Caffè Reggio

Mariano Rajoy acudió anoche en Barcelona a una cena privada en el domicilio de Javier Godó, Conde de Godó, para compartir menú y confidencias con 25 de los empresarios y banqueros más poderosos de este país. Y en presencia, entre otros, de Isidro Fainé (La Caixa), Antonio Brufau (Repsol), Joan Rosell (CEOE), Florentino Pérez (ACS), Antonio Vázquez (Iberia), Rodrigo Rato (Bankia) y Borja Prado (Endesa), el líder del PP dio por hecho que ganará las próximas elecciones, pero confesó que cuando llegue a La Moncloa estará atado de pies y manos por Angela Merkel y Nicolas Sarkozy.

Alrededor de la mesa, presidida por Rajoy y el Conde de Godó, también se sentaron Salvador Alemany (Abertis), José María Castellano (Novacaixa), Antonio Catalán (AC Hoteles), Luis de Carlos (Uría Menéndez), Ignacio Garralda (Mutua Madrileña), Antonio Hernández Calleja (Ebro Puleva), José Manuel Lara (Planeta), Javier Monzón (Indra), Josep Oliu (Banco Sabadell), Sandro Rosell (FC Barcelona) y Angel Simón (Agbar). La velada, según relataron a El Confidencial varios de los asistentes, transcurrió en un ambiente distendido y se prolongó hasta bien entrada la madrugada.

Aunque ya se ve con mando en plaza (por mayoría absoluta, según el grueso de los asistentes), Rajoy hizo gala de su para algunos exasperante prudencia y no reveló ninguna de las medidas que tiene pensado llevar a cabo durante sus 100 primeros días en La Moncloa. Tan sólo apuntó que su programa estará centrado, sobre todo, en el cumplimiento del techo de déficit recogido en la reforma de la Constitución. Y sobre ese objetivo, el dirigente del PP tratará de crear puestos de trabajo como base necesaria e imprescindible para la recuperación económica del país.

Con este plan de actuación, forzado por las exigencias dictadas desde Alemania y Francia a cambio de participar en nuestro rescate, según algunos de los que asistieron al ágape, Rajoy aspira a ganarse la confianza de nuestros principales acreedores. En este sentido, el gallego insistió en la necesidad de trasladar un mensaje de unidad y confianza a los mercados, algo a lo que contribuiría que el nuevo presidente del Gobierno saliera de las urnas ampliamente respaldado.

A pesar de contar con el viento de las encuestas a su favor, las palabras de Rajoy dejaron entrever un cierto vértigo a tener que enfrentarse al reto del poder en la actual coyuntura económica. Sobre todo porque el margen de actuación es mínimo, una vez descontadas las exigencias de Europa y también las competencias delegadas en la comunidades autónomas. “Por eso lo importante es gestionar bien y transmitir confianza”, aseguró el líder de la oposición.

Tal vez por este motivo hubo pocas interpelaciones al dirigente del PP y ninguna de ellas protagonizada por uno de los grandes. Ni siquiera para pronunciarse sobre la cohabitación del catalán y el español, por ejemplo, hubo manera de arrinconar a Rajoy. El político gallego hizo gala de cintura política y tiró de manual de generalidades para aplacar a los más incisivos del ‘puente aéreo’. Al menos sí dejó claro al foro que no pretende hacer el juego al PSOE con la modificación del impuesto del patrimonio, decisión que considera demagógica y que su partido pretende corregir en caso de victoria electoral.

…Y Botín en Madrid

Casi a la misma hora en que Rajoy se reunía con buena parte de la élite empresarial madrileña y catalana, convocado por el llamado Foro Puente Aéreo, Emilio Botín cenaba en Madrid con un grupo de clientes de alto nivel del Banco Santander, fiel a su agenda y ajeno a la expectación despertada por el encuentro de Barcelona en torno al líder del PP. El banquero, que siempre ha mantenido una relación distante con Rajoy, prefirió atender sus compromisos previos antes que viajar a la Ciudad Condal. Un portavoz oficial de la entidad bancaria señaló a este periódico que el Santander “nunca comenta la agenda privada de su presidente”.

La última vez que el presidente del Banco Santander estuvo presente en un encuentro con el líder del PP fue en marzo de 2007, cuando éste pronunció una conferencia en el hotel Ritz de Madrid. Desde entonces los contactos entre ambos han sido casi inexistentes, y las relaciones llegaron a enturbiarse en marzo de este año, después de que el banquero, tras reunirse con José Luis Rodríguez Zapatero en La Moncloa, abogase por agotar la legislatura y aplazar el debate sucesorio. Justo la tesis contraria a la defendida por Rajoy, que exigía el adelanto electoral.

Pero Botín no fue el único grande ausente en Barcelona. Tampoco acudieron a la cena con Rajoy el presidente de Telefónica, César Alierta; el del BBVA, Francisco González; el de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, o el de Inditex, Pablo Isla, que no han participado siquiera en citas anteriores. En su caso, ambas firmas optaron por participar en el conocido como Consejo para la Competitividad, del que forman parte junto a otros interesados, como puede ser el caso de ACS.

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A las dos de esta madrugada, tras una jornada maratoniana de negociaciones, el PSOE y el PP cerraron definitivamente un acuerdo para modificar el artículo 135 de la Constitución. Y Alfredo Pérez Rubalcaba, hasta ahora enemigo declarado de una reforma que pretende sacralizar en la Carta Magna los límites al endeudamiento -pactada a sus espaldas el pasado lunes entre José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy-, ha logrado a última hora un premio de consolación.

El candidato socialista, uno de los muñidores del acuerdo alcanzado hace unas horas, convenció finalmente a los populares para excluir expresamente de la Constitución cualquier cifra tope de déficit. Ésta no podrá superar “los márgenes establecidos por la UE para sus Estados miembros”, y se plasmará antes del 30 de junio de 2012, como pretendía Rubalcaba, en una ley orgánica que obligará a recortar progresivamente el déficit hasta alcanzar un techo máximo global del 0,4% del PIB en el año 2020.

El texto pactado anoche por los dos grandes partidos incluye una cláusula de estabilidad presupuestaria que afectará al conjunto de las administraciones públicas. Pero el techo de endeudamiento, que se fijará en una futura ley orgánica, no será igual para todas: el déficit máximo del Estado podrá llegar al 0,26% del PIB en 2020; el de las comunidades autónomas no deberá superar el 0,14% a partir de ese año, y los ayuntamientos estarán obligados a “presentar equilibrio presupuestario”.

La ‘letra pequeña’

Sin embargo, la letra pequeña del proyecto de ley deja la puerta abierta para que cualquier Gobierno, sea del PSOE o del PP, rebase en el futuro esos límites: siempre que se produzcan ”situaciones de emergencia extraordinaria que escapen al control del Estado y perjudiquen considerablemente la situación financiera o la sostenibilidad económica o social “. Un concepto tan calculadamente ambiguo que tal vez no gustará ni a los mercados ni al Banco Central Europeo ni al eje franco-alemán, cuyas presiones han forzado a Zapatero a abrazar sin ningún entusiasmo -a diferencia de Rajoy- una reforma de la Constitución que siempre había rechazado.

El pacto permite a Rubalcaba salvar la cara y sofocar, al menos por ahora, el conato de rebelión en las filas del PSOE, muchos de cuyos dirigentes habían expresado en las últimas 48 horas su firme oposición a una reforma exprés de la Constitución que no compartían ni en el fondo ni en la forma. El candidato a La Moncloa había sido marginado del acuerdo inicial sellado el lunes entre Zapatero y Rajoy, que dejaba maltrecha su estrategia electoral, basada en un continuo goteo de guiños a la izquierda para desmarcarse de la política de recortes del presidente del Gobierno y movilizar a los desencantados electores socialistas.

Negociación a tres bandas

La negociación se desarrolló ayer a un ritmo frenético en varios escenarios. Por un lado, los portavoces parlamentarios del PSOE, José Antonio Alonso, y del PP, Soraya Sáenz de Santamaría, reunidos en el Congreso con sus respectivos asesores: el socialista Francisco Fernández Marugán y el popular Cristóbal Montoro. Por otro, Rubalcaba y su lugarteniente, Elena Valenciano, moviendo fichas desde su cuartel general en la sede de Ferraz. Y, finalmente, Zapatero y Rajoy en permanente contacto a través del teléfono. A las dos de la madrugada, una vez pulidos los últimos detalles, los negociadores se levantaron de la mesa. Y esta mañana registrarán en el Congreso el proyecto de ley, que será debatido la próxima semana.

Si, como es previsible, el proyecto obtiene una mayoría de 3/5 en el Congreso y el Senado, el remozado artículo 135 de la Constitución establecerá en su apartado 3º que “el volumen de deuda pública del conjunto de las Administraciones Públicas en relación al producto interior bruto del Estado no podrá superar el valor de referencia establecido en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea”. Y que “el Estado y las comunidades autónomas habrán de estar autorizados por Ley para emitir deuda pública o contraer crédito”.

La exposición de motivos del proyecto de ley señala que ”más de treinta años después de la entrada en vigor de la Constitución, formando parte España de la Unión Económica y Monetaria Europea y siendo cada vez más evidentes las repercusiones de la globalización económica y financiera, la estabilidad presupuestaria adquiere un valor verdaderamente estructural y condicionante de la capacidad de actuación del Estado”. Y añade más adelante que la reforma constitucional pactada anoche pretende “garantizar el principio de estabilidad presupuestaria, vinculando a todas las administraciones públicas en su consecución, reforzar el compromiso de España con la Unión Europea y, al mismo tiempo, garantizar la sostenibilidad económica y social de nuestro país”.

Un mal menor para Rubalcaba

Para que las llamas del incendio provocado por Zapatero no chamuscasen completamente su campaña, Rubalcaba trató ayer de evitar a toda costa que la reforma del texto constitucional plasmase en cifras concretas un límite rígido de endeudamiento. Ello supondría “que nos pillemos los dedos”, como reconoció el pasado miércoles el propio candidato socialista, partidario, como mal menor, de una fórmula genérica que recoja el compromiso de estabilidad presupuestaria y permita la “flexibilidad” suficiente para incrementar el gasto público en circunstancias económicas graves o excepcionales. Rubalcaba consiguió ayer su premio de consolación: la Constitución no incluirá un tope de déficit.

El entorno del candidato socialista a La Moncloa se esforzó anoche en presentar la fórmula acordada como un éxito de Rubalcaba, que ha “logrado encauzar la negociación” y hacer desistir al PP de su supuesto empeño en “incluir el déficit cero” en la reforma constitucional, según dijeron a El Confidencial fuentes de Ferraz. Desde las filas populares, en cambio, se minimizó el papel jugado por aquél -atribuyendo el mérito en exclusiva a Rajoy y Zapatero- y se rechazó tajantemente que Génova hubiese exigido que el compromiso del déficit cero figurase en el texto.

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Ajeno, aparentemente, a las sacudidas del terremoto que hace tambalear los mercados financieros y amenaza con una nueva recesión, Mariano Rajoy mantiene impertérrito la apacible rutina de sus vacaciones en Sanxenxo, una localidad turística de las Rías Baixas gallegas en la que ya veraneaba de soltero: largos paseos por la playa con su mujer, Elvira Fernández, Viri; horas de encierro para concluir sus memorias, En confianza, que Planeta publicará en septiembre, y alguna que otra cena con viejos amigos en La Taberna, el restaurante pijo del Club Náutico del pueblo. Mientras, un hiperactivo Alfredo Pérez Rubalcaba le está ganando la batalla mediática, obligando al líder del PP a ir a rebufo de las propuestas del candidato socialista.

No hay noticias de Rajoy, más allá de los comunicados oficiales del PP que aseguran que su líder está en “permanente contacto” con sus más estrechos colaboradores para permanecer al corriente del alcance de la crisis, y las declaraciones enlatadas que, de cuando en cuando, ofrece a alguna agencia informativa. Y no se le espera en Madrid hasta el próximo día 19, cuando tiene previsto reunirse con la cúpula del partido en la sede de la calle Génova, cita que aún no cuenta con un orden del día establecido.

En público ningún dirigente del PP osa criticar a Rajoy, pero en privado empiezan a surgir voces internas que cuestionan su supuesta indolencia. “Es un error creer que vamos a ganar las elecciones sin bajarnos del autobús”, confesaba ayer a El Confidencial un diputado popular. “Yo no digo que Rajoy no tenga derecho a descansar unos días con su familia, faltaría más, pero mucha gente que lo está pasando francamente mal y no puede permitirse unas vacaciones puede tomar nota de que las prioridades del próximo presidente del Gobierno son las que son. Y esa imagen, en un momento tan difícil como el que estamos viviendo, no nos beneficia en absoluto”.

Rubalcaba toma la inciativa

Rubalcaba, su rival en las urnas, sigue muy rezagado en las encuestas, pero ya le saca varios cuerpos de ventaja en la carrera mediática. Mientras nada parece alterar el retiro veraniego de Rajoy, toda la iniciativa es del candidato socialista. Ayer volvió a sorprender con su última propuesta: abrir a los ciudadanos las puertas de Ferraz, la sede del PSOE, para que charlen personalmente con el aspirante a La Moncloa sobre los problemás que más les preocupan. Aunque parezcan un remedo del popular Tengo una pregunta para usted de TVE, los Diálogos con Rubalcaba -así los bautizó ayer su jefa de campaña, Elena Valenciano, que anunció que el primero se celebrará el próximo día 24- garantizan al ex vicepresidente del Gobierno la atención preferente de los medios de comunicación. Y, al fin y al cabo, de eso se trata en una campaña.

La víspera, Rubalcaba volvió a marcar la agenda preelectoral, obligando al PP a seguir su estela. El candidato socialista se comprometió a acudir a todos los debates cara a cara con Rajoy que le propongan las cadenas televisivas. Y anunció, por boca de Valenciano, que ya ha dado el sí a Telecinco, Antena 3, La Sexta y la Academia de las Ciencias y las Artes de Televisión. El líder del PP mantuvo su silencio para no desviarse de su estrategia -ignorar deliberadamente a Rubalcaba y evitar el cuerpo a cuerpo con él, tarea que delega en sus segundos-, pero el vicesecretario de Comunicación del partido, Esteban González Pons, no tuvo más remedio que recoger públicamente el guante lanzado por el ex ministro del Interior.

Éste también le ganó la partida mediática a Rajoy el día anterior, cuando convocó a su equipo económico de campaña en Ferraz, en el penúltimo lunes negro de las bolsas, para reclamar a empresarios y sindicatos un pacto “con carácter urgente” que permita recortar salarios y beneficios. Con José Luis Rodríguez Zapatero desaparecido en el parque de Doñana y el líder del PP disfrutando de las playas gallegas, Rubalcaba está logrando su objetivo: llenar el vacío de poder dejado por el primero y eclipsar al segundo, ofreciendo, de paso, la imagen de un dirigente responsable para el que no hay vacaciones ante una situación de emergencia. Y Rajoy ni siquiera puede argumentar en su descargo que él está fuera del Gobierno y no puede adoptar medidas anticrisis, porque su rival hace ya más de un mes que renunció a todos sus cargos en el Ejecutivo.

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Julio Rodríguez, ex presidente del Banco Hipotecario y uno de los principales asesores económicos de Alfredo Pérez Rubalcaba, pronostica un otoño caliente en el que se “agravarán las tensiones sociales” y se producirá un “reverdecimiento” del Movimiento 15-M, que, de hecho, ha recobrado su aliento en las últimas semanas tras el desalojo por la fuerza de los últimos indignados de la Puerta del Sol de Madrid.

Rodríguez, asesor desde 2008 del gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, y ex consejero de Economía de la Junta de Andalucía, lamenta la deriva “neoliberal” del PSOE y la pérdida de sus señas de identidad socialdemócratas, por lo que ha propuesto al candidato socialista, entre otras medidas, la recuperación del impuesto de patrimonio, que fue suprimido por José Luis Rodríguez Zapatero. “La socialdemocracia lo está pasando bastante mal”, afirma, “y puede dejar de ser un movimiento político con amplio respaldo popular, como ha sido en el siglo XX, para convertirse simplemente en una cultura política”.

De hecho, Rubalcaba se comprometió a restaurar el impuesto de patrimonio durante el discurso pronunciado el pasado 9 de julio ante el Comité Federal del PSOE, que le proclamó oficialmente candidato a La Moncloa. “Las grandes rentas tienen que colaborar con los que más han sufrido en la crisis”, dijo entonces Rubalcaba, que añadió: “Esa es la política redistributiva en la que estamos pensando”. Una política en la que Rodríguez ha tenido una influencia decisiva.

“Las posibilidades recaudatorias del impuesto de patrimonio no me entusiasman [unos 1.500 millones de euros al año]“, sostiene Rodríguez, “pero lo importante es que alguien que gane mil euros al mes no pueda aparecer con un palacio que vale un millón de euros. Es un impuesto censitario que permite conocer mucho mejor la base fiscal”.

Rodríguez, que ayer reconoció a El Confidencial que se ha integrado en el equipo económico de campaña de Rubalcaba recomendado por la ex ministra Cristina Narbona -que fue su subordinada en el Banco Hipotecario- y la secretaria general de Infraestructuras del Ministerio de Fomento, Inmaculada Rodríguez- Piñero, hizo esas reflexiones durante un debate organizado por el semanario El Siglo el pasado mes de julio. En el encuentro también participaron, entre otros, el catedrático de Economía y ex rector de la Universidad Complutense, Carlos Berzosa; el diplomático Ignacio Rupérez y el ex secretario general del PCE, Santiago Carrillo.

“Salvar los muebles”

El asesor económico del candidato socialista dijo entonces que confiaba en que Rubalcaba “lime el programa electoral” -en el sentido de recuperar las señas de identidad socialdemócratas del PSOE-, y confesó que, dada la apabullante ventaja del PP en los sondeos, esperaba que el ex vicepresidente del Gobierno y ex ministro del Interior sea capaz al menos de “salvar los muebles”.

Rodríguez, Narbona y Rodríguez-Piñero se reunieron precisamente el pasado lunes con Rubalcaba en la sede socialista de Ferraz. Al término del encuentro, al que también asistió Elena Valenciano, directora de la campaña del candidato, éste reclamó públicamente a empresarios y sindicatos que se sienten a negociar “con carácter urgente” un acuerdo para moderar beneficios y salarios.

El ex presidente del Banco Hipotecario fue también, paradójicamente, asesor del secretario general de los socialistas madrileños, Tomás Gómez, durante la pasada campaña electoral del 22-M. Gómez, enfrentado a Rubalcaba desde que éste trató de torpedear su candidatura a la Comunidad de Madrid en favor de la ministra Trinidad Jiménez, ya ha advertido que no consentirá que el ex vicepresidente del Gobierno imponga las listas por Madrid en las elecciones generales del 20 de noviembre. Rodríguez fue uno de los miembros del comité de sabios -del que también formaron parte los ex ministros Javier Solana y Carlos Solchaga- que asesoró a Gómez en los comicios autonómicos de mayo.

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Alfredo Pérez Rubalcaba no es presidente del Gobierno ni secretario general del PSOE; y hace ya un mes que dejó de ser vicepresidente primero, además de ministro y portavoz, para centrarse en su nuevo papel de aspirante a La Moncloa. Pero ayer, mientras José Luis Rodríguez Zapatero descansaba en el parque de Doñana (Huelva) con su familia, se puso los galones de líder absoluto, dio un definitivo golpe de mano y tomó el mando del Ejecutivo y del partido para hacer frente a las turbulencias económicas que amenazan gravemente a España. “Las crisis no se van de vacaciones; los gobiernos tampoco, y desde luego el PSOE no se va de vacaciones”, dijo tras reunirse en la sede de Ferraz con su equipo de campaña, en un nada velado reproche a Zapatero.

Éste reanudó el pasado viernes sus vacaciones en Doñana. Y allí seguía ayer, pese a que la inestabilidad de los mercados financieros hacía presagiar “un lunes muy difícil”, como reconoció el propio Rubalcaba. Los temores del candidato eran fundados: la Bolsa volvió a cerrar con pérdidas y se desplomó otro 2,5%, frustrando las expectativas generadas por el anuncio, en la noche del domingo, de la compra de deuda española e italiana por el  Banco Central Europeo. Así que, mientras todos los miembros del Gobierno estaban desaparecidos, la figura de Rubalcaba emergió para asumir un liderazgo que, aunque formalmente no le corresponde -Zapatero seguirá siendo presidente del Gobierno hasta las elecciones y secretario general del PSOE hasta que se celebre el próximo congreso del partido-, ejerce ya de facto.

Hasta en dos ocasiones insinuó la supuesta indolencia de Zapatero por huir a Doñana. “Las crisis económicas no se van de vacaciones”, insistió, “y por tanto quienes tienen que estar al frente de las políticas para resolver esas crisis tampoco se pueden ir de vacaciones. Y esta semana está bastante claro que esto es así”, remachó. Sólo cabían dos interpretaciones a sus palabras, y ninguna de las dos dejaba bien parado al presidente del Gobierno: o Zapatero no tiene capacidad para enfrentarse a la crisis y resolverla, y por eso ha puesto tierra de por medio; o, si la tiene, debería estar en Madrid asumiendo su responsabilidad. Y como la nave no puede ir a la deriva en momentos tan críticos, vino a decir Rubalcaba, ahí estaba el candidato socialista para manejar el timón.

“Aunque la crisis sea internacional también se pueden hacer cosas en el ámbito doméstico”, sentenció Rubalcaba. Dicho y hecho: el ex vicepresidente del Gobierno, tras reunirse con lo que él mismo definió como su “equipo económico” -la ex ministra Cristina Narbona; la secretaria general de Infraestructuras del Ministerio de Fomento, Inmaculada Rodríguez-Piñero; su jefa de campaña, Elena Valenciano, y el economista Julio Rodríguez- reclamó a empresarios y sindicatos que se sienten a negociar “con carácter urgente” un acuerdo que permita “mayor moderación de los salarios, para mejorar la competitividad, y de los beneficios empresariales, para que éstos se reinviertan en crear empleo”.

“Ni catastrofismo ni pasividad”

Cuando El Confidencial le preguntó si una propuesta de ese calado no debería formularla el presidente del Gobierno, en lugar del candidato a La Moncloa, Rubalcaba se defendió: “Frente a esta situación de inestabilidad financiera no cabe ni el catastrofismo ni la pasividad, sino poner iniciativas encima de la mesa. Y éstas pueden salir de los empresarios, de los sindicatos, de los partidos, del Gobierno o del primer partido del país, que es el PSOE”, dando por hecho, implícitamente, que él, y no Zapatero, es el líder socialista.

No era, ni mucho menos, la primera vez que puenteaba a Zapatero. El pasado 15 de julio, sólo seis días después de ser proclamada oficialmente candidato socialista, Rubalcaba aseguró durante una entrevista en Onda Cero: “El líder del PSOE soy yo”. Dos semanas más tarde, esta vez ante los micrófonos de Radio Nacional, insistió: “En estos momentos el líder del PSOE soy yo. El 20-N [día de las elecciones] por la noche veremos si soy yo el que dirige el partido”. Una afirmación que no comparten todos los barones socialistas. El madrileño Tomás Gómez, por ejemplo, le recordó de inmediato que “el líder del PSOE, hasta el próximo congreso, es el secretario general del partido”. O sea, Zapatero.

El presidente del Gobierno, desde su retiro veraniego en Doñana, logró hablar ayer telefónicamente, tras varios intentos frustrados en los últimos días, con el presidente de EEUU. La Moncloa difundió a última hora de ayer un comunicado en el que asegura que Zapatero y Barack Obama analizaron “la situación de la economía global, centrándose en dos temas fundamentales: la evolución de los problemas de la deuda en Europa y en Estados Unidos, y el crecimiento de la economía mundial”. Ambos acordaron, según la nota oficial, ”mantener el contacto de los equipos económicos de ambos gobiernos para seguir avanzando en la coordinación, con el doble objetivo de promover estabilidad y evitar la ralentización de la economía global”.

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Según la leyenda tejida por el régimen franquista, en el palacio de El Pardo siempre había una lucecita encendida que iluminaba los desvelos de un Francisco Franco entregado día y noche a resolver los problemas de España. Casi 36 años después de la muerte del dictador, en esta semana horribilis de la deuda pública, el aparato de propaganda de La Moncloa parecía empeñado en resucitar aquel gastado mito de posguerra, protagonizado esta vez por un cadáver político de vigilia permanente en su despacho oficial para hacer frente, en solitario y con un teléfono como única arma, a los zarpazos de los mercados financieros.

Pero no sólo la lucecita recordaba al difunto general. José Luis Rodríguez Zapatero también ha mimetizado, muy a su pesar, la proverbial austeridad de aquel déspota bajito. Privado de sus vacaciones -hasta anoche, en que regresó al parque de Doñana-, sin fiesta por su 51 cumpleaños y alejado de su familia, la crisis de la deuda -cuya prima de riesgo alcanzó ayer una nueva cota histórica de 418 puntos- ha engullido a un Zapatero impotente, superado por la magnitud de los acontecimientos y, pese a los esfuerzos de sus voceros, desprovisto de toda épica.

Su único recurso ha consistido en echar la culpa a los demás -”las tormentas económicas de EEUU”, José Blanco dixit- y aferrarse a una estéril diplomacia telefónica en la que ha tenido como interlocutores a otros líderes europeos tan acogotados como él -el último, Silvio Berlusconi- y a los portavoces de la oposición, que no han creído una palabra de su mensaje tranquilizador, basado en el mantra de que los ataques a la deuda son un fenómeno transitorio espoleado por la volatilidad del mes de agosto.

Con Alfredo Pérez Rubalcaba fuera del Gobierno y volcado de lleno en su campaña, como si la crisis no fuera ya con él -ayer, paseando por las calles de Soria, le dijo a un frutero con su mejor sonrisa que “siempre que llueve, escampa”-, el Ejecutivo es ahora un corral de gallinas sin cabeza que huyen despavoridas hacia ninguna parte. Y no hay nadie al timón: Zapatero, atrincherado en su despacho y sin dar la cara; sus ministros, desaparecidos -¿dónde está Manuel Chaves?- o haciendo cada uno la guerra por su cuenta -Ramón Jáuregui, titular de Presidencia, anunció esta semana un nuevo Consejo de Ministros extraordinario para el 26 de agosto y admitió a continuación que ignoraba las medidas que serán aprobadas-; y Elena Valenciano, jefa de campaña de Rubalcaba, atizándole al PP y usurpando a Blanco el papel de portavoz.

Errores de cálculo

El primer error de cálculo de Zapatero fue creer que el anuncio de elecciones anticipadas calmaría a los especuladores financieros. Pero el remedio, cuando aún faltan casi cuatro meses para la cita con las urnas, parece haber sido peor que la enfermedad. Y no sólo se lo ha recriminado el PP -”España no puede aguantar así hasta noviembre”, dijo el jueves su vicesecretario de Comunicación, Esteban González Pons-, sino también un socio parlamentario tan fiable como CiU, que tantas veces le ha rescatado de las llamas en esta legislatura. Su portavoz, Josep Antoni Duran Lleida, aseguró ayer que Zapatero debe convocar las elecciones “mucho antes del 20 de noviembre” porque, a su juicio, “no tiene ninguna intención de ahondar en las reformas emprendidas”. Y que, si no lo hace, es porque a Rubalcaba “sólo le interesa llegar a esa fecha con cuantas menos heridas, mejor”.

Pero la elección de la fecha electoral, en la que han pesado más los cálculos partidistas del candidato Rubalcaba, no parece haber sido la única equivocación de Zapatero. El presidente del Gobierno, tratando de sacudirse el problema de encima, confió en que la solución llegaría desde fuera, o sea, desde Europa. Pero, por ahora, no ha sido así.

Primero trató de presionar a Bruselas para que agilice la aplicación de los acuerdos alcanzados por el Eurogrupo el pasado 21 de julio, que habilitan al fondo de rescate de la zona euro a comprar deuda de países en dificultades, pese a que ese pacto debe antes ser ratificado por los parlamentos de todos los Estados miembros, entre ellos España, lo que no ocurrirá, en el mejor de los casos, antes de mediados de septiembre. Y luego se encomendó al Banco Central Europeo para que adquiera deuda española, tratando de contener así la desbocada prima de riesgo. Pero su presidente, Jean Claude Trichet, le arrojó un jarro de agua helada el jueves, al comprar títulos de deuda sólo de Irlanda y Portugal.

El último disgusto se lo dio ayer mismo el comisario europeo de Asuntos Económicos, Olli Rehn, que exigió al Gobierno rematar urgentemente las reformas pendientes: reestructuración de las cajas de ahorro, saneamiento de las comunidades autónomas y flexibilización del mercado laboral. Pero Zapatero, muy probablemente presionado por Rubalcaba, ya ha dado muestras evidentes de que ni piensa acelerar esas reformas ni aplicar nuevos recortes. Y por mucho que la lucecita de su despacho en La Moncloa permanezca encendida, España sigue cruzando los dedos.

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De puertas afuera, el PSOE y el PP hacen guiños a los indignados para atraerlos hacia sus siglas con promesas de cambios en un sistema con muchas vías de agua; pero entre bambalinas, casi a escondidas, los dos grandes partidos maniobran para que todo siga igual, o incluso peor. Y la reforma de la ley electoral, una de las banderas enarboladas por el Movimiento 15-M, es un buen ejemplo de ese doble juego.

Mientras los indignados exigen a los principales partidos listas abiertas, circunscripciones únicas y escaños proporcionales al número de votos, socialistas y populares han colado a hurtadillas un párrafo en la nueva legislación electoral para boicotear a los nuevos partidos y a los que no tienen representación parlamentaria con obstáculos que para la mayoría resultarán insalvables. De esta forma, el PSOE y el PP violan el principio de la libre competencia electoral, frenan el pluralismo y consolidan un bipartidismo que les favorece.

La reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), aprobada el pasado mes de enero en el Congreso con los votos del PSOE y el PP -y el respaldo de CiU y el PNV-, incluye una modificación del artículo 169 que ha pasado prácticamente inadvertida. En su nuevo apartado 3, afirma: “Los partidos, federaciones o coaliciones que no hubieran obtenido representación en ninguna de las Cámaras en la anterior convocatoria de elecciones necesitarán la firma, al menos, del 0,1% de los electores inscritos en el censo electoral de la circunscripción por la que pretendan su elección”. Y añade que “ningún elector podrá prestar su firma a más de una candidatura”.

Eso significa que 88 de los 98 partidos o coaliciones que presentaron listas en las elecciones generales de 2008 no podrán concurrir a los comicios del próximo 20 de noviembre a menos que antes recojan las firmas del 0,1% de los electores de cada circunscripción, ya que ninguna de esas 88 formaciones obtuvo entonces representación parlamentaria. Los únicos partidos que no tendrán que superar ese escollo en la inminente cita con las urnas son los que lograron al menos un escaño en 2008, es decir: PSOE, PP, CiU, PNV, ERC, IU, BNG, Coalición Canaria,  UPyD y Nafarroa Bai.

Más trabas

Pero las trabas a los partidos minoritarios van mucho más allá. Las formaciones que estén dispuestas a recoger las firmas que impone la nueva legislación -y que dispongan de los medios económicos y materiales para hacer frente a esa campaña antes de la campaña- sólo tendrán 20 días para lograr su objetivo. Ese plazo empezará a contar el próximo 27 de septiembre, coincidiendo con la publicación en el Boletín Oficial del Estado del decreto de convocatoria de las elecciones.

Y aún hay más. Una vez recogidas las firmas en cada una de las circunscripciones en las que presenten candidaturas, los partidos deberán llevarlas a un notario para que éste avale su autenticidad. Finalmente, las firmas serán registradas en la Junta Electoral Central. Diversos expertos en procesos electorales consultados por El Confidencial calculan que una formación que aspire a presentar candidaturas en todo el territorio nacional necesitará reunir más de 35.000 firmas e invertir unos 300.000 euros en la campaña de recogida, una cantidad prohibitiva para decenas de pequeños partidos.

Todas estas restricciones no sólo se aplicarán a los partidos que se quedaron fuera del Congreso en los comicios de 2008, sino también a los que tienen intención de presentarse por primera vez, el próximo 20 de noviembre, a unas elecciones generales. Es el caso, por ejemplo, de la formación ecologista Equo que encabeza Juan Ignacio López de Uralde, ex director de Greenpeace España.

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El brutal ataque de los mercados a la deuda pública española, cuya prima de riesgo alcanzó ayer la cota histórica de los 403 puntos básicos y disparó las alarmas sobre un eventual rescate financiero de nuestro país, cuestiona abiertamente la fecha electoral elegida por José Luis Rodríguez Zapatero y Alfredo Pérez Rubalcaba. Su decisión de demorar casi cuatro meses la cita con las urnas, hasta el 20 de noviembre, sólo servirá para incrementar la inestabilidad y elevar la desconfianza, según coinciden en señalar numerosos expertos, que advierten de que la escalada de la prima de riesgo no se detendrá en las próximas semanas.

¿Se trata del penúltimo error de cálculo de Zapatero? El principal argumento que el presidente del Gobierno ofreció el pasado viernes para justificar el adelanto electoral fue, precisamente, el de generar “certidumbre política y económica”. La misma razón, paradójicamente, que había esgrimido hasta ese momento para defender justo lo contrario; es decir, que no agotar la legislatura provocaría inestabilidad e incertidumbre. Pero, tras dar marcha atrás y desautorizarse a sí mismo, ¿por qué esperar hasta el 26 de septiembre para disolver el Parlamento y convocar las elecciones? ¿Tiene sentido prolongar durante otros cuatro meses la interinidad política de un Ejecutivo ya amortizado?

Para el economista Luis Garicano, profesor de la London School of Economics y director de la Cátedra Fedea-McKinsey, “las elecciones deberían ser cuanto antes, 54 días a partir de ahora, lo que nos pondría en el 1 de octubre más o menos”. Garicano señaló a Europa Press que el nivel alcanzado por la prima de riesgo española es “insostenible”, y añadió que “no tiene sentido” retrasar la convocatoria electoral hasta el 20 de noviembre porque, a su juicio, “la situación es extremadamente preocupante”.

Su opinión es compartida por el catedrático de Economía Juergen Bernhard Donges, director del Instituto de Política Económica de la Universidad de Colonia y ex presidente del Consejo Alemán de Expertos Económicos que asesoró a los cancilleres Helmut Köhl y Gerhard Schröeder. Las elecciones, en su opinión, deberían haberse adelantado al mes de septiembre para que el nuevo Gobierno salido de las urnas -tanto si lo preside Rubalcaba como Mariano Rajoy- tuviese tiempo de presentar unos Presupuestos Generales del Estado que incluyan los inevitables ajustes y recortes que deberán reflejar las cuentas públicas del próximo año. “El anuncio de las elecciones anticipadas llega tarde, porque se traslada la idea de que el Gobierno ya no va a hacer nada”, sostiene Bernhard Donges.

Sin margen de maniobra

A Zapatero, en efecto, le queda ya muy poco margen de maniobra para adoptar nuevas medidas de ajuste económico. El presidente del Gobierno confiaba, precisamente, en que el adelanto de las elecciones al 20 de noviembre -en lugar de marzo de 2012- calmaría a los mercados y daría un respiro a Rubalcaba para concentrarse en la campaña electoral y lanzar su candidatura. Otro cálculo erróneo, a juzgar por lo ocurrido ayer. Y ni siquiera el anuncio de que el Consejo de Ministros del próximo 19 de agosto aprobará un nuevo paquete de reformas para tratar de reducir el déficit ha servido para proyectar la estabilidad que Zapatero pronosticó el pasado viernes.

Más que generar certidumbre política y económica, son razones de interés partidista y electoral las que parecen haber tenido mayor peso en la elección de la fecha de los comicios. Rubalcaba y el nuevo portavoz del Gobierno, José Blanco, influyeron decisivamente en Zapatero para que renunciase a sus planes iniciales de agotar la legislatura; y también para que la convocatoria fuese a finales de noviembre. Podría haber sido en septiembre u octubre -ambas fechas, de hecho, estuvieron sobre la mesa-, pero el candidato socialista necesitaba más tiempo para perfilar su proyecto político y tratar de movilizar a un desencantado electorado socialista. Y, sobre todo, para alejar en el calendario el tremendo vaparalo electoral del 22-M.

El Gobierno, desbordado por el asedio de los mercados, trató ayer de minimizar el alcance de los daños. Blanco aseguró que la cifra histórica alcanzada por la prima de riesgo es “algo transitorio”, y llegó a jactarse de que el Ejecutivo “ya tenía previsto” el ataque de los especuladores porque agosto es un mes “muy volátil” en el que se realizan “pocas operaciones” financieras, lo que explicaría, a su juicio, un vuelco como el de ayer. El portavoz del Gobierno, al igual que hizo Ramón Jáuregui, trasladó la responsabilidad de lo ocurrido a “las tormentas económicas de Estados Unidos”. El ministro de la Presidencia descartó nuevos recortes de gastos, pero evitó dar alguna pista sobre el paquete de reformas que el Consejo de Ministros tiene previsto aprobar el próximo día 19. En lugar de eso, se limitó a decir que España “sigue haciendo sus deberes”.

Zapatero, que aplazó durante unas horas el inicio de sus vacaciones en Doñana, viajó a última hora de ayer al parque natural onubense en compañía de su esposa y sus dos hijas. Antes, el presidente del Gobierno conversó telefónicamente con Rajoy y, al menos, también con el líder del PNV, Iñigo Urkullu, y el portavoz de CiU en el Congreso, Josep Antoni Duran Lleida. Éste, por medio de un comunicado de su gabinete de prensa difundido a primera hora de la tarde de ayer, aseguró que, tras hablar con Zapatero, “la situación de España es gravísima”. Poco después, los nacionalistas catalanes emitían un nuevo comunicado a través de la agencia Efe en el que matizaban sustancialmente las palabras de Duran Lleida: la extrema gravedad no se refería a nuestro país, sino a la situación financiera internacional derivada de la que vive EEUU. Un argumento sospechosamente parecido al esgrimido por el Gobierno.

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José Luis Rodríguez Zapatero trata desesperadamente de evitar que el incendio desatado en el PSOE por la debacle electoral y el debate sucesorio se propague y acabe escapando a su control. El secretario general del partido quiere cortar de raíz la rebelión instigada por Patxi López y asegurarse el apoyo de los barones a su hoja de ruta: convocatoria inmediata de primarias y elección por los 220.000 militantes socialistas del futuro candidato a La Moncloa, una fórmula que, a diferencia del congreso extraordinario que exige el lehendakari, le blindaría como presidente del Gobierno y líder del partido hasta 2012.

El martes, tras el terremoto político desatado por López al rechazar las primarias y reclamar un congreso para forzar la dimisión de Zapatero como secretario general, el presidente del Gobierno se lanzó a una frenética ronda de llamadas telefónicas. Zapatero, según fuentes socialistas solventes consultadas por El Confidencial, se puso en contacto con todos los barones autonómicos -a excepción del propio López- con la intención de sondear si comparten o no la propuesta del líder del PSE y tratar de persuadirles para que se opongan a ella en la reunión del Comité Federal del próximo sábado.

A Zapatero le va la vida en ello. Si el Comité Federal aprueba la convocatoria de un congreso, el secretario general y toda su Ejecutiva tendrían que dimitir para que el máximo órgano del PSOE elija un nuevo líder -que con toda seguridad sería proclamado también candidato a La Moncloa- y una nueva dirección. De esta forma, Zapatero, desautorizado por su propio partido, quedaría en una posición de debilidad insostenible y se vería forzado a presentar su renuncia como presidente del Gobierno.

Órdago de Zapatero

Para hacer frente a esa revuelta interna, a la que ya se han sumado numerosos dirigentes socialistas, Zapatero trató de presionar a los barones, uno por uno, y convencerles de que lo que toca ahora es convocar las primarias, elegir al candidato a la Presidencia del Gobierno y aplazar el congreso hasta después de las generales de 2012. Las gestiones del todavía líder socialista, según las fuentes consultadas, arrojaron un balance desigual, aunque recogió los apoyos suficientes como para atreverse a lanzar ayer, 24 horas después de su ronda telefónica, un órdago a los sublevados: “Por supuesto que vamos a ir a un proceso de primarias, que es lo más saludable”.

Al menos media docena de barones territoriales, según las mismas fuentes, dieron garantías a Zapatero de que respaldarán su hoja de ruta en el Comité Federal para que se convoquen primarias de forma inmediata, evitando así el congreso que supondría el funeral político del líder socialista: José Antonio Griñán, secretario general de la poderosa federación socialista andaluza; José Montilla, primer secretario del PSC; el líder de los socialistas madrileños, Tomás Gómez; el del PSOE balear, Francesc Antich; el aragonés Marcelino Iglesias y el castellanomanchego José María Barreda.

A López lo dejó para el día siguiente. Ayer, Zapatero telefoneó a primera hora al secretario general de los socialistas vascos. Pero el lehendakari volvió a desafiar al secretario general del PSOE: pocas horas después, la Ejecutiva del PSE hacía público un comunicado demoledor en el que insistía en rechazar las primarias y reclamar un congreso que elija “un líder que cuente con todo el respaldo del partido para afrontar las elecciones y ganarlas”.

Rubalcaba o Chacón

Tampoco las llamadas a la prudencia de la dirección del PSOE sirvieron para calmar al coro de dirigentes socialistas que se divide entre forzar un congreso o abrir el proceso de primarias. Gaspar Zarrías, número cuatro del partido, irrumpió con fuerza en el debate para defender la opción de Alfredo Pérez Rubalcaba como “garantía de futuro y certidumbre”. “Es un hombre con un talento político y personal fuera de serie”, afirmó. El líder de los socialistas valencianos, Jorge Alarte, también apoya la elección rápida del vicepresidente primero, mientras que en Andalucía la cúpula se inclina por Carme Chacón y defiende que no se eludan las primarias.

La división se ha trasladado incluso al Consejo de Ministros. Trinidad Jiménez demostró su cercanía al presidente reclamando que el próximo candidato salga de unas primarias y rechazando la posición de Patxi López. “[Zapatero] va a garantizar la neutralidad y la tranquilidad del proceso y va a hacer lo que sea mejor para el PSOE”, confío la ministra de Asuntos Exteriores. En cambio, el titular de Trabajo, Valeriano Gómez, se alineó con la posición del  lehendakari porque sus palabras “tienen buen fundamento”.

Pero, además de presionar a los barones en favor de su continuidad como líder del partido, Zapatero trata también de mantener la estabilidad parlamentaria que le mantiene en La Moncloa. Así, según fuentes socialistas consultadas por este diario, el presidente del Gobierno llamó el mismo martes a Iñigo Urkullu, líder del PNV, para asegurarse de que cuenta con el respaldo de su grupo ante las reformas económicas pendientes y los próximos Presupuestos Generales del Estado. Zapatero también conversó el martes con Josep Antoni Duran i Lleida, aunque fuentes próximas a CiU señalaron que el diálogo se ciñó a cuestiones parlamentarias y a la sesión de control celebrada ayer.

Estabilidad parlamentaria

Los nacionalistas catalanes no descartan apoyar iniciativas concretas del Ejecutivo, pese a que, según reconocen en el seno de CiU, la relación entre el líder socialista y Artur Mas no pasa por su mejor momento. “Lo lógico, quizá, sería que le preguntara sobre lo que se viene debatiendo, si cuestión de confianza, si moción de censura, si elecciones anticipadas… Lo que le preocupa a este grupo es lo que va a hacer en los próximos meses, y sobre todo dos temas: el gasto público, incluido el gasto social, y la ocupación”, interpeló con prudencia Duran i Lleida a Zapatero durante la sesión de control de ayer.

El PNV tampoco ha pedido un adelanto electoral ni se ha mostrado favorable a una moción de censura, pero la resaca electoral en el País Vasco está provocando interferencias en la relación con el Grupo Parlamentario Socialista en Madrid. En una entrevista concedida ayer a Radio Nacional, Urkullu pidió la dimisión del lehendakari López y advirtió que su partido, “de entrada”, no respaldará nuevas iniciativas del Gobierno de Zapatero.  Pero, como informó este diario, todavía quedan pendientes diversas transferencias que, de concretarse próximamente, podrían desbloquear el apoyo del PNV al Ejecutivo.

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La debacle electoral del 22-M y la sucesión de José Luis Rodríguez Zapatero han resquebrajado al PSOE. La unidad y la disciplina internas han saltado por los aires en menos de 48 horas, y el partido era ayer una auténtica jaula de grillos sobre el procedimiento y los tiempos para elegir al nuevo candidato socialista. En ese caldo de cultivo, las explosivas declaraciones de Patxi López, exigiendo la convocatoria inmediata de un Congreso con el argumento de que “unas primarias no son suficientes”, fueron la espita que desató el clamor: un amplísimo sector del PSOE reclama que Zapatero abandone cuanto antes la Secretaría General, y que el nuevo líder del partido sea también el aspirante a La Moncloa.

Las palabras del lehendakari desataron un verdadero terremoto político y dieron pie a todo tipo de especulaciones en las filas socialistas. No son pocos los que interpretaban ayer que la iniciativa de López es en realidad una hábil maniobra de Alfredo Pérez Rubalcaba -muy cercano al líder del PSE- para hacerse con el control del partido sin pasar por unas primarias. Una hipótesis que José Antonio Pastor, portavoz de los socialistas vascos y hombre de confianza del lehendakari, no hizo más que reforzar cuando afirmó en Radio Nacional: “No vamos a ocultar nuestra simpatía por Alfredo”.

La onda expansiva de las declaraciones de López provocó tal desconcierto en la cúpula del PSOE que algunos dirigentes de Ferraz consultados por El Confidencial no se atrevieron a asegurar si la propuesta de Zapatero de convocar de inmediato unas primarias -que el propio presidente del Gobierno confirmó el pasado domingo tras el descalabro electoral y José Blanco ratificó al día siguiente- será respaldada en el Comité Federal del próximo sábado.

Desafío a Zapatero

Si la iniciativa de López -que él mismo, como anunció ayer, someterá a debate en la reunión del Comité Federal- sale adelante, el proceso de primarias quedará abortado y en su lugar deberá celebrarse un Congreso, en el que será elegido el nuevo secretario general y, al mismo tiempo, candidato a La Moncloa. Esa propuesta, a la que de inmediato se sumaron ayer otros barones y numerosos dirigentes socialistas de todos los niveles, supone un claro desafío a la voluntad expresada por Zapatero, cuya hoja de ruta pasa por mantenerse como presidente del Gobierno y secretario general del partido hasta las elecciones de 2012.

Los planes de Zapatero suponen, en la práctica, una bicefalia inédita en el PSOE: un presidente del Gobierno que es también líder del partido conviviendo durante casi un año con un candidato a La Moncloa elegido en unas primarias. Pero la propuesta de López, de salir adelante, provocaría una situación no menos insólita: un Zapatero aferrado al poder hasta 2012 -ha repetido hasta la saciedad que no piensa adelantar las elecciones- pero al que sus propios compañeros descabalgan de la dirección del PSOE en un Congreso.

“No basta con cambiar de candidato”

Las opiniones sobre cuál debe ser el futuro inmediato del partido eran ayer casi tantas como diputados socialistas hay en el Congreso, según los numerosos testimonios recogidos por este periódico. Desde los que defienden las primarias hasta los que las rechazan rotundamente, pasando por los que abogan por retrasarlas hasta después del verano o los que apuestan por que sea el Comité Federal -los estatutos del partido lo permiten- el que designe al candidato.

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José Luis Rodríguez Zapatero por fin desveló ayer, para alivio de muchos dirigentes del PSOE, su hamletiano ser o no ser candidato. Pero la cerrada y emocionada ovación con la que el Comité Federal, puesto en pie, acogió sus palabras de despedida, no evitó la lluvia de reproches que una parte del máximo órgano de decisión del partido descargó luego sobre el líder socialista, en el debate que siguió a su discurso, por el “erróneo” momento elegido para anunciar su retirada y abrir el debate de la sucesión.

“Seguro que no es fácil acertar, y he pensado que lo mejor era hacerlo ahora”, dijo Zapatero para justificar su decisión de comunicar ayer, cuando falta poco más de un mes para que arranque la campaña de las municipales y autonómicas, que no optará a un tercer mandato. Pero nunca parece llover a gusto de todos, como pudo comprobar después el propio presidente del Gobierno -con fecha de caducidad en marzo de 2012, salvo adelanto electoral- y secretario general del PSOE -hasta el próximo Congreso del partido- durante el turno de intervenciones, en el que tomaron la palabra 29 miembros del Comité Federal.

Los barones apenas podían ocultar su satisfacción tras el anuncio de Zapatero, al que habían urgido y empujado durante meses para que desvelara su futuro político antes del 22-M, con el argumento de que esa incertidumbre sería aprovechada por el PP para convertir la inminente cita con las urnas en un plebiscito sobre el presidente del Gobierno, un escenario que, según insistían machaconamente varios de ellos, dañaría aún más sus expectativas electorales en ayuntamientos y comunidades autónomas. Pero lo que ayer quedó claro, sobre todo tras escuchar las críticas de algunos miembros del Comité Federal, es que José María Barreda, Guillermo Fernández Vara, Tomás Gómez y otros dirigentes territoriales han cometido un grave error de cálculo.

“Las primarias, para el verano”

Las primarias para elegir al futuro candidato -o candidata- a La Moncloa se celebrarán después del 22-M, como anunció Zapatero, pero hasta entonces ni el propio líder socialista ni los barones, que ayer se desgañitaron reclamando al partido que a partir de ahora se concentre en la cita electoral de mayo, podrán evitar que el debate de la sucesión se desboque y eclipse casi por completo la campaña municipal y autonómica. “Las primarias son para el verano”, clamó en vano Óscar López, secretario general del PSOE de Castilla y León; “ahora toca el 22-M”, insistió el andaluz José Antonio Griñán; “traiciona al PSOE” quien no se concentre exclusivamente en las elecciones de mayo, amenazó el vasco Patxi López…

Pero todos esos llamamientos a aparcar el debate de las primarias y poner el foco en el 22-M parecen condenados al fracaso. Ayer mismo, antes incluso de que concluyera la reunión del Comité Federal, en los corrillos de la sede de Ferraz, convertida en un incesante ir y venir de dirigentes del PSOE y periodistas, no se hablaba ya de otra cosa que de la batalla sucesoria que se avecina. ¿Dará un paso al frente el favorito de las bases y de buena parte del aparato, Alfredo Pérez Rubalcaba? ¿Será el vicepresidente primero el único aspirante o tendrá que batirse finalmente con Carme Chacón? ¿Surgirá un nuevo e inesperado Zapatero como el que derrotó al favorito José Bono en el Congreso socialista del año 2000? ¿Dará la sorpresa algún tapado con el que nadie cuenta? ¿Se animará algún outsider a presentar su candidatura?

No respetar los tiempos

El deterioro de la imagen de Zapatero es de tal magnitud que el Comité Federal del partido se limitó ayer a tomar nota de su decisión, pero no le suplicó que cambiara de opinión para volver a ser el cabeza de cartel en 2012. No obstante, entre las 29 intervenciones que hubo tras el discurso de Zapatero hubo muchos comentarios críticos hacia el líder socialista, la mayoría contrarios al momento elegido para anunciar su retirada y dar el pistoletazo de salida a la carrera por la sucesión.

Uno de los más ácidos fue el veterano Juan Carlos Rodríguez Ibarra, que rechazó la oportunidad del anuncio, alertó de que lo más probable es que no se respeten los tiempos y advirtió que las primarias acabarán contaminado la campaña electoral del 22-M. El ex presidente extremeño avisó, además, de que se puede desatar una pugna entre “policías y militares”, en referencia a Rubalcaba y Chacón, precisamente cuando el partido debe mostrarse más cohesionado. Y, en tono irónico, lanzó un último reproche a Zapatero: dijo que le iba a dar su número de teléfono. “Hace mucho tiempo que no me llama”, concluyó.

El dirigente de UGT Manuel Fernández López, Lito, fue uno de los miembros del Comité Federal que con más dureza expresó su rechazo a la gestión que el secretario general ha hecho del debate sobre su sucesión. A su juicio, el anuncio de Zapatero es “una equivocación” y entrega munición al PP para castigar al Gobierno y exigir un adelanto electoral. De hecho, los populares ya han utilizado este argumento al lamentar que España tenga que “soportar lo que el PSOE no quiere”, en palabras del vicesecretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons. Lito añadió que el PP dirá ahora que Zapatero “no se atreve” a presentarse a la reelección porque “ha dejado el país como un erial”, y enfatizó que “no se puede hacer el juego a la derecha”.

Los dirigentes de la corriente interna Izquierda Socialista tampoco esperaban que el presidente del Gobierno hiciera pública ayer su decisión. Juan Antonio Barrio dijo que ésta es “discutible”, pero que el momento elegido por Zapatero es “incorrecto”. Y discrepó abiertamente de los barones, rechazando su argumento de que la retirada del líder socialista ayude a los candidatos locales y autonómicos el próximo 22-M. Su compañero José Antonio Pérez Tapias insistió en esa idea, y reclamó una “estrategia clara” para evitar que el PP “contamine” la campaña y la centre exclusivamente en el debate sucesorio.

Tampoco ahorró críticas la ex ministra y senadora Matilde Fernández -rival de Zapatero en el Congreso del año 2000-, que lamentó que se abra ahora ese debate y se preguntó en voz alta “cuánta gente disciplinada” va a seguir las directrices marcadas ayer por el secretario general y los barones para no hablar de la sucesión durante la precampaña y la campaña. Muchos “van a caer en la trampa”, reconoció la representante del antiguo sector guerrista del partido.

Error estratégico

El ex ministro de Justicia Juan Fernando López Aguilar, portavoz del PSOE en el Parlamento europeo y fundador de la extinta Nueva Vía, consideró que el adelanto de que habrá primarias es un “error estratégico”, ya que, además de no incrementar las expectativas electorales de los barones, el presidente del Gobierno todavía representaba una opción electoral atractiva. “Fue quien sacó al partido del bache cuando el PP tenía mayoría absoluta y quien dio la victoria a la primera”, recordó. El presidente andaluz, José Antonio Griñán, se situó en esa misma línea de respaldo al líder socialista en el caso de que éste hubiera querido repetir como candidato, e insistió en la necesidad de garantizar la estabilidad institucional.

También ”decepcionado” por la retirada de Zapatero se mostró el alcalde de La Coruña, Javier Losada; y ”descolocado” dijo sentirse el presidente del Senado, Javier Rojo: en su opinión, el todavía secretario general del PSOE debía ser el candidato en 2012, a pesar de la presión mediática e interna para que se apeara de la carrera electoral.

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La Brigada de Delincuencia Económica de la Guardia Civil, encargada por el magistrado del Tribunal Supremo Manuel Marchena de investigar las cuentas bancarias, el patrimonio y las declaraciones fiscales de Baltasar Garzón, ha descubierto que éste oculta una segunda cuenta en el Citibank de Nueva York, según han revelado a El Confidencial fuentes próximas a la causa abierta contra el juez por cohecho y prevaricación.

Garzón dirigió un escrito a Marchena el pasado mes de noviembre en el que aseguraba que disponía de una sola cuenta bancaria en el Citibank, a través de la cual, supuestamente, ingresó los pagos de la Universidad de Nueva York durante su estancia académica en Estados Unidos entre 2005 y 2006. Sin embargo, el juez de la Audiencia Nacional ahora suspendido de funciones ocultó a Marchena que tiene abierta una segunda cuenta en esa entidad, según las mismas fuentes.

Marchena, instructor de la causa contra Garzón, ordenó el pasado mes de septiembre a la Brigada de Delincuencia Económica de la Guardia Civil que investigase las cuentas y depósitos del juez para aclarar “cuánto, cuándo, cómo y quién” financió sus actividades académicas en Estados Unidos durante el permiso por estudios que le concedió en aquellos años el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Pero los agentes encargados de las pesquisas no han hallado por ahora el rastro de los pagos que la Universidad de Nueva York hizo a Garzón, tras investigar las cuentas que el juez tiene abiertas en entidades bancarias españolas.

El propio Garzón reclamó a Marchena en noviembre que librase una comisión rogatoria internacional para que la justicia de EEUU investigue los movimientos de su cuenta corriente en el Citibank. El juez incluso puso a disposición del magistrado del Supremo su número de cuenta, y aseguró que no había “ocultado datos”. Pero la Guardia Civil, según las fuentes consultadas, ha desmontado esa estrategia al descubrir que Garzón tiene abierta otra cuenta en el banco estadounidense. El instructor del Supremo está ahora a la espera de que el Citibank le remita los movimientos bancarios de todas las cuentas del juez.

Además de su nómina mensual en el Centro de Derecho y Seguridad de la Universidad de Nueva York, en el que impartió clases, Garzón también dirigió dos ciclos de conferencias que fueron patrocinados por grandes empresas españolas, entre ellas Banco Santander, Telefónica, BBVA, Endesa o Cepsa. El juez, supuestamente, se dirigió en persona a los máximos ejecutivos de algunas de esas firmas para que financiasen sus cursos y conferencias.

Ahora, Marchena ha reclamado a todas esas empresas que le remitan una certificación con “todos los procesos penales incoados, archivados, en trámite o en los que hubiera sido dictada cualquier resolución” por el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional -el que dirigía Garzón- entre 2004 y 2007 contra los presidentes, consejeros delegados y restantes miembros de los consejos de administración de esas cinco entidades.

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