Caffè Reggio

Los éxitos electorales en los partidos políticos comportan acumulación de poder y ello genera unanimidad y acalla malas conciencias. El líder aparece entonces como indiscutido e indiscutible. Por el contrario, los reveses en las urnas pueden dejar a las formaciones políticas en la mayor de las indigencias, desatándose entonces todos los demonios familiares y los reproches más severos. Autocríticas que, por otra parte, suelen carecer de credibilidad porque obedecen exclusivamente al resentimiento por el desenlace electoral pero que cesarían tan pronto como el resultado fuese más propicio.

El PSOE ha sufrido en las últimas elecciones (autonómicas, municipales y generales) los mayores varapalos de su existencia, perdiendo elevadas cotas de poder. Entra por tanto dentro de lo compresible que se levanten todo tipo de tormentas internas. Quizás lo único novedoso se encuentra en la vaguedad y confusión en los planteamientos, y en la falta de valentía en las posiciones. Se dice, pero no se quiere decir; todos están de acuerdo con todos y afirman poder suscribir el documento contrario, al tiempo que se tiran a la yugular de los que lo han promovido. No obstante, quizás todo eso también sea compresible. Primero, porque por mucho que se escuden en la batalla de ideas, lo que se está dilucidando es una lucha por el poder interno. Segundo, porque unos y otros, de alguna manera, han estado implicados en los errores que dicen querer corregir. Y, tercero y principal, porque el único motivo de la autocrítica es el fracaso electoral y no el convencimiento profundo de que el PSOE hace mucho tiempo que dejó de ser un partido socialdemócrata.

La crisis del PSOE es bastante más profunda de lo que ellos mismos piensan y están dispuestos a admitir y, desde luego, se remonta más allá de la etapa Zapatero. El zapaterismo ha sido la manifestación de una generación criada y educada en un partido socialista totalmente descafeinado, y que había renegado ya de los auténticos valores socialdemócratas, o al menos los había distorsionado. El zapaterismo es hijo del felipismo. (Chacón afirmó ser la niña de Felipe González).El único PSOE que han conocido los integrantes de esa generación es aquel que estaba ya desfigurado por el poder.

El partido socialista años atrás había ido asumiendo, con la excusa de que era la única política económica posible, los postulados del neoliberalismo económico y, a nivel personal, sus dirigentes se habían dejado atraer por los encantos de la clase económicamente satisfecha. Ante el paro, se aceptó que la solución radicaba en desregular el mercado laboral; bajo el eslogan de que más vale un empleo precario que un parado, se generalizó la contratación temporal y se abarató el despido. Se suscribió la tesis de que lo privado era más eficaz que lo público y se puso en marcha todo un proceso de privatizaciones. Se dio por bueno el argumento de que para garantizar el Estado del bienestar era preciso reformarlo, lo que en la práctica equivalía a reducirlo. Se defendió el axioma de que solo se podía tener el sistema de protección social que pudiéramos permitirnos, olvidando que no era un problema de margen ni de disponibilidad financiera, sino de decisión política; todo dependía de la presión fiscal que se quisiera mantener. Se optó –por lo menos desde principios de los años noventa– por reformas fiscales que no solo limitaban la suficiencia del sistema sino que redujeron fuertemente la progresividad. Con todo, lo más grave fue que se ratificaron los tratados europeos construidos de acuerdo con un modelo neoliberal. Con ellos se fue cerrando cualquier posibilidad de aplicar en el futuro una política socialdemócrata, tal como se está demostrando ahora.

Esta transformación del partido socialista, que implicaba cambios profundos en el discurso y en el ideario, no se realizó ciertamente sin que surgieran resistencias y sin que muchos de sus dirigentes no tuvieran que acallar su mala conciencia al renegar de las que habían sido hasta entonces sus creencias; pero las satisfacciones del poder y la promiscuidad con las fuerzas económicas despejaron todo tipo de dudas. Las nuevas generaciones –los integrantes del zapaterismo– no han tenido, por el contrario, que realizar ninguna reconversión; crecieron y se criaron en un PSOE ya deformado, y la concepción de socialismo que mamaron se limita a una capa fina de progresismo formada por mitos y tópicos sin apenas contenido. Es por ello por lo que el zapaterismo se ha caracterizado por la frivolidad, la ligereza y la inconsistencia, dando bandazos de uno a otro lado para, según soplase el viento, ofrecer un cúmulo de ocurrencias sin fundamento y sin principios.

En honor de la verdad, hay que afirmar que la transformación sufrida por el PSOE no ha sido exclusiva de esta formación política, sino que ha afectado a casi todos los partidos socialdemócratas europeos. Valga de ejemplo el SPD de Schröder o la tercera vía de Blair. La mayoría de la socialdemocracia europea ha perdido el rumbo. Admitieron las reglas de juego de sus enemigos y ahora se encuentran en una jaula, aunque esta para un gran número de sus dirigentes sea de oro.

No queda mucho PSOE por hacer. Lo que queda es mucho PSOE por deshacer. Lo que se precisa es una refundación, destruir para volver a construir; desandar el camino andado, retornar al origen; un renacimiento. No parece, sin embargo, que nada de eso vaya a proponerse en el próximo congreso, ni que esta sea la intención de ninguna de las facciones que lucharán por el poder. Como mucho, lo que se planteará será la forma de recuperar los votos perdidos para conseguir cuanto antes regresar al gobierno. Por otra parte, este último objetivo no es demasiado difícil, dado el bipartidismo imperante y que antes o después el Partido Popular cometerá graves errores; pero estaremos tan solo en una alternancia ramplona de dos fuerzas políticas más o menos conservadores, más o menos liberales pero muy lejos desde luego de poder hablar de socialdemocracia.

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Vivimos en un mundo bastante desquiciado. Las instituciones se preocupan de lo que no les incumbe y, no obstante, desatienden sus finalidades más directas. El BCE –tan inútil a la hora de conseguir la estabilidad financiera de la eurozona a pesar de ser sumamente celoso de su independencia– no tiene ningún reparo en entrometerse en las competencias de los gobiernos nacionales, dando instrucciones en materias de política fiscal o de relaciones laborales. El Banco de España se ha pasado todo este tiempo hablando de pensiones, de déficit público, de salarios y de abaratamiento del despido, y sin embargo viene dando muestras de total ineptitud en lo que respecta a solucionar la crisis de las entidades financieras, no sólo porque haya descuidado su control durante la burbuja inmobiliaria, sino porque, después de tres años, el problema continúa sin resolverse y ni siquiera estamos seguros de su auténtica dimensión.

Ahora, Joan Rosell, patrón de patronos, se empeña en arreglar el sector público cuando tiene a sus empresas hechas unos zorros. Habrá que recordar que el origen de esta crisis está en el sector privado, que era el que se encontraba endeudado en exceso mientras el sector público presentaba sus cuentas con superávit. No son el derroche y el despilfarro de las Administraciones Públicas los que nos han llevado a esta situación, sino la irresponsabilidad de las entidades financieras, promotoras, constructoras y demás ganado del rebaño de Rosell. Esos sí que han vivido por encima de sus posibilidades.

Mal que le pese al presidente de la CEOE, en lo público las cosas no pueden ser igual que en lo privado. El déficit de las administraciones no es equivalente a la cuenta de resultados de una empresa, ni se puede afirmar que sólo podemos tener la economía de bienestar que podamos permitirnos. Todo depende de la presión fiscal que estemos dispuestos a soportar y si queremos que determinados servicios se financien vía precio o vía impuestos. No sobran empleados públicos, faltan empresarios que paguen sus gravámenes. Bien es verdad que, a lo mejor, lo único que pretende Rosell es que actividades como la sanidad o la educación dejen de ser públicas y pasen al sector privado.

Juan Francisco Martín Seco. Economista.

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Dice el antiguo adagio griego que aquel a quien los dioses quieren destruir, primero lo vuelven loco. Según esto, parece que los dioses se han puesto en contra de los pueblos europeos y conspiran para arruinarlos, ya que sus dirigentes han enloquecido. Buena muestra de ello es la última cumbre celebrada en Bruselas. Cuando el estancamiento, si no la recesión, se asoma a la economía de Europa los gobiernos por toda solución se confabulan para endurecer los ajustes y cerrar cualquier salida que no pase por el déficit cero.

La locura, la hybris, ha estado presente, al menos desde el Acta Única en todo el proyecto europeo. Sus dirigentes han intentado lograr lo imposible, al tiempo que trufaban de ideología neoliberal toda la teoría económica. En su soberbia, descalificaron las advertencias que venían del otro lado del Atlántico atribuyéndolas al miedo que causaba en EE UU una moneda europea capaz de competir con el dólar, y acallaron y despreciaron por todos los medios a su alcance las pocas voces que nos manifestamos contrarias en el interior, colocándolas en el saco de lo políticamente incorrecto, a pesar de que los razonamientos económicos más elementales indicaban que una unión monetaria sin unión política y fiscal a medio plazo estallaría llena de contradicciones.

En Maastricht y en todo el recorrido posterior se fijaron como objetivo, con el fin de construir la Unión Monetaria, la convergencia nominal entre las economías de los países, despreciando y pasando por alto la convergencia real, y, a la hora de diseñar un banco central, prestaron atención exclusivamente al control de la inflación y se olvidaron del crecimiento. La hybris una vez más les cegó y no percibieron que los fracasos de los dos intentos realizados para construir un sistema de cambios fijos (Serpiente Monetaria y Sistema Monetario Europeo) eran señales inequívocas de a dónde les podía conducir la Unión Monetaria si persistían en su error.

Llevados por el odio hacia lo público, en el mal llamado Pacto de Estabilidad y Crecimiento, atendieron únicamente al déficit y a la deuda pública, y no quisieron considerar que la variable importante –tal como entonces algunos ya dijimos- es el saldo de la balanza por cuenta corriente. Es el déficit y el endeudamiento exterior los que son peligrosos, bien tengan un origen público o privado.

Al crear en 1944 en Bretton Woods el sistema monetario internacional (sistema de tipos de cambio fijos), no tuvieron ninguna duda de que era el déficit de la balanza de pagos la variable relevante a efectos de mantener equilibrado el sistema. Keynes, con buen criterio, fue más allá y defendió que no fuesen únicamente los países deficitarios los obligados a las correcciones sino también todos aquellos que presentaban superávit, lo que sin embargo no fue aceptado por EE UU, país entonces con fuerte superávit en su balanza de pagos, pero que sí constituye un claro requerimiento a la actual Alemania.

Hoy, tímidamente, hay quien se atreve, incluso en las más altas instancias de los organismos comunitarios, a sugerir que el factor desestabilizador es el déficit de la balanza por cuenta corriente, aunque tales planteamientos, tal como se ha visto, no han tenido ninguna plasmación en la última cumbre en la que los mandatarios europeos continúan poseídos por la locura y, pese a la crítica situación en que se encuentra la eurozona, siguen impertérritos pendientes exclusivamente de la estabilidad presupuestaria, colocando más y más corsés a los países. Tal comportamiento solo puede producir un resultado: estrangular las economías. Y así lo están reconociendo los mercados.

La pasada reunión de jefes de Estado y de Gobierno se ha presentado como una ocasión decisiva en la que se jugaba el ser o no ser de la eurozona, y a pesar del triunfalismo con el que todos los gobiernos han revestido sus conclusiones, lo cierto es que no se ha dado ni un solo paso en la buena dirección, ni siquiera se acordó aquello que parecía más urgente y más inmediato y que podía calmar a los mercados, el anuncio de que el BCE estaba dispuesto a comprar toda la deuda soberana necesaria para equilibrar los tipos de interés.

Las medidas acordadas empeorarán aún más la situación de la economía y van a incrementar las contradicciones de la Unión Monetaria. A los Estados se les está privando de todo mecanismo de defensa. El mercado único les impide utilizar cualquier medida proteccionista frente a la invasión de productos extranjeros; el Acta Única, con la aceptación de la libre circulación de capitales, les veda la utilización de medidas de control de cambios; la Unión Monetaria les ha despojado de la moneda propia y por lo tanto de la posibilidad de devaluar la divisa, al tiempo que se les cierra el recurso a un banco central que les respalde. La situación de muchas de estas naciones es crítica y como única solución se les ofrece ahora un pacto por el que se les quita la capacidad de acompasar la corrección de sus déficits según las circunstancias y necesidades. A muchos de ellos, entre los que se encuentra España, se les está colocando una camisa de fuerza que ahoga sus economías y que ciega cualquier salida. Y todo ello sin que existan las contrapartidas necesarias: una Hacienda Pública única que pueda compensar los desequilibrios que el mercado único y la Unión Monetaria generan entre los distintos países. Se reclama a los Estados ceder soberanía, pero ¿a quién? ¿A organismos internacionales carentes de cualquier legitimidad democrática? ¿A Merkel y a Sarkozy? Es demasiado.

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La crisis de la deuda está ocultando el verdadero problema de la Unión Monetaria: la contradicción de que países tan diversos mantengan el mismo tipo de cambio. La imposibilidad de realinear las monedas condena a las economías al estancamiento y a la recesión. Los ataques que vienen sufriendo las distintas deudas soberanas son tan sólo el síntoma del cáncer que la eurozona lleva dentro. Si estuviéramos en un sistema de tipos de cambio fijos, la ofensiva se dirigiría contra las divisas con el fin de forzar la devaluación. Así ocurrió con el antiguo Sistema Monetario Europeo (SME) a principios de los noventa hasta que las monedas entraron en lo que se podía llamar libre flotación al estipular una banda de ±15%. En la eurozona, los bonos están ocupando el puesto que como diana de los mercados desempeñarían las diferentes divisas si existiesen.

Los especuladores pretenden jugar siempre sobre seguro. En el SME creían que los tipos de cambio establecidos no se podían mantener; apostaron y ganaron. Ahora apuestan a que el euro no puede subsistir, y en Europa se lo están poniendo fácil. Se deja a los países indefensos ante los mercados, ya que el BCE no actúa como un verdadero banco central, prestamista en última instancia. La situación, sin duda, mejoraría mucho si el BCE estuviera dispuesto a respaldar sin límite la deuda de los países. Es posible que, al menos a corto plazo, se ahuyentara la presión de los inversores; pero el problema de fondo no habría desaparecido, y la recesión o el estancamiento económico permanecerían al mantenerse el mismo tipo de cambio para economías tan diversas. La única solución real es la Unión Fiscal, pero no ese remedo que desea implantar Merkel y que se limita a imponer la estabilidad presupuestaria, sino la constitución de una verdadera Hacienda Pública común con impuestos propios y un presupuesto de la Unión, cuantitativamente significativo, capaz de compensar los desequilibrios regionales que crean el mercado y la moneda única. Pero claro, de eso Merkel no quiere ni oír hablar. La medicina que se nos ofrece, a base de ajustes, recuerda los médicos que trataban de curar todas las enfermedades sangrando al enfermo. Este terminaba muriendo.

Juan Francisco Martín Seco. Economista.

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Sarkozy, no contento con refundar el capitalismo, ahora quiere refundar también la Unión Europea. Echémonos a temblar. Algunas refundaciones dan miedo. Es mejor que nos dejen como estamos. Se ha puesto de moda afirmar que la Unión Monetaria no es viable sin unión fiscal, lo que resulta una verdad evidente. La pena es que muchos de los que ahora lo proclaman no lo hiciesen en su momento, antes de la creación del euro. Por ejemplo, Delors y todos los que componían el gobierno español cuando se aprobó el Tratado de Maastricht. Entonces ni siquiera se aceptó una armonización fiscal y, sin embargo, todos se mostraron exultantes y se conformaron con los raquíticos fondos de cohesión.

Me temo, sin embargo, que las palabras y el lenguaje se trastocan una vez más y se emplea la expresión unión fiscal de forma caricaturesca y distorsionada. Así lo hace, desde luego, la señora Merkel cuando la reduce al mero control del déficit público. ¿Cómo se puede hablar de unión fiscal si los países tienen sistemas impositivos totalmente diferentes, con exenciones, deducciones y tipos divergentes, y juegan entre ellos al dumping fiscal? Además, aun cuando se lograse la armonización, estaríamos muy lejos todavía de ser unión fiscal. La armonización debería haber sido un paso ineludible antes del Acta Única y de haber aceptado la libre circulación de capitales, pero resulta insuficiente tras la Unión Monetaria. Ante las divergencias en las economías reales y la imposibilidad de devaluar, se precisa una Hacienda Pública común capaz de asumir una adecuada función redistributiva entre las regiones, y un presupuesto comunitario cuantitativamente significativo equivalente al de cualquier Estado, con potentes impuestos propios y con capacidad para atender los gastos y las prestaciones sociales de toda la Unión.

Una verdadera unión fiscal es la que se ha realizado entre las dos Alemanias, por cierto financiada en buena parte por el resto de la Unión Europea. Claro que no es esta la unión fiscal que Merkel propone, ni la que está pensando para Europa. Nunca aceptaría una transferencia de recursos tan importantes entre países ricos y pobres como la que se seguiría de tal integración. Pero sin esta unión fiscal, la Unión Monetaria deviene imposible porque lo que ahora se está produciendo es una transferencia de fondos -quizá de cuantía similar- en sentido inverso, transferencia a través del mercado, opaca y encubierta, pero no por eso menos real. El mantenimiento del mismo tipo de cambio entre Alemania y el resto de los países empobrece a estos y enriquece a aquella; genera un enorme superávit en la balanza de pagos del país germánico mientras que en las de las otras naciones se genera un déficit insostenible. Se crea empleo en Alemania y se destruye en los demás países miembros.

En contra de lo que se cree, no son Alemania ni los demás países del norte los paganos de esta situación. No han avalado por un euro más que lo que les corresponde proporcionalmente a su tamaño, es decir, exactamente igual que Francia, España, Italia, Bélgica, etc. A los países rescatados (más que rescatados, hundidos) tales como a Grecia, Irlanda o Portugal, tampoco se les ha regalado nada, se les ha prestado el dinero a un tipo elevadísimo, y todo ello a cambio de perder la soberanía popular y por la única razón de que el BCE, por la presión de Alemania, no actúa como un verdadero banco central.

No, Alemania no es la pagana, sino la beneficiaria y receptora de fondos. En primer lugar, porque, gracias a tener atados de pies y manos a los otros países, se está financiando a un tipo privilegiado, que tiene como contrapartida las altas tasas de interés que los demás tienen que pagar. En segundo lugar y principalmente, porque, al mantenerse fijo el tipo de cambio, la economía alemana gana competitividad mientras que el resto de los países la pierden. Los problemas no provienen de los dispendios y derroches de los países del sur como quiere hacer ver la canciller alemana, sino de las implicaciones previsibles de un proyecto contradictorio e insensato, la Unión Monetaria.

Lo que resulta más sorprendente es la postura de los gobiernos del resto de los países comenzando por Francia, que han asumido, en una especie de síndrome de Estocolmo, los planteamientos alemanes que conducen a sus economías al abismo; y aun más sorprendente si cabe la de todos esos comentaristas españoles que dicen ponerse en el lugar de Alemania y mantienen la tesis de la prodigalidad de los países del sur. Lo menos que se puede decir de los bancos españoles, irlandeses o italianos es que han actuado de forma irresponsable, pero no más que los alemanes o los franceses.

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El vuelco electoral que se produjo el pasado día 20 noviembre recuerda aparentemente a aquel 28 de octubre de 1982 en el que el PSOE se alzó con mayoría aplastante. Entonces, como ahora, la economía española se debatía en una profunda crisis, aunque de características diferentes y, sin duda, de gravedad muy inferior a la actual. Entonces, como ahora, el partido mayoritario en la oposición y posteriormente ganador de los comicios se presentó con el eslogan “por el cambio”.

Pero esa aparente similitud queda enseguida relegada, no solo porque los papeles de los protagonistas se invierten, sino por otras múltiples disparidades. Podríamos bautizar las elecciones de 1982 con el nombre de la esperanza. Aquel PSOE supo concitar un gran apoyo electoral. Los ciudadanos acudieron a las urnas con optimismo y entusiasmo pensando que el cambio era posible. El derrumbamiento de la UCD se debió sin duda a sus muchos errores y divisiones internas, pero también a que el PSOE transmitió ilusión a una gran parte de la sociedad. Otra cosa es que, como en toda ilusión, llegase después y relativamente pronto el desengaño. El momento actual es muy diferente. Estos comicios podrían haberse titulado los de la desesperación y el desánimo y, ante todo, lo que se ha producido es simple y llanamente un voto de castigo.

En todas las elecciones asistimos a un fenómeno curioso. Casi todas las fuerzas políticas se proclaman ganadoras. Siempre encuentran para ello algún aspecto en el que basarse. Pero en pocas elecciones como en esta, tales manifestaciones se acercan tanto a la verdad. Todos los partidos, todos menos el PSOE, han mejorado sus resultados o al menos han cumplido los objetivos que se habían propuesto alcanzar. Y, sin embargo, todos también deberían relativizar la victoria. El hundimiento del PSOE ha permitido el triunfo del PP con un escaso medio millón de votos adicionales a los de las pasadas elecciones. La debacle socialista ha liberado tal cantidad de votos, que incluso descontando los que se han dirigido a la abstención, ha hecho posible los magníficos resultados de Izquierda Unida, de UPyD y hasta los de CiU. Los partidos ganadores, comenzando por el PP, deberían preguntarse, no obstante, hasta qué punto su éxito obedece a sus méritos o a los deméritos del Partido Socialista.

Pero, sobre todo, es el PSOE el que tendría que reflexionar o mejor, más que reflexionar, llevar a cabo una total catarsis, cosa a la que no parecen estar muy dispuestos a juzgar por cómo se desarrolló el pasado Comité Federal, ausente de cualquier atisbo de debate y de la mínima autocrítica por parte de los responsables del desastre. Todo se limita a escudarse tras la crisis. Sin duda las dificultades económicas han sido el factor más importante en estos años para todos los países europeos, pero gobernar implica hacerlo en todas las circunstancias.

El primer error de Zapatero y de su séquito fue el de dar por buena la herencia económica recibida del PP y no vislumbrar que, detrás de aquel auge, se escondía una bomba de relojería que podría estallar en cualquier momento. Es más, se subieron al carro de la euforia y durante sus primeros cuatro años continuaron aplicando con gran triunfalismo la misma política, que no era precisamente una política socialdemócrata. Por si no hubieran sido bastante las dos reformas fiscales del PP, el PSOE implantó también la suya en la misma línea: reducción del Impuesto de Sociedades, disminución del tipo marginal máximo del IRPF, permisividad ante el fraude fiscal de las SICAV y, como traca final, la suspensión del Impuesto sobre el Patrimonio.

En su obcecación, se negaron a aceptar la crisis cuando ya era evidente y, en el momento en que la negación ya no fue posible, miraron hacia fuera responsabilizando de todo a las hipotecas subprime de Estados Unidos y cerrando los ojos, una vez más, a los graves problemas que presentaba la economía española. Incluso se jactaron de la solidez de nuestro sistema financiero, todo él contaminado por la burbuja inmobiliaria.

El papel representado ante Europa y ante Alemania ha sido deprimente, de extrema debilidad, de impericia e incompetencia, llegando casi al servilismo. En un día, por la imposición de los mandatarios europeos, modificó todo su programa cuando lo que únicamente se estaba solventando entonces era la ayuda a Grecia. Pero es que, en todo caso, Europa y Alemania nunca determinaron qué tipo de ajustes había que implementar. La decisión de recortar el sueldo a los empleados públicos y a los pensionistas y subir los impuestos indirectos en lugar de incrementar los directos (sociedades, IRPF, rentas de capital, patrimonio, sucesiones, SICAV, etc.) fue exclusivamente del Gobierno.

El margen de actuación siempre es grande y las alternativas muchas. En parte por ineptitud, el Gobierno se inclinó por lo aparentemente más sencillo, haciendo recaer el coste de la crisis sobre las clases más bajas. Los ajustes y reformas realizados por el PSOE estos años son de los más duros de nuestra época democrática. La etapa Zapatero se recordará por la frivolidad, por las ocurrencias, por la improvisación y por la falta total de ideología, a pesar de sus muchas aseveraciones en sentido contrario. El problema actual del PSOE consiste en que se ha olvidado de cuál es la ideología socialdemócrata. Se ha convertido en un partido liberal; liberal, sí, en materia de derechos civiles y de costumbres, pero también en materia de política económica.

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La histórica frase de Lincoln, con la que empezó la Guerra de Secesión estadounidense (“un país no puede permanecer siendo a la vez libre y a la vez esclavo”) podría reescribirse de forma más prosaica para Europa: una Unión Monetaria no puede subsistir con unos países pagando tipos de interés tres, seis o veinte veces superiores a los de otros. Paradójicamente, el euro está socavando el principio sobre el que se ha asentado exclusivamente la Unión Europea (UE): la competencia. A lo largo de todos estos años, la principal preocupación, por no decir la única, de las autoridades comunitarias ha sido la de impedir cualquier práctica restrictiva de la concurrencia. Comportamiento hasta cierto punto lógico cuando nos movemos en un mercado único que es en definitiva a lo que se reduce la UE.

El mantenimiento de divergencias tan enormes en las tasas de interés cuando se tiene la misma moneda distorsiona la competencia y el libre juego del mercado. Es preciso resaltar lo de “la misma moneda”, porque es ahí precisamente donde radica el problema. Se comienza a decir que antes de la constitución de la Eurozona la disparidad en las primas de riesgo era similar, con lo que parece exculparse al euro de toda responsabilidad. Sin embargo, distintas tasas de inflación y de tipos de interés son perfectamente asumibles cuando se funciona con divisas diferentes ya que la variación en los tipos de cambio puede compensarlas, pero la situación se hace insostenible cuando esas discrepancias se producen dentro de la misma área monetaria. A medio plazo, los bancos y las empresas de los países castigados no podrán subsistir. El hecho es tan evidente que la Autoridad Bancaria Europea ha propuesto que se conceda a las entidades financieras “euroavales”, es decir, garantías sindicadas por todos los estados de la Eurozona. La propuesta no deja de ser paradójica cuando ese mismo mecanismo se niega a las deudas soberanas y se rechazan los eurobonos. El Banco Central Europeo está faltando a su deber de mantener uniforme el tipo de interés y Alemania está imponiendo a los otros países una competencia desleal, pero en ese afán corre el peligro de matar a la gallina de los huevos de oro.

Juan Francisco Martín Seco. Economista.

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A todos los políticos les da por reorganizar la Administración. A veces, para indicar la importancia que conceden a un determinado asunto en su futura actuación gubernamental, crean ministerios u organismos aun cuando carezcan de todo contenido. Zapatero fue proclive a ello. Para resaltar que la vivienda constituía un problema relevante convirtió en departamento ministerial una dirección general, sin reparar en que las competencias en esta materia están trasferidas casi en su totalidad a las Comunidades Autónomas, y para transmitir la idea de lo mucho que le interesaba la igualdad (la de género, que parece ser que ahora es la única que se considera) creó el ministerio del mismo nombre con apenas competencias. Rajoy parece seguir la misma senda porque siempre que se ha reunido con los agricultores les ha prometido retornar al tradicional Ministerio de Agricultura, y Rubalcaba durante la campaña electoral, cada vez que se encontraba con una cuestión a solucionar, se comprometía a establecer una agencia. Subsiste detrás de estos comportamientos una mentalidad mágica de la Administración y de la política, la creencia de que los problemas se resuelven por la simple creación de unidades administrativas.

En otras ocasiones, la reorganización administrativa obedece a la consigna de la austeridad. Los políticos, para demostrar lo muy austeros que son, reducen consejerías en las Comunidades Autónomas o ministerios en la Administración central sin reparar, o al menos intentando que nadie repare, en que por ese procedimiento no se reduce un ápice el gasto público. No será la primera vez que al fusionar dos ministerios se crean dos secretarías de Estado.

Pero es que, además, los políticos parecen no ser conscientes o no quieren serlo del despilfarro e ineficacias que se producen con las modificaciones administrativas bien se trate de fusiones, bien de divisiones de ministerios, y no digamos si se barajan múltiples áreas administrativas y las direcciones generales que estaban en un departamento aparecen en otros o se cambian las competencias. En primer lugar, el derroche es inmenso en tiempo. Si todo cambio de gobierno conlleva una cierta parálisis de la Administración durante un lapso temporal, este se multiplica por diez o por veinte si además del titular del departamento y los lógicos cambios de altos cargos, se remodela también toda la estructura administrativa. Hay, por ejemplo, que corregir todas las órdenes de competencia, así como las estructuras presupuestarias y contables, lo que coherentemente implica una dilación –en el mejor de los casos– en la tramitación de los expedientes. Hay un proceso bastante largo hasta que la nueva estructura se asienta y la organización recupera su marcha de crucero.

Los caprichos o las ocurrencias de cada nuevo gobierno, dividiendo, juntando, troceando o pegando unidades administrativas suelen salir carísimas. Se precisa cambiar todos los rótulos de los edificios, los membretes de oficios y resto de papelería. Deben revisarse un sinfín de contratos administrativos de servicios al incidir sobre unidades que se han trasformado en otras. Se precisarán, con lo que ello supone, mudanzas y traslados de despachos y de edificios. Desde el punto de vista económico, especial gravedad tienen las modificaciones en los sistemas informáticos, ya que elevadas inversiones quedarán obsoletas con la nueva estructura y habrán de ser sustituidas por otras.

Todas estas modificaciones originan un alto costo en lo económico pero también en el funcionamiento de los servicios porque resulta inevitable que durante bastante tiempo se produzca cierta desorganización y desconcierto. Valga la anécdota que me contaba un alto cargo de Hacienda: cuando con Pedro Solbes se volvieron a unir los ministerios de Hacienda y de Economía, que se habían separado cuatro años antes en la segunda legislatura de Aznar, los subsecretarios de ambos departamentos aún estaban discutiendo por los despachos. Este tipo de reorganizaciones administrativas suelen constituir tan solo operaciones escaparate, pero lejos de ahorrar dinero al presupuesto incrementan el gasto y difícilmente pueden fundamentarse en la austeridad.

Si Rajoy pretende podar realmente la Administración no debería preocuparse por ministro más o menos, sino dirigir la vista hacia otro lado. Tendría que reparar en las fundaciones, los entes públicos, las agencias y otras entidades públicas, a menudo carentes de contenido o con un contenido muy reducido y que en ocasiones comprenden actividades que se han desgajado del Estado con la única finalidad de evadir los mecanismos y los controles que deben regir en cualquier entidad pública. A lo largo de todos estos años, con uno u otro gobierno, bajo lo que se ha dado en llamar “la huida del derecho administrativo” ha proliferado una maraña de instituciones con distinta naturaleza jurídica pero con una característica común, haberse liberado de los corsés legales, con lo que sus gastos se hinchan y sus actividades, no siempre necesarias, también. Se convierten, por otra parte, en las plataformas ideales para colocar, sin cumplir los requisitos de mérito y capacidad que marca la Constitución, a todo tipo de personal carente de la condición de funcionario y ligado al gobierno de turno por amistad o lealtades políticas.

Es posible que desandar lo andado, romper esa fuerza centrífuga y sustituirla por otra centrípeta que corrija los excesos cometidos no pueda hacerse de golpe, sino gradualmente y tras cierto análisis. Es cierto que en las circunstancias actuales lo que menos hay es tiempo; pero entrar en la Administración, al igual que otras veces, como elefante en cacharrería, lejos de economizar, contribuirá a la desorganización y a incrementar el gasto.

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Hace siglo y medio que Marx definió el Estado como el consejo de administración de las fuerzas económicas. Con ello no hacía más que describir la situación del sistema político y económico de su tiempo. Más tarde, las cosas, sin duda, fueron cambiando. Por un lado, el deterioro de las condiciones laborales y sociales había llegado a tal extremo que las protestas, revueltas e incluso revoluciones se extendieron por todas las latitudes, constituyendo una amenaza real para las oligarquías dominantes. Por otro, la libertad absoluta del capital introducía la anarquía económica y financiera y, tal como la crisis del 29 había puesto de manifiesto, existía el peligro de que las contradicciones terminasen por derribar el sistema. A resultas de ello, poco a poco y principalmente tras la II Guerra Mundial se impuso un concepto de Estado diferente y opuesto al liberal, el Estado social.

En el imaginario popular el Estado social se identifica con la existencia de los derechos laborales y sociales e incluso con un sistema fiscal progresivo con fuerte capacidad redistributiva, pero todos estos elementos son tan solo la consecuencia o los efectos de una realidad más profunda que constituye su auténtica esencia: la necesidad de que el poder económico se someta al poder político. Alguien tan poco sospechoso como Karl R. Popper lo afirmaba tajantemente en su obra, “La sociedad abierta y sus enemigos”: “…el poder político es fundamental y debe controlar al poder económico… No podemos permitir que el poder económico domine al político; y si es necesario, deberá combatirse hasta ponerlo bajo el control del poder político”.

La doctrina del Estado social parte del principio de que la desigualdad económica genera también la desigualdad política y jurídica, y puede llegar a falsear el juego democrático.

El iuspublicista Hermann Heller supo expresarlo claramente: “… Sin homogeneidad social, la más radical igualdad formal se torna la más radical desigualdad, y la democracia formal, dictadura de la clase dominante. La superioridad económica y de educación pone en las manos de los grupos dominantes instrumentos bastantes para trastocar la democracia política en su auténtico opuesto. Sirviéndose de la dominación financiera sobre partidos, prensa, cinematógrafo y literatura, a través de la dominación social sobre escuela y universidad, no precisa descender al cohecho para lograr un sutil ascendiente sobre los aparatos burocráticos y electorales, de tal suerte que, preservándose las formas democráticas, se instaure una dictadura. Tal dictadura resulta tanto más peligrosa cuanto que es anónima e irresponsable. En la medida en que guarda la forma de representación, y falsea su contenido, hace de la democracia política una ficción”.

Ante este peligro, Popper ofrecía claramente la solución “… La naturaleza del remedio salta a la vista, deberá ser un remedio político, semejante al que usamos contra la violencia física… eso significa que el principio de la no intervención, del sistema económico sin trabas, debe ser abandonado… deberemos exigir que la política de la libertad económica ilimitada sea sustituida por la intervención económica reguladora del Estado. Debemos exigir que el capitalismo sin trabas dé lugar al intervencionismo económico”.

Fueron estos presupuestos del Estado social los que se impusieron de manera hegemónica durante muchos años, al menos en Europa (no en España que sobrevivía en medio de una dictadura), y proporcionaron, aunque con sus claroscuros, la época social, política y económica más floreciente de los países.

La situación, sin embargo, ha vuelto a cambiar. La aceptación por los gobiernos de la libre circulación de capitales ha significado la abdicación de sus funciones de control, por lo que ahora son ellos los controlados por los poderes financieros y económicos. Hace tiempo que las señales eran evidentes, pero se han hecho presentes con toda su fuerza en la crisis actual y más concretamente en la Unión Monetaria. Hoy, todos los gobiernos afirman que practican -por cierto, con poco éxito- la única política económica posible, la que dictaminan los mercados o Europa. ¿Para qué votar entonces? Qué más da que sea una formación u otra la que gobierne si cualquiera de ellas va a aplicar las mismas recetas. Rubalcaba no ha dejado de repetir a lo largo de toda la campaña que PP y PSOE no son la misma cosa. Es evidente que los ciudadanos no le creen y es que, desde luego, resulta difícil de creer después de examinar la actuación de los distintos gobiernos de Zapatero y las medidas adoptadas por ellos. No debe extrañarnos que haya quien piense que el PSOE solo es de izquierdas cuando está fuera del poder y que, por esa razón, lo más conveniente es que esté en la oposición.

En España, a lo anterior viene a sumarse la ley electoral que nos encasilla en el estrecho margen del bipartidismo. La forma de repartir los escaños por provincias, la Ley d´Hondt y el sistema de financiación de los partidos hace inviable el protagonismo de cualquier partido minoritario (tanto más si es de izquierdas) como no sea nacionalista o regionalista. El resultado es que únicamente dos formaciones políticas tienen posibilidades de gobernar. La única disyuntiva que se presenta es que lo hagan con mayoría absoluta, lo que sin duda es bastante malo, o con el apoyo de partidos nacionalistas, lo que aún es peor, ya que la política aplicada será la misma con la única diferencia de que se producirá además la mordida a favor de un determinado territorio y en contra del interés general.

Votar ¿para qué? si se trata de un juego trucado, que ninguno de los partidos mayoritarios quiere modificar. Rubalcaba ha introducido en su campaña con afán propagandístico la promesa de caminar hacia listas abiertas, pero ni una palabra de implantar un sistema verdaderamente proporcional en el que todos los votos tengan el mismo valor; más bien al contrario, las dos grandes formaciones políticas modificaron la ley electoral para dificultar aún más la posibilidad de que participen los partidos minoritarios.

Marx describía a los gobernantes de su tiempo como el consejo de administración de los poderes económicos. En él era una metáfora. En los momentos presentes es además una realidad. Los políticos de uno u otro signo, alternan sus etapas de gobierno con sentarse físicamente en los sillones de los consejos de administración de las grandes empresas o de las multinacionales. Votar ¿para qué?

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La amenaza de referéndum griego dejó algunas cosas claras: el miedo que los poderes políticos y económicos tienen a la democracia y los enormes intereses que se encuentran tras la Unión Monetaria (UM) que se esfuerzan por salvarla a cualquier precio. Para algunos países, la crisis se llama euro, puesto que es la pertenencia a la Eurozona la que los mantiene sumidos en el estancamiento, destruye los sistemas de protección social y derriba los escasos elementos democráticos existentes.

La mayoría de los países de la UM, al tener anclado el tipo de cambio, no solo han perdido competitividad frente a Alemania, Francia o Austria, sino también frente a EEUU, Reino Unido, India, China, Rusia, Brasil, México, Sudáfrica, Tailandia, Singapur, etc. Desde su creación en 1999, y por seguir la política impuesta por Alemania, el euro se ha revalorizado un 37% frente al dólar, un 38% frente a la libra, un 52% frente al rublo, un 56% frente a la rupia, un 30% frente al real brasileño, un 92% frente al peso mexicano, etc. Hasta el yuan que tenía ya en 1999 un tipo de cambio infravalorado, se ha depreciado un 14%. En estas condiciones, ¿cómo podemos ser competitivos? ¿cómo evitar que nuestro tejido productivo se deteriore más y más y que nuestro déficit exterior y por lo tanto nuestro endeudamiento, sólo se modere a fuerza de estar en recesión o en estancamiento?

La apreciación del euro tiene también consecuencias desde el punto de vista financiero. Ahora que está en cuestión la posible quita de la deuda griega hay que poner de manifiesto que todos los bancos de la Eurozona, de forma silenciosa y sin que nadie se entere, han tenido que sufrir a lo largo de estos años una quita forzosa y gradual –pero no por eso menos real– de todos los créditos, sean públicos o privados, nominados en dólares, en libras y en el resto de monedas que se han depreciado. De estar fuera de la UM, Grecia no precisaría acometer en los momentos actuales ninguna quita, ya que esta se habría producido de manera discreta, tal como ha sucedido en EEUU o Reino Unido. Lo que ahora va a realizar el país heleno es tan solo lo que otros han hecho poco a poco, sin sufrir por ello la sanción de los mercados ni el anatema político.

Juan Francisco Martín Seco. Economista.

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Escuché el otro día por la radio cómo un par de tertulianos, de esos que opinan de todo, se mostraban escandalizados porque los votantes, según ellos, no leen los programas electorales. ¿Por qué extrañarse? Los ciudadanos no son tontos y conocen de sobra la poca utilidad de las promesas hechas en tiempo de elecciones. Los programas son como los principios, los partidos están prestos a cambiarlos si conviene. En estas elecciones la utilidad es aún menor. Después de la enorme equivocación cometida al entrar en la Unión Monetaria, lo que quizá resulte inútil sean incluso las mismas elecciones. Cada vez está más claro y además no hacen nada para ocultarlo, que en la Eurozona se ha agotado la democracia y se ha instaurado la dictadura de Merkel y Sarkozy. Ya ni siquiera guardan las formas. De dar importancia a algo en estas elecciones habría que hacerlo en averiguar cuál de los dos partidos mayoritarios será capaz de mantener el tipo con mayor firmeza y de oponerse mejor a las pretensiones de Francia y de Alemania.

Desde luego, el programa del PSOE resulta irrelevante a estos efectos. Está gobernando, y es de sobra conocida la política aplicada. Después de estos ocho años, sus promesas carecen totalmente de credibilidad. Cualquier planteamiento cae en saco roto y queda anulado por el recuerdo de las medidas adoptadas, que han hecho incidir todos los ajustes sobre las clases medias y bajas. Ese es el problema de Rubalcaba: se encuentra tan identificado con la etapa anterior que toda su palabrería se debate en un mar de contradicciones. Quiere separarse de la política practicada hasta el momento, pero no puede. Su discurso está lleno de aire.

El programa del PP puede tener algo más de interés aunque tan solo sea para descubrir las intenciones de los que, de acuerdo con todas las encuestas, van a ganar los comicios. En este caso existe algo más preocupante que su discurso, y es que parecen creérselo. La alarma se dispara al oír afirmar a sus líderes que saben cómo solucionar la crisis. Que se trata únicamente de repetir la política que aplicaron en 1996. Sería preferible que tales aseveraciones obedeciesen exclusivamente a la finalidad de engañar a los electores. Lo peor de un político es la ingenuidad, la ignorancia o la inocencia. Lo más grave es que se engañen a sí mismos y que nos conduzcan a la catástrofe.

Poco tienen que ver las circunstancias de 1996 con las actuales. Lo que en aquellos momentos reactivó la economía fue las cuatro devaluaciones sucesivas acaecidas a principios de los noventa. De hecho, la recuperación se había iniciado ya en tiempos de Solbes, pero ni Solbes ni Rato tuvieron nada que ver en ella. En este capitalismo cuasi salvaje de los mercados y de la libre circulación de capitales la capacidad de los gobiernos es bastante limitada y son otros factores los que muchas veces influyen.

Más tarde, se produjeron la creación de la Unión Monetaria, la burbuja especulativa, el crecimiento a crédito (origen en buena medida de la crisis actual) y las rebajas fiscales que no solo condujeron a un incremento de las desigualdades, sino que hipotecaron las finanzas públicas para el futuro. La expansión artificial de la economía generada por la burbuja inmobiliaria mantuvo la recaudación impositiva y generó el espejismo de que era posible reducir los gravámenes sin que por ello se resintiesen los ingresos del Estado. La falsedad de tal planteamiento se hizo presente en cuanto comenzaron las dificultades económicas. Tan es así que los problemas que sufren ahora las finanzas públicas parten en buena medida de aquellas rebajas.

La situación económica actual es muy distinta de la de 1996. Hoy no se puede devaluar la moneda, que es lo que en realidad precisaría nuestra economía. Además, las finanzas públicas se mueven en una enorme trampa. A pesar de que el stock de nuestra deuda pública es de los más reducidos de Europa, la carencia de un banco central que nos respalde nos entregará a los caprichos de los mercados, limitando nuestra capacidad de déficit y de endeudamiento.

Por otra parte, nuestra crisis no es de oferta sino de demanda y es esta la que en todo caso hay que potenciar. Por eso carecen de toda lógica esos planteamientos dirigidos a incentivar a los empresarios y a los llamados emprendedores. Si no hay demanda, no hay nada que emprender. Por mucho que se rebaje el impuesto de sociedades, se subvencione a las empresas, se reduzcan las cotizaciones sociales, se minore la tributación de las rentas de capital o se abarate el despido, las empresas no invertirán ni crearán empleo si no hay consumo ni demanda. Desde las filas populares se ha llegado a decir que si cada autónomo contratase a un trabajador se habría solucionado el problema. Constituye -si no fuese patético- el mejor chiste de esta campaña electoral. Lo cierto es que una gran parte de los autónomos constituye en realidad paro encubierto, es decir, trabajadores que prestan sus servicios a una empresa, muchos de ellos a comisión, que no llegan a mileuristas y que si trabajan de forma autónoma es para que las empresas se ahorren la seguridad social y carezcan de obligaciones laborales frente a ellos.

Si el PP plantea todas estas medidas en su programa movido por motivos ideológicos con la intención de beneficiar a determinadas clases sociales es sin duda nocivo desde el punto de vista del principio de igualdad, pero tal vez esté dentro de la lógica de un partido de derecha (en la actualidad, parece que también en algunos teóricamente de izquierda como el PSOE). Que se intente engañar a los ciudadanos ofreciendo otras motivaciones, está en la estrategia de todos los partidos políticos, pero que se engañen a sí mismos y que piensen que con estas medidas van a superar la crisis, resulta todavía mucho más alarmante, ya que lo único que se va a conseguir, amén de incrementar la desigualdad, es adentrarnos más y más en la recesión.

Si no se quiere aumentar el déficit (y parece que el PP no quiere, ni se lo permitirían en Europa), deberían compensarse todas esas medidas tan generosas (para con las sociedades, las empresas, los emprendedores y las rentas de capital) con duros ajustes en el gasto público que, amén de otros efectos, causarían con toda seguridad un impacto negativo sobre el consumo y la demanda.

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Una vez más se reúne el G-20, y una vez más se demuestra la inutilidad en la práctica de tales convocatorias. Desde que estalló la crisis, este foro informal viene congregándose con pretensiones de ser el gobierno mundial, pero lo único que demuestra en todas las ocasiones es la enorme brecha que se produce entre unos mercados globalizados y un poder político fraccionado e incluso con fuertes enfrentamientos internos.

A lo largo de estos tres años, no se ha dado un solo paso para resolver los problemas que, al menos, parecían identificados. Aquella refundación del capitalismo de la que hablaba Sarkozy se ha concretado en una vuelta a los principios del capitalismo más salvaje. Los sistemas financieros continúan sin ser reformados, y permanecen las operaciones de alto riesgo y los derivados. Los mercados se mantienen principalmente como casinos y no como centros de inversión. Las remuneraciones de los altos ejecutivos siguen siendo escandalosas. A pesar de que el G-20 había decretado de manera pomposa por boca del presidente francés la extinción de los paraísos fiscales, estos gozan de buena salud y no parece haber voluntad alguna de ponerles cerco. Las agencias de calificación -en cierta medida, culpables de la crisis- conservan su preeminente papel y dictaminan, deciden y mandan más que los gobiernos.

Entre los distintos participantes del G-20 existen fuertes discrepancias en aspectos fundamentales, que hacen imposible la toma de decisiones, al menos con la premura que se precisa para dar respuesta a un mundo financiero globalizado. EE UU y Gran Bretaña no quieren oír hablar de la tasa sobre las transferencias financieras que proponen Alemania y Francia. Bien es verdad que estos países la conciben más como un mecanismo recaudatorio que como un instrumento para controlar la libre circulación de capitales y evitar las operaciones especulativas en los mercados financieros, objetivo, por otra parte, totalmente necesario.

Las discrepancias aparecen con toda su crudeza a la hora de pronunciarse sobre el tipo de política económica que debe aplicarse. Europa, guiada y obligada por Alemania, se inclina por la austeridad, que es contemplada al otro lado del Atlántico y por los países emergentes, tales como China, India y Brasil, con reticencias, al responsabilizarla en gran medida de la parálisis y de la involución que está sufriendo la economía internacional. Este reproche tiene su parte de verdad, puesto que es muy posible que se estén cometiendo los mismos errores que en los años treinta del siglo pasado.

El tema resulta evidente cuando se aplica a la política practicada por el BCE. Hasta la OCDE reclamaba el otro día, y con los ojos fijos en el G-20, que los bancos centrales bajasen los tipos de interés, recomendación que tan solo podía ir dirigida al BCE, porque el Banco de la Reserva Federal de EE UU o el mismo banco de Inglaterra es imposible que puedan reducir aún más las tasas de interés. El BCE, por el contrario, ha tenido una política radicalmente equivocada. Lo demostró en agosto de 2008, subiendo los tipos de interés cuando la economía mundial se orientaba ya a la recesión y así está sucediendo en los momentos actuales en los que ha vuelto a subir los tipos de interés cuando precisamente se hacían notar los síntomas de una desaceleración económica.

Ahora que Trichet deja la presidencia, tanto él como sus acólitos se escudan detrás del argumento de que el único mandato que tiene el BCE es la estabilidad de precios y que ese objetivo lo han cumplido. Es cierto que esta institución nace con graves pecados originales, entre ellos el de limitar su función al control de la inflación, pero ello no puede servir de pretexto para desentenderse del crecimiento. Si de lo único que se trata es de mantener estables los precios sin importar el coste que haya que pagar por ello, sobra el BCE y todos sus expertos con los muchos millones de euros que nos cuesta. Lo difícil, y por lo tanto donde radica la cuestión, es contener la inflación dentro de unos márgenes razonables sin ahogar el crecimiento y el empleo.

Europa tampoco está muy acertada en cuestiones de política fiscal. El puritanismo de Merkel se está imponiendo, con lo que los países miembros se encierran en un círculo infernal. Para corregir el déficit se les fuerza a ajustes, en muchos casos brutales, que les condenan al estancamiento económico, pero ese mismo estancamiento incide negativamente sobre el déficit. La expresión más clara de esta contradicción se encuentra en la referencia sobre España contenida en el documento elaborado en la última cumbre. Por una parte, se le exige que continúe con los ajustes y, por otra, se le reclama que introduzca estímulos en la economía para asegurar el crecimiento y corregir el paro. Vamos, cuadrar el círculo.

Los mandatarios europeos han querido llegar a la reunión del G-20 en Cannes con las tareas hechas, tal como se suele decir pedantemente en la actualidad. Es por ello por lo que deprisa y corriendo la semana pasada quisieron dar la imagen de que se tomaban acuerdos fundamentales. Lo cierto es que la mayoría de ellos han quedado sin cerrar, en especial lo referente al Fondo de estabilidad financiera, y que incluso hay peligro de que se potencie la ingeniería financiera y se creen de nuevo activos tóxicos. Todo ello parte de un único hecho, la negativa de Alemania a que el BCE funcione como un verdadero banco central. Para evitarlo, se montan edificios complejísimos y alambicados, llenos de contradicciones. La falta de concreción y las incertidumbres se han incrementado de forma notable desde el momento en que Grecia ha anunciado el referéndum sobre el segundo plan de rescate.

Así y todo, Van Rompuy y Barroso, sacando pecho, escribían antes de la cumbre una carta dirigida al G-20, en la que anunciaban que Europa cumpliría sus deberes, al tiempo que pretendían poner la pelota en el campo contrario, al señalar que se mantienen muchos de los desequilibrios macroeconómicos anteriores a la crisis y que están en su origen. Sin citarlos expresamente se referían a China y a otros países que mantienen tipos de cambio devaluados. Curiosamente los dos presidentes (de la Comisión y del Consejo) han puesto el dedo en la llaga porque, mientras se mantengan fuertes desequilibrios en las balanzas de pagos (el superávit chino y el déficit de EE UU) y no se permita que los tipos de cambio realicen el ajuste, será muy difícil que la economía mundial salga del estancamiento.

Barroso y Van Rompuy tienen razón, pero no ven la viga en el propio, porque esos desequilibrios que denuncian de China y de EE UU se producen también en Europa con la Unión Monetaria, con la diferencia de que aquellos pueden corregirse; los de la Eurozona, sin embargo, no, sin romper la moneda única.

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