Caffè Reggio

Para quienes desconozcan la historia, corrían nueve años de guerra de Grecia contra Troya y los helenos se mostraban incapaces de vencer la resistencia de la ciudad. Incluso Aquiles, uno de sus mejores guerreros, había dejado la vida en el empeño. Agotados, los griegos comprendieron la inutilidad de un ataque frontal y la necesidad de recurrir a una estratagema que les permitiera asaltar la ciudad desde dentro. Surge entonces la idea del Caballo que, presentado como una ofrenda a Atenea, fue aceptado como presente por los acosados. Al llegar la noche, los soldados griegos escondidos en su seno abrieron las puertas de la ciudad a sus correligionarios y Troya fue saqueada sin piedad.

Es fácil encontrar múltiples similitudes entre lo acaecido hace más de 30 siglos y lo vivido tras la Cumbre Europea que tantas alharacas ocasionó a finales de la semana pasada. Resulta difícil creer a estas alturas de la película que Papandreou no hubiera decidido antes de la misma, en contra por cierto del artículo 44 de su Constitución -que excluye tal posibilidad para temas fiscales y exige el voto favorable dos quintos del Parlamento de los que carece a día de hoy-, sobre la necesidad -social que no formal- de convocar a sus ciudadanos a un referéndum para ratificar un esquema de quita en su deuda, que amenaza con llevarse por delante su sistema público de pensiones, y la aplicación de una nueva ronda de desinversiones y recortes que provoque asfixia económica ciudadana y que buena parte de las joyas de la corona empresarial local terminen en manos foráneas.

Sin embargo, el primer mandatario heleno decidió, aparentemente, dar la callada por respuesta en las negociaciones de hace siete días, seguro de que el orgullo griego requería una respuesta sagaz, que pusiera en su lugar a aquellos que osaban cuestionar siglos de historia y tradición y les obligaba a desaparecer como estado “independiente” en el maremágnum de una Europa que ni ellos mismos se creen. Ofreció como regalo su voluntad de cumplir con el mandato explícito del resto de los gobernantes de la Unión en la seguridad de que, una vez se iniciaran las celebraciones de los “enemigos” ante tan postrer y trabajada victoria, terminaría de raíz con su sueño de “dominación” mediante la revelación de sus verdaderas intenciones.

La bomba de relojería que estalló a última hora del pasado lunes supone una verdadera declaración de los griegos sobre su futuro. Es evidente que, salvo manipulación flagrante del resultado, la oposición a la propuesta comunitaria sería, en caso de producirse, mayoritaria. Más aún cuando los ciudadanos de aquel país a duras penas pueden ver lo que les depararía el día después tras someterse a ella y conseguir los objetivos previstos (un 120% de duda sobre PIB en ¡¡¡2020!!! Tras nueve años de depresión, como en Troya, entonces… ¿para qué esperar?). Hace tiempo que dejaron de contemplar las exigencia de la llamada Troika, que une al Fondo Monetario Internacional y al BCE, como una oportunidad perdida de reconducir Grecia por la senda de la ortodoxia y la competitividad, como puede ocurrir en Portugal, Italia o la propia España.

La decisión es un no brainer para la mayoría de unos ciudadanos que han perdido la fe en sus socios, que se limitan a poner a buen recaudo sus ahorros como prueba la severa fuga nacional de depósitos y que han aprendido que mejor un mal dracma que un buen euro, si de mantener el statu quo se trata. Adiós, Europa, adiós. De elegir entre dos venenos, prefiero el propio. Está por ver cuál es el impacto final de la decisión real que subyace a esta propuesta de consulta popular formal que hay quien interpreta como una manera del Primer Ministro de despedirse a lo grande, alineado con el interés de sus votantes. Tanto si conduce a elecciones anticipadas como si sigue su curso natural, lo que está claro es que el acuerdo de hace una semana queda en suspenso. Once more… Y, mientras que algunos bancos de inversión a los que les va el negocio en ello hablan de un colapso total europeo, otros economistas como el propio Roubini afirman que el impacto será limitado. El riesgo es que se inicie, como en la Guerra de Troya, el saqueo de los vencidos. Italia está en el punto de mira. España espera después…

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Hace un año escribimos un post con tan osado encabezamiento en el que nos hacíamos eco de la difícil situación del empresariado español que contrata con la Administración ante la falta de pago de ésta en tiempo y forma, por una parte, y la impotencia para reclamar frente los órganos administrativos y jurisdiccionales por la amenaza de represalias, por otra. Doce meses más tarde la situación sigue igual o peor. Los últimos datos que se han filtrado hablan de cerca de 50.000 millones, cifra que, de confirmarse, supondría un 30% más de la reconocida hace un año. Un desastre que afecta fundamentalmente, de manera directa e indirecta, a pequeñas y medianas compañías y autónomos, base esencial del espectro privado nacional.

Ahora que se inicia un proceso electoral, se hace más perentorio que nunca abordar esta cuestión. No hay que olvidar que, en este periodo, se ha incrementado sustancialmente el endeudamiento público para cubrir, como ha quedado demostrado, necesidades de carácter corriente y asistencial. Nuestra propuesta siempre ha pasado por una emisión ad hoc que permita liquidar el saldo pendiente. El efecto multiplicador que una medida como ésta tendría superaría con creces cualquier ayuda puntual que se quiera hacer a la ciudadanía. Permitiría que, a su vez, hicieran frente a los pagos a sus proveedores, conservar empleo -y mejorar la recaudación por IRPF, IS y cuotas sociales a la vez que se reducen las prestaciones-, favorecer el consumo -con un impacto positivo sobre el IVA-, facilitar la liquidación ordenada de las deudas de los particulares, reducir costes financieros de las corporaciones por financiación de circulante, evitar la fuga de talento a otros estados, invertir en I+D+i y así sucesivamente.

Me van a permitir que les recuerde lo que escribíamos el 12 de octubre de  2010. Desafortunadamente, poco o nada ha cambiado. Mensaje que queda para el gobierno entrante. Feliz y corta semana a los que han  disfrutado del Puente de Todos los Santos, a los que por cierto, falta hace encomendarnos. Vaya que sí.

“En recientes conversaciones con amigos y conocidos vinculados a la economía real se repite un lamento recurrente: el impago por parte de las Administraciones Públicas de las facturas emitidas contra ellas. Un hecho que está provocando la asfixia financiera y el cierre precipitado de muchos negocios, con independencia de su tamaño: desde pequeñas contratas municipales a gabinetes médicos privados que aliviaban las listas de espera de la Sanidad Pública Regional; de grandes proveedores de equipos informáticos a constructores de infraestructuras. Nadie se libra.

Me dirá alguno de ustedes que a buena hora McCoy se cae del guindo, que el problema es recurrente desde hace tiempo. Cierto. Pero se ha producido en los últimos meses una novedad esencial: del mero retraso, excusado o no, en el pago a proveedores del pasado reciente, se ha pasado al terrible reconocimiento de la ausencia de fondos para hacer frente a lo debido. De donde no hay no se puede sacar y el poco dinero disponible se dedica a hacer frente a los gastos corrientes imprescindibles, léase plantilla y suministros básicos (agua, luz y teléfono). Una situación trágica para muchos empresarios de la que se desprenden dos grandes cuestiones y un deprimente corolario final.

1. Sobredimensionamiento de la Administración que implica ineficiencia, es decir: ineficacia y derroche o exceso de gasto superfluo. El saco de lo “corriente” es demasiado grande en un entorno de recursos escasos como el actual, lo que exige su pronto adelgazamiento. ¿Cómo? Dejando a un lado los aspectos relacionados con la recaudación fiscal, cuestión a la que dedicamos el post de hace un par de lunes,  se me ocurren a bote pronto las siguientes iniciativas: reducción del número de ministerios, consejerías y concejalías; eliminación de dualidades administrativas con las Comunidades Autónomas; concentración de Ayuntamientos; minimización de cargos de confianza; adelgazamiento de las plantillas de funcionarios a todos los niveles; racionalización del patrimonio inmobiliario; informatización de las gestiones administrativas e integración de bases de datos para mejorar la información cruzada; potenciación de los servicios de video y teleconferencia; sustitución de concursos por subastas telemáticas en los contratos de aprovisionamiento cualquiera que sea su importe; privatización y/o reconversión de infraestructuras ineficientes y así sucesivamente. Adecuación de estructura y operativa a los tiempos que corren de escasez y virtualidad.
2. Fomento de la actividad productiva a través, no tanto de la adopción de medidas de carácter arbitrario y/o populista sujetas a tutela pública –como los 6.000 millones de menor recaudación de los infames 400 euros o el dispendio de 8.000 millones del Plan E, en total un 1,3% del PIB-, sino mediante el pago en tiempo y forma, de acuerdo con la Ley de Morosidad de reciente modificación que pretende reducir el periodo de abono a 30 días en 2013, de lo adeudado a los proveedores privados. En un momento de incertidumbre con la actual, en el que coinciden la trampa de liquidez con la paradoja del ahorro, se trata de una de las pocas vías válidas para conseguir que el dinero tenga un efecto multiplicador sobre el conjunto de la economía y, por ende, sobre la confianza de los ciudadanos en la misma. Estábamos hablando, a principios de julio, de 38.000 millones de euros, más de dos veces y media el importe de las dos iniciativas antes mencionadas. ¿Qué hubiera pasado si en lugar de dedicarse el Gobierno y el resto de las Administraciones a dar migajas financieras y/o a habilitar nuevas y absurdas instalaciones -cuyo coste recurrente a futuro será inabordable para los presuntos beneficiados-, hubiera dedicado tales fondos simplemente a saldar lo debido? Nunca lo sabremos, pero visto el resultado a día de hoy de sus ocurrencias, parece fácil intuir que había bastantes papeletas de que el desenlace fuera distinto y… sustancialmente mejor.

Queda, por último, la penosa conclusión, que enlaza directamente con el encabezamiento de este post, cita literal de un interlocutor cercano, empresario en dificultades para mantener a flote su negocio, precisamente, por el impago, en este caso, de la Comunidad Autónoma en la que está presente. Ante mi pregunta de por qué no se acoge a la literalidad de la Ley que faculta la reclamación administrativa, primero, y judicial después de lo facturado, importe principal más los correspondientes intereses de demora, una respuesta absolutamente desoladora. “¿En qué país te crees que vives, macho? Aquí el que se mueve no sale en la foto. Pero no ahora, sino por los siglos de los siglos. Ay de aquél a quien se le ocurra. ¿Conoces a alguien que haya recurrido a esta vía? Yo tampoco. No merece la pena si quieres optar el día de mañana a un contrato público o a una subvención. Este es un país de despachos, no de derechos. Somos empresarios cogidos por los huevos de unos políticos que muestran todas sus bondades de cara a fuera y toda su miseria en la gestión de los recursos de todos. Esa publicidad negativa no la van a tolerar. No seas soñador. Puedo sacrificar el presente pero no condenar mi futuro”. Y ante eso… ¿qué más puede uno añadir? Pues eso. Se abre el foro para que puedan contar su caso”.

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(Actualización de las 10.30. Acaba de confirmar BBVA en su Conference Call sobre el particular que la espita a la que hemos hecho referencia en este post ya ha sido abierta por la European Banking Association o EBA que extiende el ajuste en valoración de los títulos cotizados para el cálculo de las necesidades de capital de nuestras entidades a los loans & receivables, préstamos y derechos de cobro en balance que la banca española tiene con las AA.PP. Insisto, es lo que tiene ceder en lo “seguro”, que puede abrir cajas de los truenos como ésta. Y eso que el ajuste preliminar, 3%, es modoso para el riesgo real que tienen).

No hay nada como hablar con unos y otros para pulsar el sentir general de un determinado sector. La banca española está deprimida. Pone un circo y le crecen los enanos. Se siente abandonada por el ejecutivo, condenada por la sociedad, herida por un entorno terrible y apuntillada por la presión internacional, que busca cabezas de turco que distraigan la atención. No entiende que, a estas alturas de la película, tenga que pelear porque se incluyan las obligaciones necesariamente convertibles en las ratios de capital o que la provisión genérica quede al margen del cómputo de solvencia cuando no deja de ser una protección frente al deterioro del patrimonio neto. Tampoco se explica que les quieran obligar, mediante la captación de recursos reales, a hacer frente a un ajuste contable del valor de sus posiciones en deuda soberana española, que aún cuenta con un rating de doble A y que acumularon incentivados por el propio Gobierno y la financiación barata del BCE. Pena, tengo pena…

Es precisamente la concreción final de esta última propuesta la que están siguiendo los banqueros con mayor atención. No solo por las obligaciones que lleva aparejadas en términos de captación de recursos y reducción de tamaño del balance, sino por las implicaciones que tiene para otros elementos del activo.

Y es que –piensan- puede ser que a algún iluminado se le ocurra hacer un recorrido por nuestras entidades financieras y descubrir partidas equivalentes a las carteras de renta fija pública en términos de deudor final, Administración Pública en sus distintos escalones; ausencia de consumo de capital para el cálculo de la ponderación por riesgo; o exclusión de cualquier tipo de contingencia asociada a su evolución futura por el falso motivo de que los gobiernos siempre pagan. Un axioma que solo es válido para aquellas naciones que controlan su política monetaria y, por ende, son dueños de la maquinita de hacer esos papelitos con teórico valor fiduciario llamados billetes. Pero no para las que han delegado tal potestad en un tercero sometido al yugo de un estado fuerte de circunstancias económicas antagónicas a quien necesita tal tabla de salvación, léase BCE-Alemania. Un genio el supervisor.

Pues bien, a cierre del pasado mes de agosto, la banca española era titular de 86.670 millones de euros en créditos concedidos a las Administraciones Públicas. Para las lumbreras de Basilea, responden a las características de solvencia teórica plena y ausencia de provisiones a las que hemos hecho referencia con anterioridad. Así lo entienden los bancos y cajas: apenas 400 son contabilizados como dudosos de acuerdo con el Cuadro 4.99 del Boletín estadístico del Banco de España. Su volumen total supone menos del 5% de la financiación concedida al sector privado de la economía. Pero que tiene a las instituciones patrias en un sin vivir.

Y es que buena parte de los destinatarios finales de dichos fondos son entes regionales y locales cuyas finanzas distan mucho de ser las más saneadas a día de hoy. Cuando carecen del dinero necesario para pagar servicios básicos como la sanidad o la limpieza, pensar que van a hacer del abono de lo debido a los bancos una prioridad es ilusorio. De hecho, tras doblar la exposición en importe desde finales de 2007 a abril de este año -frente al estancamiento de la actividad con particulares- se percibe un estancamiento en los últimos meses (Cuadro 4.1). El cierre del grifo administrativo está en el origen de los llamados “bonos patrióticos”, comercializados entre sus clientes a cambios de jugosas comisiones por… esa banca que no quiere tal posición en su balance. Pena, tengo pena…

¿Qué valor tienen dichos créditos? Aceptemos como válido, por más que sea discutible, que es razonable aplicar un recorte a las posiciones de bonos españoles en el balance de nuestras instituciones. En términos puramente intelectuales da igual que sea del 2% o del 20%, no así a efectos prácticos obviamente. Lo importante es la aceptación colectiva de que no se trata de un valor seguro. Vale.

Si el criterio es correcto para títulos con garantía estatal, líquidos y con cotización diaria, sujetos a la protección más o menos acertada de unos seguros de crédito que también se negocian en los mercados, cuánto más para ese otro riesgo ilíquido y desguarnecido que depende de deudores que en ocasiones ya se han declarado en bancarrota, cuyas posibilidades de cumplimiento en tiempo y forma son más que limitados y para los que el aval tradicional del estado no tiene valor, tal y como queda acreditado en la discusión primera sobre la capacidad de éste para hacer frente a sus pagos (el desglose por regiones es recogido por el Cuadro 4.29, Cataluña se lleva la palma).

En algún despacho comunitario podrían pensar, en un momento dado y como quien no quiere la cosa, que siendo así estaría justificado aplicar a esos 86.670 millones (de los que 2.400 corresponden al ICO, Cuadro 4.11) un recorte a la griega del 30%, para empezar. Simplemente haciendo una extrapolación de lo que ha estado sobre la mesa de los líderes europeos a las características de estos créditos. Y a más de uno le parecería poco. Con toda seguridad el argumentario para este ajuste sería mucho más extenso y razonado del que se proponía para bajar el valor de la deuda soberana ya en mercado.

Un cambio de este tipo supondría, para las cuentas de las entidades, alrededor de 26.000 millones de euros, esto es: un 11% del capital y reservas del sistema a agosto (232.014 según el Cuadro 4.7). Y vuelve a remar otra vez, querido banquero. Recapitaliza que algo queda. Y es que determinadas concesiones, por nimias que sean, pueden abrir la puerta a consecuencias indeseadas. No aprenderán. El rezo del Virgencita, virgencita que me quede como estoy se ha convertido en letanía bancaria de moda. Necesitan un milagro para que así sea. No parece que vayan a dejar que ocurra. Pena, tengo pena, pena de perderte…

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Grande Eugenio, humorista entre humoristas de una generación. Capaz de envolver la risa en los vendajes de la seriedad más absurda, inseparable cigarro en mano. No he podido evitar evocarle al conocer que los “líderes” europeos habían llegado a un acuerdo “definitivo” para solucionar los problemas de Europa a las cuatro de esta misma madrugada. Saben aquel que diu que va uno y le dice a otro, “oye hay 27 tíos que han ido a una Cumbre, veintisiete, se han reunido nueve horas, 540 minutos, a 20 por dirigente, y han sido capaces de resolver los problemas de la Unión. Para que veas”. “Qué bueno tú”, le contesta el aludido, “y eso ¿en qué cine lo echan?” Porque visto de manera objetiva, y con una cierta distancia, suena a ciencia ficción. Más después de que se hubieran cancelado previamente los trabajos preparatorios del Ecofin o reunión de los ministros de finanzas de los distintos estados miembros.

Aún así, la rimbombante declaración institucional, sin escapar a su tradicional remedo de una proclamación de intenciones inconclusas, aterriza de manera “positiva”, a la espera de detalles clave, en cuestiones específicas como…

… el problema griego, quita voluntaria (¡tomá!) del 50% de una deuda que en su versión española califica de “virtual” (¡tomá, tomá!) y que fija un objetivo sostenible de deuda en el 120% del PIB heleno (¡tomá, tomá, tomá!);

… el modo de ampliar el fondo de rescate, pendiente de cuestiones técnicas tan “nimias” como quién pone la pasta (ups), que da por buena su conversión en el más grande hedge fund institucional de la Historia, 20-25% recursos propios y hasta 75-80% ajenos, hasta 1,4 billones de euros en total (glaps), deuda sobre deuda sobre deuda (más madera);

… o los mecanismos para garantizar el gobierno y la estabilidad presupuestaria en la Eurozona, decálogo curioso de gobernanza que figura como primer Anexo al texto preliminar (la parte contratante de la primera parte…).

Nuestro “gozo” en un pozo, sin embargo, cuando de abordar el “paquete bancario” (Anexo II) se trata, única concreción real. Todo un compendio de incompetencia, incongruencia e inconsistencia a partes iguales.

Y es que no hay por donde cogerlo. Yendo de lo específico a lo genérico. Se obliga a la banca a subir la ratio de capital al 9% y al mismo tiempo se afirma que dicho hecho “no cambia los requisitos regulatorios fijados por Basilea III” (Q&A de la EBA). ¡Pues cómo lo disimula! Sigamos. El documento insiste que es una medida encaminada a “limitar las acciones de desapalancamiento de la industria (…) para que se mantenga el flujo de crédito a la economía real y los niveles actuales de exposición (crediticia) de cada grupo”. Vamos a ver, ¿no estábamos todos de acuerdo en que el principal problema de la banca era, precisamente, el apalancamiento?, ¿y que la mejora de la solvencia iba encaminada, precisamente a corregirlo? ¿Cómo se puede mejorar un indicador relativo si la referencia con la que se compara, activos ponderados por riesgo, tiene que seguir creciendo, es más, cuando se endurece su consumo de capital imputándole potenciales pérdidas contables? Me lo expliquen.

No solo eso. La exigencia se realiza con base “a unas circunstancias excepcionales y temporales”, que son las que provocan el ajuste a la baja del valor en el balance de la deuda soberana de algunos estados miembros y la necesidad de un colchón de recursos propios adicional. Un hecho que, a juicio del supervisor europeo, no supone “una nueva ronda de stress test”. Vaya, como si el cambio de percepción fuera ajeno a la realidad macro del “damnificado”. De verdad que…. Pues bien, se da la paradoja de que, si las aguas vuelven a su cauce y hay que desandar el camino andado de las potenciales pérdidas ligadas a deuda soberana o créditos a la Administración, la banca se puede encontrar sobrecapitalizada. Se le habría obligado a captar fondos en el peor de los momentos en términos de dilución y coste para nada. ¿Y entonces? Nunca está de más, estoy de acuerdo, pero en la balanza entre la conveniencia y la consistencia debería primar siempre la segunda, especialmente cuando se trata de entidades privadas. Si queremos pisar callos hagámoslo de verdad y eliminemos la incertidumbre. El inmobiliario en el balance de nuestras instituciones financieras sigue esperando.

Acabo. Es el sino de Europa incapaz de pasar de las musas al teatro sin armar un guirigay de cuidado. Vean si no el caso de las obligaciones necesariamente convertibles en el tema que nos ocupa. Que no, que sí; que si están ya no, pero si son canjeables antes de octubre de 2012, sí; que si las emites ahora sí, pero tienen que cumplir unas condiciones, ¿eh? Cuelga tú; no, anda, tú. No tú… Enajenación mental permanente, se llama esto, en el caso europeo. Grecia o la banca son cuestiones que han estado encima de la mesa desde que estalló la crisis, con dos cualidades asociadas: credibilidad y transparencia. Por su escasez, no por su abundancia. No ha habido lo que hay que tener para afrontar ambos problemas con inteligencia y determinación, mejor una vez rojo que cien colorado. Y así nos va. Ahora llegan las prisas, que son siempre malas consejeras, y las soluciones de emergencia que no son más que parches, por grandilocuentes que parezcan. Europa y sus desavenencias internas se están convirtiendo en el hazmerreir mundial, para gozo de sus competidores. Saben aquel que diu…

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El nivel de idiocia de un gobernante es directamente proporcional a su incapacidad para solucionar en tiempo y forma los problemas que se le plantean. No es algo tan evidente. Cuando el ciclo acompaña, su estulta condición puede mantenerse oculta durante meses. O incluso años. Sin embargo, la incapacidad es como las hormigas. Por mucho que te empeñes en condenar su nido, antes o después acaban saliendo a la superficie. Algunos dirigentes son verdaderas fuerzas de la naturaleza en tal sentido. Hasta en el mejor de los mundos posibles, manifiestan su torpeza. Abundan los ejemplos. Desgraciadamente, no es ése el entorno actual. La revelación de vergüenzas está servida.

La severidad, en duración y profundidad, de la crisis obliga a los políticos, para su desgracia, a hacer impúdico alarde público de su limitación intelectual para comprender las cuestiones, de su falta de valentía en la toma de decisiones y de su escasa determinación para las concreciones. Ocurre, además, que el sistema -nacional, europeo y mundial- ha condenado a tales sujetos al gregarismo como vía para resolver lo que está encima de la mesa. Y es entonces cuando -uno más uno es mucho más que dos- el estupefacto ciudadano contempla un verdadero Festival del Disparate en el que la ocurrencia más absurda es asentida primero, aplaudida después y defendida en último término por cada uno de ellos, con incomprendida convicción eso sí, ante sus votantes.

La última criatura se está gestando en esta Cumbre Europea y supone un salto del Sálvese quien pueda individual -que tantas horas de vuelo y gastos de hotel ha supuesto para las arcas de, por ejemplo, España- a un impúdico Rescaten a la Unión, sin que nadie en su sano juicio se haya parado en las consecuencias de la propuesta de materialización de tan desesperada interpelación. El Comando Desastre en plenitud de facultades. Témanse lo peor.

En efecto, aparentemente, y con objeto de reforzar el Fondo de Rescate (EFSF), cobra fuerza la posibilidad de una apelación a los fondos soberanos de los mercados emergentes como alternativa o complemento a su apalancamiento vía el BCE, a su utilización como aval de las emisiones de los estados en peor situación, especie de monoline o asegurador de crédito defendido en Valor Añadido desde hace meses, o a una mezcla de ambas. Así de claras están las cosas antes de la segunda sesión de tan magno evento. Para ello se crearía un vehículo especial cuyo pasivo serían los recursos de estas naciones, BRICs principalmente pero no solo, y el activo títulos de aquellos países en dificultades para financiarse.

Si estaban las cosas ya de por sí “fáciles”, vamos a complicarlas un poquito más. A los problemas operativos que tal iniciativa plantearía, se unen a bote pronto varias reflexiones:

Una, supone un intento más de resolver lo inmediato –asegurar la refinanciación de vencimientos próximos- sin abordar de una vez por todas reformas esenciales que permitan a Europa asegurarse su futuro. Todavía el Clan de la Improvisación no se ha enterado que hay que refundar la UE. Estamos hablando de liderazgo, de financiación conjunta y Tesoro único, de armonización competitiva, de visión estratégica, de redefinición del papel del BCE, de transparencia y credibilidad. La idea de acudir a terceros suena, de nuevo, a patada a seguir con innumerables consecuencias prácticas negativas, como veremos a continuación.

Dos, es evidente que, de aprobarse la moción, supone una cesión de soberanía en toda regla. El Club de la Ignorancia es incapaz de ver que quien tiene la deuda tiene el poder, capacidad de presionar o adjudicación final de activos. No hay en el mundo financiero inversión de riesgo sin contrapartida suficiente. La entrada de China en la Organización Mundial de Comercio o su participación preferente en procesos de nacionalización o en sectores estratégicos son dos de las alternativas que se han deslizado ya desde la otra orilla. Solo de este modo se podría salvar su negativa anterior a ayudar a quienes se lo han solicitado individualmente, Zapatero incluido. (WSJ-Heard on the Street, Europe´s High Price for China´s Friendship, 24-10-2011).

Alguien podrá afirmar que la dependencia de Estados Unidos del dinero asiático es similar, reciclado de divisas por productos. Sin embargo, su concepción única del estado, su flexibilidad económica y su independencia monetaria y cambiaria juegan a su favor. Ahí sigue con su liderazgo mundial. Por cierto, interesante artículo esta semana de Ambrose Evans-Pritchard en The Telegraph sobre el particular (World Power Swings Back to America, 23/10/2011).

Tres, la cesión sería aún más humillante si se confirma que la letra pequeña del potencial acuerdo incorpora, como parece, el compromiso del propio EFSF de cubrir las primeras pérdidas que estos fondos pudieran sufrir en el caso de una hipotética quita de la deuda soberana adquirida, suerte de equity tranche. Adding insult to injury que dirían los ingleses. Sea o no cierto -en esta ceremonia permanente de la confusión todo es posible- la llegada de estos particulares socios solo traería una mayor desafección de la ciudadanía comunitaria respecto al proyecto europeo. Éste necesita convencimiento de su utilidad de puertas adentro y fortaleza en la defensa de los intereses comunes allende las fronteras de la Unión. Tanto lo uno como lo otro quedaría en entredicho con una propuesta como la que puede ser objeto de definición ahora y concreción en la reunión del G-20 del primer fin de semana de noviembre, cuán largo me lo fiais. Cuidado.

Así están las cosas y así se las hemos contado. Pinta mal. Pero no porque no haya soluciones potenciales sino por la falta la voluntad para imponerlas. Nos quejamos de los oídos sordos de la casta gobernante española al clamor de reformas estructurales. No tenemos el copyright de las lamentaciones. Ahí fuera han seguido el mismo modelo de pan para hoy y el que venga después que arree. Las cuestiones de fondo, para otro momento. El tiempo se acaba y estamos como la ardilla de Ice Age, poniendo parches a una grieta que cada vez es más grande. Huele a catástrofe. Pero no se apuren. El peregrino ideario del Comando Desastre aún tiene disparates en la chistera para sorprender a su atónita audiencia. No lo duden.

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Hay quien dice que la operación de Popular y Pastor no es un rescate del segundo por el primero, sino la articulación de un mecanismo de auxilio mutuo por el que la entidad gallega diluye su agujero patrimonial en las cuentas del comprador mientras que éste se hace con un equity story de restructuración e integración que vender al mercado en los próximos dos años, modo de disimular la crisis. Sin nada que esperar por la parte de arriba de la cuenta de resultados en el futuro mediato, la fusión permite al engordado banco centrarse en eficiencia y rentabilidad e ir, con esta excusa, más allá de lo estrictamente necesario y socialmente aceptable. Ocasión que ni pintada para hacer limpia sin reproches. Un motivo de alivio común en un momento crítico para la banca doméstica española, colectivo que toma buena nota de las ventajas del acuerdo. Entre los alumnos más aplicados, obligada a hacer algo más antes que después, la sempiterna Caixa.

Los resultados de la firma catalana del primer semestre del ejercicio, publicados el uno de agosto, ponen de manifiesto que no es ajena al deterioro de márgenes ni a la merma de retorno que está condicionando la actividad de aquellas instituciones con presencia eminentemente local. En efecto, las cifras muestran cómo su diferencial positivo entre rendimiento del activo y coste del pasivo, que asciende a 1.543 millones de euros, es inferior a los gastos de explotación del banco de reciente creación, que suman 1.772 millones. Solo unas comisiones por definición cíclicas pero sorprendentemente estables (+772), la contribución de Repsol y Telefónica (+686 entre dividendos y consolidación) y los extraordinarios de la venta del negocio de seguros a la Mutua (+633)  permiten salvar los muebles tanto de tal desequilibrio como de las necesidades de provisionamiento que el deterioro del balance lleva aparejadas. Su baja tasa de morosidad (del 4,3% vs 6,5% a junio del sector), no impiden que se doten, en los primeros seis meses de 2011, 1.393 millones de euros.

Con más de 5.200 sucursales a lo largo del territorio nacional -el doble que el nuevo grupo- se hace perentorio para la compañía dirigida por el dueto Fainé-Nin el llevar a cabo una transacción de alcance, más allá de fuegos de artificio más o menos dirigidos políticamente como la compra del negocio bancario de Bankpyme o la integración en un momento dado de Unimm, de llegar a producirse. Existen dos corrientes dentro de la casa. Una, la liderada por el teórico primer ejecutivo, pasa por una integración con Sabadell, aprovechando el conocimiento que tiene de su antigua casa, de la que salió siendo consejero delegado en junio del 2007, y su cercanía a un núcleo duro de ilustres familias catalanas accionistas, apalancadas y cabreadas, que están empujando el acuerdo ante un Oliú que, siendo hasta ahora el principal obstáculo para la operación, parece no vivir sus mejores momentos. Momento de debilidad que quiere aprovechar el ex directivo para hacerse con su antiguo empleador, venciendo la reticencia de quien se sintiera traicionado por su mano derecha cuatro años atrás.

Se trataría de un acuerdo que permitiría mejorar la rentabilidad del negocio y obtener notables sinergias locales, si bien con un elevado coste social en términos de cierre de sucursales y despidos. En el momento actual es lo que menos parece importar. El esquema podría ser el mismo que en el caso Popular-Pastor. Intercambio accionarial con prima para covencer a los socios de la adquirida (uno capitaliza 13.000 millones vs 3.600 del otro), ajustes de fusión contra recursos propios e impacto limitado en solvencia que, en el caso de La Caixa, supera con creces el mínimo requerido (11,3% de core capital a 30 de junio gracias, entre otros, a 1.500 millones emitidos de esa ratonera en la que se han convertido los bonos necesariamente convertibles, que se lo digan al Santander o al propio Popular). Con objeto de paliar el exceso de catalanidad del conjunto, o como alternativa en caso de yerro en el tiro, seguiría en el punto de mira, a la espera de lo que decidan los ingleses, la masa de clientes affluent de Barclays con la que a Nin no le disgustaría repetir una operación similar a la que en su día realizara con la banca patrimonial de Morgan Stanley. ¿Demasiado? Depende si se mira la alternativa.

Y es que Fainé, por su parte, pasa de entretenimientos y se encuentra a la espera de que caiga la pieza mayor. Esa que tiene apellido de 230.000 millones en activos y que responde al nombre de Bankia, a la que más que dobla en valor bursátil. No se trata de ciencia ficción sino de una posibilidad cierta. En Barcelona ya saben que los problemas de la mayor fusión de cajas no han hecho sino comenzar, ahora que tiene que defender una cuenta de resultados trimestralmente sin demasiado jamón que cortar. Rato hace tiempo que tomó conciencia de que darle la vuelta al negocio es una tarea titánica que a duras penas podrá desarrollar sin un troceo de la entidad, liquidación de carteras de activos y/o de unidades de negocio. El hecho, además, de que su problema sea más de financiación que de solvencia, le sitúa en una posición muy vulnerable que el primo de Zumosol catalán podría ayudar a subsanar. A las sinergias potenciales derivadas de una cuota de mercado retail en España del 22%, habría que añadir a las ratios de hoy un fondo de comercio negativo que abarataría sustancialmente el deal, siguiendo la argumentación empleada por Angel Ron. Modo de compensar la mayor dilución.

¿Y qué tiene que ver el 20-N con todo esto? El desenlace de las elecciones va a ser fundamental para que se concrete una u otra estrategia. En el caso de que haya una servidumbre del PP a los votos de CiU, la apuesta de Nin sería la que se llevaría el gato al agua toda vez que el discurso regional cobraría renovada fuerza. No habría lugar a una desafección banca-gobierno locales. Por el contrario, si Mariano Rajoy se hace con la mayoría absoluta, el pragmatismo de los gestores de La Caixa les llevaría a explorar la segunda, y en apariencia disparatada, opción. Una transacción definitivamente rupturista que se vendería al recién llegado al sillón del ejecutivo como única solución al principal riesgo del sistema financiero español. Nosotros o el abismo. Y daría salida digna a un Rodrigo desairado ante el que se vislumbra como banquero del régimen, Francisco González, méritos azules propios y errores rojos ajenos. A cambio del nihil obstat, Fainé y compañía facilitarían la entrada de BBVA en su zona de influencia, allanándole el camino para la compra de Caixa Catalunya, y tendrían algún gesto significativo con el nuevo gobierno. Servirle en bandeja de plata la cabeza de aquél que se olvidó a quién le debe su presente podría ser una opción cierta. O no.

Buena semana a todos.

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El factor “t” de tiempo es esencial en esta vida. Tanto para poner las cosas en su sitio como para interpretar el porqué de determinados sucesos. La coincidencia temporal resulta fundamental para hacer juicios de intenciones. Aún a riesgo de que se prueben erróneos. Sin ella quedan desvirtuados. Pongamos un ejemplo. Este fin de semana hay cumbre europea, ¿no? Y en ella se va a debatir la ampliación del fondo de rescate, mayor dotación, apalancamiento o uso como aval, ¿verdad? Y una recapitalización obligatoria de la banca para hacer frente al menor valor de la deuda soberana, ¿no es así? Y se sabe que al final esta fiesta la pagará, salvo mejor opción, el de siempre, ¿alguna duda?

Pues bien, ayer jueves, cuatro días antes del encuentro, con la prensa germana anticipando un posible retraso en su celebración por falta de acuerdo entre los socios comunitarios, va el vicecanciller y responsable económico alemán, Phillip Rösler, y lanza la cuarta bomba informativa del día, a añadir a las de ETA, Gadafi o Sacyr: el PIB de Alemania crecerá un 1% en 2012 frente al 1,8% previsto con anterioridad. ¡Qué oportuno! Para tratarse de un pronóstico bianual elaborado por el departamento que dirige, el timing no puede ser más oportuno. Pará qué esperar al lunes, total… La injuria de la predicción, unida al insulto de la incertidumbre, hizo que se desplomaran las bolsas de la Eurozona. Genial.

Cualquiera que sepa leer entre líneas entenderá el mensaje: “oiga, tampoco estamos para tirar cohetes, no nos pidan más de lo que podemos dar“. ¿De verdad? El diablo –y la aparente falacia- está en los detalles. A saber: la locomotora europea crecerá este año un 2,9% frente al 2,6% previsto con anterioridad. Teniendo en cuenta que el mundo está parado desde el verano, sorprende tal revisión al alza, ¿no creen?. Salvo hecatombe, el escenario no tiene por qué ser muy distinto en los próximos 14 meses. Además, señala el informe que “la cartera de pedidos de nuestras compañías sigue al 100% y muchas industrias trabajan a pleno rendimiento”. ¿En qué quedamos? La justificación para el recorte de estimaciones es que “se ha ralentizado el ritmo de expansión”. Vaya, ya quisiéramos por aquí una cuita similar. Más cuando la previsión oficial alemana es de cuadratura del círculo: desaceleración, sí; pero creación de empleo en 2012 también. Paro previsto del 6,7% contra el 7% actual.

Entonces, ¿por qué el miedo? Razón oficial, “el crecimiento en lo que queda de este año y el que viene vendrá exclusivamente por la demanda interna”, tradicionalmente lánguida. Añaden, el incremento de las exportaciones será de un 3,5%, lejos del 7,5% de 2011. Europa sufre y con ella dos terceras partes de las ventas foráneas de la nación, excusa formal. Pero Francia es su primer destino comercial en la zona, y parece sólida… de momento. Holanda el segundo, y también. El cálculo incluye Suiza y los países escandinavos, más protegidos. Su exposición a emergentes ha crecido en los últimos años, China incluida. Y si el euro existe, pequeño matiz, y se debilita su tipo de cambio con la crisis, la competitividad del país aumentará. Estima el FMI que el actual superávit por cuenta corriente de Alemania se mantendrá en 2012. Eso implica un aumento proporcional de las importaciones. Si el sector industrial exportador se resiente, parece difícil que así sea. No sé, demasiado incongruente a priori todo.

Aunque el nuevo pronóstico coincide con el aventurado por otros institutos privados del país, el momento en que se hace público y el discurso tan contradictorio que lo acompaña lleva a pensar que aquí hay alguien que quiere ponerse la venda antes de la herida por lo que pueda pasar. Aun a riesgo de ahondar en esa sensación de colapso implícita en el revisado escenario oficial. Al discurso formal de estabilidad, une el mensaje subrepticio de no a cualquier precio; a la voluntad de mantener viva la llama comunitaria, el deseo de que no sea a costa de un esfuerzo similar al de la integración de sus vecinos del Este; al liderazgo aparente, la cautela propia de quien se juega su continuidad en el gobierno. Soplar y sorber, dicen algunos. El domingo lo veremos. Así están las cosas en esta Europa que sigue despertándose sobresaltada de su sueño de unidad.

Buen fin de semana a todos.

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Existe una suerte de efecto Dinio que está abduciendo las posibilidades intelectuales de buena parte de la dirigencia internacional en general y de la UE en particular. La noche les confunde y el día para qué contarles. Viven en una permanente contradicción que les lleva a pedir una cosa y la contraria sin apenas solución de continuidad. Da igual signo político y ubicación geográfica. Al primar el interés electoral y no el general, lo importante es el momento y no la consistencia. Ya saben. De coherencia no vamos a hablar que lleva Curro un buen tiempo buscándola en el Caribe.

En los últimos días las autoridades comunitarias han rizado el rizo. A través de la exigencia de mayores ratios de solvencia, entre el 7% y el 9% frente al 5% de los stress test, y del ajuste a la baja del valor de la deuda soberana de los países de la Europa Periférica, se obliga a la banca, para cumplir con los nuevos requisitos de fortaleza financiera, bien a actuar sobre el numerador o core capital –a través de la captación de fondos o la consolidación de beneficios-, bien a hacerlo en el denominador, activo ajustado al riesgo –disminuyendo su tamaño-. O sobre ambos a la vez. Unas medidas irracionales, en cualquier caso. Y es que son múltiples las paradojas y círculos viciosos que de ellas se desprenden. Están locos estos europeos…

Uno, hay una resistencia de la banca a ampliar capital a estos múltiplos y de los inversores a comprar títulos del sector dadas las incertidumbres que pesan sobre él. La contracción de los parámetros esenciales de la industria está provocando una minoración sustancial de resultados. Cerradas las dos vías de refuerzo de solvencia tradicionales, y denegado el cómputo de convertibles o genérica, ¿qué hacer? Acudir a los estados, grandes deudores en el marco internacional. Su aterrizaje en los términos requeridos deterioraría aún más la percepción sobre su posición financiera. Nuevo ajuste a la baja de la valoración de sus emisiones y vuelta a empezar. A ver quién es el guapo que rompe este bucle. Acudir al fondo supranacional plantearía no pocos problemas de titularidad y soberanía. Complicado.

Dos, se exige a las entidades financieras más fondos propios por el posible quebranto de unos valores públicos en su balance que, sin embargo, siguen con ponderación cero en el cómputo del riesgo por parte del supervisor. Así se desprende de las normas de Basilea. Curioso. No se actúa, como debiera ser, sobre el activo sino directamente sobre el capital real, que sufre el impacto de unas pérdidas contables calculadas, además, para un escenario estresado de incierta materialización a vencimiento. Lo lógico sería que se modificara, en función del rating, el consumo de recursos de la deuda soberana, modo razonable de tener en cuenta el riesgo global del balance de cualquier entidad. ¿Por qué no se ha hecho así? Toca penalizar a los de siempre.

Y tres, no solo eso, si damos por válido que el criterio de aquél que fija las reglas es susceptible de ser alterado en función de la arbitrariedad política y sus oscuros intereses, apaga y vámonos. Cualquier observador podría concluir que lo que ha ocurrido con la renta fija pública es extrapolable al resto de los componentes del activo de la banca. Y exigir entonces, que es hacia donde nos dirigimos, que para hallar el nivel mínimo requerido de capital se elimine el ajuste por la incertidumbre asociada a cada partida y se obtenga por comparación con tamaño total del balance. Un supuesto que, en caso de materializarse, llevaría a una conclusión ya advertida en alguna otra ocasión en Valor Añadido: el sector está quebrado. Vaya por Dios.

Así está el patio. Esquizofrenia política colectiva en cuya cima se sitúa esa constante apelación a la reactivación del crédito que propuestas como las descritas hacen inviable. Más bien al contrario. Vistas las dificultades para recapitalizarse, la manera más rápida y “limpia” que tienen las instituciones financieras para mejorar sus ratios es liquidando activos o no renovando vencimientos (Bloomberg, EU Banks vow to slash assets by $1tn., 19-10-2011). De ahí las noticias que sobre el particular han circulado en los últimos días, operaciones de miles de millones. No hay cabida para nueva producción crediticia. A este enfermo terminal le han quitado la sonda por una temporada. ¿Sobrevivirá?

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Se trata de una parte residual de su financiación pero suma. El Santander, y otras entidades que otorgan líneas de prefinanciación bancaria para proyectos de I+D+i aprobados por el Ministerio de Ciencia y Tecnología, están haciéndose con los créditos blandos de los beneficiarios –que disfrutan de elevados periodos de carencia y son concedidos a tipo cero o residual- a cambio de una contrapartida que supone alrededor del 20% del total concedido al investigador/innovador en operaciones a 10 años. De este modo abarata el coste de su pasivo en un momento en que la captación de recursos propios o ajenos en el mercado es extraordinariamente cara. Cualquier alternativa más asequible se convierte en prioridad. Este es un buen ejemplo.

El origen de este mercado de compraventa de financiación preferencial se halla en la exigencia por parte de la Administración de un aval necesariamente bancario al solicitante de ayuda pública para Investigación, Desarrollo e Innovación (VER MODELO AQUI). Persigue que cubra las responsabilidades financieras derivadas de su obtención. Se trata de una garantía ejecutable a primer requerimiento que afecta al 100% del importe subvencionado. Como es sabido, existe escasa predisposición de la banca para responder subsidiariamente, en el entorno actual, de proyectos de riesgo y ventura como los que son objeto del programa. Su negativa a avalar podría condenar al ostracismo a numerosas propuestas si no fuera porque el mismo banco que ahoga al emprendedor con su negativa, le lanza el chaleco salvavidas en forma de otra figura prevista por el regulador: la “asunción de deuda”. Opción escasamente usada en el pasado que ha cobrado extraordinario vigor (VER MODELO AQUI).

Regulada por la Orden CIN/1559/2009 de 26 de mayo en su artículo 41, va más allá del mero adelanto de fondos de las líneas a las que hacíamos referencia al comienzo del post. Estas son, en líneas generales, préstamos hasta el 75% del total, con amortización única, sin comisiones y pago trimestral/semestral de un interés limitado a Euribor 6M + 0,5%. Por el contrario, la asunción de deuda supone una verdadera subrogación del banco en el 100% de la posición del deudor cuyo riesgo queda limitado al cumplimiento del objeto de la financiación al que se condiciona el subsidio: el proyecto de I+D+i de que se trate.

La entidad mete gustosa en su pasivo el importe del crédito a favor de la Administración (por ejemplo, un millón de euros), que sale del balance de un cliente al que, además, genera un beneficio contable por el diferencial entre el nominal adeudado y el equivalente financiero al plazo previsto asumido por el banco (Valor Actual Neto del préstamo). Una suma que puede suponer alrededor del 20% en operaciones a una década y que es una suerte de pago por la transmisión (la asunción se hace por 800.000 y obtiene una plusvalía teórica de 200.000). ¿Por qué? Sin asunción no hay ayuda para el solicitante y sin ayuda no hay recurso barato en carencia (plurianual) y tipo (simbólico) para la institución financiera. Al final, todos tan contentos: uno puede lanzar su iniciativa a la vez que obtiene un resultado positivo ex ante y el otro logra su objetivo de obtención de fondos a bajo coste.

La prioridad bancaria ha cambiado del mayor ingreso por operaciones de activo al menor coste financiero. Antes que dar dinero, el sector prefiere deberlo en condiciones preferenciales, visto como está el patio. Firmas como el propio Santander o La Caixa han creado departamentos especializados en identificar ayudas públicas, buscar potenciales interesados para las mismas, crear consorcios cuando así resulte conveniente y conseguir de este modo una línea adicional de captación de fondos que le permita, además, fidelizar al cliente. Así está el patio.

Una oportunidad que nace de una concepción errónea de las propias ayudas, que niegan a sus potenciales perceptores la posibilidad de responder personalmente del cumplimiento de las obligaciones, como en pura lógica cabría exigir. Pero es lo que hay. En la procelosa ruleta de la economía financiera siempre gana… la banca. Valiente novedad.

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Coincide en el tiempo una comida con mi amigo Antonio Rubio -filósofo de vocación al que el destino ha “condenado” gustosamente a la dirección financiera de una compañía cotizada española y cuyo pensamiento plasma esporádicamente en su blog, Piensa en Libertad-, con una charla con un consejero de comunidad autónoma con el que pude departir largo y tendido sobre la sostenibilidad del estado del bienestar en España. Lo curioso es que uno, conscientemente y desde la reflexión, y el otro, de manera intuitiva y a través de la acción política a la que la crisis le obliga ahora, llegan a los postulados ultraliberales de Ayn Rand, Dios pille confesada a la socialdemocracia. Un hecho sorprendente en el caso del político, ya que la autora –cuyo racionalismo acérrimo me aleja de sus postulados- no repara en censurar la acción pública a lo largo de su obra. Cosas veredes, amigo McCoy.

De un modo u otro ambos concluyen de que hay dos tipos de derechos: los positivos y los negativos, forma avanzada de distinguir entre normas de origen humano o divino. Desde su compartido punto de vista, el Estado se debería limitar a salvaguardar los segundos: que no te roben, que no te violen, que no te maten. Apuntalar de este modo unos estándares mínimos de convivencia. Por el contrario tendría que desmontar la falacia sobre los derechos positivos que son universales pero nunca gratuitos, ya que alguien paga por ellos. De forma directa la administración y de modo indirecto el contribuyente. Deberían rebautizarse como derechos de imposición, que se financian con impuestos. La adopción de esta nueva nomenclatura allanaría el camino a lo que está por venir: el pago directo por prestaciones públicas al no dar la vaca más de sí.

Es revelador conocer la inelasticidad de las cuentas regionales a modificaciones en el gasto. Para una comunidad estándar, entre sanidad, educación y transporte se le va cerca del 80% del presupuesto. En un momento en el que la recaudación brilla por su ausencia, la capacidad de corregir el desequilibrio por la vía del gasto se limita a ese 20% discrecional, no estructural. Problema adicional es que el contenido en tan sensibles materias se define en sede estatal, que identifica prestaciones, mientras que la ejecución es local. “Hemos sido gilipollas”, comenta el consejero, “porque sabiendo esto nos hemos empeñado en acercar el servicio al ciudadano hasta límites innecesarios. No solo eso, le hemos otorgado una calidad tal que lo hemos equiparado a la opción privada. Se ha multiplicado el uso, y por ende el coste, en un momento en el que dinerariamente no damos más de sí. O la calidad se paga o no hay salida más que tomar medidas como las que están aplicando en Catalunya”.

¿Qué es lo que nos deparará el futuro inmediato? Ambos llegan al mismo corolario. Al final, la gratuidad será beneficiencia, es decir: protección de un derecho negativo que es el rol que debería corresponder a la Administración. Todo lo que sea susceptible de ser abonado por el usuario, dentro de unos límites razonables, tendrá que ser cobrado. En su defensa, un doble argumento: es económicamente disuasorio, busca evitar el abuso que se puede estar produciendo (la media de atenciones médicas anuales por ciudadano en la comunidad del consejero se sitúa en 14, más de una por mes, sin incluir la sanidad privada); invita socialmente a la responsabilidad ya que la identificación del coste asociado a la prestación debería conducir a una utilización más racional de la misma por parte del usuario. No me miren, que yo me limito a constatar la senda por la que el pensamiento intelectual y la acción administrativa se están aventurando, sea por voluntad propia o por necesidad aunque personalmente comparto el argumento. Ahora, que se atrevan. Ahí te quiero ver.

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(Antes de entrar en materia, muy interesante la noticia dada a conocer el sábado sobre el descubrimiento de una enorme bolsa de gas pizarra en el País Vasco, algo a lo que ya nos referimos aquí el pasado seis de octubre. Las implicaciones que esto puede tener en términos de independencia energética y modelo de aprovisionamiento, sobre las que reflexionamos entonces, pueden ser brutales)

Parece el señor Duran i Lleida empeñado en darle al Partido Popular esa mayoría absoluta que anticipan las encuestas. Él y la formación política a la que pertenece, Convergencia i Unio. Pocas veces se ha encontrado en la historia de la joven democracia española una actuación tan absurdamente dirigida a allanar el camino a su rival en las urnas como ésta. Consciente o no. Despropósitos verbales y gestión al límite que movilizarán voto perezoso y legitiman futuros programas de recortes. Curiosa paradoja ésta de la víctima dando la soga a quien puede ser su verdugo. Pues sí que están buenos los catalanes, ¿dónde ha quedado su secular pragmatismo? Yerran el tiro y, lo peor de todo, es que se lo pegan a sí mismos.

En efecto, las inoportunas declaraciones del líder de Unió Democràtica de Catalunya sobre el andaluz acodado en la barra del bar esperando a que llueva del cielo el PER han caído como una bomba de relojería en uno de los pocos reductos que aún le queda al voto socialista, el campo extremeño y andaluz, y ha permitido a la formación dirigida por Mariano Rajoy enarbolar una bandera de defensa de la idiosincrasia local que se aleja del estigma tradicional de señoritismo que se le asociaba en ambas regiones. Cabe un rechazo suroccidental, manifestado en las urnas, ante tales afirmaciones, cierto. Pero cabe también que se produzca con un desenlace inesperado para quienes han podido usar intencionadamente la provocación, ladino habría que ser, para aumentar el voto del PSOE en detrimento del PP.

Por otro lado, la situación heredada del Tripartito -qué esperar de gobernantes como los que integraban tal coalición- es financieramente dramática hasta el punto de que Artur Mas y su ariete económico, Andreu Mas-Colell han decidido hacerle frente socavando cimientos hasta ahora intocables del estado del bienestar catalán, caso de la sanidad. Un ejercicio de ortodoxia -no hay que olvidar que el Manual de Macroeconomía del consejero es el usado en buena parte de los Masters de Economía de las universidades americanas más punteras- que se sigue justificando desde la asimetría entre aportaciones y percepciones al Estado de Catalunya. Puede incluso que exista algo de exageración-esperanza de reacción. Da igual. En la práctica, allana el camino al Partido Popular para implantarlas en otras zonas en el futuro quitándose de este modo la carga social de la exclusividad en los recortes. Algo de mucha más trascendencia de lo que parece.

Resulta sorprendente cómo la necesidad y la necedad de la formación que gobierna la Generalitat puede ayudar al PP en toda España, dando carta de validez a su eufemística estrategia de “consolidación fiscal” y aportándoles votantes tanto locales, dolidos por los ajustes, como de otras regiones, movidos por las descalificaciones. Como sigan así darán carta de validez, por la vía de los hechos, a su compromiso notarial de 2006 de no perfeccionar pactos de gobierno estables o permanentes con el PP. Están sin duda en ello. Y aún queda más de un mes para la contienda electoral. En Génova se frotan las manos ante tan inesperado regalo político. Y es que solo una mayoría suficiente, que no dependa de pactos con formaciones nacionalistas, permitirá corregir inciertas derivas por las que transita nuestro aún juvenil, en perspectiva histórica, modelo constitucional.

Buena semana a todos.

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A más de un editor de grandes medios de comunicación españoles le han tenido que temblar las canillas al ver la edición del The Economist de esta semana. La sección de empresas recoge un pequeño artículo sobre modelos de pago en internet, bajo el pinkfloidiano título de Another Brick in the Wall. La pieza abre una ventana de esperanza para aquellos que han optado por este modelo de ingresos, primero, adicionales, finalmente, únicos en caso de cumplirse los escenarios más sombríos para la prensa de papel. Si en abril de 2010 eran 26 los diarios y revistas de Estados Unidos que obligaban a pagar a los lectores por el acceso a su contenido, el número se ha multiplicado varias veces en los últimos dieciocho meses. Sistemas puros o mixtos, da igual. Como en el chiste, esta es la parte buena del asunto.

Sin embargo un poquito más adelante, el anónimo autor –el carácter editorializante de los textos es santo y seña del semanario- avanza sobre los requisitos para que tal estrategia funcione, y aterriza en el caso eslovaco. En aquel país, existe un acuerdo entre las nueve mayores cabeceras para establecer un sistema conjunto de pay per read. Los ingresos se reparten entre ellos en función, primero, del medio en el que el usuario se ha dado de alta –que se lleva la parte del león, lo que incentiva el fomento de la suscripción- y, después, de qué lee –lo que, por su parte, obliga a la excelencia en el contenido para atraer lectores-. Círculo virtuoso en el que todos participan. Oligopolio de facto por razones de supervivencia tan censurable como necesario se considere el papel del denostado Cuarto Poder.

¿Dónde está el problema? Pues en el precio. La alianza entre los medios de la parte más oriental de la Checoslovaquia del tenista Ivan Lendl o la atleta Jarmila Kratochvilova (lo siento, no me he podido reprimir) fija una cuota mensual de acceso de 2’90 euros. Un tercio, ofertas aparte, de lo que cobra Kiosko y Más (Prisa y Vocento) y la quinta parte del precio fijado por Orbyt (Unidad Editorial). Decisión inteligente que pasa por encima de absurdas batallas y establece unas reglas de juego iguales para todos los partícipes. Puesto que cualquier negocio es rotación por margen, la única manera de aumentar la primera en este negociado es reducir el segundo. Una contracción que, en tanto crezca la publicidad online y se mantengan las estructuras de costes entre negocio tradicional y virtual, afecta a un ingreso incremental, a más a más, que además incorpora, en caso de transición desde el envío físico a domicilio, el ahorro derivado de la distribución en mano del periódico.

Sería bueno que los editores españoles tomaran buena nota. Al final han sido ellos y solo ellos los que se han cargado la capacidad recaudatoria de sus sites, con su absurda decisión durante años de regalar los anuncios en su webs como compensación al apoyo de los anunciantes a sus soportes escritos. Revertir ese proceso, cuando la audiencia no está suficientemente segmentada y, por tanto, no se puede poner en valor, está siendo un mundo para muchos de ellos. No pueden permitirse caer en el mismo error otra vez con esta alternativa aparentemente tan necesaria para apuntalar el quebradizo edificio de su futuro. Es precisamente la ausencia de una referencia cierta, y de experiencia histórica en la España del Internet consolidado, la que lleva a muchos a no querer aventurarse en tan procelosas aguas a día de hoy. Denles argumentos.

Además, los motivos por los que un usuario está dispuesto a convertirse en suscriptor se reducen a dos: ayuda a la toma de decisiones y entretenimiento. Siendo sinceros, pocos en España ofrecen una mezcla tal de lo uno o lo otro -a la New York Times, Financial Times, WSJ o el propio The Economist- como para justificar el cobro por contenido. A través de un acuerdo colectivo de este tipo, buena parte de las carencias comunes se verían relegadas por la uniformidad de criterio a la hora de considerar que la información tiene un precio con independencia de quien la produzca. Ya está bien de mirar lo ajeno con desprecio mientras se hunde lo propio. Librar la guerra por los botes del Titanic es del género bobo. Olvídense. España necesita esa capacidad de hacer que las cosas cambien y esa labor de control de los medios. Cuanta mayor sea su debilidad, errores financieros aparte, más vulnerable será nuestra democracia. Lo crean o no.

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