Caffè Reggio

En ocasiones pienso que los responsables de algunos organismos o agencias de calificación crediticia emiten sus informes bajo los efectos de algún tipo de seta alucinógena. En concreto Moody’s nos sorprendió “gratamente” ayer con la noticia de que le habían otorgado al FROB de Zatapero un rating de calidad extrema por el respaldo que ese fondo tiene del “saneado” tesoro del Estado español. Es curioso que ese Fondo, que no deja de ser el FAAF pero con rima más verosímil, entre en la Champions League de los mejor considerados a efectos de rating crediticio. Es incoherente porque la dotación que tiene, unos 9000 millones de euros, proviene, de entre otros conceptos, de los residuos del Fondo de Garantía de Depósitos. Unos fondos que lo tiene crudo a medio plazo como la propia agencia Moody’s dijo hace muy pocos días.

La pasada semana estos tipos admitían que numerosas entidades financieras españolas no reconocen la magnitud del deterioro de sus activos, lo que les llevará a registrar pérdidas en los próximos trimestres. Llegaron a asegurar que los bancos españoles precisan financiar unas provisiones de 57.000 millones de euros para afrontar unas pérdidas que superarán los 100.000 millones. Los mismos que dicen que el FROB es material noble, son los que aseguraban que la calidad de los activos del sector bancario español seguirá cayendo. Por eso no se entiende que se certifique en buena salud un fondo glotón que se zampará la insolvencia de un buen número de entidades españolas a medida que se vean obligadas a dejar de mentir en sus balances.

Sabemos que hay cajas y bancos que están evitando reconocer el tamaño de su agujero. No incorporan el deterioro de sus activos a cambio de contemplar los impagos de algunas promociones como valor patrimonial permisible. Además es un secreto a voces que la presión sobre los bancos españoles aumentará por la aceleración del deterioro de la calidad crediticia de sus activos, por las cada vez más evidentes pérdidas a medio plazo y por una situación muy complicada en los mercados de financiación mayoristas. Es evidente que no contabilizan adecuadamente sus resultados. De hecho, a través de provisiones para insolvencia, se suele maquillar todo el pastel. Hasta la fecha, 50.000 millones ya están diseminados por el sistema pero faltan otros 50.000 tirando corto. Es por eso que los señores de Moody’s estiman que la cantidad de 100.000 millones de euros destinados al FROB debería ser suficiente para hacer frente a las necesidades de capital de la banca española. Estimo que algo más, pero, la certeza es que aquí es donde se tambalea el asunto. Los bancos y cajas están haciendo playback. Hacen como que cantan y nosotros, peor aun, hacemos como que nos lo creemos. Todo el sector financiero español, en el que trabajé, está falseando la realidad a su gusto y placer. Este país dependía de los ladrillos montados uno detrás de otro. El enorme volumen de activos inmobiliarios que bancos y cajas han tenido que comerse está valorado a precios antiguos de mercado y no se recoge la depreciación sufrida a partir de la crisis.

Aunque no quieran admitir la magnitud de la tragedia, a varios bancos y cajas españoles les explotará todo delante de sus narices durante el 2010. Preocúpense, los que lo van a pagar somos los españolitos de a pie. La banca siempre gana. Tengamos en cuenta que son varias las entidades que evitan admitir la verdadera escala del deterioro de activos en su contabilidad. Y es que haber estado bebiendo el licor del crédito fácil provoca malestar en el hígado. No parece lógico que el tremendo derrumbe del sector inmobiliario español, que en un año tengamos casi 5 millones de demandantes de empleo y que los efectos de la crisis financiera internacional sólo estén afectando a Caja Castilla la Mancha.  Atendiendo a esto, ¿cómo puede ser que las cuentas de resultados estén siendo tan brillantes? ¿Alguien se cree que la preventiva y adecuada actitud del propio Banco de España logró en su momento convertir al español, en el mejor sistema financiero del planeta? Los inversores desconfían de los resultados presentados estos días.

Sabemos que el mercado inmobiliario no se va a recuperar en lustros, de la crisis no vamos a salir en tiempo y que la deflación junto a otros elementos tóxicos se van a ir transmitiendo aun más hasta alcanzar el sistema nervioso de nuestra economía. En ese entorno parece absurdo pensar que los bancos y cajas van a poder gestionar sus activos de forma prodigiosa. De hecho pasará todo lo contrario. En ese entorno parece más adecuado proceder a una bajada de los precios de ese patrimonio muerto y activar el mercado asumiendo las pérdidas que la nueva situación pudiera provocar.

Apuesto que eso no va a pasar. Me juego un activo tóxico a que van a negar la evidencia hasta la extenuación exigiendo que el bien calificado FROB les rescate. Ahora bien, el drama no es que los bancos y cajas jueguen a la ruleta rusa, no, lo peor es que el Ministerio de Economía y Hacienda podrá ampliar hasta un máximo de diez veces la dotación de ese Fondo de “rescate” hasta los 90.000 millones. Y lo hará pues la banca lo va a necesitar. Por eso, para el cumplimiento de sus fines, el FROB buscará financiación en los mercados de valores emitiendo valores de renta fija, recibiendo préstamos, solicitando la apertura de créditos y realizando otras operaciones de endeudamiento. Es decir, emitiendo deuda, una deuda que no quiere nadie.

La cadena de transmisión habla por si sola. Si los bancos en mal estado requieren atender al rescate del FROB, si el FROB es dependiente de la deuda pública, si la deuda pública depende del apetito exterior, si el apetito exterior por la deuda pública española cada vez es menor, si la deuda pública española es más cara porque precisa más seguros, si la deuda no se vende, si el déficit del Estado sigue creciendo enloquecidamente y el único modo de financiarla es a través de la deuda pública y, como digo, esa deuda está en un mercado internacional atestado de emisiones por parte de países de todo el planeta buscando financiar sus gigantescos planes de rescate, ¿Cómo leches vamos a financiar la insolvencia manifiesta del sistema financiero español?

Rodrigo Rato está “muy disgustado” con Mariano Rajoy y Esperanza Aguirre por utilizar su nombre como arma arrojadiza en la batalla política por el control de Caja Madrid, y así se lo expresó el pasado fin de semana a un reducido grupo de sus más fieles en el PP, reunidos durante una cena privada en la capital de España. “No me fío de ninguno de los dos”, llegó a decir el ex vicepresidente económico del Gobierno y supuesto candidato de Rajoy a la presidencia de la entidad financiera, según han detallado a El Confidencial fuentes conocedoras de ese encuentro.

Rato se mostró muy crítico durante toda la velada con el líder del PP y la presidenta madrileña, pero fue especialmente duro con el primero, al que responsabilizó de la guerra abierta por la sucesión de Miguel Blesa al frente de Caja Madrid, que amenaza con resquebrajar los cimientos del partido. El ex director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) culpó directamente a Rajoy por no haber desautorizado la candidatura de Ignacio González -número dos del Gobierno regional, hombre de confianza de Aguirre y candidato aguirrista a la presidencia de la caja- “cuando tenía que haberlo hecho”.

Los comensales -todos ellos dirigentes del PP nacional y regional muy cercanos a Rato- recordaron que Rajoy, enemigo declarado de Nacho González, se ha reunido con éste en su despacho de la calle Génova en dos ocasiones durante los últimos cuatro meses, y que en ambos encuentros el número dos de Aguirre comunicó al líder del partido que su candidatura para presidir la cuarta entidad financiera española contaba con el visto bueno del secretario general del PSOE madrileño, Tomás Gómez, de IU y de los sindicatos con representación en los órganos de gobierno de Caja Madrid.

Rajoy, “sorprendentemente” -según otras fuentes del PP consultadas-, no puso ninguna objeción a las aspiraciones de González, pese a la nada soterrada animadversión personal y política que ambos se profesan, y el vicepresidente madrileño salió de la sede central del PP convencido de que el político gallego no vetaría su candidatura. “¿Por qué no le dijo Rajoy claramente que su candidato era Rato? ¿Por qué hizo creer a Nacho y a Aguirre que no impediría su desembarco en Caja Madrid? ¿Tal vez porque Rato tampoco es su favorito?”, se preguntan las citadas fuentes.

Ariete de Rajoy y Aguirre

“Está claro que no soy la primera opción de Esperanza [para presidir Caja Madrid], ni tampoco la última de Mariano”, confesó Rato a los suyos durante la cena del pasado fin de semana, convencido de que uno y otro podrían caer en la tentación de utilizarle como moneda de cambio para negociar otros posibles candidatos con tal de no perder esta guerra, de la que Rajoy, según coincidieron en señalar todos los comensales, puede salir “muy dañado”. De ahí que Rato advirtiera que sólo dará el salto a Caja Madrid si hay consenso entre Génova y la Comunidad de Madrid.

El encuentro entre Rato y su grupo de adeptos se celebró antes de las explosivas declaraciones de Manuel Cobo, vicealcalde de Madrid y número dos de Alberto Ruiz-Gallardón, que calificó de “vomitiva” -en una entrevista publicada por El País el pasado lunes- la estrategia de Aguirre para imponer a González al frente de Caja Madrid y frenar las aspiraciones de Rato. Pero ya entonces el ex vicepresidente económico mostró su profundo enfado con Rajoy y Aguirre por haberle convertido en ariete de su cruenta batalla política.

El ex director gerente del FMI dejó claro durante esa cena que, al menos por ahora, mantiene su “ofrecimiento” a Rajoy para dirigir Caja Madrid, que él mismo trasladó personalmente al líder del PP antes del verano, y que le ha reiterado en los últimos días. Pero tampoco ocultó que el abierto enfrentamiento entre Rajoy y Aguirre, y el baile de aspirantes para ocupar el cargo si su candidatura se malogra, están dañando gravemente sus opciones. “Rodrigo ya sabe a estas alturas que no es el preferido de Rajoy, sino su candidato de urgencia para parar a Nacho y a Esperanza”, apunta un dirigente del PP conocedor de lo tratado en esa reunión.

Fuentes de la dirección del PP señalaron ayer a El Confidencial que Rajoy sigue apostando “claramente” por Rato, pero tampoco descartaron por completo que su candidatura pueda acabar frustrándose. Un miembro de la cúpula de Génova apuntó que, en ese caso, el nombre de Manuel Pizarro podría cobrar fuerza. El ex presidente de Endesa y número dos en la candidatura del PP por Madrid en las últimas elecciones generales cuenta a su favor con un perfil muy técnico y nada político que encajaría como un guante en el retrato robot del futuro presidente de Caja Madrid. Pero en el debe arrastra la extrema frialdad de sus relaciones con Rajoy, que sólo le daría su apoyo como un mal menor frente a González.

Los que ya somos bastante carrozas recordamos que el dúo Johnny y Charley nos trajeron del norte de Europa una melodía pegadiza que en aquel año de 1965 se convirtió en canción del verano: la yenka. La letra decía algo así: “Izquierda, izquierda, derecha, derecha, delante, atrás, un, dos, tres”. ¿Estaría pensando en ella el portavoz del PNV al calificar la política económica del Gobierno en el discurso de la aprobación de los Presupuestos? Tildó la gestión de la crisis por parte del señor Rodríguez Zapatero de caótica. Habló de “política fiscal errática”, de “acción del Gobierno improvisada”, y denominó a este Gobierno “de quita y pon, tan de quita y pon que a veces quita y pone hasta del mismo sitio”.

Algo de razón parece tener el señor Azpiazu. En una crisis como la actual se puede seguir una política keynesiana de incentivar la demanda -política por la que parecen haberse inclinado con matices los miembros del G-20, con Obama a la cabeza-, y dentro de ella se puede poner más el acento en incrementar los gastos sociales y las infraestructuras o más bien en bajar los impuestos, según se tengan planteamientos progresistas o neoliberales (aunque algunos digan que bajar los impuestos es de izquierdas). Se puede también adoptar la postura de los republicanos americanos y de algunos otros conservadores que, siguiendo las doctrinas de la escuela austriaca de Hayek, mantienen que el endeudamiento no puede solucionarse con más endeudamiento y son contrarios, por tanto, a los planes de estímulo y partidarios, aun en estos tiempos de crisis, de mantener la estabilidad presupuestaria o al menos de no incrementar más el déficit.

Quien haya tenido la paciencia de leer otros artículos míos sabe de sobra por qué política me inclino, pero he de reconocer que todas las descritas se pueden defender con argumentos económicos. Pero lo que no resulta excesivamente coherente es ser keynesiano por la mañana y hayekiano por la tarde. No se puede poner en marcha planes de estímulo para reactivar la economía y a renglón seguido, sin que éstos en una buena parte se hayan realizado aún, introducir políticas restrictivas, apostando por recortes de gasto y subidas de impuestos. Es más, no parece lógico que en el mismo presupuesto en que se aprueban estas últimas medidas se acuerde también un nuevo fondo de acción municipal contra el desempleo por 5.000 millones.

El señor Azpiazu puede tener razón, pero por ello y porque votó a favor de estos presupuestos han quedado más en claro sus motivaciones y más al descubierto las profundas debilidades de nuestro sistema electoral, hasta el punto de que en opinión de algunos, entre los que me encuentro, invalidan el sistema democrático. Una vez más, se están aprobando o rechazando unos Presupuestos no en función de su bondad para España en su conjunto o para enderezar las graves dificultades económicas del país, sino en función de los intereses particulares de una determinada Comunidad, en este caso el País Vasco y Canarias, lo que resulta inaceptable desde la óptica de un Estado de derecho.

La posibilidad de que el País Vasco pueda hacer dumping fiscal a las Comunidades limítrofes, el adelanto de cuatrocientos millones por IVA a la diputación de Álava, las transferencias de las políticas activas de empleo, más 125 millones en inversiones exclusivas para el País Vasco (85) y para Canarias (40) son las razones por las que se van a aprobar finalmente las cuentas públicas.

¿Hasta cuándo van a permitir los partidos nacionales este escándalo? ¿Para cuándo la reforma de la ley electoral? ¿Puede ostentar la representación de diputado nacional aquel a quien sólo le importan los intereses de una parcela pequeña de España? ¿No será ya el momento de reformar la ley electoral introduciendo una rabiosa proporcionalidad, al tiempo que se exija que para estar en las Cortes un partido tenga que obtener representación en varias Comunidades Autónomas?

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A medida que se van conociendo diagnósticos más afinados sobre lo que le deparará el futuro inmediato a la economía española, crece la certeza de que hasta el año 2011, posiblemente bien entrado el año 2011, no vamos a poder ver algo de luz en el horizonte. Y ver la luz significa sobre todo y ante todo tener capacidad para crear empleo.

La dureza de la crisis económica, sus características diferenciales respecto a otros países europeos, parecen condenarnos a una etapa sensiblemente más larga de postración. En lo que atañe al empleo, mucho se ha dicho sobre lo que necesita crecer la economía española para generar puestos de trabajo suficientes para compensar el crecimiento de la población activa y, por tanto, para crear empleo neto. Normalmente, las estimaciones de crecimiento económico necesario para crear empleo se sitúan en el 3% de incremento del PIB. Y esa tasa de crecimiento no está posiblemente al alcance de la economía española antes de dos o tres años, en la mejor de las hipótesis, que desde luego incluyen una expansión considerable del comercio mundial y en especial una fase de expansión económica en Europa sin precedentes en los últimos años.

Por tanto, la hipótesis de que hasta finales del año 2011 en España no se va a asistir a la creación de empleo forma parte cada vez más de las certezas con las que trabajan muchos economistas. Del empleo dependen desde luego muchas cosas, como el dinamismo del consumo privado o la salud de las economías familiares, que a su vez tienen derivaciones muy acusadas en cuestiones como la vivienda o el crédito hipotecario, es decir, al final de todo el ciclo la salud también de las empresas y de las entidades financieras, que se están preparando desde luego para una crisis prolongada, en la que la capacidad de resistencia será pieza fundamental.

Este martes hemos conocido las cifras de ejecución presupuestaria hasta finales del mes de septiembre. La sangría del déficit público es quizás el problema más grave al que se enfrenta la economía española este año y al menos los dos siguientes. Pese al optimismo de los responsables del Gobierno en materia económica, España tendrá dificultades posiblemente insalvables para cuadrar mínimamente sus cuentas en el año 2012, que es cuando nos han puesto de plazo para volver a la senda de la ortodoxia presupuestaria, es decir, a déficits inferiores al 3% del PIB. Las cuentas de este año constituyen un buen anticipo de la dificultad con la que el país afrontará los próximos años en materia presupuestaria. A finales de septiembre pasado, el déficit público ya rondaba el 6% del PIB, es decir, el doble de lo que nos exigen las autoridades de Bruselas en términos anuales. Cabe la posibilidad de que el déficit del sector público español termine el año por encima del 9% del PIB, es decir, tres veces lo que marcaría la frontera de lo admisible en condiciones normales. Lo malo es que la economía española va a quedar posiblemente más lejos que ninguna otra europea del cumplimiento de esos objetivos de salud presupuestaria.

Ya de hecho el enorme embolsamiento de gastos (convertidos de momento en Deuda Pública) a los que el país no puede ni podrá hacer frente en este trienio, constituye una losa que va a poner serios impedimentos a la recuperación de la economía en los años venideros. El incremento de los impuestos no va a facilitar las cosas ni a estimular la creación de puestos de trabajo, sino todo lo contrario. España tendrá que dilapidar buena parte de sus mejores esfuerzos durante estos dos próximos años en recuperar la senda de un Presupuesto sostenible, cuando la verdadera ocupación en la que deberían estar volcados los máximos responsables de la economía es la de articular un entorno y unas medidas que sean capaces de estimular la creatividad y a la postre el empleo.

Adelantar la salida de la crisis económica es, por tanto, una tarea urgente. Y ello pasa por crear las condiciones necesarias para crear empleo. Hoy por hoy, ni la construcción ni la agricultura están en condiciones de proveer esa oferta de puestos de trabajo, ya que incluso en la construcción cabe esperar destrucción adicional de empleo si no se ajustan adecuadamente, mediante hipotéticas inyecciones masivas de dinero, recursos en las obras públicas. No parece probable que ello suceda. Quedan por lo tanto la industria y los servicios. La primera está saliendo seriamente dañada de esta crisis y le costará un gran esfuerzo recuperar la capacidad competitiva para afrontar su papel exportador. Los servicios serán, a la postre, los que ofrezcan posiblemente las únicas oportunidades de creación de empleo en los próximos años.

En primer plano

La filosofía que me ha ayudado a ganar dinero como gestor de hedge fund y a gastarlo como filántropo orientado a la política no tiene que ver con el dinero, sino con la complicada relación entre las ideas y la realidad. La crisis de 2008 me ha convencido de que proporciona una valiosa oportunidad de ver cómo funcionan los mercados financieros.

La hipótesis del mercado eficiente sostiene que los mercados financieros tienden hacia el equilibrio y reflejan de forma precisa la información disponible sobre el futuro. Las desviaciones del equilibrio las provocan cambios exógenos y ocurren de forma aleatoria. La crisis de 2008 falseó esta hipótesis.

Sostengo que los mercados financieros siempre presentan una imagen distorsionada de la realidad. Además, el precio incorrecto de los activos puede afectar a los denominados fundamentos que se supone que el valor de esos activos tiene que reflejar. Este es el principio de reflexividad.

En lugar de una tendencia hacia el equilibrio, los mercados financieros muestran una tendencia a desarrollar burbujas. Las burbujas no son irracionales: vale la pena unirse a la multitud, al menos durante un tiempo.

La reforma reguladora tiene que esperar a cuando sea necesario controlar el suministro de dinero para que no frene la recuperación.

Así que los reguladores no pueden contar con que el mercado corrija sus excesos.

La crisis de 2008 fue provocada por el colapso de una superburbuja que ha venido creciendo desde 1980. Ésta estaba compuesta por burbujas más pequeñas. Cada vez que tuvo lugar una crisis financiera, las autoridades intervinieron, se ocuparon de las entidades con problemas y aplicaron estímulos fiscales y monetarios; lo que infló aún más la superburbuja.

Controlar las burbujas

Creo que el análisis de la superburbuja ofrece claves sobre la reforma necesaria. Primero, teniendo en cuenta que los mercados son propensos a la formación de burbujas, las autoridades financieras tienen que aceptar la responsabilidad de evitar que las burbujas crezcan demasiado. Alan Greenspan y otros importantes cargos se negaron a aceptarlo. Si los mercados no pueden reconocer las burbujas, afirmó el ex presidente de la Reserva Federal estadounidense, tampoco pueden los reguladores –y tenía razón–. En cualquier caso, las autoridades tienen que aceptar el cometido.

Segundo, para controlar las burbujas de activos no basta con controlar el suministro de dinero; también hay que controlar el crédito. El medio más conocido de hacerlo son los requisitos de margen y de capital mínimo.

En la actualidad son parámetros fijos, con independencia del humor de los mercados, porque se supone que los mercados carecen de humor. Pero sí lo tienen, y las autoridades tienen que contrarrestarlo para evitar que las burbujas de activos crezcan demasiado. Por lo tanto, deben variar los requisitos de margen y capital. También deben modificar el ratio préstamo/valor sobre las hipotecas comerciales y residenciales para prevenir burbujas inmobiliarias.

Los reguladores también deben inventar nuevas herramientas o recuperar aquellas que han caído en desuso. Los bancos centrales solían ordenar a los bancos comerciales que limitaran el crédito a un sector concreto si entendían que se estaba excediendo.

Otro ejemplo de la necesidad de nuevas herramientas es el boom de Internet. Greenspan lo reconoció en 1996 cuando habló de “euforia irracional”. No hizo nada por evitarla, ya que consideraba que reducir el suministro de dinero era una medida demasiado categórica. Pero podría haber diseñado otras más específicas, como pedir a la Comisión del Mercado de Valores que congelase las nuevas ampliaciones de capital, ya que la burbuja de Internet fue alimentada por el apalancamiento.

Tercero, dado que los mercados son inestables, existen riesgos sistémicos aparte de los que afectan a los participantes individuales del mercado. Los participantes pueden ignorar estos riesgos sistémicos, creyendo que siempre pueden vender sus posiciones, pero los reguladores no pueden ignorarlos porque si hay demasiados participantes en un mismo lado, las posiciones no pueden liquidarse sin causar una discontinuidad o un colapso.

Eso implica que se deben controlar las posiciones de todos los participantes de relevancia, incluidos hedge fund y fondos soberanos, para detectar desequilibrios. Ciertos derivados, como los seguros frente al impago de deudas (CDS), tienden a crear desequilibrios ocultos, por lo que han de ser regulados, restringidos o prohibidos.

Cuarto, los mercados financieros evolucionan de una forma unidireccional e irreversible. Las autoridades financieras han extendido una garantía implícita a todas las entidades que son demasiado grandes como para permitir su caída. La retirada de esa garantía no es creíble, por lo que deben establecer una regulación para asegurarse de que no se invocará esta garantía. Esas entidades deben recurrir menos al apalancamiento y aceptar restricciones sobre su forma de invertir el dinero de los ahorradores.

El comercio de productos exclusivos debería financiarse con el capital de los propios bancos y no con los depósitos. Pero los reguladores deben ir más lejos para proteger el capital y regular las compensaciones de los operadores de productos exclusivos con el objetivo de garantizar que los riesgos y recompensas de las entidades demasiado grandes para permitir su caída están equilibrados. Cabe la posibilidad de esto saque a los operadores de los bancos y los lleve a los hedge fund, que es el lugar que les corresponde.

Como los mercados están interconectados y algunos bancos ocupan posiciones casi de monopolio, debemos considerar su división. Probablemente sea poco práctico separar la banca de inversión de la comercial, tal y como hacía la ley Glass-Steagal de 1933. Pero tiene que haber compartimentos internos que separen el comercio de productos exclusivos de la banca comercial y que cierren las operaciones en diferentes mercados para reducir el contagio.

Riesgo sistémico

Finalmente, los Acuerdos de Basilea cometieron un error cuando otorgaron a los títulos en posesión de los bancos ráting de riesgo sustancialmente inferiores a los de los créditos ordinarios: ignoraban el riesgo sistémico que acompaña a las posiciones concentradas en valores. Este factor era un importante agravante de la crisis. Ha de ser corregido incrementando el ráting de riesgo de los valores de los bancos. Con esto, probablemente, se consiga poner freno a la titulización de los préstamos.

Todo ello reducirá la rentabilidad y el apalancamiento de los bancos. Esto plantea un problema de tiempo. No es el momento adecuado para aprobar reformas permanentes. El sistema financiero está lejos del equilibrio. Las necesidades a corto plazo son las opuestas a lo que se requiere a largo plazo.

Primero, hay que reemplazar el crédito que se ha evaporado mediante la única fuente que sigue gozando de credibilidad –el Estado–. Eso implica un incremento de la deuda nacional y un aumento de la base monetaria. Conforme se estabilice la economía, habrá que reducir esa base al mismo ritmo que se recupere el crédito –de otro modo, la deflación se verá reemplazada por la inflación–.

Todavía estamos en la primera fase de esta delicada maniobra. Los bancos están saliendo del agujero. Reducir ahora su rentabilidad sería contraproducente. La reforma reguladora tiene que esperar a la segunda fase, cuando sea necesario controlar el suministro de dinero e introducirlo paulatinamente de forma que no suponga problemas para la recuperación. Pero no podemos permitirnos olvidarlo.

Financial Times

ANÁLISIS

Está en juego el vértice de la derecha y la rótula del Gran Madrid (y el enésimo lío del PSOE castizo)

Versión solemne de  los últimos acontecimientos madrileños, según un militante del Partido Popular al que le gusta la historia: “El congreso de Valencia fue la batalla de Stalingrado de la derecha española. Fue una extenuante lucha de posiciones, que Mariano Rajoy, con la imprescindible ayuda de Camps (Valencia), Arenas (Andalucía) Núñez Feijóo (Galicia), supo resolver a su favor, resistiendo el embate de una temible fuerza de choque articulada por Esperanza Aguirre, el cardenal Antonio María Rouco Varela (emisora Cope), Pedro J. Ramírez (diario El Mundo)y antiguos oficiales del aznarato. La periferia ganó a Madrid”.

“Ahora -añade este apasionado lector de la Segunda Guerra Mundial- estamos ante la batalla de Kursk. Derrotados en Stalingrado, los alemanes realizaron un último intento ofensivo en el frente del Este, movilizando todos sus carros de combate. La de Kursk fue una batalla basada en la velocidad. Aprovechando el estrépito del caso Gürtel en Valencia y la evidente quiebra de la confianza de Rajoy en Camps, Aguirre (ya sin el concurso de Rouco Varela, que ha dado medio paso atrás por indicación de Roma), ha lanzado un ataque relámpago para colocar a su lugarteniente Ignacio González en la presidencia de la segunda entidad de ahorros española. Una gran caja de caudales. Persigue, Aguirre, tres objetivos: recompensar a González por los servicios prestados (ha sido su principal estratega durante años); condicionar la política de Rajoy; y acumular fuerzas para un nuevo asalto al liderazgo del partido, según cuál sea el resultado de las elecciones municipales y autonómicas del 2011. Es una apuesta temeraria, como la de Kursk. Aguirre seguramente volverá a perder”.

Lectura más a ras de tierra, según un experimentado periodista madrileño que ha visto de todo en los últimos treinta años: “Quien acabe controlando Caja Madrid tendrá una de las llaves maestras del inevitable reajuste del poder económico en España, comenzando por la fusión de las entidades de ahorro. Caja Madrid puede conducir a Florentino Pérez al control de Iberdrola; tiene algo que decir en Indra (tecnología militar,) y en sus manos están algunos créditos de medios de comunicación residenciados en la capital. Es la rótula del Gran Madrid. Estamos ante la madre de todas las batallas”.

Versión cheli, de un buen conocedor de la inefable Federación Socialista Madrileña: “Con el visto bueno de Leire Pajín -y seguramente de José Blanco-, el líder de los socialistas madrileños, Tomás Gómez (ex alcalde de Parla), pactó con Aguirre: ´La presidencia para ti y la vicepresidencia para nosotros, y que les den a Rajoy y a Ruiz-Gallardón´. Izquierda Unida y los sindicatos también están en la pomada. ¡A pillar por la orilla!, que se decía en la movida”. (En cristiano: cojamos la oportunidad al vuelo).

“Pajín y Gómez son estrategas provinciales. Lo de Blanco, que es inteligente, resulta más extraño. Seguramente creían jugar al divide y vencerás; tacticismo de baja cota. Gente con experiencia le ha hecho ver a Zapatero lo que realmente está en juego. Y ahora deben obligar a Gómez a dar marcha atrás. Y Gómez ya ha prometido cargos. El fantasma del tamayazo (el escándalo del cambio de voto en la Asamblea de Madrid en el 2003) se pasea por la esquina de Ferraz”.

Versión de un gélido observador: “Atentos a la caballería del Banco de España. Puede que esté a punto de intervenir”.

DEBATE: La crisis económica

Conocidas las propuestas del Gobierno para afrontar la crisis, estas se centran en incrementar el gasto social para amortiguar sus efectos. Tres porcentajes nos ocupan: 57% más por prestaciones de desempleo, 33% más de intereses de un déficit público descontrolado, y 2% más de un IVA que es muchas cosas menos progresivo. Para afrontar el gasto, más impuestos y más déficit público.

¿Qué uso se ha hecho de los enormes recursos tributarios generados por una actividad inmobiliaria tan exponencial y sostenida en el tiempo? Si la mitad de las economías domésticas están hipotecadas y los bancos no tienen dinero, ¿quién está financiando el déficit público? ¿Cómo evolucionarán ese déficit público y las hipotecas variables de las familias cuando el BCE normalice sus tipos? ¿Sólo cuando los bancos deban desprenderse de sus activos, el precio de la vivienda regresará a la realidad?

Dice el galés Edward Hugh que para que la economía española no quede atrapada en el tiempo debe equilibrar su balanza comercial, deficitaria por el consumo inflacionista que nos encareció respecto al exterior.

Y que para volver a exportar debemos aplicar una “devaluación interna”. Es decir: ya que no tenemos moneda propia para devaluarla debemos buscar idénticos efectos sin ella. Lo que no haga la política económica lo hará el mercado a un coste superior. Nuestra engreída economía tiene miedo a no ser. Venimos de un crecimiento en el que la apariencia de riqueza se generaba por un consumo excesivo y una irrealidad inmobiliaria financiada con humo y hecha con el tipo de mano de obra que hoy fija la diferencia de desempleo sobre los países de nuestro entorno.

Escogemos el endeudamiento como huida para no reconocer la oportunidad perdida en apostar por la economía productiva, impulsar el sector exterior, afrontar reformas laborales, modernizar la justicia, adecentar las pensiones, etcétera. Hemos fingido ser la octava maravilla del mundo, repartiendo caramelos de 400 euros y apelando a nuestro complejo de insatisfacción secular para vanagloriarnos de leyes falsamente progresistas con las que subrayar nuestra modernidad. Buscar fuera la responsabilidad de las propias carencias sólo favorece lo que Jaume Miravitlles llamó “complejo de frustración” (D´Europa a Amèrica. Dietari d´exili 1941-1945, Proa 2009).

ROBERT PIBERNAT, economista.

ASUNTOS INTERNOS

El PP puede arrasar en las próximas elecciones generales si continúa por donde va. No por su programa electoral, sino por la alta intensidad dramática y la perfección estética que han alcanzado sus líos internos. Si de aquí a 2012 los rumbosos dirigentes del PP son capaces de mantener en alto el espectáculo y en vilo a los electores, Zapatero no tiene nada que hacer. Entre una lucha encarnizada por el poder como Dios manda y un Gobierno lleno de secretarios que vegetan no hay color. Donde esté un buen reality que se quite un debate sobre la reforma del mercado laboral. Los del PSOE pasan por ser unos genios de la imagen, pero son unos aprendices en cuanto a montar el espectáculo. Hay que alabar la depurada capacidad del PP para entretener al personal. Con la Gürtel o con Caja Madrid. En Valencia o en Madrid. La clave de un reality es que no decaiga el interés de los espectadores, y eso el PP lo borda. Cada capítulo es más interesante que el anterior.

Cuando aún el caso valenciano sigue abierto en canal -con ‘Ric’ expulsado o no de la casa, cualquiera sabe- y a fin de que los electores no se aburran, llega Manuel Cobo -mano derecha de Ruiz-Gallardón- y tira una granada para que le explote en los morros a Esperanza Aguirre. El alcalde de Madrid perdió los Juegos Olímpicos y con ellos también el miedo a lo que pueda pasar. Convencido de que Aguirre quiere destruirle a él y a todo el partido, ha decidido quemar las naves y que sea lo que Dios quiera. Gallardón se ha vuelto a llevar una colleja -otra más-, esta vez por parte de María Dolores de Cospedal, la secretaria general que quiere ser la apagafuegos, pero no tiene extintores suficientes. Mientras, el deseado, respetado y prestigioso Rodrigo Rato se encuentra de pronto en mitad del campo de combate, convertido en un pim, pam, pum porque quiere mandar en una caja de ahorros en la que la presidenta quiere poner al jefe de su guardia pretoriana.

Los personajes son interesantes, qué duda cabe, y esa es otra clave importante del éxito del PP. Elena Salgado será vicepresidenta y lo que tú quieras, pero no tiene ni la mitad del contundente glamour que posee Esperanza Aguirre. José Blanco será muy hábil haciendo campañas electorales, pero no puede competir ni de lejos con el interés que despierta el atormentado Gallardón, al que Rajoy da la razón en privado y se la quita en público.

Para que un reality tenga éxito es imprescindible que los espectadores sientan empatía hacia ese personaje secundario desasistido y algo torpe al que le llueven las bofetadas. También lo tenemos. Es Mariano Rajoy. ¿Cómo no sentir lástima por un líder que desconoce cuál es el próximo lío en el que le van a meter? Años llevamos esperando en vano a que dé un puñetazo encima de la mesa. Aunque tal y como se han puesto las cosas, si ahora se decidiera a darlo -cosa harto improbable-, a lo mejor se rompe la mano.

Este tipo de programas no tienen final, porque el argumento suele retorcerse tanto que los guionistas no saben a qué personaje eliminar. En esas estamos en el PP. Rajoy no tiene instrumentos para pararle los pies a Esperanza Aguirre, salvo que disuelva el partido en Madrid y haga una gestora. Lo cual no verán los ojos de Cobo ni de Gallardón. Lo de menos es Caja Madrid. Aquí lo que cuenta es que siga la fiesta para regocijo de los espectadores. Y sobre todo del PSOE.

© Mundinteractivos, S.A.

AJUSTE DE CUENTAS

Desde hace un año, no ha habido reunión con banqueros en España donde no se hablara de ING. Y en general, lo hacían mal. Primero, tímidamente, algunos sugirieron que las ayudas públicas recibidas por el banco holandés (10.000 millones) le otorgaban una ventaja sobre sus rivales ya que podían hacer ofertas muy atractivas al público. Después del invierno, las críticas se generalizaron y pasaron a ser desembozadas: ING, y otros bancos europeos, tiraban con pólvora del rey y eso les concedía una superioridad difícil de combatir.

Siempre pensé que esas críticas se debían a un exceso de celo de la banca española. Que era algo como «el que no llora no mama». Lo creí así porque es difícil que los gobiernos europeos puedan distorsionar los mercados de manera radical sin que Bruselas alce la voz. Y allí estaba, aunque no se la esperara, Neellie Kroes.

Por último, para mí el argumento definitivo era que los bancos españoles podían pasar por una crisis de liquidez (un fenómeno económico de carácter técnico con mil variantes psicológicas), pero no tenían un problema de solvencia en las entidades de primera fila como sí estaba ocurriendo en el Reino Unido, en Alemania, Holanda o Bélgica.

Así que nunca entendí que se quejaran porque el Estado holandés le había arrojado un salvavidas imprescindible a ING. Siempre sería mejor poder nadar sin salvavidas, porque se va más rápido. Al final, el tiempo pone a cada uno en su sitio y lo que parecía una ventaja competitiva se ha convertido en una pesada losa para la entidad holandesa, como era de suponer. El salvavidas, que ahora debe devolver, no le permite a ING pasar por la puerta.

No me imagino a ningún banquero español envidiando ahora el puesto de Jan Hommen, el presidente de ING, que ha tenido que aplicarle un severo correctivo a su organización. No sólo su ampliación de capital tiene proporciones monstruosas (7.500 millones) -aunque probablemente no encuentre una mejor coyuntura que ésta para realizarla con dinero barato y abudante-, sino que la dieta de adelgazamiento de activos y las restricciones a sus hipotecas y depósitos suponen condiciones leoninas que hacen muy difícil competir en la banca minorista. Ahora es cuando ING tendrá que demostrar que su creatividad y su capacidad de innovación, una cuestión que despertaba celos entre sus competidores, está intacta. La banca española, en cambio, no debe quejarse de haberse enfrentado a la crisis de solvencia bien vacunada por el Banco de España.

Pese a que la marejada bancaria parece haberse recogido, no debemos perder de vista que la crisis no nos ha dejado todavía ninguna normativa de buen gobierno o de mejora de la regulación de las entidades financieras para evitar que se repita la tragedia. Es verdad que son otros países los que deben sacar las lecciones más urgentes (y no lo están haciendo), pero incluso aquí corremos el riesgo de caer en la autocomplacencia debido a que el Banco de España sí tenía la casa en orden y no hemos asistido al apocalipsis según Lehman Brothers.

john.muller@elmundo.es

© Mundinteractivos, S.A.

La crisis se va enderezando, aunque la recuperación todavía necesita apoyos públicos. Al mismo tiempo, urge diseñar políticas que afronten las consecuencias a medio y largo plazo, empezando por el desempleo

Hace un año el sistema financiero estaba al borde de la catástrofe. La percepción de que ese riesgo no sólo era cierto, sino además inminente, provocó una rápida respuesta europea y global. Poco después de que Nicolas Sarkozy convocara en París la primera reunión de los jefes de Estado y de Gobierno de la zona euro, se celebró la cumbre del G-20 en Washington, seguida por otras dos -Londres y Pittsburgh- en abril y septiembre de este año. Las reuniones de los 27 líderes de la Unión Europea (UE) son cada vez más frecuentes. Y las instituciones financieras internacionales han recobrado protagonismo. El Fondo Monetario Internacional (FMI), que hasta hace poco dudaba de su utilidad en un mundo que creía haber superado las crisis financieras, ha triplicado su capacidad crediticia y ampliado sus modalidades de intervención. Los bancos multilaterales, desde el Banco Mundial al Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (BERD), multiplican a su vez su actividad. Y un organismo casi desconocido, el Foro para la Estabilidad Financiera, se ha convertido en una pieza clave para abordar la reforma sustancial de la regulación y de los mercados financieros.

Junto a ese activismo sin precedentes, los estímulos monetarios, fiscales y financieros inyectados en la economía han conseguido frenar la caída libre del PIB y del comercio internacional. Ahora toca sentar las bases de un crecimiento más equilibrado y sostenible, al abrigo de los riesgos de colapso incubados en el pasado reciente.

Se ha llegado a un grado de consenso considerable sobre los rasgos fundamentales de una “estrategia de salida”. Leyendo los comunicados finales de las diferentes cumbres se perciben mensajes muy similares. Se habla de reducir de manera ordenada los desequilibrios macroeconómicos que aquejan a la economía global y de extender la regulación financiera a todos los productos, mercados e instituciones que hasta ahora quedaban al margen de las normas existentes y de los supervisores encargados de aplicarlas. Hay acuerdo sobre la necesidad de establecer requisitos de capital más exigentes a las entidades financieras. Y por supuesto se escucha un clamor para poner freno a las remuneraciones desproporcionadas de los altos ejecutivos bancarios.

Mientras que esos objetivos se van plasmando en iniciativas concretas, aumentan los indicios de que las cosas se van enderezando -mejora de la confianza, fin de la recesión en algunas economías, reacción positiva del comercio exterior-, aunque es pronto para que la recuperación pueda sostenerse sin apoyos públicos. Por eso se está empezando a debatir cómo se producirá la retirada de los estímulos, aunque todavía no haya que llevarla a la práctica.

En paralelo, urge diseñar políticas capaces de hacer frente a las serias consecuencias a medio y largo plazo de esta crisis. Sabemos que la recesión nos dejará como herencia unas cifras de desempleo muy elevadas, condiciones más estrictas para acceder al crédito, niveles de endeudamiento público desconocidos en tiempos de paz, un potencial de crecimiento mucho menor y, posiblemente, un recrudecimiento de tendencias proteccionistas.

Transformar este panorama en un horizonte de progreso sostenible no va a ser fácil, ni será cuestión de meses o de un par de años. Más bien cabe imaginar que la próxima década vaya a estar marcada por este esfuerzo.

Por supuesto, ningún país va a poder hacer frente a este escenario confiando en sus solas fuerzas. La primera gran crisis de la globalización exige una respuesta también global, basada en el multilateralismo y en la coordinación de políticas a escala internacional, y viendo el trabajo de las sucesivas cumbres del G-20 parece claro que los principales líderes son conscientes de ello.

Por ejemplo, en Pittsburgh acordaron coordinar las respectivas estrategias de salida de la crisis y abordar un ajuste ordenado de los desequilibrios macroeconómicos a escala global -en particular, los enormes déficit y superávit por cuenta corriente de algunas grandes economías- mediante el lanzamiento del “Marco para un crecimiento fuerte, sostenible y equilibrado”.

Otros temas importantes sobre los que se trabaja para alcanzar el consenso son la reforma del FMI, la adaptación de las reglas prudenciales y de los estándares contables o la búsqueda de mecanismos para afrontar y resolver crisis de entidades financieras de ámbito trasnacional.

¿Y Europa? ¿Qué papel juega la Unión Europea en el momento en el que quizás se estén sentando las bases de la gobernanza a escala global? ¿Cómo afectará la crisis, y la estrategia que se escoja para superarla, a nuestro futuro y al propio proceso de integración?

Entre los participantes en las reuniones del G-20, nadie tiene la experiencia que hemos acumulado los europeos durante más de medio siglo para armonizar políticas e integrar estrategias económicas a un nivel supranacional. En la Unión Europea estamos habituados a poner en común nuestra soberanía y nuestras competencias estatales en busca de un interés común. No nos resulta extraño negociar y buscar compromisos por encima de nuestras respectivas fronteras. La convergencia entre sistemas y normas nacionales es algo integrado en nuestros esquemas de toma de decisiones. Nos hemos dotado de una moneda común, que nos ha protegido en esta crisis, y la existencia de un mercado interior de 500 millones de personas sirve de palanca para el crecimiento de unas economías abiertas hacia el exterior.

Por todo ello no es de extrañar que la Unión Europea haya estado en el origen mismo del proceso que se inició en Washington en noviembre de 2008. Estamos liderando la reforma del sistema financiero y la lucha contra el cambio climático, y apostamos por el multilateralismo y el refuerzo de las instituciones financieras internacionales. No contribuimos a aumentar los desequilibrios de la economía mundial, pero estamos dispuestos a cooperar para su disminución progresiva. El euro y el Banco Central Europeo juegan un papel relevante a favor de la estabilidad monetaria y cambiaria, y, gracias a la ampliación a 27 miembros, las economías del Centro y del Este europeo están capeando el temporal en mejores condiciones.

Pero no todo es de color de rosa. La integración europea está sometida a tensiones proteccionistas y renacionalizadoras. La voz europea no siempre se escucha con la debida claridad. En el plano interno, la coordinación de políticas económicas -fiscales y estructurales- dentro de la zona euro es más frágil de lo deseable, pese a que las consecuencias de la crisis van a intensificar una serie de divergencias cuyo ajuste requiere reformas que no pueden demorarse sine die. De cara al exterior, el Banco Central Europeo (BCE) está presente y actúa como tal en todos los foros mientras que la dispersión de la representación de los Gobiernos -en el FMI, en el G-7 o en el G-20- debilita la defensa de las posiciones europeas cuando éstas existen, o simplemente evita que la UE pueda mantener una postura coherente.

Ése es un riesgo que Europa no se debe permitir. Ahora que el Tratado de Lisboa está a punto de superar -¡por fin!- el último obstáculo para su entrada en vigor, quienes tratan de frenar una respuesta a la crisis basada en una mayor ambición comunitaria deben ser conscientes de que la alternativa no es el statu quo sino la marcha atrás en lo que se ha conseguido en materia de integración económica desde los años ochenta hasta hoy. Y quienes, desde fuera de nuestras fronteras, quieran hablar con los responsables de la estrategia de salida de la crisis en la Unión Europea, tendrían que saber qué número de teléfono pueden marcar.

Joaquín Almunia, es comisario europeo de Asuntos Económicos y Monetarios.

En un país en que tradicionalmente la distancia entre lo que se dice en público y lo que se dice en privado es abismal, conviene de vez en cuando hacerse eco de algunos siseos persistentes antes de que se vayan apagando sin emerger a la superficie. Se repite estos días -en privado, por supuesto- que resulta difícil de entender, o de explicar, que La Caixa haya puesto en manos de la francesa Suez nada menos que Aguas de Barcelona. En un país que va corto de multinacionales, una de las pocas que existen la utiliza La Caixa para hacer un trueque con sus socios franceses, conforme, dicen, a una estrategia de concentración de la inversión el sector financiero y en los seguros. Aguas no es una empresa cualquiera. Es la que suministra el más básico de los recursos, el agua, a la ciudad, que además se dotó de un edificio emblemático, diseñado por Jean Nouvel, que es ya sello inconfundible del skyline barcelonés. Se trata, por tanto, de una de las pocas joyas que el poder económico catalán podía lucir. Dicen que la operación no ha hecho ninguna gracia al Gobierno catalán. Pero ya es sabido que en Cataluña el Gobierno propone y La Caixa dispone.

Todo el mundo conoce el peso de La Caixa en un país sin tradición de poder financiero y sin ricos de dimensión planetaria, es decir, en las primeras páginas de la lista de Forbes. Las instituciones la han tratado siempre con temor reverencial, porque ningún gobernante puede excluir que algún día tenga que acudir a La Caixa para resolver algún problema de liquidez para pagar la nómina o para dar un empujón a algún proyecto necesitado de financiación. No en vano La Caixa es la principal máquina de creación de empresas que tiene el país. Los propios partidos políticos saben que La Caixa les puede sacar de más de un apuro en esta asignatura tan complicada que es la financiación de unas campañas electorales en las que, movidos por la ansiedad de la conquista del poder, no reparan en gastos. Hay incluso quien ha dicho que La Caixa es demasiado grande para un país tan pequeño. Con lo escasos que vamos de tamaño en el ámbito económico, no nos pongamos trágicos.

Y sin embargo, sorprende que una institución de la peculiar naturaleza jurídica de las cajas, tan mimada por el país, no tenga sensibilidad para entender que Aguas de Barcelona es demasiado importante para ponerla alegremente en manos extranjeras. Se nos dirá que el negocio es el negocio y que las entidades que empiezan a razonar en términos patrióticos siempre acaban mal. Y se nos dirá también que en la economía global poco importa la nacionalidad de los propietarios de las empresas.

Pero no podemos olvidar que cuando el Gobierno del PP cortó de raíz la OPA de Gas Natural sobre Iberdrola y cuando se frustró, ya gobernando los socialistas, la OPA sobre Endesa, hubo cierto consenso en Cataluña -al que La Caixa no era ajena- en lamentar que desde Madrid se prefiriera que una multinacional española estuviera en manos extranjeras antes que en manos catalanas. Y se repitió muchas veces entonces que en la economía global lo importante es dónde están los que tienen la última palabra. Pero, en fin, todos sabemos que en el juego de los intereses los argumentos son de perímetro variable: se acomodan con suma facilidad a la razón práctica de cada momento.

Lo cierto es que en su día nos escandalizamos porque el Gobierno español impedía que Cataluña tuviera la última palabra en una multinacional de la energía y ahora La Caixa, sin presión externa alguna, pone una multinacional catalana en manos de una empresa extranjera. Sin duda se nos inundará de argumentos para convencernos de la bondad estratégica de esta operación y todos ellos estarán bien fundados. Pero a una entidad que tiene sus raíces en las organizaciones ciudadanas, que no está sometida a la presión de los accionistas y del dividendo, y que goza de tanto favor social, cabría suponerle un gran celo en atender, sin perjuicio de sus intereses particulares, las razones de interés general. Ante el silencio de la servidumbre, que quede, por lo menos, alguna modesta discrepancia, aunque sea a beneficio de inventario. Con la electricidad en manos italianas y con el agua en manos francesas, ¿a qué puerta tendremos que ir a protestar los catalanes cuando los servicios tengan deficiencias?

La manifestación del sábado 17 de octubre contra la nueva Ley del Aborto –magnificada por ciertos medios de comunicación– parece que ha tenido más éxito del que le atribuíamos, a tenor de lo que informa la prensa católica, que asegura que el Gobierno debe modificar el proyecto que está a punto de aprobarse. Después de que el PP reclamara su retirada para atender a lo que denominan “el clamor de la calle”, ya sabíamos que tanto para el PP como para los medios afines, de 250.000 a 480.000 manifestantes deben imponer su criterio a los 13 o 14 millones de votantes que reúnen los partidos a la izquierda del PP y que apoyan decididamente la reforma que ahora se plantea. Pero, ciertamente, no puedo imaginar que para el Ejecutivo del PSOE sea también determinante lo que grite en la calle una manifestación de votantes del PP.

En España, la hipocresía y las contradicciones del PP son tan evidentes que siempre me asombro de que puedan defenderlas con la seguridad con que lo hacen, a veces a voz en grito. Cuando el PP gobernaba y la oposición se manifestó contra las decisiones injustas que tomaba, contestaron, arrogantes y desafiantes, que éramos pancarteros; cuando son ellos los que organizan la protesta, esta debe ser escuchada y debe prevalecer sobre las decisiones del Parlamento. Durante los ocho años del desdichado Gobierno de Aznar no se puso en cuestión la Ley de 1983 y esta fue refrendada por el Tribunal Constitucional en 1985, por lo que a su amparo se practicaron en España más de medio millón de abortos ante la mirada distraída –y también complaciente, porque muchos de los que siguen el ideario del PP acudieron a las clínicas privadas a realizar un aborto– de los gobernantes de derecha. Cuando los populares exigen consenso para llevar adelante las reformas legales que plantea el PSOE quiere decir que el Ejecutivo siga sus planteamientos, pero cuando el PP gobernó no hizo más que reírse de las peticiones de la oposición.

Esta conducta, por más inaceptable que sea, se ha instalado en esta derecha ultramontana que es la oposición política en España. Ningún país democrático y avanzado se ha planteado nuevamente la polémica sobre el derecho de la mujer a escoger su maternidad, después de 30 años de que se diese por zanjada. Ni los países católicos como Francia, Bélgica, e incluso Italia, donde reside el Papa, ni los protestantes, como los nórdicos y el Reino Unido, Alemania u Holanda, se plantean hoy restringir la posibilidad legal de que las mujeres interrumpan su embarazo voluntariamente en unos plazos que en algunos de esos países son más generosos que los que se contemplan en la nueva ley española. No hacen con ello más que cumplir la solicitud de los millones de mujeres que hemos exigido que se nos reconozca ese derecho –y que sin duda somos más que las que se oponen–, así como el mandato de la Organización Mundial de la Salud, que pide a los gobiernos que legalicen el aborto y que este se practique en los hospitales públicos como cualquier otra intervención sanitaria para evitar los millones de muertes y enfermedades invalidantes que sufren las mujeres en los países donde el aborto está prohibido y tienen que proporcionárselo en condiciones insalubres y clandestinas.

La agresividad y los insultos que nos propinan los dirigentes del PP a los que apoyamos el derecho al aborto –ayudados por Convergència i Unió, partido pilotado, como todo el mundo sabe, por el Opus– serían impensables en la campaña política de la derecha civilizada europea. Nadie puede imaginar a Sarkozy planteando una ley para ilegalizar el aborto y gritando desaforadamente al frente de una manifestación en compañía de obispos y organizaciones de ultraderecha. Quizá los partidos al estilo de Le Pen lo hagan, aunque yo no lo he sabido a través de nuestros medios, pero tales se consideran ultras, filonazis, xenófobos y toda la gama de tendencias fascistas que siguen existiendo en esta maltratada Europa, y que como la hidra de siete cabezas renace después de las masacres con que asolaron el continente –casi siempre por la complacencia y la permisividad de los partidos democráticos–.

Así, las ingentes cantidades de dinero que se le entregan a la Iglesia católica española por parte del Gobierno, en vez de calmar su furia, como supongo pretendían Zapatero y Fernández de la Vega –darle carne a la fiera para que estuviera saciada– han servido para financiar las campañas y manifestaciones contra el matrimonio homosexual, la asignatura de Educación para la Ciudadanía y el aborto.

El PP presume de ser hoy la única derecha democrática del país, que se enseñorea en varias regiones españolas y se considera la única alternativa al Gobierno del PSOE, pero esto sucede porque ha incorporado en su seno a las facciones de ultraderecha que, aparte de esos minúsculos grupúsculos que se presentan a elecciones con el nombre de Falange, no se atreven a separarse de la casa madre para mostrarse claramente y sin tapujos a la opinión pública reclamándole su voto.

Desde la Transición política no se han decidido a formar partidos de un ideario claramente fascista porque el sagaz cálculo de esas opciones les dice que sólo pueden tener poder al abrigo del gran paraguas del PP –también quiero creer que porque en España el fascismo no tiene posibilidades de gobernar, como sucedió antes de la Guerra Civil– y porque los “demócratas” populares no les hacen ascos a esas facciones de facciosos. Pero lo que los demás no podemos consentir, empezando por el Gobierno, es que todavía en España las ideas franquistas se impongan impidiendo el avance de los derechos de la mujer. Eso es lo que espero que no suceda en el inminente debate de la Ley del Aborto.

Lidia Falcón es abogada y escritora. Presidenta del Partido Feminista de España.