamos a engañarnos, por mucho que lo pidáis sin arrepentiros tampoco os íbamos a perdonar.

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EL mayor embuste, la falacia más farisaica e hipócrita de todo el proceso de negociaciones con ETA es la de que el cese de la violencia no iba a tener precio político. Y si no tenía precio, ¿qué es lo que había que negociar? La rendición, contestaban los arúspices del voluntarismo, y no mentían. Sólo que faltaba preguntarse quién se iba a rendir.

El propio Zapatero llegó a proclamar la mentira oficial con su hueca solemnidad retórica: «Primero la pazzzzzz, luego la política». El mensaje oficial era recurrente y hermético. Primero ETA dejaría las armas, lo que abriría paso natural a la legalización de Batasuna y más tarde, una vez constatado -«verificado», se decía con verbo que ha caído en desuso ante la manifiesta falta de voluntad verificadora- el abandono efectivo de las armas, se abordaría con generosidad de miras la situación de los presos. Mentira todo. Espesa, cochina mentira.

Mentira porque la negociación ya había empezado cuando el Gobierno sostenía este discurso. Mucho antes, incluso. Mentira porque ETA había anunciado que sólo renunciaría en caso de obtener una victoria política. Mentira porque todo el mundo sabía que sin contrapartidas, esto es, sin precio, no habría paz. Pero que no la creyese nadie no significa que no fuese una mentira.

El presidente la dulcificó pronto con otra frase sibilina: «la política ayudará a la paz». Traducción: pagaría el precio político negociando la factura. Parece que ha habido acuerdo en el importe: legalización de Batasuna, mesa de partidos, autodeterminación y Navarra. O sea, las peticiones de ETA, disfrazadas con transparentes retruécanos semánticos: derecho a decidir, órgano de cooperación, etcétera. Y de propina, los presos, empezando por De Juana Chaos y con el fiscal Pumpido de mamporrero jurídico. ¿Quién se rinde a quién?

Para salvar la cara ante quien quiera creerle, el Gobierno espera a que ETA anuncie la «irreversibilidad» de su abandono. Pero el acuerdo está cerrado y negociado, en Ginebra y en Oslo, los escenarios que preludian la ignominia de un Nobel de la Rendición. Ese comunicado permitirá salvar las formas, pero no la dignidad del Estado, que ha decidido ceder y ha cedido. Ha decidido pagar y está reuniendo las monedas.

Sólo que esas monedas políticas han costado antes muchos muertos que ahora podían estar vivos. Para llegar a lo que ETA quería nos podíamos haber ahorrado la tragedia y la sangre. Por eso, cuando Zapatero pronuncie su solemne alocución triunfal, que vaya a los familiares de las víctimas y les explique que sus deudos murieron por nada, que los principios que les costaron la vida ya no están vigentes, y que les agradezca los servicios prestados por sufrir en silencio un drama estéril. Que les mire a la cara, si puede, cuando les diga que, por obra y gracia de su decisión, ETA va a obtener a cambio de dejar de matar todo aquello que no logró matando.

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VIAJAR en avión se ha convertido en un suplicio, y últimamente casi en una actividad de riesgo. A las amenazas terroristas hay que sumar las huelgas salvajes -de pilotos, de personal de tierra, de controladores- que te dejan en tierra sin previo aviso, los retrasos cada vez más habituales por saturación, niebla o tormenta, las pérdidas de equipaje, el overbooking, la clavada de los taxis y la propensión de ciertas estrellas de la arquitectura a convertir los aeropuertos en pistas de medio fondo. Ahora la UE nos quiere obligar a partir sin champú en el equipaje, reduce las maletas de cabina, impide el uso de ordenadores a bordo y considera un sabotaje llevar encima un cortaúñas. Las compañías comprimen el espacio vital de los pasajeros, suprimen los refrigerios y hasta te dejan sin periódicos. A todo nos adaptamos, qué remedio, pero al parecer aún quedan sobresaltos inesperados.

El Ministerio de Magdalena Álvarez, mujer tan sensible a los asuntos de la navegación aérea que se ganó merecidamente el apodo de Lady Aviaco, ha anunciado de repente su decisión de efectuar controles de alcoholemia y estupefacientes… ¡a las tripulaciones de las aeronaves! Si se trata de una venganza contra la reputación del aguerrido y muy corporativista sindicato de pilotos, la patada ha rebotado en el sufrido trasero de los usuarios de la aviación civil, perplejos ante la posibilidad de que estén siendo transportados por profesionales en estado de intoxicación etílica o bajo el efecto de psicotrópicos. Por si no hubiese cundido una psicosis suficiente de atentados potenciales, dada la obsesiva preferencia que los chicos de Bin Laden sienten por todo lo que vuela, Fomento nos pone delante de las narices una hipótesis aún más pavorosa: la de hallarnos a doce mil pies de altura en manos de un piloto dipsómano, fumeta o atontado por los ansiolíticos. El síndrome del conductor ciego, en versión aeronáutica.

Magdalena, mujer, estas cosas no se hacen así. Si hay algo que controlar, que se controle, pero en sigilo para que no cunda el pánico. Cualquier departamento de seguridad que trabaje con público sabe que lo peor son siempre los estados masivos de alarma; ante la eventualidad de un incendio en hora punta, el último recurso es hacer sonar las sirenas y dejar que los bomberos entren a la vista del gentío. Lo único que nos faltaba en los aviones era imaginar que el tipo que va a los mandos puede llevar la gorra del revés o andar hasta la corcha de antidepresivos. Si está la cosa como parece y el personal va a menudo, en efecto, curda o colocado, lo mínimo sería servir copas gratis al pasaje y repartir diazepán para mitigar la ansiedad. O para ponerse en igualdad de condiciones.

Sí, sí, más vale prevenir, que diría Rubalcaba. Pero al menos que nos expliquen cuántos casos han motivado la medida. Merecemos un Gobierno que no nos acojone.

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SI Artur Mas se convierte en el próximo presidente de Cataluña con el apoyo activo o pasivo del Partido Socialista, las elecciones generales de 2008 -o antes- serán un trámite para José Luis Rodríguez Zapatero, al que le bastará con asegurarse que Convergencia i Unió no pueda aliarse con el PP para arrebatarle el Gobierno de España sin riesgo de perder el de la Generalitat. Y eso es probablemente lo que va a ocurrir a tenor de las encuestas de la recién comenzada campaña catalana, que pronostican un triunfo convergente por la mínima, lo que dejará a Mas a merced de las alianzas que quieran tejer sus rivales. La reedición del tripartito se perfila como una opción matemáticamente viable, pero resulta difícil que Zapatero esté dispuesto a jugarse su propio sillón para sentar a un charnego en el de la plaza de Sant Jaume.

Con un resultado parecido al de los sondeos, la decisión final estará en manos del presidente del Gobierno, y acaso ya esté tomada desde la famosa tarde de los pitillos en la Moncloa. Quedará por aclarar si se forma esa coalición sociovergente -CiU más PSC- que entusiasma a los poderes fácticos de Barcelona o si los socialistas prefieren dejar que Mas gobierne en minoría, rehén de una moción de censura tripartita en el caso de que se atreva a aproximarse al PP. El candidato de Convergencia lo sabe y ya ha emitido al respecto una señal, al dirigirse a un notario para certificar que no pactará con los populares, como un anexo solitario del ignominioso repudio firmado en el Tinell.

Desde que llegó al poder, el rasgo más coherente del proyecto de Zapatero ha sido el de poner al PP fuera del juego democrático. Ése era exactamente el guión del Tinell, pacto del que Maragall hizo autocrítica no para admitir su espíritu excluyente, sino para reconocer que había sido un error explicitar con toda crudeza el destierro político de un adversario. A estas alturas, la convergencia del PSOE con los nacionalistas sigue siendo el seguro de vida del zapaterismo.

El presidente no tiene ganadas las próximas generales, pero la única posibilidad del PP consiste en adelantarle por unos puntos, volcando la actual correlación de fuerzas. En esa hipótesis, para Zapatero sería vital garantizarse que CiU no repita el pacto del Majestic, y para eso no tendrá mejor herramienta que la llave de la Generalitat guardada en su bolsillo. Esa llave no será esta vez de Esquerra, sino del PSC. Montilla arranca la campaña con cara de chivo expiatorio, pero es un hombre de partido y hará lo que tenga que hacer. Por eso es candidato; Maragall jugaba sus propias bazas y ya no era fiable.

A la postre, la obsesión anti-PP se ha transformado en el eje real de la política española. Ya es triste que un candidato haya tenido que prometer ante notario que no dialogará con el partido apestado. Y, sobre todo, es triste que en la España del siglo XXI se pueda hablar con ETA, pero no con una fuerza que representa a casi la mitad de la nación.

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EL día del referéndum del nuevo Estatuto andaluz, que si nadie lo remedia será el 25 de febrero, pienso dedicarlo a cualquier actividad que considere enriquecedora para el cuerpo o el espíritu; si hace buen tiempo saldré a disfrutar de las penúltimas luces del invierno, y si hace malo me proveeré de libros y de música. Lo que de ningún modo tengo previsto es acudir a votar en esa mascarada con la que la Junta de Chaves pretende hacernos creer que se le ha quedado corta una autonomía que durante 25 años ha utilizado para construirse un cortijo político.

A Andalucía no le hace ninguna falta un nuevo Estatuto, habida cuenta de que no ha terminado de cumplir el antiguo. El autogobierno logrado en 1981, tras una vigorosa batalla por la igualdad territorial, ha servido para que el PSOE instaure un régimen de dependencia, despilfarro y clientelismo, que ha copiado los peores defectos del sistema centralista al que vino a sustituir. La Junta ha sido incapaz de vertebrar una mínima conciencia regional, hundida en el pantano de los localismos, y ha convertido la autonomía en un sindicato de intereses para el que ahora reclama más dinero y más competencias bajo el pretexto de que las ha conseguido Cataluña. Un poder andaluz serio y efectivo jamás habría permitido el demarraje catalán, consentido por sumisión de Chaves, que entre su partido y su pueblo eligió defender a su partido. La larga permanencia socialista en el poder ha acabado derivando en un problema de salud pública, y desde luego lo último que pienso hacer es otorgarle con mi voto más margen para su virreinato perpetuo.

Para colmo, se nos pretende convencer de que Andalucía es una «realidad nacional», fantasmagórica construcción dialéctica, que no ideológica, destinada a maquillar la desigualdad abierta por el Estatuto de Cataluña. Semejante superchería debería sonrojar a quienes no han logrado siquiera una realidad regional adecuadamente cohesionada, pero se trata de una trampa para envolver en ella al PP y presentarlo como enemigo de la autonomía, falacia que hasta ahora ha funcionado admirablemente gracias a un aparato de propaganda dotado de superlativa eficacia. Quizá por eso los populares de Javier Arenas están obligados a buscar un consenso que no les descuelgue, aspecto que sus jerifaltes de Madrid no acaban de entender porque jamás han comprendido la razón por la que siempre pierden en Andalucía. Pero esos encajes tácticos deben limitarse a las necesidades de supervivencia política. Los que no tenemos que andar en el alambre de la liza electoral nos podemos permitir el lujo de pasarnos el envite por el arco… de la Macarena.

Decir que no a esta propuesta sería un esfuerzo estéril y melancólico; no merece la pena ni acercarse a negarla, lo que por otra parte serviría al PSOE para victimarse y erigirse en defensor de una Andalucía en la que nunca ha creído de veras. No hay respuesta mejor que la indiferencia; que se ocupen de la autonomía los que viven de ella.

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HA aterrizado en Sevilla un nuevo fiscal Anticorrupción y lo primero que ha dicho al llegar es que percibe en algunos recientes escándalos urbanísticos «un cierto olorcillo» a Marbella; no se refería precisamente a las buganvillas que plantó Hohenlohe ni a las damas de noche de los escasos jardines que ha dejado en pie la codicia gilista. Esto de los aromas tiene poco que ver con los fundamentos jurídicos, pero como su señoría ande tan despierto de criterio como de pituitaria, más de un alcalde se puede ver de aquí a nada en problemas con la justicia. Desde que Hamlet olió a podrido en Dinamarca, la nariz casi nunca engaña en política.

Huele a esquadrismo y a violencia política en Cataluña, por ejemplo, una atmósfera cargada de tintes fascistas que empezó a detectarse en los establos del independentismo y se ha extendido ya al vestíbulo del PSC. El tufo de exclusión coactiva es patente para todo el que no tenga una pinza de la ropa en las narices, como el presidente Zapatero, que se tapa las fosas nasales rodeado de escoltas para proclamar que se siente «a gusto» mientras sus cachorros de las juventudes intentan apalear a los adversarios de la derecha. Qué ocasión para hacer un kennedyano «yo también soy del PP» ha perdido el presidente, tan aficionado a los gestos de elocuencia como falto de olfato para las apuestas de dignidad política. En el oasis catalán huele a putrefacción autocomplaciente, y esa bacteria tan contagiosa se desprende del proceso estatutario. Para combatir la epidemia haría falta que la clase dirigente se levantara contra la peste, como el doctor Rieux de Camus, en vez de negarla a la medida de una miope conveniencia.

Huele también a tongo en la Fiscalía del Estado, ablandada repentinamente a favor de los asesinos etarras, y esa tufarada de connivencias apunta a un pasteleo subterráneo del que acaso pronto se conozcan novedades. En el llamado «proceso de paz» vamos a ser los ciudadanos los que tengamos que cubrirnos las narices con un pañuelo, y es probable que algunas víctimas no puedan evitar el soponcio. Los alivios de pena de De Juana Chaos y otros matarifes preludian signos de acuerdo, pero hay ciudadanos alérgicos a las flores del mal que pueden sufrir en breve un ataque de asma contra el que no hay antídotos ni vacunas para hacer respirable un ambiente tan viciado.

Ese «cierto olorcillo» marbellí que ha detectado el fiscal de Sevilla apunta, en fin, a una campaña electoral caliente, trasminada de denuncias y escándalos. Los ladrillos son de textura porosa, y absorben en seguida el perfume del dinero oscuro. En lugares tan secos como Seseña, por citar alguno, no llueve lo necesario para disipar el hedor de corrupción. Los aprendices de brujo están repartiendo máscaras antigás sin saber que hay efluvios que se quedan prendidos a la ropa y ponen a prueba cualquier desodorante. Y que, igual que por el humo se localiza el fuego, por el olor se acaba descubriendo la mierda.

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DESPUÉS de ser presidente casi perpetuo de Castilla-La Mancha y ministro de Defensa, a José Bono no le hacía mucha ilusión culminar su carrera como concejal de Madrid. A ese destino lo quería empujar, con aviesas intenciones, este Zapatero que cada día tiene más malas ideas, urgido por encontrar «como sea» un primo dispuesto a pegarse el batacazo en la Corte. Pero Bono es un Borgia de Albacete, que conoce los secretos del veneno bien administrado y el efecto letal del tiempo cuidadosamente medido; es de los que clavan las dagas en el tercer intercostal mientras te dan un abrazo muy afectuoso. Y sabe, como Andreotti, que en política el peligro viene siempre del bando más cercano.

Las relaciones entre el presidente y su ex ministro están marcadas desde hace tiempo -concretamente desde el congreso que le ganó Zapatero por ocho votos teledirigidos por Guerra y alguna maniobra nocturna de González- por una profunda, torva y tóxica desconfianza mutua. El de La Moncloa sabe que el manchego es la única referencia alternativa que le queda por liquidar, y aún no acaba de decidir si es mejor tenerlo dentro meando para afuera o fuera meando para dentro, según la tosca receta que McNamara le prescribía a Johnson para neutralizar a Hoover. Ambos se miran de reojo con una suspicacia enconada, y en cada encuentro les brillan los colmillos por entre las sonrisas. La candidatura madrileña era un regalo relleno de cianuro, con más riesgos que ventura, y Bono lo ha devuelto sin abrir a sabiendas de que las urgencias sólo aprietan al que las tiene. Para marcar más las distancias, ha utilizado como recadero de la negativa a Chaves, puenteando con alharaca y recochineo a Pepiño Blanco, y ha dejado a la vista de todos el veneno en manos del remitente. Se le nota que ha disfrutado con la escenificación, porque este hombre tiene un ego del tamaño de La Mancha y se alimenta de la luz de los focos, como ciertas plantas. Pero la afrenta traerá venganza más pronto que tarde; si va a haber subasta de papeles de Seseña, que no la empiecen sin avisarme, por favor.

Tras estas sonadas calabazas manchegas, a Zapatero se le ha vuelto a enquistar «lo de Madrid», y la cosa ya va derivando en sainete. Hay bofetadas por quitarse de en medio, carreras para no ir, al grito de Zerolo el último; el presidente movió a Trini Jiménez antes de tiempo, sacando pecho de que le sobraban aspirantes; los sondeos están cuesta arriba y Simancas anda echando espumarajos, con razón, por el ninguneo a que lo tienen sometido. Solana, Felipe, Borrell y quizá Guerra han escurrido el bulto antes que Bono, de modo que el asunto está ya para poner un anuncio en Infoempleo. Se busca candidato a perder.
Lo ha dicho, con la lucidez que da el retiro político, Juan Barranco, aquel alcalde que sustituyó a Tierno y al que el inolvidable Campmany bautizó como «Juanito Precipicio»: esto es de circo. Pero un circo del que se fugan hasta los enanos. Y todavía faltan por salir a la pista los payasos.

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