Caffè Reggio

La Bolsa va a cerrar el año 2011 con un descenso del orden del 14%. Las empresas del selecto club del Ibex 35 han perdido en conjunto unos 50.000 millones de euros de valor bursátil, retroceso que se ha concentrado sobre todo en dos de los grandes valores, Telefónica, con unos 17.000 millones de euros de pérdida de valor, y el Santander, que habrá perdido una cifra casi idéntica, unos 16.500 millones de euros. Estas dos compañías cotizadas, junto con Arcelor, que se ha dejado en el año unos 24.000 millones de euros de su valor de mercado, han sido las grandes perdedoras del año. Su actividad principal (telefonía, banca y siderurgia) retrata de forma aceptable la identidad de la crisis en la que estamos sumergidos y que no tiene el aspecto de cambiar de rumbo en breve plazo ya que hasta mediados del año 2012 no se prevén los primeros síntomas de recuperación. En la economía española y quizás en la europea.

De los 35 valores que conforman el Ibex 35, sólo tres empresas han logrado ganancias de cierta importancia, Inditex, Repsol y Gas Natural. Pertenecen a dos sectores, el comercio textil y la energía. Inditex ha mejorado su valor en unos 5.000 millones de euros y ya es la tercera empresa española más importante entre las cotizadas, tras haber relegado a BBVA a la cuarta plaza, Repsol ha mejorado unos 3.000 millones y Gas Natural algo menos.

No se puede decir, al menos en el primero de los casos, que Inditex se haya visto beneficiada por unas condiciones de mercado favorables en su sector, ya que la empresa textil gallega está logrando importantes éxitos en su cuenta de resultados a pesar de pertenecer a un sector al que la crisis está castigando, como es el consumo privado. Repsol ha contado este año con importantes bazas a su favor, ya que su estrategia de búsqueda de recursos naturales ha empezado a dar resultados muy fructíferos en Brasil y en Argentina, dos países que han contribuido a rellenar la cartera de reservas probadas y aún en fase de exploración de la operadora española. Los tres grandes hallazgos de Repsol este año, dos en Brasil y de momento uno más en Argentina, ya forman parte del valor que el mercado le asigna a la petrolera española.

Las grandes empresas españolas cotizadas ya no se rigen solamente por servidumbres de la economía doméstica, además de reflejar capacidades de gestión muy diferenciadas. Una de las razones que explica las ganancias y las pérdidas de valor de las empresas españolas durante el pasado año es su grado de diversificación global, es decir, la capacidad para estar en mercados muy diseminados internacionalmente, lo que permite compensar la débil salud de algunos mercados, como el europeo en general, con la pujante fortaleza de otros, caso de los países emergentes.

Las empresas españolas tienen una notable presencia en el mundo emergente y las mayores de todas ellas cuentan con un grado de diversificación geográfica bastante avanzado, que les permite mantenerse en alguna medida a resguardo de las inclemencias del mercado español. Las empresas de raigambre casi exclusivamente española han tenido menos oportunidades para brillar en Bolsa durante el último año. La economía española no ha sido una economía en expansión. De no ser por la fuerte presencia en el exterior, la caída de la Bolsa española en el año que termina habría superado posiblemente el 40% y muy pocas empresas habrían logrado mejorar su valor de mercado en el curso del año bursátil. Por el contrario, un tercio de las empresas cotizadas llegan a finales del ejercicio con buenos resultados para sus accionistas. Grifols, Acciona y Ferrovial han sido las tres compañías más en alza. Las tres han jugado sus bazas fundamentalmente en el exterior.

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Las Comunidades Autónomas están con el agua al cuello. Algunas, como Cataluña, han tenido que hacer todo tipo de malabarismos para disponer de algo de efectivo. De hecho, los están haciendo todavía, ya que hay varias negociaciones abiertas para obtener antes de cierre de año pequeños créditos a corto plazo para pagar la paga extra de los funcionarios o sólo parte de ella, ya que otro trozo queda a deber, para cuando escampe. Los proveedores del ente autonómico están en precario y el Estado (la Hacienda Pública y la Seguridad Social) no escapan a la dejación de los pagos correspondientes al último mes del año.

No obstante, el asunto viene de atrás y, como se ha descubierto en la primavera pasada, cuando en algunas Autonomías cambiaron los responsables de la Hacienda autonómica a consecuencia del cambio de partido en las últimas elecciones autonómicas, hay deudas generadas en los últimos años que se acumulan en los cajones de los políticos que han abandonado sus cargos y que ahora están siendo reclamadas a los nuevos responsables. Se ha dado el caso de alguna factura en una comunidad autónoma que tiene los importes en pesetas nada menos, lo que significa que se trata de obligaciones de pago generadas hace más de 10 años.

El río está tan revuelto en las finanzas autonómicas que no sería de extrañar que en medio de la confusión apareciera algún listillo con aspiraciones poco legítimas. Lo que parece claro es que las finanzas autonómicas se encuentran en plena debacle y que el nuevo Gobierno de Rajoy habrá de enfrentarse a este asunto de desgobierno con cierta celeridad, ya que son muchas las pequeñas y medianas empresas afectadas, incluso algunas grandes compañías, además de profesionales autónomos. El caos financiero está afectando también a bastantes ayuntamientos, que han dejado de pagar con puntualidad, o simplemente de pagar, a empresas proveedoras de servicios. Las consecuencias de este deterioro se perciben relativamente pronto por la doble vía del estado de abandono en que se encuentran algunas facetas de la vida ciudadana (recogida de basuras, limpieza de las calles,…) y por el aumento del paro que se deriva del cese de estos servicios por causas de fuerza mayor.

Es una situación insólita y bastante novedosa en España. Hasta ahora, el sostén de los desajustes financieros de ayuntamientos y autonomías se solía resolver con bastante facilidad gracias al control que ambos tipos de instituciones tenían sobre las cajas de ahorros, que presurosamente concedían “créditos puente” a los entes públicos para que estos no se vieran en la indigencia. Pero el sistema de las cajas de ahorros, tal y como era conocido hasta hace unos meses, se ha venido abajo. Las cajas ya no son entes financieros asilvestrados, con un Consejo de Administración al frente, integrado por ilustres políticos de la zona, alcaldes de localidades importantes o ciudadanos afines, la mayoría de ellos sin independencia suficiente para desempeñar sus responsabilidades ni mucho menos con conocimientos financieros adecuados para participar en las tomas de decisiones. Así les ha ido a la mayoría de las cajas, aunque por fortuna no a todas.

Habrá que reconocer que una buena dosis de culpa y de responsabilidad en el fracaso de las cajas de ahorros radica en su fuerte dependencia de autoridades locales o autonómicas con delirios de grandeza, que han embarcado a las cajas en créditos faraónicos que a la postre no están siendo devueltos. Algunas cajas de ahorros han funcionado como una mera prolongación del brazo financiero de la autonomía correspondiente, lo que no ha sido problema mientras el país nadaba en una aparente abundancia y todo era fácilmente financiable. Pues bien, las cajas ya no están ahí para resolver los agobios financieros de los entes autonómicos y locales, por lo que los máximos responsables de estos entes públicos han de lanzarse a la calle, como cualquier empresario en apuros, en busca de financiación para pagar la extra del mes.

Y en esta tesitura están ahora mismo en algunas zonas de España, Cataluña entre ellas. Ahora, conseguir un crédito es tarea hercúlea, no sólo porque ya no existen las mismas cajas de ahorros dóciles que había hasta hace poco sino porque las operaciones se estudian con rigor, con el supervisor mirando sin pestañear y, además, salvados todos los obstáculos, se llega al tramo final de las conversaciones para escuchar que, en todo caso, no hay liquidez en el sistema y por lo tanto de momento no hay crédito.

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Las medidas que están anunciando algunos integrantes del nuevo Gobierno surgido de las elecciones para su adopción este viernes serán necesariamente muy provisionales y, desde luego, susceptibles de ampliación a medida que los nuevos gestores de la economía tengan constancia del estado real de la situación económica y financiera del país. El traspaso de poderes ha sido generalmente valorado de forma muy positiva y el Gobierno entrante se ha cuidado mucho de hacer una puesta en escena similar a la de Cospedal en Castilla-La Mancha. Pero está claro que esta misma semana vamos a tener ya una primera evaluación sobre el déficit con el que se va a cerrar dentro de unos días, de forma provisional, la ejecución presupuestaria.

Se han barajado diversas estimaciones y pronósticos varios, ninguno de ellos ajustado al 6% sobre PIB que era lo exigible. Es decir, el compromiso alcanzado por el anterior Gobierno con las autoridades de Bruselas, un compromiso que se complementaba con el logro de un déficit del 4,4% sobre PIB para el año 2012 y del 3% para el año 2013. Hay estimaciones de una desviación modesta y aceptable, que apuntan hacia un déficit un punto de PIB adicional, es decir, el 7% del PIB, lo que puesto en cifras y números absolutos sería algo así como 10.000 millones de euros. No sería una desviación escandalosa sino necesariamente aceptable por nuestros socios de la UE en la medida en que se produce en un año electoral y que se calcula en unos momentos de cambio de Administración, tránsito durante el cual siempre es posible, incluso con la más honesta de las intenciones, dejar que algunas cifras “bailen” de un ejercicio fiscal a otro.

También es preciso tener en cuenta que un desvío más sustancial del déficit acabaría por desencadenar una tormenta considerable sobre la deuda y sobre el diferencial de tipos de interés, lo que se acabaría convirtiendo en un auténtico boomerang contra el Gobierno recién llegado. Dado que en el primer trimestre del año entrante las emisiones de deuda pública española plantearán algunas exigencias de cantidad, y desde luego de coste, mejor sería armar el menor escándalo posible, aunque la culpase le echa al anterior inquilino de la cosa pública.

Dejando de lado el impacto negativo que tendría, sobre todo en los mercados, el anuncio de un déficit muy desviado respecto de las previsiones más razonables, es decir, un déficit que supere claramente el 7% del PIB, lo más relevante será calcular el esfuerzo de contención que habrá que realizar para que el país alcance diciembre del año 2012 con un déficit del 4,4% del PIB en términos de déficit consolidado de todo el sector público español, es decir, incluyendo Seguridad Social (previsiblemente en déficit durante el año entrante), cuentas del Estado central, entes autonómicos y otros. Esa es cuenta que habrá que calcular cuanto antes para saber qué futuro nos espera a partir de la próxima primavera, independientemente de que a corto plazo el Gobierno empiece a hacer efectivos algunos recortes.

El grueso de la solución tendrá que venir inevitablemente en el Presupuesto del Estado del año 2012, cuya discusión quizás ocupe el mes de marzo. Si ese Presupuesto debe afrontar un ajuste de 30.000 millones de euros, como se supone ya con ciertas garantías de aproximación, entonces está claro que el Gobierno no va a poder encomendar sólo a los recortes del gasto la hercúlea tarea de ajustar el déficit al 4,4% del PIB. Y es ahí en donde empezará el gran debate: ¿cuántos incrementos de fiscalidad habrá de aplicar al ciudadano español para conseguir que las cuentas cuadren? Y, sobre todo, ¿se hará vía IVA o vía IRPF o ambas cosas a la vez, en sus correspondientes dosis?

Es de esperar que al Gobierno no le tiemble el pulso a la hora de adoptar medidas que sean capaces de resolver la crisis económica y, por lo tanto, deje de lado cualquier limitación derivada de las elecciones andaluzas, que podrían convertirse en un freno de las medidas necesarias con objeto de no deteriorar la que parece arrolladora victoria del PP en las elecciones de dicha Autonomía. Posiblemente la mayoría del país lo agradecería. Además, hay argumentos más que suficientes para justificar decisiones drásticas en materia económica, incluidas las fiscales, sin que nadie pueda argumentar que los causantes de tal desastre son los gobernantes recién llegados.

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La cifra de recorte del déficit público que  barajan en estos momentos los analistas económicos y el propio Gobierno parece oscilar entre los 16.000 y los 30.000 millones de euros. Son palabras mayores. El dato más ajustado a la realidad  tendrá que salir del balance final de la ejecución presupuestaria del ejercicio a punto de terminar, sobre la que el nuevo Gobierno tiene escaso margen de maniobra. Las previsiones  que se manejan para la evolución de la actividad económica no han variado sustancialmente en las últimas semanas y afrontamos dos o tres trimestres de crecimiento cero o caída del PIB, es decir, recesión o algo parecido hasta mediados del año 2012. En este escenario, la profundidad del recorte presupuestario tendría que ser incluso superior, ya que las partidas de ingresos tributarios difícilmente van a proporcionar desahogo alguno en el corto plazo. Si ya resulta difícil  recortar los gastos, recaudar es aún más complejo y sobre todo menos inmediato.

Por dónde recortar y de dónde sacar dinero es la angustiosa papeleta a la que se enfrenta el nuevo Gobierno y el duo Montoro-De Guindos. Exprimir aún más los desembolsos del Ministerio de Fomento para dejar la obra pública literalmente parada no parece posible.  Los grandes capítulos del gasto (nóminas de funcionarios, pagos por pensiones, prestaciones por desempleo, gastos de la Sanidad  y costes financieros de la deuda pública) dejan muy escaso margen de maniobra, unos por razones políticas, otros por imposibilidad real. El gasto  público español es poco elástico. La principal elasticidad ha sido, en estos años de crecimiento desbocado, la del crecimiento exponencial del gasto. Reconducirlo a sus justas proporciones es la principal tarea a la que se enfrenta el gobierno de Rajoy, aunque para ello tendrá que echar mano de las subidas de impuestos.

La  papeleta es, por lo tanto, de envergadura y más pronto que tarde el Gobierno parece que tendrá que rendirse a la evidencia de algunos de los puntos conflictivos y dejar para dentro de un año el cumplimiento de algunos de sus compromisos. El tabú de la subida de impuestos está siendo sometido ya a  una franca y sincera reconsideración, ya que el reajuste fiscal  que implica toda reducción acelerada del déficit no va a poder ser implementado mediante subidas en tributos de escaso potencial recaudatorio. La lógica conduce a promover un aumento fiscal de ámbito muy generalizado para que alcance objetivos sensatos de recaudación y no frene en exceso la propensión productiva. Es decir, que no se convierta en un desincentivo a la actividad económica.  Sacar de la chistera algún invento tributario no va a resolver el problema básico de la búsqueda de un menor desequilibrio en las cuentas públicas. Las pretensiones de buscar un yacimiento de recursos fiscales nuevos en las grandes fortunas ya fueron descartadas por los socialistas del  Gobierno saliente y no porque no se lo pidiera el cuerpo.

De entrada, no se ve cómo en las presentes  circunstancias se puede eludir la subida del Impuesto  sobre el Valor Añadido (IVA), del que tanto malo se dijo en la primavera del año 2010 y que después tan poco parece haber influido en el desarrollo de la actividad económica. Por cada punto de aumento del IVA puede esperarse un incremento de la recaudación estimado en torno a los 2.500 a 3.000 millones de euros. Una subida de dos puntos en el IVA aportaría por lo tanto unos 6.000 millones de euros, aunque restaría – según  simulaciones realizadas por economías españoles hace dos años- alrededor de un punto al crecimiento del PIB, con una  repercusión moderada en  el nivel de precios.

Aumento del IVA, retoques al alza en los tipos impositivos de los consumos de productos sometidos a régimen especial, como las gasolinas, tabacos y bebidas, son piezas que necesariamente habrán de contemplarse para que la economía no decaiga  y mientras se analizan y acuerdan otras medidas que permitan frenar el gasto en aquellas áreas en las que existen claras disfunciones.

La coordinación autonómica  es uno de los aspectos en los que tendría que incidir  el nuevo Gobierno tras un pacto o acuerdo político que, en teoría, este Gobierno está en condiciones de llevar a la práctica en mejores condiciones que el anterior, no sólo por la presión de la crisis sino porque ha sido un asunto denunciado y detectado por todas las agencias de calificación (lo que condiciona las posibilidades de acceso a la financiación externa, tanto del Estado como de las propias Autonomías)  y porque es una conclusión a la que ha conducido la lógica de la observación de la economía en los últimos años.

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La sustitución de Miguel Angel Fernández Ordóñez como gobernador del Banco de España llegará previsiblemente en su momento, es decir, el próximo mes de julio, cuando culmina el plazo legal de seis años para el que fue designado por el saliente Gobierno socialista. El relevo está suscitando toda una serie de especulaciones no sólo sobre el plazo (es decir, si se cumplirá literalmente la previsión legal, el plazo de seis años) sino sobre la persona que eventualmente vaya a sentarse en el sillón del banco con sede en la madrileña calle de Alcalá.

El PP está de alguna forma cogido por la palabra, ya que muchos le recordarán su oposición, en la primavera del año 2006, a la designación de Fernández Ordóñez como gobernador argumentando el elevado “perfil político” del candidato. Se supone que para dotar de ejemplaridad a la designación de un nuevo gobernador, Rajoy buscará un profesional con bajo perfil político, terreno en el que no hay tantos postulantes como existen en las filas de los descartados de la nueva Administración conservadora.

Fernández Ordóñez ha tenido una actuación bastante criticada en los últimos meses, en los que algunos de sus pasos se han visto seriamente deslucidos. La crisis de las cajas se la ha ido de las manos, por decirlo de la forma más suave posible. Por este motivo, el nuevo presidente del Gobierno (quien, al reservarse la última palabra en temas económicos, como él mismo se ha ocupado de resaltar) ha estado en bastantes ocasiones manejando la hipótesis de forzar su salida antes del plazo previsto. El escándalo de las remuneraciones de los directivos cesantes de las cajas es otro de los asuntos que con frecuencia se le echan en cara al Gobernador, aunque en este tema es más la competencia de las autoridades autonómicas que la del máximo responsable del Banco de España.

Lo de forzar su salida del cargo es un asunto que no tiene precedentes y que entraña notable dificultad ya que la dimisión (que casi nadie contempla) por voluntad del interesado es la única vía que en la práctica se le abre al nuevo Gobierno para disponer del cargo y montar desde cero y con gente fiel su propia reforma financiera. Más aún porque el propio Rajoy ha calificado esta reforma de urgente y hasta se ha atrevido a ponerle un plazo, entre tres y seis meses, plazo que no se podrá cumplir si se quiere que Fernández Ordóñez esté fuera de juego en esta importante cuestión.

Por lo tanto, y mientras no aparezcan nuevas expectativas, Rajoy tendrá que ir tirando con Fernández Ordóñez para que, en primer término, culmine el trabajo ya iniciado, es decir, el saneamiento de las cajas de ahorros mediante las subastas pendientes y las fusiones que posiblemente habrá de encarar para resolver algunos de los problemas que han sido resueltos solamente a medias. O sea, los casos de las cajas que cuentan con ayuda pública, que han logrado sobrevivir al desastre gracias a importantes inyecciones de dinero público y bastante paciencia de las autoridades a la hora de hacer cumplir los plazos pactados en cada una de las operaciones. La reorganización del sector en general, sobre todo en lo que respecta al ajuste de su capacidad a la realidad del mercado, se está realizando de forma demasiado lenta.

Segundo, Rajoy tendrá que mover algunas piezas en el más corto espacio de tiempo posible para que pueda hacerse realidad esa pretensión de activar el crédito al sector privado, empresas y familias. Y para ello necesita la colaboración activa del todavía gobernador del Banco de España.

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Los diarios internacionales de referencia, sobre todo Financial Times y The Wall Street Journal, no le han ahorrado al nuevo titular de Economía, Luis de Guindos, una razonable dosis de sarcasmo, recordando en todos los casos (Financial Times, incluso en el titular, con un rotundo “un ex jefe de Lehman se hace cargo de la economía española”) la pertenencia de De Guindos a la nómina de la nefasta institución, madre de todas las desgracias y vituperios. No será justo, desde luego, pero como diría el famoso personaje, “es lo que hay”.

¿Cabía otra solución si Rajoy está, como parece, convencido de que Luis de Guindos, mano derecha en su día de Rato y asesor frecuente del propio presidente del Gobierno a lo largo de estos últimos meses, es la persona capacitada, más que ningún otro, para sacar adelante las reformas económicas y sociales que necesita España? Desde luego, De Guindos tiene las ideas (por lo general claras, aunque algunas pocas hayan parecido desconcertantes en los últimos meses), la preparación técnica, el bagaje administrativo más que suficiente dentro del “aparato” del Estado, el conocimiento de numerosos resortes internacionales, es persona con buen conocimiento de los idiomas,… Pero, ¿logrará entenderse con los sindicatos, lo que parece su principal cometido durante las próximas semanas?

La travesía de Luis de Guindos por el proceloso mundo de la economía se presenta llena de emociones y peligros. Algunos ya han empezado a aparecer el mismo día de su toma de posesión, con la publicación de un amplio catálogo de incompatibilidades. Al parecer, una interpretación rigurosa de las leyes vigentes en materia de incompatibilidades (la principal es la del año 2006) impediría al flamante ministro ocuparse durante su mandato (no hay plazo temporal establecido para la abstinencia) de cuestiones que tengan que ver con aquello en lo que ha trabajado. La incompatibilidad se extiende a lo que hacía en el momento de la toma de posesión y en los dos años atrás, tanto él como su cónyuge. Y lo que De Guindos hacía era ejercer de consejero en una empresa eléctrica de primer nivel, Endesa, y en una caja de ahorros de tercer nivel, pero entidad financiera al fin y al cabo (Banco Mare Nostrum, salido de Caja Murcia y varias más).

¿Quiere esto decir que el mismísimo responsable máximo de la economía no podrá ocuparse durante su mandato de tocar o regular cuestiones relacionadas con la electricidad ni con el sector financiero? ¿O sólo con las empresas de las que fue consejero y de las cuales ha dimitido raudo y veloz, así como de toda otra ocupación del sector privado? La ley del año 2006 es posiblemente un despropósito bendecido, en un arranque de purismo, por las fuerzas políticas, pero ahí está y habrá que cumplirla. Lo que a estas alturas pocos deben saber es cómo respetar sus previsiones. Si de verdad la ley dice lo que parece, pocos españoles con un cierto nivel de destreza profesional podrían poner sus pies en la cosa pública, ya que es muy probable que antes hayan pasado, en algún momento, por ocupaciones privadas. Da la impresión de que la ley en cuestión ha sido pergeñada por gentes con escasas luces y muy poco competitivas, ya que limitaciones tan severas a la presencia de profesionales altamente cualificados en el área pública no se explican si no es gracias a la intervención de gente mediocre que no quiere competencia.

Convendría, por ello, que la Abogacía del Estado o el órgano competente en la materia le dedicara alguna sentada al tema, para clarificar a los españoles el alcance de sus limitaciones. No sería agradable encontrarse con que, tras haber hecho el gesto de designar a un experto en cuestiones financieras, la ley le impida, como ministro, participar en la reforma del sistema financiero, asunto al que todos dan una importancia preferente, empezando por el propio De Guindos. Es de suponer que Rajoy y Sáenz de Santamaría, buenos conocedores de leyes, hayan tomado las necesarias prevenciones con dictámenes rigurosos en su poder que clarificarán sin duda el asunto. Pero sería conveniente que esas previsiones estuvieran al alcance de los ciudadanos.

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La acogida que está teniendo el nuevo rumbo de la política económica española ha resultado hasta el momento bastante prometedora. Esta reacción es un dato con valor en sí mismo ya que si los agentes económicos y los mercados confían en los gestores de la economía, las posibilidades de abandonar la crisis aumentan de forma considerable. Los primeros reflejos de esta favorable acogida los estamos viendo en algunas de las respuestas que han dado los mercados tras conocer el contenido de las intenciones de Rajoy.

Posiblemente el más contundente haya sido el resultado de la subasta de deuda pública a corto plazo, Letras a 3 y a 6 meses, que este martes ha vivido el Tesoro, con una espectacular bajada de los tipos de interés y una afluencia de dinero muy considerable. Convendría, sin embargo, no dejarse llevar por la fantasía a la hora de valorar estos datos. Parece que entre los inversores particulares (que no suelen acudir a este tipo de subastas, pero que en las últimas convocatorias lo han hecho de forma masiva) y los institucionales se había quedado bien consolidada la idea de que en estos momentos lo más rentable de todos los activos disponibles en el mercado es la deuda pública española, que hace bien poco tenía que pagarse por parte del Estado a tipos superiores al 5%.

A finales de noviembre, el Tesoro había pagado un 5,2% por las Letras a tres meses y este martes ha pagado un 1,88%. En las Letras a 6 meses, el tipo era del 5,3% hace poco más de 20 días y este jueves se ha quedado en el 2,53%. Si los inversores acudieron a la subasta de este martes con la referencia mental de lo que se pagó a finales de noviembre se habrán llevado un enorme fiasco, ya que la rentabilidad ha descendido a menos de la mitad, de forma que si los compradores de Letras el pasado 22 de noviembre podían estar ufanos por tener en sus manos una inversión cuya rentabilidad ningún banco podía igualar o mejorar, ahora se encuentran con el activo menos rentable del mercado. Es posible que esta reacción tardía de los inversores explique en buena medida el impresionante flujo de peticiones que se ha vivido en la subasta de este martes, la última del año. No estaríamos, por lo tanto, hablando tanto de un reflejo del éxito del discurso de Rajoy, como de una reacción tardía de los inversores.

En todo caso, los mercados han dado por el momento un buen visto bueno a los planteamientos de Rajoy y se supone que cuando se conozca el equipo económico, es decir, cuando las propuestas de Rajoy tengan cara y ojos, la posición de los analistas tenga mayores fundamentos o, por el contrario, experimente alguna decepción. Queda por ver, además, el contenido concreto de las medidas propuestas, que hasta el momento sólo han sido explicadas de forma genérica.

Lo que resulta a estas alturas bastante destacable, y que puede mover a un cierto optimismo fundamentado, es el crédito que los mercados internacionales están dando a España en relación con Italia. Este lunes, el diferencial de tipos de interés entre los dos países de la periferia europea ha rondado los 170 puntos básicos, ya que Italia ha rozado los 500 puntos básicos de mayor coste en sus activos soberanos mientras el diferencial español o prima de riesgo se movía en torno a los 325 a 330 puntos básicos. Es decir, a Italia le piden casi dos puntos de interés más para financiar al Estado italiano y a sus empresas que a España. A largo plazo, los tipos exigidos en el caso español rondan al 5,1% y en el italiano están en torno al 6,8%. Más alejados están Portugal y Grecia, que han de pagar diferenciales muy superiores a los españoles y a los italianos. El mundo periférico europeo está, por lo tanto, cada vez más clarificado, por fortuna para el crédito español y para la disponibilidad de financiación de nuestras empresas y sector público.

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Buscar grandes anuncios y medidas de profundo calado en el discurso de investidura de Mariano Rajoy puede conducir a la frustración. El próximo presidente del Gobierno sigue fiel a su personalidad: es bastante previsible. Quizás se pueda ver más como una virtud que como un defecto, a pesar de que hay ahora mismo mucha gente dispuesta a destacar los segundo, a lo cual ayudan indudablemente las circunstancias económicas y las urgencias del momento, que no son pocas en materia económica. De la intervención de Rajoy sí que cabe obtener, sin embargo, algunos detalles llamativos, en los que además se observa una clara intencionalidad de marcar distancias respecto a los antecesores.

El primero es el hecho de que su intervención ha basculado más de lo esperado hacia el crecimiento de la economía, aunque es sólo una apariencia. No hay, en efecto, medidas concretas que avalen esos deseos. Pero releyendo con algo más de detenimiento su estudiada intervención ante la Cámara, cuyo texto habrá sido obra de muchas manos y en lo que atañe a las suyas de muchas horas de reflexión, se encuentran algunas sorpresas que no habrá que pasar por alto. Básicamente su abanico de medidas fiscales de orientación positiva, es decir, recortes de impuestos y deducciones, algunas recuperadas, otras de nuevo cuño.

No se esperaba en esta primera declaración pública en la que se suponía que los recortes y la lucha contra el déficit iban a ser la piedra de toque principal, tantas alusiones directas a los retoques fiscales. Por el contrario, varias medidas tienden a darle al incentivo fiscal un papel más activo en la dinamización de la economía. Parece que su impacto recaudatorio no será significativo a primera vista, aunque los inspectores de Hacienda ya se han apresurado a declarar que los cambios en el Impuesto de Sociedades tendrán un coste del orden de los 9.000 millones de euros, es decir, alrededor de un 1% del PIB. El estímulo a las inversiones y al empleo de nueva creación o de reinserción está presente en algunas de las medidas anunciadas y que bien podrían entrar en vigor de forma más o menos inmediata, con impacto especial en las pequeñas y medianas empresas y en los autónomos.

Un segundo bloque de medidas que podrían ver la luz con cierta inmediatez, sobre todo si los plazos de aceleración de las negociaciones con los agentes sociales se cumplen realmente, para después de Reyes, es el que atañe a las relaciones laborales y la reforma del marco legislativo laboral. De momento hay algunas declaraciones de intenciones interesantes, como el énfasis de la negociación colectiva en el marco de la empresa en vez de otros ámbitos más generalistas. Es lógico que en el apartado laboral Rajoy no haya querido ser muy explícito ya que hay una mesa de negociación abierta y es de suponer que en la culminación de esas conversaciones, con o sin acuerdo, el Gobierno echa toda la carne en el asador. En el tema laboral, por lo tanto, sigue el compás de espera, sobre todo para no interferir. Pero está claro que las decisiones tendrán que precipitarse en enero, tras la vuelta de las vacaciones.

Un tercer asunto en el que no han quedado claras las cosas es la culminación de la reforma financiera, en el que el equipo de Rajoy parece venir con ideas claras y contundentes, a la vista de los anuncios previos, aún sin muchas precisiones. En este asunto hay al menos tres ideas: empleo del menor dinero público posible (a ser posible, ni un euro), interiorización de la crisis bancaria utilizando las fusiones (se supone que echando mano de los dos grandes, que han permanecido hasta el momento bastante ausentes de todo el proceso) y puesta en valor de los activos inmobiliarios que llenan los trasteros de los bancos. Como si se tratara de una maldición, el Banco de España ha tenido la oportunidad (quien sabe si la maldad) de publicar este mismo jueves la tasa de morosidad del sector financiero con datos de octubre, un 7,42%, la más alta de las conocidas en bastantes años. La calidad de los activos bancarios sigue, a causa del deterioro inmobiliario, su curso imparable, amenazando no sólo al sector sino al conjunto de la economía, en la medida en que puede dificultar la reacción del crédito.

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¿Qué sorpresas nos reserva Mariano Rajoy para  hoy lunes en su discurso de investidura? Posiblemente no muchas. Es seguro que habrá una mezcla de ajustes, algunos bastante duros, de propuestas de reformas necesarias para la economía (sobre todo la laboral y la financiera)  y quizás algunas gotas de esperanza para el crecimiento, ya que el momento  presente demanda sobre todo austeridad y dar por culminado el saneamiento de la economía, pero también alguna dosis de esperanza en el futuro. Las cosas hay que  hacerlas por orden para que salgan bien, de la misma forma que las casas se empiezan por los cimientos. Hoy toca poner cimientos y enseñar los planos de la casa, el miércoles se sabrán los nombres de los decoradores y en los días siguientes se irá entrando en los detalles.

La situación de la economía española, tras el vendaval de Zapatero, exige una tarea casi fundacional. Hay demasiadas cosas en las que prácticamente será necesario partir de cero o casi. Rajoy cuenta a su  favor con muchas  bazas, no sólo la de disponer de una mayoría parlamentaria absoluta, que no es poco pero resulta insuficiente. Encuentra un país rendido a sus propuestas,  prácticamente inéditas pero a las que se les suponen bastantes contenidos, y con poca gente dispuesta a organizar broncas, lo que no quiere decir que no vaya a haberlas.

Los precedentes de estos meses de Grecia y de Italia, por no hablar de Portugal o de Irlanda, en los que mansamente se han  admitido planes de Gobierno muy exigentes con los sacrificios demandados a la ciudadanía, que en condiciones normales habrían resultado levantiscos, han ayudado bastante. Lo de Grecia ha sido de un especial patetismo, un país que vive muy por encima de sus posibilidades y con anomalías por todas partes en sus cuentas públicas y privadas. No parece que Grecia sirva de precedente para nadie en la UE. Y desde luego, por razones  muy diversas, no debería servir ni de lejos  como precedente para España.

La dimensión temporal, en todo caso, va a exigir dos planos diferenciados. La legislatura que está comenzando es de cuatro años, pero el programa de Gobierno en lo económico requiere una primera fase  casi de choque,  de actuaciones urgentes  cuyo horizonte temporal debería ser breve, posiblemente unos meses o un año como mucho. Un segundo plano  es el del medio plazo, que tendría que bascular necesariamente sobre una estrategia de crecimiento y de recuperación económica sobre pilares distintos a los que impulsaron el desarrollo económico español en la  larga etapa anterior.

La oposición tiene una tarea complicada estos dos días de debate. Los socialistas  han salido malparados del Gobierno. El país les echa  en buena medida la culpa de lo sucedido y del calamitoso estado de la acción. Por mucho que los socialistas traten de personalizar todos sus errores en el dirigente despeñado, Rodríguez Zapatero, la actual dirección parlamentaria del PSOE está claramente comprometida con la lastimosa gestión económica de los dos últimos años. Además, los socialistas tienen aún pendiente la recomposición de sus cuadros directivos, tarea a la que se dedicarán en estos próximos   meses.

Estos días han abordado la de Cataluña, defenestrando  a la anterior dirección. En Andalucía están  pendientes de las elecciones autonómicas, pero todo parece indicar que van a perder, incluso con mayoría absoluta del PP. Los socialistas, además de reorganizar sus huestes, lo que les llevará unos cuantos meses, están obligados a rehacer por completo su discurso.  En el último año y medio, desde el Gobierno dieron  pasos que  han puesto en entredicho su  libro de ruta. Tomaron decisiones que, aplicadas por un partido conservador, las habrían criticado con dureza y posiblemente en la calle. Ahora tienen que  buscar nuevos mensajes y nuevas ideas, no sólo  nuevos líderes. Su situación actual no es la mejor para  presentar una oposición fuerte  al partido mayoritario. Su credibilidad está muy mercada y su fuerza política es claramente mejorable. Por lo tanto, van a ser en estos próximos meses más espectadores que actores.

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La agencia de calificación de riesgos Standard & Poor’s (S&P) culminó este jueves una nueva ronda de castigo a la banca española, recortando en diversas cuantías (alguna hasta la consideración de “bono basura”, caso del banco matriz de Bankia) las valoraciones de una decena de bancos, cajas-bancos y algunas cajas españoles, todos ellos de tamaño medio.

La rebaja era esperada ya que los grandes bancos sufrieron ya la correspondiente reclasificación hace unas semanas, a finales de noviembre, justificadas todas ellas por la aplicación de nuevos criterios a la hora de elaborar el nivel de calificación.

Al margen de la justificación, el sector financiero español recibe con este varapalo un nuevo aviso, que no debería dejar de llamar la atención al Gobierno entrante de Mariano Rajoy, ya que detrás de tantos movimientos valorativos late una indudable realidad, la deteriorada situación del sector inmobiliario. Es decir, la necesidad de que el nuevo Gobierno, con el asesoramiento del Banco de España y de quien sea menester, tome alguna determinación sobre el complicado asunto del llamado “banco malo”, o sea, el basurero al que podrían o deberían ir a parar los activos indigestos del sistema. Para decirlo en términos más directos, todo el elenco de promociones, viviendas impagadas y suelos de imposible recuperación para la finalidad para la que fueron calificados en su día, que suman una importante cantidad cuya cuantía no está nada clara porque su fijación depende de una serie compleja de factores, muchos de ellos de índole subjetiva.

Se ha barajado la cifra de 176.000 millones de euros como aproximación al quebranto inmobiliario que se aloja en los balances del conjunto del sector financiero español, aunque se estima que el importe real del quebranto, deducidas las cuantías de provisiones y saneamientos, podría quedarse en unos 100.000 millones de euros. Curiosamente esa es la cifra que en estos momentos ha alcanzado la banca española en su nivel de endeudamiento con el Banco Central Europeo (BCE), cifra que ha llegado a situarse estos días en la zona de máximos históricos. La asfixia derivada de la ausencia de liquidez del sector financiero español ha subido de nivel en las últimas semanas y el hecho de que las demandas de liquidez de la banca española al BCE representen ya un 26% del dinero que le han pedido al banco emisor europeo el conjunto de los bancos bajo su jurisdicción, en vez del 15% que sería la cuota normal dada nuestra dimensión económica y bancaria dentro de la Europa del euro, está cansando preocupación en medios oficiales.

Todo ello no es más que un acicate para la adopción de decisiones urgentes sobre este asunto, que a escala política sigue enmarañado en una compleja trama de discrepancias. Los 100.000 millones de los que se está hablando son una cifra ciertamente respetable y plantean además la importante cuestión de quién va a poner el dinero, ya que el Estado español está bastante seco y atado de manos para afrontar una tarea de este tipo. Y las entidades privadas carecen de los recursos suficientes.

Este mismo jueves, el máximo responsable del BCE, el italiano Mario Draghi, ha lanzado una especie de aviso a la generalidad del sector financiero al señalar que los bancos tendrán que enfrentarse a decisiones tan drásticas como la de frenar o directamente suprimir el dividendo, algo que ya han anunciado algunas entidades financieras del país vecino, Francia. Y no serán las únicas. La cuestión está en saber si entre ellas hay alguna entidad financiera española.

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Hay unos 12 millones de españoles, lo que representa el 26% de la población, que viven en la actualidad en economía precaria, con ingresos inferiores a los 500 euros mensuales o incluso por debajo de los 300 euros mensuales. No se le ve horizonte a la hipotética mejora de las rentas de estos ciudadanos, desde luego no en el curso del año 2012, que por lo general se considera va a ser un año más complejo y difícil en lo económico que el que estamos a punto de cerrar. Si la situación social del país es ya en la actualidad, con cerca de 5 millones de parados y una economía estancada, claramente dramática, imaginar lo que será dentro de un año resulta escalofriante.

Hay una tenue esperanza de que, con el cambio de Gobierno y la llegada de dirigentes con nuevas ideas, las cosas no vayan a peor, que se produzca un giro en las políticas y en el ánimo de la gente. Pero cabe dudarlo, o quizás albergar expectativas remotas, ya que a corto plazo los nuevos gobernantes parecen obligados a rematar las tareas pendientes que ha dejado el Gobierno Zapatero que, en lo económico, son muchas y casi todas orientadas en la dirección unívoca de la austeridad. De entrada, el déficit público es una limitación muy seria por razones fáciles de explicar: el déficit hay que financiarlo mediante emisión de deuda y cuanto más alto sea el déficit y más elevada sea la conciencia de los inversores de que España no controla su economía, más caro va a ser pedir crédito. Lo que se traducirá en una espiral de deuda sin que el problema de origen, la pobreza colectiva, se resuelva. Más bien tenderá a empeorar.

Los apóstoles de la economía solidaria están clamando en los últimos meses por una estrategia económica más agresiva, es decir, acabar de una vez con los recortes y poner en marcha políticas y actuaciones orientadas al crecimiento. Es una bonita idea con un envoltorio atractivo, pero desgraciadamente carente de base y de lógica. Lanzar la economía hacia al crecimiento implica gastar más. Y ahora mismo, dada la modestia de los ingresos fiscales, gastar más es aumentar el déficit. En la contabilidad hay pocos milagros. Por eso, la primera regla que tiene que aplicar la economía española ahora mismo es respetar un cierto equilibrio entre lo que se gasta y lo que se ingresa. Nos hemos comprometido con la Unión Europea a respetar este año un déficit del 6% sobre el PIB, que en el año 2012 debería bajar al 4,4% del PIB, siempre en números rojos, pero con la secreta esperanza de que si cumplimos ambos compromisos, habrá financiación adecuada en los mercados para que la economía no decaiga aún más.

Por desgracia, el 6% del PIB para el año 2011 no lo considera factible casi nadie. En el mejor de los casos se habla de un 7%, lo que será bastante negativo para nuestro horizonte financiero durante el año próximo, en el que tendremos que soportar previsiblemente altos tipos de interés, que habrá que devolver en los próximos años.

El horizonte de lucha contra la pobreza se presenta por lo tanto como altamente complicado. Estos días han salido algunas propuestas que podrían contribuir a suavizar el problema del desempleo, en concreto la que nos han recomendado desde un organismo internacional y que el presidente de la patronal ha aireado como posible fórmula para arañar algo de dramatismo a las cifras del paro: los mini empleos con 400 euros de salario, es decir, por debajo del salario mínimo, que para este año 2011 era de 641 euros mensuales. La propuesta ha sido inmediatamente rechazada por los sindicatos porque es un salario de miseria y resulta inaceptable para algunas organizaciones. Quizás habría que preguntarles a muchos parados que han dejado de percibir la prestación por desempleo si estarían dispuestos a trabajar por esa cantidad. También habría que ver cuántos empleos de este tipo, de tan bajo coste, podrían aparecer en el país, ya que no por mucho bajar el coste de la mano de obra va a aparecer empleo nuevo de forma inmediata. Cuesta mucho reconocer que el país se ha empobrecido y nadie quiere renunciar a su nivel de ingresos. El resultado es que cada vez hay menos españoles con ingresos y cada vez menos con nivel de ingresos propios del pasado.

España tiene la tasa más alta de paro de Europa, un 20% de la población activa y se mueve rumbo al 22% o incluso el 23%, algo insospechado en los países desarrollados europeos. En estas condiciones, alguna forma habrá que buscar para aliviar el problema. Lo que no parece aceptable es que una tras otra, todas las propuestas que van apareciendo sean rechazadas. Un país que tiene una tasa de paro triple que el resto de su entorno debería tener una mayor flexibilidad para romper moldes y ensayar nuevas fórmulas en la búsqueda de empleo. En cualquier caso, el año 2012 se perfila como dramático.

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La batalla que libran las entidades financieras por captar dinero del público minorista, con rentabilidades que en los casos más agresivos se sitúan por encima del 4%, cuenta desde hace unos pocos meses con un comensal más, no precisamente invitado pero sí con autoridad y peso para sentarse a participar en el festín de la captación de ahorro de los españoles. Se trata del Tesoro Público, el principal emisor de títulos en el mercado español, que habitualmente no cuenta con demanda por parte de los inversores particulares en las habituales subastas que realiza, generalmente una a la semana, aunque en ocasiones (como sucede esta semana) con dos convocatorias en este periodo de cinco días hábiles, casi siempre los martes y los jueves.

Los inversores más habituales, casi exclusivos, de estas subastas son las instituciones, tanto españolas como extranjeras, aunque en las últimas semanas las extranjeras se han alejado, haciendo mutis por el foro, y se han estado descolgando del mercado español debido a las penalidades que sufren últimamente las entidades que compran deuda soberana de países periféricos. Los reguladores bancarios, las autoridades en suma, quieren someter a ajustes contables el valor de los títulos que compran las entidades financieras y la deuda soberana ha estado sometida a un duro castigo, que ha provocado el hundimiento de sus valoraciones. Por este motivo, entre otros, los bancos han ido ausentándose cada vez más de las subastas competitivas de deuda pública que se celebran en los países endeudados.

No está muy claro que esa actitud de los reguladores y de las autoridades sea muy correcta, ya que si castigan a los bancos que compran deuda pública habrá que ver qué solución de recambio ofrecen para que los Estados puedan financiarse correctamente. Lo cierto es que el mercado de deuda pública en Europa se ha ido compartimentando de forma gradual en los últimos meses hasta el punto de que las emisiones de deuda de cada país las están cubriendo cada vez más los bancos del propio país, no los foráneos, lo que crea limitaciones importantes a la hora de colocar el dinero que necesitan recaudar los Tesoros Públicos en las subastas.

Este martes, el Tesoro español subastaba títulos a corto plazo, Letras del Tesoro, a 12 y a 18 meses de amortización. Coincidía con emisiones lanzadas por Italia (ayer lunes) y Grecia (hoy martes). Por lo general, los países se han quedado con sus propias deudas, con escasez de participantes foráneos. En el caso español, la demanda ha sido muy intensa, pero se ha producido un fenómeno nuevo, la masiva afluencia de inversores particulares que han alcanzado cuotas bastante significativas, aunque difíciles de precisar ya que además de los títulos que piden los inversores particulares, estos compran otros más a las entidades que acuden a las subastas por cuenta de sus clientes. Pero entre los profesionales del sector se decía este martes que nunca, en muchos años, el activismo de los inversores particulares había sido tan acusado.

El interés de los particulares por la deuda pública puede tener diversas lecturas. Una de ellas es la de la seguridad, a pesar de que en los últimos meses el Tesoro español ha sido castigado con cierta dureza por las agencias de valoración de riesgo, rebajando la calificación de los títulos españoles. De alguna forma, la rebaja de calificación `preocupa menos al inversor particular, ya que invierte su dinero a vencimiento, es decir, no vende a mitad de camino de la vida de los títulos, cuando podría verse afectado por minusvalías, sino al término de la vida de las Letras y los Bonos, lo que quiere decir que cobra el cupón íntegro y recupera la totalidad del capital.

Otra de las lecturas, quizás la de más trascendencia, es la de que el Estado se ha convertido en un competidor agresivo en materia de tipos de interés, compitiendo abiertamente con los bancos por la captación de ahorro. La liquidez es un problema generalizado. Lo padecen familias, empresas y también los Estados, todos sumidos en un clima de desconfianza recíproca que ha reducido al mínimo los canales de financiación y los trasvases de capitales entre entidades y países. La liquidez vive una especie de estado de excepción.

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